martes, 5 de diciembre de 2017

 ¡Declaran diputados la guerra a México!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ya lo decía el diputado perredista Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, cuando la despreciable mayoría PRI-compinches de la Cámara de Diputados aprobaba el cuestionado proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior: Se estaba incubando el huevo de una serpiente.
De aprobarla también el Senado, como, lamentablemente, también es previsible ante la mayoría priísta del Jefe del Ejecutivo Peña Nieto ante el Poder Legislativo, el criticable proceso anticonstitucional de militariza el país sería un hecho. No se escuchó a la sociedad civil ni a más de 250 organismos en contra ni a más de 10 organizaciones internacionales.
El que encabezó el “jueves negro” desde la presidencia de la mesa directiva, irónicamente, fue un vecino nuestro, el diputado yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, aspirante a convertirse en candidato del PRI a gobernador de esa entidad. Dios libre a nuestros paisanos de ese funcionario que ha demostrado ser sólo un títere más de Peña Nieto.
La trágica historia de la nueva Ley arrancó en la Comisión de Gobernación de la Cámara que, como burla para el pueblo, también “maneja” la mayoría  priísta con una docena de los 32 integrantes, aunque sumados a tres del Verde “Ecologista”, uno del PES y otro más del Panal, hacen un total de 17 para aventajar a la oposición.
Irónicamente, ¿Sabe Usted quien preside esa Comisión? Seguramente lo habrá adivinado: Una priísta ¿Pero sabe de quién se trata? Nada menos que Mercedes del Carmen Guillén Vicente, ex subsecretaría de Migración y de Asuntos Religiosos de Segob, cuyo nombre quizá no le diga gran cosa, pero, mejor conocida como “Paloma” y con una Notaría en Tampico, Tamaulipas, es hermana del llamado Subcomandante  Marcos.
Para comenzar, el artículo 73 constitucional dice que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior, pero, con todo, desde la comodidad de su Casa Blanca, Peña Nieto llamó a “sus” diputados del PRI y “paleros” del Verde para darles “línea” y aprobar esa Ley que, sin duda, afectará la tranquilidad de los mexicanos.
No es posible abordar este tema sin hacer sentir la molestia, enojo y gran decepción de ver cómo esa Cámara se ha convertido en una verdadera Oficialía de Partes del Ejecutivo federal, una “sastrería” donde se hacen trajes a la medida, en un trámite más de la expedición de leyes que en nada abonan a un país próspero y de paz.
La Ley de Seguridad Interior no es otra cosa más que un síntoma de miedo ante la proximidad de las elecciones del 2018, y una actitud beligerante del gobierno priísta hacia la sociedad y sus derechos. No es extraño que se hubiera aprobado bajo el esquema de mayoría que aplasta y aprovecha esa condición para socavar los grandes avances de derechos humanos las últimas décadas, de menospreciar a este poder y gobernar de manera autoritaria.
Lo que no mide Peña Nieto es que la ley podría revertir sus intenciones claras de represión, vulnerar los derechos humanos y violar las garantías de los mexicanos. El Ejército tiene el propósito fundamental de defender la soberanía del país, así como ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes, pero no es policía.
Es ilusorio pensar que, a través de sus tácticas, métodos, armamento y protocolos de actuación, sirvan a partir de esta ley para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva ¿Dónde quedarán entonces la libre manifestación y el libre tránsito consagrados en la Carta Magna?
Por ello esta ley se considera parte de la militarización. No hay necesidad de considerar acciones de orden interno con despliegue permanente de fuerzas armadas que vulneren derechos de la población.
¡Qué falta de imaginación, responsabilidad, y menosprecio a las fuerzas armadas! Recomendaciones de organismos nacionales e internacionales han externado preocupación por la intervención del Ejército en tareas que no les corresponden, y emitido observaciones claras sobre violaciones a los derechos humanos, ya que no están preparadas para acciones policiales.
En efecto, ésta no es la vía para combatir la delincuencia ni el crimen organizado. La profesionalización, la coordinación entre gobiernos, la delimitación de responsabilidades y la estricta aplicación de la ley será la que realmente nos lleve por el camino del orden y respeto en nuestra sociedad.
