jueves, 8 de diciembre de 2016

¡Explota “bomba” taxistas-candidato!


                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con sede en San Francisco, Estados Unidos, fundado en 2009, pero en México desde abril de 2015, la empresa de transporte Uber, actualmente en operación en 27 sitios de todo el país, se ha convertido en un verdadero objeto de escándalo en Quintana Roo, particularmente para Cancún, y más aún en los últimos días, ya que el PRD lo colocó en la silla de los acusados.
Contra todo sentido común, el escenario elegido por el representante “popular” de ese partido, diputado Emiliano Ramos Hernández, es la naciente XV Legislatura del Congreso del Estado, donde, pese a las patadas de ahogado del supuesto coordinador, el panista Eduardo Martínez Arcila, lo que menos existe es precisamente orden.
Resulta que, como bien describe el periodista Esmaragdo Camaz, con un acarreo masivo de taxistas procedentes de todo el Estado -que llenaron el recinto parlamentario-, el perredista interpuso en el Congreso una iniciativa de ley contra los “taxis piratas” y que ya es llamada Ley Anti-Uber, que prevé de entre 2 y 5 años de cárcel y 30 a 150 días de multa a quien preste el servicio de transporte sin concesión.
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el cuestionado legislador propuso considerar esa actividad como delito en la Sección Cuarta, el Capítulo VI Bis, del Título Primero, con la denominación Delitos contra la Prestación del Servicio Público de Transporte, así como el Artículo 204-Ter del Código Penal de Quintana Roo.
         Miembro de la coalición PAN-PRD que posibilitó el triunfo de Carlos Joaquín González a la gubernatura, Ramos Hernández prefirió su proyecto personal de buscar la presidencia municipal de Cancún a sumarse al proyecto del mandatario de poner fin a la añeja fórmula de “clientelismo” político que practica tradicionalmente el gobierno del Estado a través de las placas de taxis.
         En efecto, hasta donde se sabe, el otro “bastión” del Ejecutivo, a través del diputado Fernando Celaya, trabaja una reforma que restaría al gobernador en turno la facultad de otorgar libremente las placas de alquiler, a su libre albedrío, y que éstas se liciten de manera transparente.
         El caso es que hasta hace más de 15 años el sindicato taxista de Quintana Roo era cliente cautivo del PRI, al que garantizaba voto corporativo elección tras elección, algo similar a lo que ocurría con otros sindicatos, como los de maestros, en una medida que el Gobierno del Estado premiaba con placas, tarifas y, sobre todo, una anarquía e impunidad a toda prueba.
         Así, con un servicio monopólico permitido por las “reglas de juego” el gremio creció incontrolable -con periodistas incluidos-, hasta convertirse en “monstruo” incontrolable para las propias autoridades, mucho menos para la dependencia que, en teoría, regula su operación y concesión de las envidiables placas, esto es la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra)
         En este sentido, no pocas veces, además de sentirse “dueños” de las calles, los taxistas se han estado involucrados en robos, extorsión, violaciones y narcotráfico, algunas veces como cómplices y otras como responsables directos, aunque también son infinidades los accidentes de tránsito, a veces con víctimas mortales, en los que los agentes de tránsito los declaran “inocentes”  pese a las evidencias en su contra.
         Lo cierto es que la muestra más palpable de esa impunidad tolerada se puso de manifiesto con la aparición de Uber, empresa internacional que proporciona a una red de transporte a través de un software móvil que conecta a los pasajeros con conductores de vehículos registrados, que ofrecen servicio de transporte.
         Los “pobres” conductores de vehículos de esa empresa -no podemos calificarlos de otro modo- han sido víctimas de las más crueles agresiones, públicas inclusive, por parte de los taxistas locales que ven roto el monopolio que por muchos años, no sólo permitió, sino provocó el propio gobierno del Estado que, así como mayúsculas. LUCRÓ, con las placas, ya no digamos económica, sino políticamente.
         Y es que el Artículo 28 de la propia Constitución federal consagra que en México “quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.
         ¿Más claro “diputado” Ramos Hernández?
En consecuencia, sigue la Carta Magna, “la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”.
         El Gobierno del Estado, suponemos que hasta hoy, nunca antes había tomado en consideración este enunciado, ya que extendió hasta 10 y 20 placas a un mismo concesionario, obviamente políticos en su mayoría, lo que resulta inclusive un insulto para los llamados “martillos” que han pasado la mitad de su vida en el volante de un taxi a la espera de una plaquita.
Peor aún, resulta que las propias autoridades se han hecho de la “vista gorda” en el caso particular de las agresiones a Uber, ya que los taxistas estarían incurriendo en el grave delito de delincuencia organizada, similar al de asociación delictuosa, cuando dos o más personas se coluden para realizar una conducta con fines delictivos, pero sin niveles de jerarquía entre ellos.
En efecto, existe delincuencia organizada cuando un grupo de personas se colude para realizar actos delictivos, pero con una estructura jerarquizada de jefes y “chalanes”.
No obstante, esta diferencia es importante, ya que en la delincuencia organizada el Ministerio Público cuenta con mayor tiempo para integrar la averiguación, además de poder solicitar arraigo e intervenir el Ministerio Público Federal.
En cualquiera de los dos casos, es evidente la existencia de un delito, mínimo lesiones y daño en propiedad ajena, aunque, lamentablemente, en el caso que nos ocupa, el Código Penal de Quintana Roo define en su artículo 181 que “a quien forme parte de manera permanente de una asociación o banda de tres o más personas dedicadas a delinquir, se les impondrá de seis meses a cuatro años de prisión”.
