viernes, 10 de febrero de 2017

¡Q. Roo, víctima de corrupción federal!

    
                                               Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Como asignatura indiscutiblemente pendiente en Quintana Roo -y de todo el país-, la corrupción fue tema principal de una conferencia que, invitados por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), impartimos anteayer miércoles a estudiantes del segundo cuatrimestre de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.
         En efecto, aunque, al menos en teoría, el combate a esa corrupción en uno de los principales objetivos del gobierno de Carlos Joaquín González, para nadie pasa inadvertido el fuerte hedor que dejaron las administraciones que encabezaron Félix González y Roberto Borge, respectivamente, al grado tal que indigna ponerles segundo apellido.
         Para mala fortuna de los quintanarroenses, todo hace suponer que la mácula del problema no es exclusiva para la entidad, ya que una de las aristas más visibles es la innegable complicidad de las autoridades de nivel superior, concretamente la Procuraduría General de la República (PRG) que, dígase lo que se diga, ha optado por hacerse ciega, sorda y muda.
         No somos peritos en la materia, pero lo cierto es que hasta hoy sigue sin entenderse cómo es posible que en el caso de Veracruz el Gobierno Federal actuara con una celeridad tal, que de no ser por la falta de detención de su ex gobernador, estaríamos hablando ya de haberle colocado la cereza al pastel, ya que, aunque mínimas, ya se habla de confiscación de recursos ilícitos.
         En cambio en Quintana Roo, pese a que, al menos en teoría, la Fiscalía General está en lo suyo -bueno, eso es lo que nos dicen, al menos creemos que con los “peces chicos”-, la PGR, en cambio, no ha dado ninguna muestra de querer hacer su parte respecto a las denuncias que interpuso el Gobierno del Estado, ni tan siquiera para insinuar, en su caso, alguna falla de formalidades.
         Eso, aquí y en China, no puede menos que ser criticable y calificarse de corrupción, puesto que, en términos de legalidad, no sólo se delinque por comisión, sino también por o-mi-sión   , lo que nos mueve a pensar que existe una voluntad superior que impide, obstaculiza u ordena a la PGR ignorar las demandas de Quintana Roo contra los ex gobernadores Félix González y Roberto Borge.
         La pregunta obligada sería ¿quién o quiénes tienen tanto poder sobre la PGR? No hay que ser sabios para ponerles nombre y apellidos: El presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes, inclusive, pensando en voz alta, serían los principales interesados en evitar que se esclarezca el tema de la desviación de los multimillonarios dineros de Quintana Roo.
         Siempre hemos dicho que el silencio de las autoridades nos obliga a pensar, suponer y hablar, y de ahí que la duda es obligada: ¿Le habría entrado agua al “coco”? ¿Cómo? ¿Por dónde? No lo sabemos, pero la premisa es que por algo muy, pero muy delicado no se querido intervenir Peña Nieto en Quintana Roo.
         ¿Habrá desviado recursos Roberto Borge de todos los programas para financiar parte de la campaña priísta de Peña Nieto para la Presidencia de la República? Nadie puede asegurarlo, pero para cualquier persona con un centímetro de frente es la única posibilidad para entender esa impunidad del ex gobernador ante la PGR.
         Ante este panorama, es obligado reconocer que, lamentablemente, la transparencia que no puede presumir el gobierno de Peña Nieto se ha convertido en componente fundamental en el combate a la corrupción, uno de los principales problemas que aquejan a México, y que le coloca a nivel mundial en uno de los lugares menos envidiables de la lista de corruptos.
En este sentido, ha generado la movilización y repudio de todos los sectores de la sociedad, ya que no solamente afecta las inversiones en el mercado nacional, sino que impide el sano desarrollo del país y es una amenaza para nuestra incipiente democracia, y de ahí que la presión de esa sociedad obligara al Congreso a legislar en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Así, a partir de las reformas constitucionales en la materia, el país cuenta ya con el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización, que conforman un entramado institucional, aunque hasta hoy se preguntan los mexicanos ¿Qué pasó con la licitación fallida del tren México-Querétaro? ¿Qué pasó con la “Casa Blanca”, la casa de Malinalco, la casa de Osorio Chong?
Asimismo, nos preguntamos ¿Qué pasó con el tema de los ex gobernadores acusados de malversación de fondos, entre ellos, desde luego, el priísta Roberto Borge? ¿Qué pasará con los endeudamientos que dejaron en sus entidades, entre ellos el también priísta Félix González? ¿Qué ha pasado con las empresas privilegiadas en el gobierno de Peña Nieto: Oceanografía, OHL, Infra? ¿Quién será el responsable de la mala administración en las empresas “productivas” del Estado, Pemex, CFE?
Con plena seguridad podríamos afirmar que la respuesta en la mayoría de los casos sería que no pasó nada y que siguen en la impunidad.
Entonces la pregunta obligada es ¿qué le hace falta a México para erradicar la corrupción? Y la respuesta es erradicar primero la indiferencia e ineficiencia de las autoridades responsables, ya que, al menos en el caso de México, el problema  no es la falta de leyes, sino su correcta aplicación, o bien la homologación, transversalidad y coordinación entre ellas.
Por ejemplo, la recién aprobada  Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados -para formalizar la protección de los datos del Sistema Nacional Anticorrupción- no es un tema aislado, sino una de las leyes pendientes, pero contiene limitaciones, entre otros en el principio de seguridad, además de contradecir su contenido.
Por otro lado, omite mecanismos eficaces para evitar la divulgación indiscriminada o que los datos personales se utilicen con un fin distinto para el que se recabaron.
En pocas palabras, el principio de seguridad para el tratamiento de los datos personales no se incluye en la ley de los mecanismos necesarios para salvaguardar los datos de las personas, que quedan en situación vulnerable.
Ahora bien, lo cierto es que, dígase lo que se diga, los periodistas somos, no uno de los principales actores en torno al tema de la corrupción, sino el principal, ya que, como responsable de encabezar y crear la opinión pública, constituimos el UNICO contrapeso frente a los Poderes del Estado, es decir el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De ahí que, lamentablemente, es triste reconocer que, en gran medida, somos responsables de la corrupción que priva en el país, de la que Quintana Roo no escapa, repetimos, no sólo por el pecado de acción, sino también por el de omisión.
De ahí también que, como reiteramos a los asistentes a la plática sobre el periodismo de Chetumal, la sociedad, en términos generales, sólo sabe lo que lee, ve o escucha, lo que nos obliga a respetar el compromiso que asumimos al abrazar esta noble actividad que el maestro Gabino Fraga coloca como contrapeso al otro lado de la balanza del poder.
Nuestro agradecimiento a la UNID, así como a su Rectora, Libertad Sánchez Galán, quien, a través del coordinador de la Licenciatura señalada, Ángel Aldecua, nos entregó un reconocimiento, junto con la catedrática en la materia de Géneros Periodísticos, Mary Coronel, tras lo cual firmamos a los alumnos libros de nuestra cuarta obra: ¡Escándalos y “danza” de millones! 
     
(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.

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