¡Costoso
“anti nativismo” de CJG!
Por
Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Increíblemente
ignorado por la mayoría de la población, e indiferente para las autoridades,
una situación queda cada vez más clara tras el reciente curso en materia
laboral que, como parte del Diplomado sobre Juicio de Amparo, imparte a los
Abogados la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación: La desprotección jurídica de las policías.
En efecto,
pese a los cada vez más recurridos -pero cuestionados- derechos humanos que, al
menos en teoría, debiera procurar igualdad jurídica para todas las personas, lo
cierto es que, por lo menos en el caso de las policías, la legislación mexicana
es cada día menos pródiga para salvaguardar su dignidad y derechos.
Cierto que
los agentes forman parte de una de las instituciones más desacreditadas del
país en todos sus ámbitos, pero, quiérase o no, también son personas y, por lo
mismo, debieran contar con los mismos derechos constitucionales que todos, y
más en el ámbito laboral.
No obstante,
pocos o nadie se ha atrevido a tomar al toro por los cuernos, vaya ni siquiera
la propia Corte o el Congreso de la Unión, pese al concepto de igualdad de
derechos humanos que impone la Carta Magna, particularmente a raíz de sus
recientes reformas, que obligaron a la SCJN a instaurar su Décima Época
jurisprudencial.
Las palabras
de nuestra ponente, la Maestra en Derecho Melva Idalia Priego Jiménez, no
dejaron la menor duda: “La ley prevé que los policías se rijan por sus propias
leyes”, pero éstas son de tipo administrativo y, por lo mismo, al menos en el
caso de la Ciudad de México, se resuelven a través de los tribunales de lo
Contencioso Administrativo.
Así, carecen
de acceso a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás derechos que prevé
la Ley Federal del Trabajo en los Apartados A y B de la Constitución, el
primero de ellos para empleados federales, discriminatorio por cierto -en nueva
violación a los Derechos Humanos- para “los demás trabajadores”.
Una de las
principales irregularidades en el tema de los policías lo constituye el despido
injustificado que, conforme a las leyes administrativas, en caso de
demostrarse, sin embargo, no permite su reincorporación al servicio -como en otro
empleo “común”-, sino una indemnización.
Y conste que
irregularidades como ésta son recurrentes, por ejemplo en su falta de derecho a
huelga, o bien agruparse en torno a un sindicato, previstos en el Artículo 9
constitucional: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito”.
Hasta donde se sabe, el coahuilense
Armando Luna Canales es el único legislador federal que ha planteado el reconocimiento
de derechos laborales para los cuerpos de seguridad, y sugiere modificar la
Constitución, por lo menos para crear uniones, aunque reconoció que, ante la
naturaleza de su función, no tendrían derecho a huelga.
Para ese efecto, plantea agregarle
un Apartado “C” al Artículo 123, donde, así como existen condiciones en el “A”
para todo tipo de trabajos, y en el “B” para los trabajadores del Estado, regularía
áreas de seguridad e incluiría a policías municipales, estatales y federales;
peritos y Ministerios Públicos.
A falta de derechos laborales, los
agentes no pueden asociarse ni exigir derechos, como otros que anualmente
revisan condiciones laborales, lo que, como hemos visto, ha obligado a aquéllos
a realizar paros que, sin embargo, generalmente culminan en represalias.
Ahora bien, a todo esto ¿qué dice
la SCJN? Apenas el 13 de mayo de 2016, por 9-2 votos, rechazó que policías,
ministerios públicos, militares o miembros del Servicio Exterior Mexicano
puedan sindicalizarse o realizar actividades de organización laboral, como
huelgas y tener los mismos derechos laborales que los trabajadores al servicio
del Estado.
Así, reprobó un proyecto del ministro
José Ramón Cossío Díaz, que postuló que la relación de policías, militares y
otros cuerpos de seguridad con el Estado deba considerarse de naturaleza
laboral, y no administrativa, como la clasificó el Poder Judicial hace más de
20 años.
No obstante, la Corte consideró
válido un artículo de la Ley de Tlaxcala que sanciona remover policías “por asociarse,
formar parte o intervenir en sindicato”, ya que, una cosa es que los excluya, y
otra permitir que los Estados puedan limitarlos, aunque el ministro Jaime
Laynez Potisek consideró inconstitucional asociarse para reclamar derechos
laborales o administrativos.
La ministra Margarita Luna Ramos, por
su lado, opinó que el objeto de un sindicato siempre ha sido lograr beneficios
y pelear cuestiones de carácter laboral, por lo que se pueden formar parte de
sindicatos o agrupaciones para reclamar derechos o presionar en cuestiones de
servicio o funciones, pero no con la palabra “asociarse”, que pueda tener otra
connotación.
Ante este panorama se prevén
continuas, estériles pugnas al interior de las corporaciones, como en Quintana
Roo, tal y como ocurrió hace unos días, ante la pasividad del gobernador Carlos
Joaquín en colocar gente de otros Estados en cargos directivos y desplazar a
quintanarroenses, lo que hace unos días provocó problemas en el Centro de
Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-4)
El caso es que hace un año el
secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, dio posesión como
coordinador de los C-4 ¡al poblano José Antonio Mendoza Ramírez! -¡qué
casualidad!, ¿verdad?-, quien había fungido como director operativo del área en
esa entidad, y como coordinador general de Información y Análisis, en Chiapas.
