martes, 7 de febrero de 2017

 ¡Tras la Presidencia de la República!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         No cabe duda de que cada día están peor las cosas en México, sobre todo tras los dos últimos, trascendentales acontecimientos, el primero de ellos la virtual ruptura política del gobierno de Estados Unidos con nuestro país, lo que seguramente provocará serios problemas a los mexicanos, aunque lo más inmediato es el tema del “gasolinazo”, cuyos efectos vivimos día con día.
         En ambos casos, emerge la figura del presidente priísta Peña Nieto con sus erróneas políticas públicas, pese a que, a partir del efecto Donald Trump, su principal argumento es defender la soberanía hasta con los dientes, insuficiente para evitar que se siga decayendo su desaparecida “popularidad”.
         Con todo, entre la serie de desaciertos de su “gobierno”, la gota que derramó el vaso fue el doloroso incremento al precio de los combustibles y la electricidad, y mejor prueba de ello es que a pesar de que en las últimas semanas la nota del día ha sido Donald Trump, de poco ha servido para olvidar las alzas, aunque sí calmó ligeramente los reclamos.
         Sin embargo, fiel a su costumbre de ponerse en evidencia -llámese “hacer cosas chuecas”- Peña Nieto siguió dando de qué hablar, ahora en un nuevo tema de corrupción del que hablaremos enseguida.
         Lo único cierto es que, pese a que se había anticipado como una “medida dolorosa” e “inevitable”,  para nadie era un secreto que las gasolinas NO subirían de precio el pasado día 4, al menos no en ese momento tan crucial en el que Peña Nieto tenía al país frente a dos enormes temas nacionales, sólo uno de los cuales podría enfrentar “exitosamente”.
         Y conste que tanto Peña Nieto como su secretario de Hacienda habían anticipado que, supuestamente, no estaba en sus manos decidir sobre la medida, y que los próximos días 11 y 14 habría nuevos precios de combustibles, tras los cuales, “consolaban” a la población, quedarían definitivamente a merced de los movimientos internacionales, por lo que (ja, ja, ja) podían bajar de precio en algún momento.
         Curiosamente, se había hablado de lo mismo para el pasado día 4, aunque suficiente hizo el gobierno federal con no aumentar los precios, se sabe, en gran medida para resarcir sus indiscriminados gastos en materia de publicidad e imagen, así como en pago de la deuda externa que ha provocado la pésima administración priísta.
Ahora bien, respecto a la última “hazaña” de Peña Nieto en materia de corrupción -pocos medios de información dieron cuenta-, apenas se planteó el 11 de enero en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde el PAN, sin embargo, sólo pidió “exhortar” a la PGR y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar una denuncia penal de la empresa tecnológica “Infraiver” ¡contra Peña Nieto! y del titular de la SCT.
Según la diputada Angélica Moya Marín, el PAN ha solicitado infructuosamente a la Secretaría de la Función Pública investigar los aparentes nexos del gobierno federal y funcionarios del Estado de México con la empresa española OHL, dado que se han puesto al descubierto irregularidades en la construcción y operación del Circuito Exterior Mexiquense.
El tema de OHL es una clara muestra de esas redes de corrupción e impunidad y de negocios privados desde la administración pública, pero éstas no solo se observan en la empresa, sino que existen litigios donde ­Infraiver –dedicada a la medición de aforos vehiculares- ha denunciado la modificación sin sustento legal de la concesión de OHL en el Circuito, tal que le permitió a ésta aumentar un 50% las tarifas de peaje en ocho años.
Desde hace varios meses, OHL e Infraiver enfrentan un conflicto jurídico tras que el gobierno de Edomex cancelara a Infraiver un convenio que le permitiría medir el aforo en la vialidad mexiquense porque, según la SCT, sus costos eran mayores a otros servicios similares.
Así, se desató un conflicto de empresas que se ha estado dirimiendo en los juzgados sin resolución, ya que, más allá de un conflicto legal, existen elementos de fondo con la contratación de servicios con autoridades del Estado de México y funcionarios federales, revelados en conversaciones telefónicas difundidas en medios de comunicación y que deben investigarse.
En efecto, se sabe, OHL ha sido una de las empresas consentidas de Peña Nieto, quien le ha proporcionado todo tipo de facilidades, además de que los vínculos de aquélla con el gobierno del Estado de México se remontan al sexenio de Arturo Montiel Rojas, aunque los beneficios siguieron con Peña Nieto como gobernador y siguen con Eruviel Ávila. Hoy pretende el Ejecutivo imponer como candidato del PRI a su primo Alfredo del Mazo Maza.
Tan sólo entre los sexenios de Montiel Rojas y Peña Nieto, OHL obtuvo concesiones de tres obras de alto impacto, por más de 37 mil millones de pesos, además de que un 70% de sus ingresos provienen de sus concesiones del Estado de México durante los gobiernos de Peña Nieto y Montiel Rojas, incluido el Circuito Exterior Mexiquense.
Lo anterior conlleva a pensar que la relación Peña Nieto-OHL no tiene límites, lo que ha llevado a varios analistas políticos, organizaciones sociales y población a preguntarse qué favores le adeuda el presidente a esa empresa, tal que se ha vuelto intocable a la acción de la justicia.
Por si fuera poco, el 10 de enero, diversos medios informaron que el abogado de Infraiber interpuso una denuncia ante la PGR contra Peña Nieto y el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, porque el primero ordenó retirarle a Infraiber el convenio para medir el aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense y Viaducto Bicentenario.
Todo hace suponer que se trata de un conflicto sobre el que las autoridades tienen mucho que decir y sobre el que hasta ahora han sido omisas, pese a tratarse de un asunto de orden público donde Peña Nieto está involucrado y sobre el que la PGR deberá informar y dar alguna solución.
Lo cierto es que se observa una red de corrupción en el gobierno del Estado de México, por lo que las investigaciones deben ser de raíz y sancionar de acuerdo a la ley a los que participan desde hace muchos años en este sistema de corruptelas y negocios personales desde el gobierno de Edomex.
Por si no fueran suficientes los problemas de corrupción y los diarios vericuetos del caso Donald Trump, nuevamente se pone de manifiesto la “disfrazada” complicidad de nuestros representantes “populares” federales que, al igual que desde la aprobación del “gasolinazo” desde hace unos meses en la Cámara de Diputados, hoy nuevamente hacen mutis con el tema.
En efecto, recién reanudaron sus respectivos periodos ordinarios de sesiones la semana anterior y, al igual que en el que concluyó en diciembre, el partido del “Peje” Andrés López Obrador, Morena, fue el único que dijo “esta boca es mía” con una iniciativa en relación con el tema de hidrocarburos, mientras los representantes de los demás partidos -incluso en el Senado- hicieron como si el país no estuviera prácticamente en llamas.
¡Caray!, nos preguntamos, ¿Y así pretenden alcanzar la Presidencia de la República para el año 2018? ¿Acaso nos creen enanitos mentales?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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