¡Estalla
escándalo por “ahorros”!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En lo que hasta hoy
podría considerarse como el destape de la peor cloaca del periodo del ex
gobernador priísta Roberto Borge Angulo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO) incautó el viernes último en Cancún mil 500
cajas de valores rentadas a la empresa First National Security, donde la PGR
había intervenido el 9 de octubre.
La noticia
levantó los más varios comentarios en redes sociales, uno de ellos sobre la
aparente ilegalidad del operativo de este fin de semana, sobre el cual, como
era de esperarse, provocó también airadas reacciones entre los diputados
federales de Quintana Roo, electos, coincidentemente, durante la gestión del ex
gobernador preso.
Y es que,
irónicamente, entre los propietarios de las cajas aseguradas figuran otros
funcionarios del ex mandatario, cuyas millonarias propiedades indignan a los
habitantes de esta entidad, sospechosamente empobrecida durante la anterior
administración, y la que le antecedió con el también priísta cozumeleño Félix
González.
Con todo y
los reclamos de algunos medios y los propios legisladores, encabezados éstos
por el priísta José Luis “Chanito” Toledo Medina, la PGR informó que el
operativo provino legalmente de una orden de cateo.
En este
sentido, confirmó que, derivado del trabajo conjunto con la Policía Federal
(PF) y la Secretaría de Marina, obtuvo la orden del Juez en turno Especializado
en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Quintana
Roo, mediante la cual se aseguró ese inmueble, dedicada al resguardo de
valores.
Puntualizó que las cajas de
seguridad ubicadas al interior del edificio “se abren en el mismo sitio”, y que
se revisará su contenido para determinar si existen indicios asociados a
ilícitos penales, aunque, una vez concluido su análisis, se determinará el destino
de los objetos, y los bienes que no guarden relación con la investigación se
devolverán a la brevedad posible a quien acredite su interés jurídico.
Durante el cateo del día 9 había
dudas, ya que primero se dijo que se aseguraron cajas de seguridad de Borge, y
más tarde, de la presunta narcotraficante Leticia Rodríguez Lara (a) “Doña
Lety”, aunque por la noche el administrador de la empresa, Santiago Ancona, a
través de la firma de abogados Andrade y Andrade, interpuso un Amparo ante el Juez
Séptimo de Distrito para evitar el aseguramiento de todo el inmueble.
Con el crédito que merece, el
portal Staff Sol Quintana Roo fue el único que publicó la versión más completa
sobre el aseguramiento de lo que califica como “parte de lo saqueado” durante
el periodo de Borge, aunque quienes defienden una versión diferente muy probablemente
estime que se trate de “ahorros” de conocidos personajes de Quintana Roo.
Entre éstos se incluyen el ex
titular de la Sedesol, Fabián Vallado Fernández, y el padre de éste, Gino
Vallado; Remberto Estrada Barba y Paúl Carrillo y Cáceres (alcalde de Cancún y
su antecesor); Roberto Borge Martín y Mariana Zorrilla Erales (padre y ex
esposa del ex mandatario); Omar Fabián Giacoman Alborta, Juan Pablo Guillermo,
Jorge Acevedo Marín, Isaías Capeline Lizarraga, Agustín Lara Souza (Tacón), Eliezer
Villanueva Lanz, “hermanas Eljure”; Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, así como
sacerdotes, empresarios, escoltas y dueños de medios de comunicación.
Conforme al extenso reportaje de Staff
Sol Quintana Roo, con el aseguramiento de cuatro cajas de seguridad
relacionadas con “Doña Lety”, surgieron nombres de cómplices de ésta y posibles
prestanombres de Borge.
Dos de las cajas pertenecían a la
ex policía federal, supuesta líder del narcotráfico en Cancún, conocida también
como “La 40”, y las otras, a Manuel Eligio Marrufo Trejo, secretario privado
del ex mandatario, aunque la única beneficiaria del contenido es Mariana
Zorrilla, ex presidenta del DIF-Estatal durante la gestión de Borge.
