jueves, 21 de septiembre de 2017

 ¡Ahora dice Félix ser “angelito”!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Al igual que cuando intentó justificar el sobreendeudamiento en el que postró a Quintana Roo “porque así lo hizo el Gobierno Federal”, el ex gobernador priísta Félix González ahora pretende hacer lo propio con la denuncia por la venta a precios subvaluados de predios del Gobierno del Estado, que interpuso la organización “Somos tus ojos” ante la PGR.
         Mejor defensora de los intereses de la entidad que el propio gobierno de Carlos Joaquín González, que se ha ensañado con sus enemigos y protegido a amigos y familiares -¿verdad Víctor Alcérreca Sánchez y Javier Zetina González?-, “Somos tus ojos” involucró al senador en el “remate” de 165 predios del Estado a empresarios, funcionarios y otros, en la mayoría de los casos a precios subvaluados entre 2005 y 2011.
         Según la denuncia, que consta de tres anexos con 156 hojas al detalle, interpuesta el 14 de septiembre, pero publicada el domingo último, los inmuebles estarían ubicados en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres.
Ante la posibilidad de que, debido al tiempo transcurrido, hubiera fenecido el plazo para denunciar los hechos, el organismo, que encabeza Fabiola Cortés Miranda, explica que la prescripción de delitos no opera mientras la persona goza de fuero, por lo que la PGR deberá investigar el caso, ya que el cozumeleño concluyó su encargo en abril de 2011, pero en septiembre de 2012 asumió como senador y goza aún de fuero.
En este sentido, precisa que si el remate de predios por parte de Roberto Borge resultó “un escandalazo”, el de Félix González lo supera en número de terrenos y plusvalía de terrenos involucrados, así como en el nombre de involucrados, varios de ellos repetidos.
Por su parte, el ex gobernador aseguró que la denuncia se basa en hechos y datos supuestamente desvirtuados para “confundir” a la opinión pública, ya que entre los 165 predios ‘rematados’ durante su malogrado sexenio hay muchas operaciones parte de la función normal de un Gobierno, con valores distintos a los del mercado.
Así, según él, “se está desvirtuando la realidad de las operaciones, ya que en esa relación existen no sólo ventas sino también regularizaciones, conciliaciones y permutas legales”.
         Como era de esperarse, las operaciones las realizó a través del oscuro Instituto del Patrimonio e Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), creado el 30 de mayo de 2005 durante su sexenio como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal.
A punto de cumplir sus primeros ocho años en mayo de 2013, con el título “IPAE, oscura mina de oro”, nuestra columna se refería al “eslabón” entre los gobiernos de Félix González y Roberto Borge en el manejo irregular de los terrenos propiedad de Quintana Roo: Nos referimos a la ex directora de esa dependencia, Claudia Romanillos Villanueva.
Sujeta a proceso, pero en libertad en tanto se resuelve un Amparo, la ex funcionaria sólo era identificada en ese entonces como secretaria particular de Borge antes de que éste se convirtiera en mandatario, tras lo cual aquélla asumió la titularidad del IPAE el 11 de abril del 2011
         No obstante tratarse de una dependencia estratégica de gobierno como ente sectorizado de la Secretaría de Hacienda con jurisdicción en toda la entidad, lo último que se supo sobre sus operaciones es que hasta diciembre del 2010 su patrimonio tenía un superávit superior a 245.2 millones de pesos.
         Con el único antecedente de contar con un título de Licenciada y haber sido consejera política nacional del PRI (2011-14), la chetumaleña Claudia Romanillo relevó a la no menos desconocida Gina Patricia Ortiz Blanco, funcionaria inepta, ineficiente e ineficaz, que truncó grandes proyectos inmobiliarios y de infraestructura, a lo que se atribuyen tantos problemas con la construcción del aeropuerto de la Riviera Maya.
         Responsable de que con Félix González no se consiguiera un centímetro de tierra a través de la negociación con los dueños, que todo compraron a precios altísimos, Gina Patricia, mujer soberbia y sin escrúpulos, pequeña para el cargo, sin embargo, decía haber obtenido éste por el simple hecho de ser “comadre” del cozumeleño, aunque no pocos lo atribuían a “otras” razones.
         El caso de Claudia Romanillo no era muy diferente, ya que se hablaba de un “noviazgo” con “altísimo” funcionario estatal que le obsequió una casa en Residencial Andara, por cierto “visitada” en su momento por amigos de lo ajeno, lo que estuvo a punto de costarle la chamba al entonces Procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres
         El Instituto, cuyo subdirector era Jorge Morales Calzada, y su director de Unidad de Planeación, Víctor Manuel Cámara Novelo, tenía 86 funcionarios y una nómina donde algunos figuraban ¡hasta con cuatro cargos!, como Aníbal Efraín Villanueva Polanco, titular de la Dirección de Productos Inmobiliarios, los Departamentos de Planeación y Financiamiento y Proyectos Estratégicos, y la Coordinación de Desarrollo y Comercialización.
         Más aun, Isidro Góngora Martín era subdelegado Técnico y jefe del Departamento de Obras, mientras Daniel Chi Chiquil aparecía como director de Finanzas y Contabilidad y jefe del Departamento de Contabilidad.
