viernes, 7 de octubre de 2016

¡Escándalos por liquidaciones!


                                       Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Una de las principales noticias de esta semana fue que el magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Vicente Aguilar Rojas, habría calificado de “estúpido” al gobernador Carlos Joaquín González, enojado porque su esposa Yanué Ovando Rivera, jefa de relaciones públicas del Gobierno del Estado durante el periodo del priísta Roberto Borge, no había podido cobrar su jugoso sueldo de más de 100 mil pesos mensuales.
Guardadas las enormes proporciones, su servidor padeció una experiencia similar durante el tristemente “célebre” trienio del mitómano Carlos Mario Villanueva Tenorio, cuando, sin una sola contraprestación, nos obligó “discretamente” a renunciar a 8 años como jefes de información en el Ayuntamiento priísta de Othón P. Blanco, tras reducirnos el sueldo a ridículos 3 mil pesos mensuales.
Lo cierto es que, independientemente de que muy probablemente Aguilar Rojas y su cónyuge pudieran haber obtenido el cargo al calor del suegro del primero, el ex senador del PRI Eduardo Ovando Martínez, el tema de las liquidaciones viene “casualmente” al caso con el nombre del presidente del CEN priísta, Enrique Ochoa Reza.
Para ese efecto, el diputado federal de Morena, Rogerio Castro Vázquez, denunció el martes último la millonaria liquidación que se le otorgó al dirigente el mismo día de su renuncia como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para convertirse súbitamente en mandamás del tricolor el 8 de julio, cuando informó a Peña Nieto su intención de participar en la “elección” del presidente del CEN.
Sospechosamente, el mismo día se firmó el dictamen de su relación laboral, donde se dio por terminada “por mutuo consentimiento”, y que, a solicitud del mandamás priísta, se otorgaría el pago de liquidación y finiquito, que estableció el mayor beneficio económico a favor del servidor.
Ese mismo día la CFE procesó la salida de Ochoa como “separación voluntaria”, por lo que le pagó 213 mil pesos por concepto de nómina, y al día siguiente apareció en la base de datos de empleados con el estatus laboral de reajuste con el pacto de pago, aunque el día 24 de agosto aquél se presentó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje donde recibió un cheque por 1.2 millones de pesos como parte de su “indemnización”.
Ante el escándalo, el encargado de despacho de la Oficina del Abogado General de la CFE, Roberto Martínez, afirmó Ochoa Reza no obtuvo algún privilegio, pues aunque dejó el cargo voluntariamente, el término del contrato fue bajo la cláusula de liquidación y no de voluntad propia, lo que sólo aplica cuando el trabajador expresa su deseo unilateral e irrevocable de abandonar el puesto.
Así, sostuvo que la renuncia no fue unilateral, sino de mutuo acuerdo entre interesado y el titular del Ejecutivo, que aceptó la renuncia, y de ahí que aplique la cláusula de liquidación, además de tratarse de un procedimiento ordinario estándar que no se estableció en este gobierno ni en el anterior, sino de los últimos 15 años, conforme al manual de mandos de la CFE.
En su declaración “3 de 3”, Ochoa Reza reportó haber iniciado su administración como titular de la CFE el 5 de febrero de 2014, y reportó como conclusión el 8 de julio de 2016. Es decir, su cargo sólo lo desempeñó por dos años y 155 días.
El manual de trabajo para los servidores públicos de mando de la CFE es claro. Si alguno se separa voluntariamente las compensaciones sólo aplicarán tras tres años de servicio, por lo que el ahora dirigente ni siquiera cumplió con el primer requisito de la norma para tener derecho a un pago.
En este sentido, su proceso de liquidación -que él mismo realizó- podría constituir un delito, toda vez que existe contradicción entre la renuncia voluntaria y la liquidación que se auto-otorgó como director de esa empresa de estado, que ha aplicado automáticamente los bonos a sus últimos cinco directores, incluyendo a Ochoa Reza.
Este tipo de actos ha costado 5.2 millones de pesos al erario público, y en todos los casos los funcionarios han presentado su renuncia voluntaria sin que alguno cumpliera los tres años necesarios para gozar de ese derecho.
Ante esto, el dirigente del PRI dice que la publicación y la filtración de información de su millonaria liquidación se debe a “sectores molestos por las acciones contra la corrupción” al interior de su partido. Pura falsedad, pura simulación.
Los hechos son reprobables, toda vez que son evidentes actos de corrupción, La normatividad de la CFE no se aplica con la misma rigurosidad, por ejemplo con los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza, que estaban a un día de alcanzar su jubilación conforme a su contrato colectivo del 11 de octubre de 2009.
En ese entonces, miles de trabajadores fueron presionados a renunciar a sus logros laborales y sociales de décadas, mientras los altos funcionarios gozan pagos indebidos e ilegales, y de aquí que Ochoa Reza sea responsable de posibles actos de corrupción, así como de descuartizar el patrimonio que llevó décadas consolidar y la mayor pérdida en la historia de la CFE, con un déficit de 93 mil millones de pesos.
Ante este panorama, el diputado Castro Vázquez exhortó a la Auditoría Superior de la Federación a investigar la legalidad del pago de esa liquidación, así como a la Secretaría de la Función Pública, a investigar y castigar ese acto de corrupción, incluyendo al propio Ochoa Reza, con su inhabilitación para ocupar un cargo público.
El resto de la historia seguramente ya la adivinó Usted: La mayoría del PRI-Verde y sus esbirros en la Cámara, a través del presidente de la Mesa Directiva en funciones, el panista Edmundo Javier Bolaños Aguilar, determinó que “no se considera de urgente resolución”, por lo que turnó la denuncia a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
Ahora bien, el tema de las liquidaciones viene nuevamente a colación ahora que, quiérase o no, seguramente docenas de trabajadores que NO devengaban los más de 100 mil pesos mensuales que la esposa de Aguilar Rojas se quedarán -o se quedaron- sin empleo ni quincena para llevar el pan a la mesa de su familia.
Está en manos de Carlos Joaquín exigir a sus colaboradores actuar con justicia y sin ánimos de ese revanchismo político que negó desde un principio y que, por cierto, para nadie se secreto que NO aplica en el caso de la esposa de Aguilar Rojas

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 29 años, con más de 39 años como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.


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