viernes, 13 de enero de 2017

¡PAN-PRD, con EPN en “gasolinazo”!


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Inventado hace prácticamente 30 años, cuando el país estaba al borde de la hiperinflación, y burdamente imitado por Peña Nieto, el entonces Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, promovido en 1988 por Miguel de la Madrid y continuado por Carlos Salinas, tenía por objeto detener el aumento de intereses, inflación y devaluación del peso.
Sin la burla en la firma del ahora Acuerdo para el Fortalecimiento Económico para “aliviar” el imparable “gasolinazo” que afecta el bolsillo de todos, el Pacto resultó un éxito al frenar crisis, aunque existen abismales diferencias entre los objetivos de uno y otro. Verá Usted.
Hace 30 años se buscaba frenar el deslizamiento del peso ante el dólar, aumentar el salario entre 6% y 8%, aumentar precios de productos y servicios, pero sin contemplar gasolina, electricidad ni gas -que provocan más impacto en la inflación- defender la estabilidad de precios, promover el crecimiento económico, estimular la producción agrícola por medio de la canalización del crédito público y renegociar la deuda externa.
Entre los involucrados -gobierno, productores, comerciantes y consumidores-, el primero NO aumentaría impuestos, luz, combustibles, agua y teléfono, los segundos y terceros mantendrían precios, mientras los últimos no demandarían incrementos salariales. Y se rompió el círculo vicioso.
Carlos Salinas prolongó el Pacto en diciembre de aquél 1988, entonces como Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, ante el célebre líder de la CTM, Fidel Velázquez; el dirigente campesino, Héctor Olivares, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Agustín Legorreta.
Las principales novedades, empero fueron incluir un aumento salarial del 8% y aumentar algunos productos del sector público, sin incluir gasolina, electricidad y gas LP, ya que la cotización del dólar se mantuvo estable 13 meses, y la inflación al 2% mensual, impensable hasta hacía pocos años.
Adicionalmente, se renegociaría la deuda externa, de cerca de 110 mil millones de dólares para evitar las elevadas transferencias de capital y “contar con bases objetivas, ambiente propicio y certidumbre indispensable para volver a crecer”.
Casi 30 años después se busca trasmitir austeridad, pero las cosas son totalmente diferentes, y mejor prueba de ello, según se difundió, es que durante la firma del Acuerdo, el dirigente de la CTM -que no líder-, Carlos Aceves del Olmo, lució un reloj marca Patek Philippe, valuado en más de 400 mil pesos, mientras hablaba de “mejorar la situación de la clase trabajadora”.
En redes sociales se extendieron las críticas a otros funcionarios que gustan de relojes caros: El secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, con un Patek Philippe (1.6 millones); el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, un Rolex Submariner (100 mil pesos), un Rolex GMT Acero (117 mil), un Audemars Piguet Royal (106 mil) y un Panerai Luminor Marina (75 mil)
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también cojea del mismo pie, al portar un reloj Hublot, cuyo modelo más barato rebasa los 98 mil pesos.
Pero vaya, este es sólo el escenario “gobierno rico, pueblo miserable”, en el que se firmó el Acuerdo, en el que tan sólo un actor tuvo la dignidad de rechazarlo, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien presentó un proyecto propio que, a diferencia del oficial, incluye frenar el “gasolinazo” y revisar los 37 supuestos “programas sociales”.
La infructuosa lucha contra el derroche de gobierno, que pide apretarse el cinturón cuando hace exactamente lo contrario, tiene reclamos remotos y recientes, entre ellos del desaparecido ex regente del DF, Manuel Camacho Solís, que, con el título ¡Legado póstumo sobre propaganda!, publicamos hace un año, el 16 de enero, en torno a la rendición de cuentas públicas.
Y es que, según el informe “Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial”, editado anualmente por Artículo 19 y Fundar, el Ejecutivo Federal gastó en publicidad más de 14 mil 663 millones de pesos en sus tres primeros años, mientras que 27 Estados gastaron en 2013 más de 5 mil 639 millones que, “si se suman a los gastos federales de ese año,  documentan un total de 13 mil 640 millones de pesos”.
Lo peor del caso es que no se trata de un problema de este periodo, ya que el costo de la “legitimidad”, sumó 4 mil 518 millones de pesos en 27 entidades durante 2011, equivalente al doble del costo de producción y distribución de todos los libros de texto gratuitos del país.