         Así de “generosa” con sus subordinados, Claudia Romanillo, empero, también se caracterizó por sus férreas decisiones, como fue con el violento desalojo de decenas de familias de 42 mil metros cuadrados de terrenos de una colonia del antiguo ejido Calderitas, ubicado al final del fraccionamiento Caribe de Chetumal, sobre el cual nunca quiso dar la cara por el exceso de fuerza pública y destrucción de las viviendas.
         Otra muestra de oscuridad del IPAE, fue el caso de la caleta Xel-Ha que, con 110 mil metros, concesionó en 1994 el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid al “Grupo Xcaret”, que encabezaban Miguel Quintana Pali, los hermanos Constandse-Madrazo y Francisco Córdova Lira, este último cuñado de Marcos Constandse.
         Durante casi dos décadas de operarlo como parque ecoturístico, los empresarios eran acusados de evadir impuestos por ignorarse las condiciones en que, con aval del Congreso, se otorgaron los terrenos, aunque, de manera sorprendente Claudia Romanillos negaba la concesión sobre los predios de Caleta Xel-Ha y del Caribe, pese al Decreto de la VII Legislatura, que en el 2006 ¡Félix González extendió por otros 30 años!
         También se incluye la sospechosa venta de Félix González de Villas Deportivas Juveniles (antes CREA) para construir un edificio de 10 pisos, el cual se realizó sin licitación pública durante el último año de Félix González, lo que Claudia Romanillos ocultó como “secreto de estado” y permanece en la más plena opacidad.
         Pero esas no eran las únicas cosas que se ocultaba en esa mina de oro, ya que durante su gris sexenio el senador habría vendido a particulares un total de 877 predios, aunque saber en cuánto cada uno y quiénes los adquirieron requeriría de miles de horas, pues el IPAE se negó sistemáticamente a informar, excepto con un folio del Registro Público de la Propiedad.
         ¿Por qué ocultar los montos? Obvio, Félix González vendió a precios “preferenciales”, es decir, muy por debajo de su valor comercial real, amén de que los beneficiarios fueron amigos, empresarios, familiares y políticos, con lo que, “por lo menos”, no sólo él se habría hecho multimillonario, sino habría cumplido su promesa de distribuir la riqueza, pero a favor de unos cuantos.
         Seis años después de concluido su periodo, “Somos tus ojos” dice que uno de sus más grandes negocios fue entregar 352 hectáreas (tres millones 522 mil metros cuadrados) a un grupo de empresarios entre los que se incluirían prestanombres, además de un personaje vinculado a su homólogo yucateco Emilio Gamboa Patrón, quien tiene estrecha amistad con el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade: Emilio Díaz Castellanos.
Según explica Fabiola Cortés, el ex gobernador cedió a empresarios yucatecos 352 hectáreas de las 500 que tenía bajo su tutela el ex INVIQROO (Instituto de Vivienda de Quintana Roo), entre las primeras, 31 hectáreas con casi un kilómetro de playa, pertenecían a la Universidad de Quintana Roo.
Sobre las 352 hectáreas se construye uno de los más grandes desarrollos turísticos inmobiliarios, “Mayazama”, que vendió a un precio subvaluado y pagado en cómodas mensualidades. Su primera fase, vendida y habitada, se trata de uno de los desarrollos más controvertidos, llamado inicialmente “Down Town Tulum”, que cambió nombre por la oposición de ecologistas.
Puntualiza que a, través de la escritura pública número 22824 de diciembre de 2007, pasada ante el notario chetumaleño Reynaldo Vanegas Marín, existen antecedentes de un negocio turbio que involucra a Díaz Castellanos, Rodolfo Rosas Moya, Emilio Heredia Lima, Francisco Javier y Francisco Evadio Garibay Osorio, éste último ex titular del INVIQROO y del IPAE en los primeros meses de Félix González, así como Oswaldo José Millet Palomeque, María Isabel Mantecón Ponce, Juan Enrique Cámara Solís, Manuel Jesús Palma Rodríguez, y Katinka María Kelleher Vales.
Con todo, el ex mandatario citó como casos desvirtuados el predio de Tormentos en Cozumel, que otorgó en permuta, así como Punta Tormentos, de la familia González Angulo, que “años antes de que fuera gobernador compró al Estado el predio Xcacel-Xcacelito para un desarrollo hotelero en sociedad con una empresa española, y al no poderse por cuestiones ambientales, el Gobierno permutó por varios predios en la Rivera Maya y Cozumel.
A punto de concluir como Senador, que le obtuvo Borge para protegerlo, Félix perderá el fuero en 2018 y toda posibilidad de continuar con la inmunidad e impunidad que le ha caracterizado frente a tantas denuncias, ya que también perdería la protección del próximo ocupante de Los Pinos, aunque conservaría el “calor” de los priístas Gamboa Patrón y Raúl Cervantes, éste último virtual candidato a convertirse en el zar “Anticorrupción”.


PD: Tras prácticamente dos ininterrumpidos meses, continúa en Chetumal el problema de baja presión del agua que vende CAPA a precio de oro, sin que parezca importarles al director general de la empresa, Gerardo Mora Vallejo, ni al propio gobernador Carlos Joaquín.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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