¡Se enreda la justicia del “cambio”!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con
la caída de Erce Roosevelt Barrón Barrera, uno de los verdaderos “peces “gordos”
de las opacas administraciones de los priístas Félix González y Roberto Borge,
la pinza se va cerrando en torno a los amigos y enemigos del gobernador Carlos
Joaquín, quien, como temíamos desde un principio, aplica la máxima de Juárez sobre la
justicia: “A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos, justicia a secas”.
Vayamos
por partes. En lo que constituyó una verdadera noticia de fin de semana, autoridades
migratorias del puente binacional del aeropuerto de Tijuana-San Diego,
retuvieron a Barrón Barrera, quien fuera tesorero de los ex cuestionados ex gobernadores
de Quintana Roo.
La
retención se dio por orden de aprehensión 151/2017 del juez de control de
Primera Instancia de Chetumal, ante su probable responsabilidad en el delito de
desempeño irregular de la función pública.
Según
la Fiscal Especializada, Rosaura Villanueva Arzápalo, la Policía Federal
Migratoria pidió a la PGR de Tijuana realizar los trámites para su entrega a la
dependencia, responsable de consignarlo ante el juez de control.
Erce
Barrón fue dos años Tesorero General de Félix González (2005- 2011), y lo
ratificó Roberto Borge por tres años más, tras lo cual, a partir de febrero de
2014, le nombró director general de la Administración Portuaria Integral
(Apiqroo) en sustitución de
Román Quian Alcocer, pero habría manejado ésta como empresa
particular, al igual que el erario público.
En
el primer caso, habría concesionado muelles al mejor postor, y una vez
concluido el sexenio, se refugió́ nueve meses en Sinaloa, donde el director general de Puertos y Marina Mercante
de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, le nombró responsable de la Administración
Portuaria de Mazatlán.
Además,
está implicado en actos de corrupción en complicidad con Borge por medio de
contratos y pagos millonarios de servicios aéreos falsos, ya que, además de
estar al frente de la Apiqroo, formaba parte del Consejo de Administración de
VIP-Saesa, por lo que se le acusa de ejercicio irregular de la función pública.
Hasta
ahí las cosas, el nombre de un político influyente viene a la mente de los
quintanarroenses, ya que, tal y como señaláramos en nuestra columna del 31 de
julio último, como el título ¿Involucrados, protegidos por “alguien”?, se equipara con el tema con los
términos “enemigos” y “los demás”: Nos referimos a Víctor Manuel Alcérreca
Sánchez.
Lo anterior
quedó perfectamente claro en el caso de VIP-Saesa (Servicios Aéreos Ejecutivos,
S.A.), cuyo director, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, había sido detenido el 4
de julio por una serie de malos manejos que implicaron una multimillonaria
pérdida para el patrimonio del Estado.
Su captura se
veía venir, pese a que el año anterior habría sido objeto de una auditoría y
comparecido ante el Congreso del Estado para “aclarar” los escándalos en torno
a los malos manejos de esa empresa, que implicaban, en teoría, a 11 ex
funcionarios responsables de la firma de contratos por la renta y compra de
aeronaves.
De acuerdo “con la ley”, los
involucrados serían los ex titulares de la Secretaría de Gobierno durante el
periodos del Borge: Luis Alberto González Flores, Gabriel Mendicuti Loría y
Román Quian Alcocer; de Finanzas y Planeación, Mauricio Góngora Escalante y
Juan Pablo Guillermo Molina; de la Función Pública, Gonzalo Abelardo Herrera
Castilla; y de SINTRA, Mario Castro Basto y Fernando Escamilla Carrillo.
Asimismo, incluía al ex procurador
fiscal, Víctor Hugo Loyola, así como a Acosta Gutiérrez y al propio Barrón
Barrera.
Por lo menos, esa fue la lista
original que manos “misteriosas” filtraron, pero que sospechosamente omitía el
nombre de otro “pez gordo” que, según actas del Consejo de Administración de
VIP-Saesa, SÍ figura con firma de puño y letra en los contratos.
En efecto, nos referíamos al cozumeleño
Alcérreca Sánchez, un eterno aspirante a gobernar Quintana Roo, que apenas
conoció de pequeño y donde desdeña a su clase política, a la que consideraba poco
preparada frente a su currículum, lo que le habría llevado a falsificar
documentos y adulterar su registro ante el entonces IFE en 2003.
Tal y como publicamos en su momento,
Alcérreca Sánchez, uno de los 14 jubilados de Pemex que gana más que el mismo
presidente Enrique Peña Nieto -entre 238 mil y 362 mil pesos mensuales-, también
figuró en Actas como accionista de VIP-Saesa cuando se desempeñaba como titular
de la SINTRA ese mismo año.