Examinadas las cajas, no sólo encontraron
valiosas joyas y fuertes sumas de dinero en pesos y dólares, sino documentos
con infinidad de nombres involucrados con Borge como cómplices del saqueo al Estado
y sus testaferros para el “blanqueo” del dinero, o bien relacionados con la
mujer, que por casi 5 años habría controlado el tráfico de drogas en Cancún.
Ante estas circunstancias, otro
juez penal otorgó diversas órdenes de cateo en la empresa, enclavada en pleno
centro de Cancún, derivadas de la carpeta de investigación fed/seido/ueidcs/pue/000740/201
de la PGR de Puebla, donde está recluida Leticia Rodríguez.
Sin embargo, en esta segunda
ocasión, entre el viernes y la madrugada del sábado, no sólo se aseguraron unas
cuantas cajas, sino las mil 500, donde surgió infinidad de nombres de
encumbrados personajes de la política, clero, sector empresarial, ex colaboradores
de Borge y ex Voceros, muchos de ellos sobradamente conocidos y muchos desconocidos,
por lo mismo objeto de acuciosas investigaciones para deslindar responsabilidades.
En el caso de Mariana Zorrilla,
aparece como dueña de varias cajas, pero a nombre de sus escoltas, y ella como
única beneficiaria.
También figuran Capeline Lizárraga,
ex titular de Gobernación ejecutado a fines de sexenio; Lara Souza, ex director
de Recursos Materiales con Borge; Eliezer Villanueva, uno de los principales
operadores de éste y su esposa Violette Eljure, así como toda su familia
política; el ex alcalde perredista de Cancún y actual dirigente del Partido
Encuentro Social, Gregorio Sánchez; Víctor Viveros Salazar, ex director de
Gobernación; el ex asesor Omar Giacomán; y el ex alcalde de Cancún, Carlos
Canabal Ruiz.
Asimismo, aparecen el ex vocero de
Félix González y ex director del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social
con Borge, Jorge Acevedo Marín; y Paul
Carrillo, dicen que propietario de unas 25 cajas, por cada una de las cuales
pagaba 4 mil pesos mensuales, mientras Vallado
Fernández y Borge Martín, poseen seis cada uno, lo que implicaría pagar 24 mil
pesos mensuales.
“Sorpresivamente”, también figuran
como clientes de cajas el obispo Pedro Pablo Elizondo y otros sacerdotes; empresarios
cancunenses y extranjeros.
El caso de Vallado y Lara Souza
guarda especial importancia, ya que tendrían como encomienda cuidar al ex gobernador
y la familia de éste, además de cubrir los gastos de su patrón para toda clase
de lujos, comodidades y seguridad.
Sobre Mariana Zorrilla se dice que
colecciona caballos pura sangre que guarda en el hipódromo de Las Américas de la
Ciudad de México, y aunque Marrufo Trejo aparece como dueño de varias cajas, en
todas figura ella como única beneficiaria con acceso.
El reportaje recuerda que este
último, al que se ha negado un Amparo, está vinculado con el desvío de más mil
500 millones de pesos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado cuando
Gustavo Guerrero Ortiz encabezaba la empresa y, en acto protocolario, entregó el
dinero a Juan Pablo Guillermo.
El ex funcionario cargaba una
maleta con cinco millones de pesos en los eventos de Borge para distribuir
entre periodistas afines y miembros de su comitiva, así como para quienes
pudiera significarle problemas al mandatario.
Por su lado, Acevedo Marín, fallido
candidato a la alcaldía de Cancún, se encargaba de recaudar “diezmos” por
concesiones, además de estar acusado por un desfalco de 800 millones de pesos
en el SQCS, aunque se dice que el dinero se lo entregó a Juan Pablo Guillermo y
éste le dio el 10%.
Respecto a Capeline Lizárraga, éste
sería el “fontanero” de Borge, encargado de trabajos “sucios”, extorsiones,
amenazas, chantajes y presiones, lo que habría ocasionado que en julio de 2016 lo
acribillara un comando cuando circulaba en su Cancún. El crimen nunca se
esclareció.
