lunes, 21 de agosto de 2017

¡Freno a mañosos ex-funcionarios!


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Ante la falta de una regulación jurídica para combatir a fondo la corrupción de los ex servidores públicos que han utilizado información privilegiada en su beneficio y de grandes corporaciones, México ha sido sacudido en los últimos  años por sonados escándalos, en los que han participado personajes de la más alta esfera pública.
Las recientes reformas en materia de anticorrupción resultan suficientes para reducir los crecientes índices de la materia que se manifiestan de diversas maneras. No basta con pregonar que estamos haciendo leyes anticorrupción, cuando que, en los hechos, existe una tremenda permisividad.
El conflicto de intereses representa un fenómeno que se agrava cuando hablamos de ex servidores públicos, algo que no debidamente legislado, y que es la influencia comparable de los intereses personales del servidor público que puede darse en el desempeño de sus funciones presentes, pero también en el desempeño de las futuras, una vez que deja el encargo.
El problema se centra con los ex funcionarios que, aún después de concluir su función, están inmersos en un auténtico conflicto de intereses con motivo de sus nuevas actividades con particulares o empresas beneficiadas con decisiones o determinaciones suyas durante su encargo público, o que recibieron beneficios por la información privilegiada a la que tuvieron acceso durante su encargo.
Estos casos, que se traducen en actos de corrupción, carecen de regulación legislativa que los acote e impida.
Como ejemplo de ex servidores que han estado en estos supuestos se incluye el ex presidente panista Felipe Calderón, quien se integró como miembro independiente al Consejo de Administración de la compañía estadounidense “Avangrid”, filial de la española “Iberdrola”, que tiene en México importantes inversiones con la Comisión Federal de Electricidad.
Pero eso no sólo en la paraestatal, sino también en otras transnacionales eléctricas, como Mitsubishi y otras recién llegadas, que se frotan las manos frente al negocio que, según datos de la propia CFE, ascenderá a ¡más de 2.1 billones de pesos! en inversiones por realizarse en los próximos 14 años.
Por si fuera poco, en el directorio de esa filial de esa empresa en México también aparece el entonces titular de la Secretaría de Energía y Banobras durante el sexenio de Calderón, Georgina Kessel, consejera independiente desde el 24 de abril de 2013.
Por otra parte, tras concluir su período presidencial, Ernesto Zedillo se convirtió en empleado de la empresa “Union Pacific”, concesionaria de la empresa “Ferromex”, como resultado de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, realizada justa y sospechosamente durante el propio gobierno de Zedillo.
Apenas el 8 de agosto se dio a conocer que el ex presidente panista Vicente Fox, quien aplaudió la reforma energética de Peña Nieto y urgió a aprobarla, firmó una empresa conjunta del llamado joint venture con Aubrey McClendon, ex director general del gigante del fracking Chesapeake Energy y actual director ejecutivo de América Energy Partners para explorar el sector de energía en México.
En efecto, ahora tenemos al bigotón ex empresario de la Coca-Cola de petrolero, aunque también ha externado sus deseos de invertir en el tema de la mariguana de México.
El guanajuatense dijo desde hace meses que los costos laborales más baratos en México y la disposición del gobierno a aceptar menor pago de derechos que los propietarios estadounidenses, haría más barata la perforación en México que en Texas, según The Dallas Morning News -de octubre de 2014-, donde comentó que McClendon se beneficiará de un descuento otorgado en México gracias a la reforma energética.
Este tránsito de funcionarios públicos del sector público al privado no existía en México, y despertó resistencia y críticas por considerar que propicie conflicto de intereses al constatar casos de funcionarios que se incorporaron a empresas privadas que previamente beneficiaron y por visualizar a los ex servidores como agentes al servicio de grandes empresas y capitales en un país donde la desigualdad social es de las más grandes de América Latina.
Este proceso, llamado por algunos académicos como “La puerta giratoria”, se presentó a partir de la apertura económica y es particularmente intenso en el sector energético.
Actualmente existe un tráfico cínico de información geológica y geofísica y en los bloques petroleros, que posteriormente licita la Comisión Nacional de Hidrocarburos sin consultar al Congreso de la Unión, como si ese organismo fuera dueña del territorio nacional.
Frente a este panorama, la diputada federal Norma Rocío Nahle García planteó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de conflictos de intereses de ex servidores públicos para modificar este último término de la fracción VI del artículo 3º, para que también haga referencia de manera expresa al conflicto de intereses de ex servidores públicos.
Asimismo, propone modificar el segundo párrafo del artículo 56, a efecto de que quienes hayan sido Presidentes de la República, secretarios de Estado o Subsecretarios, así como Directores Generales u homólogos no puedan utilizar permanentemente información privilegiada de la que hayan tenido conocimiento con motivo de sus funciones, o incurrirían en utilización indebida de información.
Esto último, por cierto, se castiga en la mayoría de los países del mundo, pero en México todavía se ufanan como si fueran grandes empresarios.
Se propone adicionar el artículo 72, respecto a la contratación indebida de ex servidores públicos por particulares, y tiene como fin establecer que quienes hayan ocupado los mencionados cargos no puedan permanentemente ser contratados por particulares, o participar honoríficamente en sus empresas, en caso de que hubiesen tenido durante su encargo algún vínculo con dichos particulares, lo que implicaría una contratación indebida de ex funcionarios.
Por último, el proyecto, turnado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, propone adicionar el Título Tercero del ordenamiento,  con el fin de que se mencionen expresamente los supuestos que representarían faltas cometidas por ex servidores públicos.
Lo cierto es que se trata de un nuevo paso para ir a fondo contra la corrupción de los ex servidores que han utilizado información privilegiada en beneficio de las grandes corporaciones y del suyo propio, porque, reiteramos, no basta con presumir leyes anticorrupción, cuando en opera una permisividad insultante para el pueblo.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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