Por tanto, como ley que faculta al Ejército como policía, ni genera controles de verificación de respeto a los derechos humanos, en tanto permite la intervención militar en protestas sociales por su poca transparencia, nula regulación e imprecisiones conceptuales, es necesario revisar la pertinencia de crear una ley para tal objeto.
La “discusión” de la ley incluyó la confesión de una legisladora, en el sentido de que a lo largo de la Legislatura nunca había sentido más miedo, mientras que otra más, afín al presidente Peña Nieto amedrentaba al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al que gritó y retó, en tanto descalificó el trabajo de ese organismo.
No pocos hicieron un reconocimiento al trabajo de las fuerzas armadas con el Plan DN-III y otros más, pero, con todo, la nueva ley no parece más que la preparación de un nuevo fraude electoral, del que los priístas buscan esconderse tras de las botas del Ejército.
Quiérase o no, a partir del 2006, cuando inició la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, aumentaron las graves violaciones a derechos humanos. Antes de ello estaban registradas cerca de 190 denuncias contra organismos militares. Después de ese año existen más de mil cada año.
¿Y así dicen que está funcionando? ¿En qué diagnóstico queda claro que la política de militarización, en ningún lugar del mundo, ha sido eficiente? Es una absoluta mentira. Recordemos el halconazo del 71, Aguas Blancas del 95, Acteal del 97, San Fernando de 2010, o Tlatlaya de 2014 ¿Quiénes fueron señalados como responsables?
No obstante, mientras las recomendaciones internacionales piden al Estado mexicano el retiro paulatino de las fuerzas armadas de las calles, los diputados buscan regularizarlo, disque momentáneamente, parcialmente, pero llevamos 10 años con ellos en las calles y nada ha cambiado para bien, al contrario.
En 2007 teníamos cerca de 10 mil homicidios, y en 2016 suman 23 mil, lo que significa que se duplican y un poco más. La presencia del Ejército en las calles no ha funcionado, aunque también se olvida que el propio secretario de la Defensa señaló en un discurso que ellos no habían sido reclutados, por lo que no era su obligación detener criminales.
Por otro lado, resulta una irresponsabilidad exponer al Ejército cuando tiene otras tareas, pero también se permite que los gobernadores y presidentes municipales no sólo NO aceptan el mando mixto, sino que también son omisos ante su responsabilidad de procurar la seguridad con paz.
         Por el lado legal, el representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, escribió dos párrafos en un artículo llamado Seguridad Interior. Preocupan mucho porque pueden ocasionar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad
Según explica respecto al desequilibrio entre Poderes, la propuesta inclina la balanza a favor del Ejecutivo federal, no sólo porque su titular podrá ordenar por sí solo la intervención de la Federación en acciones de seguridad interior, sino también, previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional, lo faculta a emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior.
Con ello se lesiona el federalismo y evaden los controles legislativos que, por ejemplo, establece el artículo 29 constitucional, para los casos de restricción o suspensión al ejercicio de los derechos y sus garantías.
El tema es de la máxima relevancia, porque el aún proyecto de ley no especifica las acciones concretas que podrían realizarse al amparo de esa declaratoria, lo que generaría un nuevo tipo de inseguridades e incertidumbre.
Y es que la ley exhibe una tentación autoritaria de los gobiernos civiles para reprimir. No olvidemos que quien manda, instruye y ordena las acciones del Ejército será el Presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero también responsable de las violaciones de los derechos humanos que han aumentado en 10 años, desde que participa el Ejército en las labores de seguridad.
La ley es inconstitucional, no sólo porque es un peligro que normaliza la presencia del Ejército en las calles y le deja una responsabilidad de labores policiacas para las que no está preparado. Es decir, se abandona la responsabilidad de los poderes civiles, que han costado al país miles de vidas en el pasado en procesos históricos.
