¡PAN-PRD, con EPN en “gasolinazo”!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Inventado
hace prácticamente 30 años, cuando el país estaba al borde de la
hiperinflación, y burdamente imitado por Peña Nieto, el entonces Pacto de Estabilidad
y Crecimiento Económico, promovido en 1988 por Miguel de la Madrid y continuado
por Carlos Salinas, tenía por objeto detener el aumento de intereses, inflación
y devaluación del peso.
Sin
la burla en la firma del ahora Acuerdo para el Fortalecimiento Económico para
“aliviar” el imparable “gasolinazo” que afecta el bolsillo de todos, el Pacto
resultó un éxito al frenar crisis, aunque existen abismales diferencias entre
los objetivos de uno y otro. Verá Usted.
Hace
30 años se buscaba frenar el deslizamiento del peso ante el dólar, aumentar el
salario entre 6% y 8%, aumentar precios de productos y servicios, pero sin
contemplar gasolina, electricidad ni gas -que provocan más impacto en la
inflación- defender la estabilidad de precios, promover el crecimiento
económico, estimular la producción agrícola por medio de la canalización del
crédito público y renegociar la deuda externa.
Entre
los involucrados -gobierno, productores, comerciantes y consumidores-, el primero
NO aumentaría impuestos, luz, combustibles, agua y teléfono, los segundos y
terceros mantendrían precios, mientras los últimos no demandarían incrementos
salariales. Y se rompió el círculo vicioso.
Carlos
Salinas prolongó el Pacto en diciembre de aquél 1988, entonces como Pacto para
la Estabilidad y el Crecimiento Económico, ante el célebre líder de la CTM,
Fidel Velázquez; el dirigente campesino, Héctor Olivares, y el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Agustín Legorreta.
Las
principales novedades, empero fueron incluir un aumento salarial del 8% y aumentar
algunos productos del sector público, sin incluir gasolina, electricidad y gas LP,
ya que la cotización del dólar se mantuvo estable 13 meses, y la inflación al
2% mensual, impensable hasta hacía pocos años.
Adicionalmente,
se renegociaría la deuda externa, de cerca de 110 mil millones de dólares para evitar
las elevadas transferencias de capital y “contar con bases objetivas, ambiente
propicio y certidumbre indispensable para volver a crecer”.
Casi
30 años después se busca trasmitir austeridad, pero las cosas son totalmente
diferentes, y mejor prueba de ello, según se difundió, es que durante la firma
del Acuerdo, el dirigente de la CTM -que no líder-, Carlos Aceves del Olmo, lució un reloj marca Patek Philippe, valuado en
más de 400 mil pesos, mientras hablaba de “mejorar la situación de la clase
trabajadora”.
En
redes sociales se extendieron las críticas a otros funcionarios que gustan de
relojes caros: El secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, con un Patek
Philippe (1.6 millones); el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, un Rolex
Submariner (100 mil pesos), un Rolex GMT Acero (117 mil), un Audemars Piguet
Royal (106 mil) y un Panerai Luminor Marina (75 mil)
El
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también cojea del mismo
pie, al portar un reloj Hublot, cuyo modelo más barato rebasa los 98 mil pesos.
Pero
vaya, este es sólo el escenario “gobierno rico, pueblo miserable”, en el que se
firmó el Acuerdo, en el que tan sólo un actor tuvo la dignidad de rechazarlo,
el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien presentó un proyecto
propio que, a diferencia del oficial, incluye frenar el “gasolinazo” y revisar
los 37 supuestos “programas sociales”.
La
infructuosa lucha contra el derroche de gobierno, que pide apretarse el
cinturón cuando hace exactamente lo contrario, tiene reclamos remotos y
recientes, entre ellos del desaparecido ex regente del DF, Manuel Camacho
Solís, que, con el título ¡Legado póstumo sobre propaganda!, publicamos hace un
año, el 16 de enero, en torno a la rendición de cuentas públicas.
Y
es que, según el informe “Libertad de expresión en venta. Acceso a la
información y censura indirecta en publicidad oficial”, editado anualmente por Artículo
19 y Fundar, el Ejecutivo Federal gastó en publicidad más de 14 mil 663
millones de pesos en sus tres primeros años, mientras que 27 Estados gastaron en
2013 más de 5 mil 639 millones que, “si se suman a los gastos federales de ese
año, documentan un total de 13 mil 640
millones de pesos”.
Lo
peor del caso es que no se trata de un problema de este periodo, ya que el
costo de la “legitimidad”, sumó 4 mil 518 millones de pesos en 27 entidades durante
2011, equivalente al doble del costo de producción y distribución de todos los
libros de texto gratuitos del país.