En efecto, el 5 de abril de 2003,
en asamblea general ordinaria, el consejo directivo de la empresa aérea, que
firmó las actas que constituyen los ilícitos que integró la Fiscalía General
del Estado para denunciarlos, lo formaban, entre otros, Barrón Barrera, entonces
representante suplente de Borge como presidente del Consejo de Administración.
Como se sabe, otro de los involucrados,
cuyo nombre se omitió en el tema VIP-Saesa pese a figurar en las Actas, es
Javier “Javicho” Zetina González, entonces director general de la Apiqroo, cuya
participación más cuestionada en el “Caso Borge” fue su nombramiento como como titular
de la Auditoria Superior del Estado, y cuya renuncia habría sido “negociada”.
También figura el tío de Félix
Gonzáles, el ex diputado local Luis González Flores, entonces titular de la
Secretaría de gobierno, quien fungía como secretario del Consejo de
Administración de VIP-Saesa, donde el ex candidato del PRI a la gubernatura,
Mauricio Góngora, entonces titular de Hacienda, era tesorero del Consejo de
Administración.
Los últimos nombres son del
entonces procurador Fiscal de Hacienda, el magistrado del Tribunal Superior de
Justicia, Juan García Escamilla, entonces segundo vocal del Consejo de
Administración, mientras Herrera Castilla era Comisario, y el entonces único
detenido por el caso, Acosta Gutiérrez, fungía como director general.
Por su parte, el millonario Alcérreca
Sánchez, ex director del Instituto Mexicano del Petróleo, tenía el cargo de
primer vocal del Consejo, donde uno de los enemigos políticos de Carlos Joaquín,
Gabriel Mendicuti Loría, fue vinculado al proceso, irónicamente, tan sólo por
haber sido antecesor del mandatario en la presidencia municipal de Playa del Carmen.
Dos veces contrincante suyo a la
candidatura del PRI a la gubernatura, el ex funcionario, quien sustituyó precisamente
a González Flores, fue secretario de Gobierno de Borge hasta el 3 de marzo de
2016 -cuando anunció que buscaría la candidatura- y nunca firmó nada
relacionado con recursos con VIP-Saesa, donde su función específica era
convocar a sesiones y elaborar minutas y actas.
Como parte de
la “investigación” de la Fiscalía, donde todo apunta a una aparente
“negociación-, el expediente también omite el nombre de Zetina González, quien
SÍ figura en los libros de actas del Consejo, aunque, para su buena fortuna, no
sólo NO es enemigo de Carlos Joaquín, y SÍ primo-hermano de Félix González,
sino también del propio mandatario.
Según crónicas,
esposado
y escoltado, pero con gran sonrisa, Barrón Barrera arribó desde el vuelo
comercial de Internet 2544 al aeropuerto de Chetumal, donde se le “juzgará” por
desempeño irregular de la función pública.
Guiado,
por dos agentes ministeriales hacia afuera de la terminal, donde abordó un
vehículo oficial, Barrón Barrera, como se esperaba, aseguró ser inocente: Gracias,
hasta luego, ¡saludos!, comentó a los reporteros, mientras el fiscal Miguel
Ángel Pech Cen, informó que solicitaría prisión preventiva en su contra por no
contemplarlo de manera oficiosa el delito por el que se le acusa.
En
efecto, el desempeño irregular de la función, delito por el que se acusó y
sentenció al ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez
Marrufo, no es grave ni prevé prisión preventiva.
Para
refrescarle al memoria -en el buen sentido de la palabra- el 13 de junio de
2016, con el título ¡A cortarle las “manos” a Borge!, publicamos que, como
“premio” del ex gobernador para ineptos y corruptos, como el ex titular del
Infovir, el también cozumeleño Ricardo Pech Gómez, Barrón Barrera ¡también
recibió una Notaría!
Amigo
personal del indeseable ex alcalde de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, nombrado
en marzo delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), el detenido fungió como
secretario particular de este último hasta ser promovido Tesorero, pero siguió en
la Secretaría, mientras que su Notaría la trabajaba el chetumaleño Gabriel
Ávila Osorio.
Continuó como tesorero de Roberto Borge hasta renunciar
en febrero de 2012, cuando, en calidad de presidente del consejo de
administración de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo
(Apiqroo), el gobernador lo nombró nuevo director, en sustitución de Román
Quian.
Ante este panorama, titularíamos el caso ¡la “justicia”
del “cambio”!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
Comentarios
Publicar un comentario