Lo cierto es que el pleno del Congreso dio entrada el miércoles a la iniciativa de “Ley Anti-Uber” que, además de prisión y multas, implicaría la destitución del empleo, cargo o comisión, y la inhabilitación por cuatro años en caso de que se trate de un servidor público quien cometa el ilícito, ya que, según Ramos Hernández, está dirigida también para todos aquellos que presten el servicio de transporte público sin concesión.
Más de 500 taxistas exigían en el salón del pleno garantizar el cese de operaciones y salida de Uber de Quintana Roo, encabezados  por los  líderes de los 17 sindicatos  del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), que  tomaron el recinto y  retrasaron el inicio de la sesión ordinaria para “exigir” garantías a sus concesiones.
La iniciativa de Ramos Hernández advierte que se violan los artículos 30 al 34 de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación y de Vías y Carreteras del estado, sobre todo con “taxis  pirata” y los “choferes privados”, personas sin licencia de conducir para Servicio Público de Transporte, reclutados por empresas de redes de transporte que operan aplicaciones  o programas a través de medios electrónicos, informáticos y de internet.
Finalmente, advierte que las  sanciones aumenten dos  terceras  partes  cuando participen miembros del consejo de administración, socios o representantes legales de una empresa o sindicato, concesionaria o permisionario de transporte público, o bien el propietario del vehículo con el que se realice el servicio si se comprueba que tuvo conocimiento.
Y a todo esto ¿Qué es Uber y por qué tanto relajo? Según Internet, “es como la limusina que siempre soñaste que pasara por  ti, la pides, te recogen, te llevan, te traen, etc. Actualmente, Uber se volvió el dolor de cabeza de los taxistas ya que les están comiendo el mandado… y gacho”.
Su servicio es privado, de transporte con choferes, que se solicita por medio de una aplicación del celular, como pedir un “taxi de sitio” pero más confiable. Los beneficios son muchos y las diferencias con un taxi, también.
Al tomar un taxi tradicional existe desconfianza, hay que salir a la calle a conseguirlo, se deben abrir bien los ojos e instintos de supervivencia para detectar si el conductor tiene cara de transa o lujurioso. Es obligatorio traer cambio. Son inseguros, caros y peligrosos.
Es casi una obligación saber chiflar con los dedos en la boca, como arriero, para llamarlos para llamar su atención y oigan, o bien alzar una pierna, en caso de las mujeres, amén de que la mayoría de las unidades están en pésimo estado, sucias, o deterioradas.
Uno de cada 5 taxistas fuma dentro de la unidad, van hablando por teléfono o radio, unos manejan por la tarde y otros en la mañana.
En cambio en Uber, no preguntan a dónde vamos, nos llevan y punto. El costo es más económico o justo. Ofrecen un vehículo limpio. El chofer no insiste en platicar o conocer tu vida. Servicio seguro. Los choferes están registrados y certificados. La tarifa final se calcula automáticamente de acuerdo al recorrido y tiempo, casi como un taxímetro NO alterado.
Lo más importante es  que cubre exigencias de seguridad, comodidad y buen SERVICIO, palabra que desconocen los taxistas tradicionales. Se paga por ello y cuesta, por lo que debe ser eficiente.
Los inconformes somos mayoría, a más de uno le ha tocado que un taxista les dé un “paseo” innecesario porque Quintana Roo, particularmente Chetumal, es el ÚNICO Estado donde las autoridades “reguladoras” permiten a un taxi llevar al mismo tiempo a dos o más pasajeros con destino diferente.
         Ahora bien, una vez planteadas las irregularidades y las características de Uber y los taxis tradicionales, cabría preguntarse ¿Quién es el diputado Ramos Hernández? De entrada, no llegó al Congreso por voluntad de los electores, sino por la del revoltoso PRD, que lo planteó a las autoridades electorales como candidato plurinominal.
Traidor a su partido en las recientes elecciones Benito Juárez, presentó un desistimiento para detener la impugnación que buscaba la anulación del triunfo del PVEM frente a su correligionario Julián Ricalde Magaña.
Diputado federal de 2003 a 2006, tiene como principal “virtud” ser hijo de Salvador Ramos Bustamante, antiguo miembro del PRI, dirigente de la CROC y dos veces diputado federal -se unió posteriormente al PRD-, inició en la política desde muy joven en Cancún, donde fue dirigente estudiantil en el Colegio de Bachilleres, Subsecretario del PRD y fundador de “Jóvenes de Izquierda en Quintana Roo”, entre otros.
De 37 años de edad, Ramos Hernández se hizo conocer en el PRD por protestar contra la globalización y el Área de Libre Comercio de las Américas, y su marcha de apoyo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en Caracas, ante la crisis diplomática entre este país y México en 2005.
         Uno de sus hermanos, Alejandro Ramos ¡es director de transporte de SINTRA!; el otro, Alzayácatl Salvador, asesor del Congreso, y la otra, Teresa, subdirectora del Ayuntamiento en Cancún; su esposa, Paola Elizabeth Moreno Córdova, subsecretaria de Vinculación Política y Social; y su cuñado, Rafael Quintanar González, director del IEEA.
El clan perredista procede de Cancún y se distingue como golpeador, traicionero y problemático, muy mal presagio para la administración de Carlos Joaquín, pues el formato rebelde seguramente se multiplicará en otros grupos enquistados a la administración estatal que forman parte de la cuota que el Ejecutivo paga por el apoyo recibido.
Y ahora ¿Quién podrá defenderlo?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.


l(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.

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