miércoles, 23 de julio de 2014

En primera fila
                          “Veneno”, ¡legalizado!
                                                           Por LUIS A. CABAÑAS BASULTO
Cuando en noviembre de 2008 Lisa Parr empezó a padecer migrañas y vómitos, ignoraba que la veintena de pozos para extraer gas que rodean su casa de Decatur, Texas, estaba relacionada con esos problemas. Sarpullidos, hemorragias y fiebres se sumaron a la larga lista de síntomas que durante los siguientes dos años la forzaron a ingresar varias veces en el hospital. Su marido, Robert, e hija Emma, también enfermaron.
Según crónicas periodísticas, en 2011 su familia demandó a la petrolera Aruba Petroleum, y el 22 de abril anterior, casualmente el Día de la Tierra, un tribunal condenó a la empresa a indemnizarlos con 2.9 millones de dólares (unos 34 millones de pesos) por considerar que los trabajos de “fracking” en los pozos de Aruba propiciaban el problema.
A tres meses del fallo, legisladores del gobierno de México en el poder, incluidos corifeos y “satélites”, aprobaron una criticable reforma energética que, con cinco leyes secundarias, de las que en Senado había aprobado cuatro y la Cámara de Diputados ratificado dos de ellas, incluye precisamente ese método para obtener gas natural.
El sistema, consiste en perforar un pozo vertical y, tras alcanzar la profundidad deseada, perforar horizontalmente entre uno y 1.5 kilómetros en varias direcciones, partiendo de la perforación inicial, aunque, ante la baja permeabilidad de la roca de esquisto, es necesario inyectar a fuerte presión una mezcla de agua, arena y químicos para liberar gas a través de un procedimiento continuo en un mismo pozo.
En este sentido, se emplean grandes cantidades de agua que quedan inutilizadas al estar fuertemente contaminadas, tal y como ocurre con el manto freático, de donde se extrae el agua para consumo humano, algo similar a Texas.
El pago a la familia se trata de la primera indemnización millonaria por un caso de afectación a la salud relacionado con el “fracking”, esa controvertida técnica de extracción de gas natural atrapado en la roca que genera innumerables dudas medioambientales.
El caso es inusual no sólo por el fallo y la cantidad, sino por haber llegado a un tribunal. Las demandas por afectar el medio ambiente y la salud de la técnica -extendida en Estados Unidos durante la presidencia de Obama por la promesa de aumentar la independencia energética del país- se han saldado con acuerdos económicos extrajudiciales que no trascienden. La de los Parr llegó a juicio y un jurado le dio la razón 5-1 a la familia.
El veredicto incluye el pago de 198 mil euros por pérdida de valor de la propiedad de los Parr; 180 mil por futuras consecuencias para su salud; 288 mil por daños psicológicos y 1.4 millones por sus actuales problemas de salud.
Según sus abogados, la empresa nunca propuso un acuerdo, y pese a que un juicio pudo resultar muy caro, siempre creyeron que los Parr tenían razón, al alegar que las operaciones de Aruba contaminaron el ambiente, enfermaron a su familia y ganado con el uso de componentes químicos, incluidos cancerígenos no eliminados al entrar en contacto con el terreno.
Geoquímicos e investigadores explican que el problema son los componentes químicos de la mezcla de líquido que inyectan en el subsuelo, muchos de ellos tóxicos, y las empresas ocultan qué sustancias emplean, uno de ellos hidrocarburo aromático como el benceno, que es cancerígeno.
Un estudio del 2012 en la revista Science of the Total Environment encontró altas emisiones de contaminantes como el benceno, mientras que la revista Endocrinology incluyó un “cóctel” de sustancias empleadas, 12 de ellos consideradas disruptores endocrinos, es decir, alteradores del equilibrio hormonal, relacionadas con infertilidad y cáncer, entre otros problemas de salud.
Investigadores de la Universidad de Missouri tomaron muestras de agua en una zona con gran densidad de pozos, las compararon con las de áreas menos explotadas y descubrieron que la actividad estrogénica, antiestrogénica, androgénica era altamente superior en la zona con pozos donde se emplea el “fracking”.
Tan sólo en el examen de toxicología de la familia Parr se encontró en su sangre más de una veintena de químicos, mientras en el caso de sus vecinos, un especialista en contaminación ambiental detectó hidrocarburos como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.
Según el diario El País, hasta hoy la mayoría de las demandas se ha centrado en daños materiales por deterioro del entorno, y no en los de la salud, pese a que, conforme al The Wall Street Journal, más de 15 millones de estadounidenses viven a menos de 1.5 kilómetros de un pozo, por lo que la demanda de los Parr puede abrir paso a nuevas reclamaciones y convertirse además en argumento a favor de los que rechazan esta práctica.
Varias autoridades solicitaron a Obama elaborar regulaciones que ajusten las actividades de estas empresas a estándares de calidad que consideren los efectos detectados. El presidente del Fondo para la Defensa Medioambiental, Fred Krupp, planteó en la revista Foreign Affairs crear un marco legal para reducir riesgos mientras se protege la industria.
Por su parte, la representante de las empresas del fracking en España, Shale Gas, recuerda que la legislación medioambiental de Europa es mucho más estricta que en EE.UU. y garantiza proteger el medio ambiente y el control de posibles tóxicos, mientras que en Norteamérica se ha beneficiado de varias “lagunas” legales, explica Scott A. Elias, profesor de Ciencia Cuaternaria de la University of London en la revista Earth and Environmental Science.
El fracking es su excepción en dos importantes leyes federales -la de agua potable y de agua limpia-, al permitir la inyección de productos químicos tóxicos en los pozos y la falta de tratamiento del agua sobrante almacenada. Además, las empresas no están obligadas a revelar su “cóctel” de sustancia por considerarlas “secreto” industrial.
Las inconformidades contra el fracking, prohibido en Francia y en Nueva York, también se han extendido a Colombia, Argentina, España, Polonia y Reino Unido, entre otros, donde inclusive se han registrado detenciones y docenas de vecinos se han sumado a las protestas con pancartas, en las que denuncian los riesgos de que la contaminación de los acuíferos se sume a la posibilidad de movimientos sísmicos.
Y mientras eso ocurre, legisladores oficialistas y oficializados mexicanos se unen para aprobar el envenenamiento de la población y otra serie de irregularidades que prevé la Reforma Energética, en cuyo proceso de privatización de Pemex, “modernización, prefiere llamarle el gobierno de Peña Nieto, incluye muchas otras afectaciones, inclusive para el campo, y aunque para el mandatario implique algún reconocimiento como reformista, ¡quién no lo es con mayoría legislativa convenenciera!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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