Así, se podría repartir el doble de textos gratuitos si se eliminara ese gasto en publicidad tan sólo de 27 Estados, además de que en 2010-2011 casi las dos terceras partes de los Estados sobre-ejercieron los presupuestos aprobados por sus Congresos en publicidad oficial.
Las cifras recuerdan inevitablemente que en Quintana Roo los ex gobernadores Félix González y Roberto Borge erogaron en publicidad durante sus sexenios ¡más de mil 500 y 3 mil millones de pesos, respectivamente!
Camacho Solís escribió: “Es más saludable para la democracia cambiar de un régimen que permite la propaganda oficial bajo ciertas limitaciones, a otro que la prohíba de manera absoluta. Mientras no contemos con una autoridad reguladora fuerte, que pueda hacer cumplir las modalidades para la propaganda oficial, siempre será mejor prohibirla para evitar que se abuse de ella en perjuicio de la democracia y del erario público”.
“La rendición de cuentas, la que fortalece a una democracia no se materializa a través de la propaganda gubernamental”, concluyó.
Ahora bien, considerando el ritmo de sobre ejercicio del gobierno federal en los últimos años en publicidad oficial, se calcula que -pese a que la Cámara de Diputados asignó poco más de 3 mil 500 millones de pesos para Servicios de Comunicación Social y Publicidad- a fines de año se erogaron más de 8 mil millones de pesos; es decir más del doble de lo presupuestado.
El análisis de la Cuenta Pública 2014 reveló un sobre ejercicio de más de 70% en el rubro pues, aunque se asignaron 4 mil 011 millones de pesos, se terminaron gastando 7 mil 500 millones. Lo mismo pasó un año antes, cando el total erogado alcanzó los 7 mil 200 millones de pesos, 68% por arriba de lo estimado, que ascendía a 4 mil 785 millones.
Para 2015 se asignaron al mismo concepto 4 mil 034 millones de pesos, pero el retraso en la fiscalización de los recursos públicos, aún no permite establecer el tamaño del monto sobrepasado. Curiosamente, desde el año 2000, el aumento del gasto por publicidad gubernamental ha sido sostenido.
Durante el primer sexenio no priista -de 2001 a 2006 con Vicente Fox-, el incremento de ese gasto fue de 27%, mientras que durante la administración de Felipe Calderón -de 2006 a 2012- se incrementó en 65%.
Estimaciones de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advierten que, de continuar esta tendencia, para el año 2018 se gastarán más de 11 mil 676 millones de pesos, tan sólo en publicidad del Gobierno Federal, aunque, repetimos, el problema de gasto irracional no es exclusivo de la federación, sino también en el nivel estatal.
En 2013, en el marco de su primer informe, el gobernador de Chiapas, el “ecologista” Manuel Velasco, gastó más de 10 millones de dólares en publicidad, y la distribución de ésta también inundó paradas de autobuses y vallas en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y otros.
Un año antes, en 2012, el gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, gastó entre 42 y 56 millones de pesos en menos de un mes para anunciar su primer informe, por lo que el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, José Clemente Castañeda, presentó infructuosa iniciativa de ley para limitar y regular la publicidad gubernamental
Pero, vaya, el despilfarro y gastos banales son “marca” Peña Nieto, y mejor prueba de ello es que, pese a “su Acuerdo”, el presupuesto de egresos 2017 plantea que los gastos de la Oficina de la Presidencia aumenten más de 5 mil millones de pesos, un abuso en el panorama económico, político y social, pues el gobierno “sacrifica” gastos en infraestructura, actividades productivas, campo, salud, educación y seguridad, pero dedica grandes sumas a lo inútil.
Cinco mil millones es lo mínimo, pues las cuentas públicas muestran a lo largo del sexenio que siempre la superan en más del 50%, aunque esa cantidad surtiría 100% de agua potable a la metrópoli, además de todo el gasto necesario para evitar encharcamientos y reutilizar las aguas residuales.
Además de los gastos publicitarios de Peña Nieto, que lo convierten en el mandatario más caro de la historia del país, Hacienda, a cargo formal del “guasón” Pepe Toño Meade -las funciones siguen a cargo de Videgaray-, continúa justificando el derroche “para cuidar la seguridad de Peña Nieto”.