Existe una enorme omisión del gobierno para garantizar la seguridad de la sociedad. Piensa en las instituciones, y no en las personas; ignora el concepto de seguridad humana, donde lo fundamental es generar las condiciones para una sociedad con paz y armonía, y se olvida la integralidad de la seguridad pública, nacional y humana.
Esa paz se genera con una política social que respeta los derechos y la dignidad humana, no con represión o uso de la fuerza. La guerra que emprendió Felipe Calderón y continúo Peña Nieto sólo ha dejado dolor y miedo a la sociedad. Ha legalizado su fracaso en materia de seguridad.
En síntesis, la Ley de Seguridad Interior es prácticamente una declaración de guerra que quiere utilizar al Ejército para ganarla, nada más absurdo. Encima, no existe convicción o voluntad de respetar los derechos, entre ellos su artículo 4o. respecto a la obligación de las autoridades señaladas en la ley de respetar los derechos humanos de conformidad a los principios constitucionales de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.
Entre las infructuosas propuestas tras más de 5 horas de discusión y 64 oradores, se pidió que al momento de definir el uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, se garanticen los derechos humanos, con protocolos de actuación con irrestricto respeto a la normatividad en materia de derechos humanos, así como los tratados internacionales suscritos por México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los mismos.
Asimismo, se propuso que dentro de la definición de inteligencia de la seguridad interior se establezca de manera clara que la información obtenida en materia de seguridad interior se obtenga de manera lícita.
Así, se pidió evitar temas de espionaje como Cepegas, con lo que se blinda de abusos por parte del Estado, ya que resulta sorprendente que la ley proponga clasificar como tema de la seguridad nacional la información que se genere con motivo de su aplicación, aun cuando hubo avances en la materia al aprobarse en 2016 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al parecer, a los gobernantes aún les tiembla la mano para transparentar el uso de la fuerza pública, por lo que la información que se genere por motivo de la ley debe ser de carácter público, accesible a todos y, sobre todo, totalmente transparente.
Por otro lado, pese a que prácticamente nadie conoce la ley en ciernes, es necesario eliminar de ella la facultad discrecional por parte del presidente y el secretario de Gobernación para el indebido uso de la ley, conferida en el artículo 24 que, de manera enunciativa, considera la posibilidad de que, sin la declaratoria de protección a la seguridad interior, se pueda enviar a las fuerzas armadas a alguna zona geográfica, a criterio del presidente.
Ya hemos conocido a lo largo de este sexenio el criterio del mandatario, en una estrategia no ha pacificado al país. Vemos que esta estrategia que proviene desde Felipe Calderón, no ha dado solución a las comunidades en extrema violencia.
El Ejército, como nosotros, es parte del pueblo, es el pueblo uniformado al que se le ha obligado a actuar fuera del marco constitucional. La gente quiere vivir en paz, por lo que la inseguridad debiera abatirse combatiendo la pobreza.
Más grave aún, el artículo 8o. de la ley pretende coartar la libertad de expresión y libre manifestación pública. Los priístas olvidaron el 2 de octubre. Su intolerancia es tal, que buscan legitimar la acción violenta para inhibir protestas en contra de la acción gubernamental.
Así, establece que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral no podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior, salvo que no sean pacíficas. El error del dictamen y la trampa consiste en dejar al presidente de la República calificar cuáles son pacíficas.
         El negro historial de las fuerzas armadas lo conforman señalamientos reiterados de violaciones a los derechos humanos, tortura sexual a mujeres su detención, ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega de San Pedro Limón Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014, atroz tortura de cuatro personas a manos de algunos militares en Baja California Norte en junio de 2009.
También incluye mayo de 2006, Atenco; junio de 2014, Tlatlaya; septiembre de 2014, Ayotzinapa; junio de 2016, Nochixtlán y. desde luego, la matanza del 2 de octubre de 1968, pero hay más. Las víctimas de las 99 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2006 hasta la fecha, más de 200 organizaciones y numerosas sentencias, diagnósticos, recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
Si los senadores no son más humanos que los diputados, y México les importa menos que su “disciplina” presidencial, ¡Dios nos bendiga!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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