Así,
se podría repartir el doble de textos gratuitos si se eliminara ese gasto en
publicidad tan sólo de 27 Estados, además de que en 2010-2011 casi las dos
terceras partes de los Estados sobre-ejercieron los presupuestos aprobados por
sus Congresos en publicidad oficial.
Las
cifras recuerdan inevitablemente que en Quintana Roo los ex gobernadores Félix
González y Roberto Borge erogaron en publicidad durante sus sexenios ¡más de
mil 500 y 3 mil millones de pesos, respectivamente!
Camacho
Solís escribió: “Es más saludable para la democracia cambiar de un régimen que
permite la propaganda oficial bajo ciertas limitaciones, a otro que la prohíba
de manera absoluta. Mientras no contemos con una autoridad reguladora fuerte,
que pueda hacer cumplir las modalidades para la propaganda oficial, siempre
será mejor prohibirla para evitar que se abuse de ella en perjuicio de la
democracia y del erario público”.
“La
rendición de cuentas, la que fortalece a una democracia no se materializa a
través de la propaganda gubernamental”, concluyó.
Ahora
bien, considerando el ritmo de sobre ejercicio del gobierno federal en los
últimos años en publicidad oficial, se calcula que -pese a que la Cámara de
Diputados asignó poco más de 3 mil 500 millones de pesos para Servicios de
Comunicación Social y Publicidad- a fines de año se erogaron más de 8 mil
millones de pesos; es decir más del doble de lo presupuestado.
El
análisis de la Cuenta Pública 2014 reveló un sobre ejercicio de más de 70% en
el rubro pues, aunque se asignaron 4 mil 011 millones de pesos, se terminaron
gastando 7 mil 500 millones. Lo mismo pasó un año antes, cando el total erogado
alcanzó los 7 mil 200 millones de pesos, 68% por arriba de lo estimado, que
ascendía a 4 mil 785 millones.
Para
2015 se asignaron al mismo concepto 4 mil 034 millones de pesos, pero el
retraso en la fiscalización de los recursos públicos, aún no permite establecer
el tamaño del monto sobrepasado. Curiosamente, desde el año 2000, el aumento del
gasto por publicidad gubernamental ha sido sostenido.
Durante
el primer sexenio no priista -de 2001 a 2006 con Vicente Fox-, el incremento de
ese gasto fue de 27%, mientras que durante la administración de Felipe Calderón
-de 2006 a 2012- se incrementó en 65%.
Estimaciones
de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advierten que, de continuar esta
tendencia, para el año 2018 se gastarán más de 11 mil 676 millones de pesos,
tan sólo en publicidad del Gobierno Federal, aunque, repetimos, el problema de
gasto irracional no es exclusivo de la federación, sino también en el nivel
estatal.
En
2013, en el marco de su primer informe, el gobernador de Chiapas, el
“ecologista” Manuel Velasco, gastó más de 10 millones de dólares en publicidad,
y la distribución de ésta también inundó paradas de autobuses y vallas en la
Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y otros.
Un
año antes, en 2012, el gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, gastó
entre 42 y 56 millones de pesos en menos de un mes para anunciar su primer
informe, por lo que el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de
Diputados, José Clemente Castañeda, presentó infructuosa iniciativa de ley para
limitar y regular la publicidad gubernamental
Pero,
vaya, el despilfarro y gastos banales son “marca” Peña Nieto, y mejor prueba de
ello es que, pese a “su Acuerdo”, el presupuesto de egresos 2017 plantea que
los gastos de la Oficina de la Presidencia aumenten más de 5 mil millones de
pesos, un abuso en el panorama económico, político y social, pues el gobierno “sacrifica”
gastos en infraestructura, actividades productivas, campo, salud, educación y
seguridad, pero dedica grandes sumas a lo inútil.
Cinco
mil millones es lo mínimo, pues las cuentas públicas muestran a lo largo del sexenio
que siempre la superan en más del 50%, aunque esa cantidad surtiría 100% de
agua potable a la metrópoli, además de todo el gasto necesario para evitar
encharcamientos y reutilizar las aguas residuales.
Además
de los gastos publicitarios de Peña Nieto, que lo convierten en el mandatario
más caro de la historia del país, Hacienda, a cargo formal del “guasón” Pepe
Toño Meade -las funciones siguen a cargo de Videgaray-, continúa justificando
el derroche “para cuidar la seguridad de Peña Nieto”.