No obstante, si de eso se tratara sería mejor que el indeseable presidente se quedara guardado, y no saliera ni un minuto más a ser burla y escarnio de los gobernados, o a éstos les podría ocurrir algo lamentable.
Por otro lado, existe un costosísimo avión presidencial y demasiado dinero se canaliza a las francachelas de los campos de golf y demás escándalos a bordo de la nave para placer y boato de familiares, amigos, favoritos y toda una galería de impresentables y estrellitas de celofán que pasean atravesando océanos y continentes con cargo a nuestros bolsillos.
‎Es enorme el ridículo internacional que estos desplantes han levantado entre la opinión pública. Nadie se explica cómo es posible que lo consintamos, así como los gastos monárquicos de la familia presidencial y sus adláteres, inconcebibles en un país que pretende ser republicano, moderno...y “austero”.
Pero mientras los recortes al gasto social son efectivos y se vigilan con uñas y dientes, lo presupuestado guarda una distancia cada vez más lejana con lo gastado en términos de mantener lo absurdo, por ejemplo en 2015, cuando se publicó un ajuste de 52 mil millones de pesos, aplicable A TODOS.
Sin embargo, un análisis de la Cuenta Pública reveló que los gastos habían subido, por la crisis, usted sabe, y con la frescura ignorante del Chilorio Power y la banda del Guamúchil Party, se indicó que el recorte no fue real. Al final, se gastaron 185 mil 800 millones de pesos más.
En efecto, la administración central nunca resultará perjudicada por la astringencia presupuestal, pues los faraones burocráticos tienen de dónde echar mano: Recurren a la bestial deuda externa para seguir comprometiendo nuestro patrimonio en deudas estratosféricas que rebasan la mitad de nuestro trabajo y producto.
‎Peña Nieto tiene amplios recursos, sin medidas de “austeridad” para comprar opinión, mientras la propaganda comercial se ha vuelto tan fútil como la política, con mensajes sin sentido, por lo que las compañías de prestigio migran de las pantallas comerciales y concesionadas, a las páginas web y redes digitales, que han demostrado tozuda penetración en todos los ámbitos.
Gracias a su empeño por descifrar los mensajes crípticos de las formas proverbiales del engaño comercial y político, las redes digitales asumen, cada vez con mayor fuerza, la dirección sensata de la información y de la opinión pública, como se ha venido comentando hace mucho tiempo…, pero Peña las minimiza y desprecia. Dice que manejan demagogia.
Empero, son las únicas en hacer un éxito protestas e inconformidades por el “gasolinazo”, mientras el espectáculo ridículo que se monta en Los Pinos para desacreditarlo y satanizarlo es producto de mentes ajenas a toda existencia social. Ningún registro, ningún adjetivo es suficiente para calificar su absurda pretensión de seguir abochornando al país.
¿Y qué cree Usted? Apenas hoy portales de Internet denunciaron que el gobierno de Peña Nieto retiró en secreto 240 mil 518 millones de pesos del patrimonio nacional invertido en Pemex y CFE, lo que contribuyó a descapitalizar a las dos empresas de Estado, cuya falta de liquidez representa un enorme peligro para la estabilidad de la economía mexicana.
Estos retiros se realizaron de 2013 a 2015 mediante solicitudes de la Secretaría de Hacienda, firmadas por el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, quien solicitó a los directores de Pemex y CFE los pagos por concepto de “aprovechamientos”, pero por medio de los cuales el gobierno obtuvo ingresos extraordinarios desapercibidos en el paquete económico que el Ejecutivo entrega cada año al Congreso con la etiqueta de “otros”.
Así las cosas, tan sólo Pemex realizó dos pagos: Uno por 65 mil millones de pesos en diciembre 2013, y otro por 70 mil millones en diciembre 2014, para un total de 135 mil millones de pesos.
¡Y ahora pretende Peña Nieto recapitalizar a ambas empresas con el “gasolinazo” y aumento de tarifas de electricidad! ¿Cómo quiere que el pueblo no se inconforme? ¿Ya pactó con el PAN y PRD que el PRI abandone la lucha por la presidencia 2018 a cambio del voto cómplice de éstos en el Congreso?
¡Esto es lo más seguro! ¡Lo constatamos en octubre en la aprobación del Presupuesto! ¿Alguien lo ha olvidado? ¡Y eso que habrá nuevo aumento en febrero! ¿Y los diputados y senadores por Quintana Roo?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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