Al igual que recién ocurrió con el
nombramiento de la yucateca Aída León Canto como titular del órgano interno de
control de la Fiscalía General, se contravino el artículo 21 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública de Quintana Roo, que prevé que para ocupar
cualquier cargo de titular y cargos medios se debe contar con residencia
efectiva no menos de cinco años.
Esto incluye los cargos de
Subsecretario, Director General y de Área, Subdirector, así como niveles
intermedios entre éstos, de la administración pública central, y sus
equivalentes en la paraestatal, independientemente del nombre del puesto.
Además de Mendoza Ramírez, también
se nombró subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a Juan
Alberto Montoya Aguado, quien fuera director del Centro de Readaptación Social ¡de
Almoloya!, y antes de venir a Quintana Roo era asesor de seguridad pública ¡de
Guerrero!, como encargado de la Unidad de Asesoría, Políticas y Alertamiento.
Lo cierto es que, a un año de
distancia, como era de esperarse, los trabajadores del C-4 sólo pueden
protestar anónimamente contra Mendoza Ramírez, cuyos abusos dicen no soportar y
hacen públicos sus atropellos, prepotencia
y hostigamiento, amén de que a la mayoría la tiene amenazada con no renovar su contrato.
Así, presiona a las féminas a ceder
a insinuaciones y acosos, mientras a los demás les exige hacerse de la “vista
gorda” ante sus atracos de contratar amigos con elevados sueldos, mientras
despide injustificadamente, o bien realiza viajes de placer al extranjero con
su cómplice Alejandro Espinoza (a) “Pilillo”.
Puntualizan
que, con el pretexto de comprar tecnología, viaja a Sao Paolo, Brasil, Chicago,
Illinois, Francia, Los Ángeles y Argentina, en tanto cobra dádivas a proveedores
de equipo y tecnología. “A ver cuántos
viajes siguen y qué otras partes del mundo conocerá ahora”, dicen.
Por si fuera poco, cada determinado
tiempo trae a su familia de la Ciudad de México para pasearla por todo el Caribe
con recursos de la Secretaría, o bien viaja frecuentemente a visitarlos con
viáticos de la dependencia y se llena los bolsillos con sus negocios con las
empresas de Espinoza, y otras como Estratel, Seguritech, entre otras.
-Todo mundo
sabe que ni siquiera pasó sus exámenes de control y confianza, pero presume ser
gente del gobernador, y que es su jefe directo, ya que ha corrido a varios para
meter a políticos que utilizarán en las próximas campañas, afirman.
Los denunciantes
dicen temer por su trabajo y ser padres, pero estar hartos de tanto abuso, pero
no querer que sigan los acosos, humillaciones y violación de sus derechos, por
parte del coordinador y su gente, que cobran sueldos preferenciales y se reúnen
en casas de campaña, listas para las próximas elecciones.
Entre las
últimas irregularidades de Mendoza Ramírez, los obligó a firmar documentos
donde deshizo sus derechos como trabajadores, dividió las vacaciones en dos
periodos de 5 días, pese a que la ley prevé 10 seguidos, y les hizo firmar una
carta de confidencialidad que le da “derecho” a revisar sus propiedades,
incluso después de dejar de laborar en la Secretaría.
Lo anterior, con el pretexto del requisito de
una certificación que pidió la empresa “Compecer”, pero “se siente tan seguro
como coordinador, que no envía copia de sus oficios a nadie, ya que repite que
su jefe es Carlos Joaquín, y depender directamente de él”, mientras uno de sus
principales padrinos y patrocinadores es el asesor del mandatario, Juan de la
Luz Kanfachi.
“Casualmente” en Puebla, agentes de
la Policía Auxiliar estaban siendo enviados en mayo último a la zona del
“Triángulo Rojo” para combatir el robo de combustible, pero sin armamento y
equipo necesarios, en momentos que, pese a sus malas condiciones laborales, se
suspendió de último momento una protesta debido al resquebrajamiento de grupos.
Ese día estaba programada la
protesta en sus instalaciones de San Pablo Xochimehuacán, a un lado de la
carretera a Tlaxcala, pero no todos se atrevieron a llegar, por lo que se
desistió.
Elementos con anonimato, denunciaron,
que con un sueldo de apenas 3 mil 500 pesos, estaban literalmente mandando “a
la guerra” a 150 policías sólo con una escopeta y para permanecer por lo menos
24 horas.
El tipo de protestas de policías es diverso, pero, invariablemente, reprimidas, ignoradas y a veces objeto de
burlas ¡Y hasta criticadas!
Así las cosas, en tanto se legisla
para la igualdad de derechos laborales policías-trabajadores, ¿existe alguna
duda sobre cómo terminará el conflicto del C-4, si es que no se ha “resuelto”
como todos imaginamos? ¿Aprenderá Carlos Joaquín la lección sobre el desprecio
a los quintanarroenses en la contratación de fuereños? ¿Hasta cuándo le seguirá
pagando “facturas” políticas al ex gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno
Valle?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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