No
obstante, si de eso se tratara sería mejor que el indeseable presidente se
quedara guardado, y no saliera ni un minuto más a ser burla y escarnio de los
gobernados, o a éstos les podría ocurrir algo lamentable.
Por
otro lado, existe un costosísimo avión presidencial y demasiado dinero se
canaliza a las francachelas de los campos de golf y demás escándalos a bordo de
la nave para placer y boato de familiares, amigos, favoritos y toda una galería
de impresentables y estrellitas de celofán que pasean atravesando océanos y
continentes con cargo a nuestros bolsillos.
Es
enorme el ridículo internacional que estos desplantes han levantado entre la
opinión pública. Nadie se explica cómo es posible que lo consintamos, así como
los gastos monárquicos de la familia presidencial y sus adláteres, inconcebibles
en un país que pretende ser republicano, moderno...y “austero”.
Pero
mientras los recortes al gasto social son efectivos y se vigilan con uñas y
dientes, lo presupuestado guarda una distancia cada vez más lejana con lo gastado
en términos de mantener lo absurdo, por ejemplo en 2015, cuando se publicó un
ajuste de 52 mil millones de pesos, aplicable A TODOS.
Sin
embargo, un análisis de la Cuenta Pública reveló que los gastos habían subido,
por la crisis, usted sabe, y con la frescura ignorante del Chilorio Power y la
banda del Guamúchil Party, se indicó que el recorte no fue real. Al final, se
gastaron 185 mil 800 millones de pesos más.
En
efecto, la administración central nunca resultará perjudicada por la
astringencia presupuestal, pues los faraones burocráticos tienen de dónde echar
mano: Recurren a la bestial deuda externa para seguir comprometiendo nuestro
patrimonio en deudas estratosféricas que rebasan la mitad de nuestro trabajo y
producto.
Peña
Nieto tiene amplios recursos, sin medidas de “austeridad” para comprar opinión,
mientras la propaganda comercial se ha vuelto tan fútil como la política, con
mensajes sin sentido, por lo que las compañías de prestigio migran de las
pantallas comerciales y concesionadas, a las páginas web y redes digitales, que
han demostrado tozuda penetración en todos los ámbitos.
Gracias
a su empeño por descifrar los mensajes crípticos de las formas proverbiales del
engaño comercial y político, las redes digitales asumen, cada vez con mayor
fuerza, la dirección sensata de la información y de la opinión pública, como se
ha venido comentando hace mucho tiempo…, pero Peña las minimiza y desprecia.
Dice que manejan demagogia.
Empero,
son las únicas en hacer un éxito protestas e inconformidades por el
“gasolinazo”, mientras el espectáculo ridículo que se monta en Los Pinos para
desacreditarlo y satanizarlo es producto de mentes ajenas a toda existencia
social. Ningún registro, ningún adjetivo es suficiente para calificar su
absurda pretensión de seguir abochornando al país.
¿Y
qué cree Usted? Apenas hoy portales de Internet denunciaron que el gobierno de
Peña Nieto retiró en secreto 240 mil 518 millones de pesos del patrimonio
nacional invertido en Pemex y CFE, lo que contribuyó a descapitalizar a las dos
empresas de Estado, cuya falta de liquidez representa un enorme peligro para la
estabilidad de la economía mexicana.
Estos
retiros se realizaron de 2013 a 2015 mediante solicitudes de la Secretaría de
Hacienda, firmadas por el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, quien
solicitó a los directores de Pemex y CFE los pagos por concepto de “aprovechamientos”,
pero por medio de los cuales el gobierno obtuvo ingresos extraordinarios desapercibidos
en el paquete económico que el Ejecutivo entrega cada año al Congreso con la
etiqueta de “otros”.
Así
las cosas, tan sólo Pemex realizó dos pagos: Uno por 65 mil millones de pesos
en diciembre 2013, y otro por 70 mil millones en diciembre 2014, para un total de
135 mil millones de pesos.
¡Y
ahora pretende Peña Nieto recapitalizar a ambas empresas con el “gasolinazo” y
aumento de tarifas de electricidad! ¿Cómo quiere que el pueblo no se inconforme?
¿Ya pactó con el PAN y PRD que el PRI abandone la lucha por la presidencia 2018
a cambio del voto cómplice de éstos en el Congreso?
¡Esto
es lo más seguro! ¡Lo constatamos en octubre en la aprobación del Presupuesto!
¿Alguien lo ha olvidado? ¡Y eso que habrá nuevo aumento en febrero! ¿Y los
diputados y senadores por Quintana Roo?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
Comentarios
Publicar un comentario