viernes, 22 de diciembre de 2017

 ¡Al diablo con los derechos humanos!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Sin más trámite que el de ordenar en la víspera la promulgación de la nueva Ley de Seguridad Interior, que entró en vigor este mismo viernes, Peña Nieto continuó su paso a la historia de México como el peor presidente de la República de todos los tiempos, en una cadena de desaciertos y errores que se espera continúen a partir de enero con el inminente, nuevo “gasolinazo”.
Lamentablemente, todo parece indicar que, ante la entrega del raquítico aguinaldo a los verdaderos trabajadores y la euforia de las posadas y demás festejos prenavideños, la mayor parte del pueblo ignora la magnitud de la aprobación presidencial de militarizar a la nación, con miras a la no menos inminente derrota del PRI en las próximas elecciones de medio año.
         Ante el fracaso de la posibilidad de que Peña Nieto vetara el “aborto legal” de la incipiente ley, se puso de manifiesto que, tal y como aseverara certeramente el diputado federal Jesús Salvador Valencia Guzmán, nuestros representantes “populares” del Congreso de la Unión, con sus muy honrosas excepciones, mandaron todo al diablo.
         En efecto, primero los diputados, y luego los senadores afines al PRI, pero todos empleados de Peña Nieto, mandaron al diablo a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a los parlamentos de otros países, que hicieron llamados respetuosos para suspender esa Ley de “Seguridad” Interior.
Asimismo, hicieron caso omiso al llamado de la OEA, y a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, encabezados por su presidente, Raúl González Pérez, junto con cada uno de los organismos de la materia en el país, con lo que no sólo violaron flagrantemente la Constitución, sino también los convenios internacionales de los que México es parte, sobre todo en materia de derechos humanos.
Los legisladores afines al PRI, encabezados por el Verde “Ecologista”, Nueva Alianza, Encuentro Social y la mitad del PAN, violentaron no sólo el artículo 1º de la Constitución, cuyo Centenario, irónicamente, festinaron los propios diputados con la circulación de miles de ejemplares con motivo de ese aniversario. También violentaron el artículo 129 sobre los tiempos de paz, cuando “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar….”
Lo que es peor, los legisladores también mandaron al diablo a la ciudadanía, ya que cientos, decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos acudieron a la Cámara de Diputados y al Senado, en ninguno de los cuales fueron tomados en cuenta al tratar de echar para atrás esa ley claramente violatoria de los derechos humanos.
Repetimos, no se trata de un problema contra los militares o contra sus mandos, sino contra quien los comanda, el presidente Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que quiere llevar a la calle a más militares para morir y que maten a más civiles.
Desde luego que no es una discusión sencilla, aunque el tiempo que tuvieron en su aprobación y “análisis” debió servir para reflexionar, ya que, al final de cuentas, México cuenta con grandes juristas y constitucionalistas que saben que se viola flagrantemente la Carta Magna, sobre todo los artículos 1o. y 129. Pasará el tiempo y pasarán a la historia por su desprecio a nuestra Constitución.
         Desde el ángulo que se quiera ver, el “maquillaje” a la minuta original que ordenó Peña Nieto resultó insuficiente, ya que se mantuvo la idea de dejar al Ejército en las calles y que asuma las tareas de seguridad pública. Las modificaciones no generaron control adicional o mecanismo extraordinario de supervisión en materia de derechos humanos, que propusieron organismos internacionales, organismos civiles e instituciones académicas.
Una pregunta obligada es ¿Por qué a unos meses de la elección, el 13 de diciembre último la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México hicieron un urgente y estremecedor llamado para NO apoyar el proyecto?
Lo invitación decía textualmente: “Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para que, atendiendo sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de Ley que se someterá a consideración de las comisiones dictaminadoras del Senado, y en su lugar abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”.
Con todo, la vasta mayoría de las observaciones al proyecto original se mantuvieron vigentes, y las eventuales modificaciones no implicaron cambios sustantivos. Además, las observaciones fueron de tal envergadura, y las voces en contra de tal diversidad, que era indispensable una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atendiera de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados en el marco del respeto a la dignidad humana.
Fue un contundente rechazo a la inminente aprobación de la ley que, dicho sea de paso, representa un peligrosísimo escenario de violaciones a derechos humanos en total opacidad y falta de información de las acciones militares a nombre de la seguridad interior e hipotéticas amenazas a la seguridad nacional, que cubrirán completamente de impunidad todos los actos realizados por los cuerpos castrenses y de seguridad.
¡Adiós a los avances en materia de derechos humanos alcanzados en la reforma de 2011! Con la aprobación de la ley, de un plumazo terminará el flamante nuevo Sistema Penal Acusatorio y todas sus bondades, aunque también deberemos olvidarnos del avance de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Si realmente hubieran querido hacer de México un mejor país, y optar por opciones y políticas que disminuyan crimen, delincuencia y alarmantes formas de crecimiento, hubieran optado por alternativas de prosperidad ciudadana. Ni modo, es tiempo de que la ciudadanía entienda quiénes los traicionan: Los legisladores oficialistas.
La aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior, más que un error histórico de Peña Nieto, del PRI y todos sus aliados; es una traición al pueblo mexicano.
¿Por qué tanta cerrazón? ¿Qué persiguen? Está claro que NO el bienestar de los ciudadanos ni la seguridad pública interior o nacional, sino el poder absoluto por el poder mismo, ya que, aunque legisladores y gobierno presumen invariablemente ser siempre “respetuosos” de las instituciones, son precisamente los que mandaron al diablo al pueblo y sus derechos humanos.
¿Y ahora? ¡A confiar en el éxito de la Controversia Constitucional y la buena fe de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación!, donde, ¡uff!, Peña Nieto también tiene aliados.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados: En Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 


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