Juan Pablo Guillermo, por su lado,
habría creado una serie de empresas “fantasmas”, a las que, con aval de su jefe
político y directo, inyectó millones de pesos a sus cuentas, por lo que está
acusado de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito ante la PGR y
la Fiscalía General de Quintana Roo.
El alcalde Remberto Estrada, cuyo
desempeño ha sido calificado de anodino, es otro acaudalado personaje que
atesora su fortuna en las cajas de seguridad de aquella empresa norteamericana.
Otro cliente, Paúl Carrillo, fue
realmente operador silencioso e incondicional de Angulo, con cuyas acciones a
favor fueron tan abiertas, que lo investiga la Auditoria Superior de Quintana
Roo, al igual que a sus ex titulares municipales de Tesorería, Comunicación Social,
Recursos Materiales, Seguridad Pública y Sistemas de información, ante la desaparición
de cientos de millones de pesos.
El torno a Greg Sánchez, se
necesitaría mucho para describir sus actividades, calificadas en su mayoría
como ilícitas, entre ellas una acusado de narco, vinculado lo mismo a “Los
Zetas” que a los hermanos Beltrán Leyva, por lo que estuvo preso, aunque fue
señalado como contrabandista y traficante de personas.
Cabe señalar que el cateo a la
empresa de seguridad cobró notoriedad a nivel internacional, incluso
movilización de algunos clientes, que argumentan violaciones a su privacidad y
derechos humanos.
Inclusive, uno de los principales
medios de comunicación rusos, RIA Novosti, informó: Se trata del aseguramiento
de mil 500 cajas de seguridad, en un brutal de la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), reseña el medio y añade
que el hecho se ha viralizado en redes sociales con los hashtag #RoboDelSiglo,
#RoboSeido, #RoboSeidoFNSCancún, entre otros.
Agrega que entre los clientes existen
políticos, funcionarios, empresarios, periodistas y comerciantes, incluso religiosos
del alto clero y advierte que al ser abiertas y manipuladas las cajas, el
cliente está en completa indefensión para conseguir que le devuelvan un
contenido, del que carece de algún registro o comprobante de haber sido
guardado y, lo peor, queda abierta la posibilidad de saquearlas e incluso
“sembrarles” algo ilícito.
En tanto, concluye el reportaje, al
menos un centenar de arrendatarios de la empresa, se ha manifestado contra el
operativo y exige les devuelvan las pertenencias depositadas y que sea en
Cancún, no en la Ciudad de México, como hizo saber la SEIDO a los afectados, a
los que indicó que tendrían que viajar a esa ciudad para ese efecto.
Lo cierto, es que resulta increíble
que la mayor parte de la población exigía una exhaustiva investigación en torno
al tema del saqueo de las arcas públicas de Quintana Roo por parte del ex
gobernador y sus colaboradores, y hoy se reclame -según se demostró- la
respuesta legal de las autoridades, precisamente para tratar de recuperar parte
de los millonarios recursos.
Al menos hasta ayer circulaba por
redes sociales una invitación de la familia Ancona-Teigell, que recurre al buen
corazón, dice, “para ayudar y apoyar a nuestro hermano Santiago, representante
legal de las cajas de seguridad First National Segurty, difundiendo a todos sus
contactos de las arbitrariedades de la SEIDO de México, la Marina y la PGR”.
Sin embargo, nadie dice que haya
sido ilícito el origen de los recursos “aparecidos” en las cajas de seguridad,
aunque, en todo caso, los interesados-afectados, necesariamente deberán
demostrar el origen legal de su propiedad y, en su caso, por lo menos, no
tratarse de una evasión de impuestos.
¿Se reclama una injusticia real? O
bien existe interés por demostrar agradecimiento…, como es evidente en el caso
de los diputados federales, cuya solicitud se turnó a la Junta de Coordinación
Política para su aprobación y, dice un boletín, “posterior aprobación en el
Pleno”, aunque debó anteponer “posible”. Ya veremos
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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