viernes, 1 de diciembre de 2017

¡Llueven Amparos contra “aliancista”!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No cabe duda de que, pese a sus recientes reformas, la Ley de Amparo mexicana sigue siendo objeto de una serie de controversias, tales que se ha convertido tan sólo en tema de referencia histórica, según se desprende de los comentarios del especialista en Derecho Constitucional por la UNAM, el Doctor en Filosofía Política, Baldomero Méndez López.
         Ponente del último módulo de Amparo que, como parte del Diplomado en la materia, concluimos en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Chetumal, el profesional impartió durante dos días sendos talleres, en los que abordó polémicos comentarios en torno a esa materia, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.
            Ya hablaremos en su momento sobre ese tema, ya que se trata de una garantía constitucional que, cuestionada por sus alcances, y supuesto abuso en la protección de arbitrariedades, dicen otros -que desconocen el fondo del tema-, se puso de boga en Quintana Roo ante el cambio de administración que supuso la permuta de colores partidistas en el poder.
         Así, tras que el priísta Roberto Borge cediera la gubernatura al “aliancista” Carlos Joaquín, surgió una serie de irregularidades que se concretó una larga lista de denuncias y numerosos involucrados, la mayoría de los cuales se vio en la necesidad de recurrir precisamente al Amparo, se supone, para un juicio imparcial que impidiera su momentánea detención.
         No obstante, entre los involucrados, como se dice, “no son todos los que están ni están todos los que son”, la aparente venganza de Carlos Joaquín contra sus enemigos y la protección de sus amigos, obligó a no pocos a solicitar la protección de la Justicia Federal, algunos para ganar tiempo y otros más alguna eventual “negociación”.
         Lo cierto es que no todos lograron sus pretensiones, ya que, hasta donde se sabe, algunos Jueces de Distrito negaron suspender los actos reclamados, en algunos casos por negarse aquéllos a ponerse a disposición de la Justicia Federal, o bien a cubrir un depósito para la posible reparación del daño.
         En otros casos, no obstante, los involucrados ni siquiera saben que lo están, ya que, se sabe, en materia de burocracia se suelen obedecer órdenes a ciegas -ante la posibilidad de perder el empleo-, por ejemplo en la firma de documentos, o bien carecen de recursos suficientes para garantizar reparación.
No nos consta, pero, dicen, éste podría ser el caso de la ex directora de Recursos Financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Ana Alicia Rivera Galera, detenida esta semana por el presunto desvío de más de mil millones de pesos a la Secretaría de Finanzas y Planeación, y que debió ingresar a CAPA.
Su captura se suma a la del exgobernador Roberto Borge, preso en Panamá; Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina García Achach, delegado y subdelegada, respectivamente, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), aunque ambos libres tras pagar sus fianzas y garantizar la reparación del daño
Los que permanecen en prisión son el director de VIP-Saesa, Carlos Acosta Gutiérrez, y recientemente Ercé Barrón Barrera, acusado del ejercicio indebido de la función pública, aunque su defensa solicitó ampliar el término constitucional y el juez reanudará la audiencia el próximo dos de diciembre.
Ahora bien, el caso es que, del primer círculo del ex gobernador, hasta el 13 de junio último se investigaba a 17 personas -originalmente se hablaba de 23-, una de las más importante el ex titular de Finanzas, el yucateco Juan Pablo Guillermo Molina, a quien se acusa de enriquecimiento ilícito, que la organización Somos Tus Ojos estima en más de mil 464 millones de pesos.
Amparado el 10 de mayo ante el Juez Tercero, que le habría negado la suspensión definitiva del juicio político que le promovió el Congreso del Estado, seguía en pie la suspensión provisional para evitar que la comisión instructora encargada de la solicitud pudiera entregar su dictamen al pleno, toda vez que ingresó un recurso de revisión de sobreseimiento.
El sería uno de los “peces gordos” que demanda la comunidad, al igual que el ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, en cuyo haber figuran 11 sospechosas propiedades en Chetumal, Holbox, Tulum y Holbox, según el Registro Público de la Propiedad, por lo que se amparó el 3 de abril contra una orden de aprehensión del Juez Primero.
Además, desde 2016 el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo, Luis Echeverría Esquivel, habría revelado indicios de la desaparición de más de 500 millones de pesos correspondientes al pago de créditos financieros.
Obviamente, diría, se trataría de un fraude en la venta de vehículos a los maestros y el pago de éstos por nómina, lo que no suscribió su organización con la Secretaría y la empresa Abaco Etesa, que demandó liquidar el costo de las unidades, mientras que la actual titular de la SEyC, Marisol Alamilla, señaló que al menos 11 mil maestros tienen pagos vencidos con más de 15 compañías que les dieron créditos.
Alonso Ovando, al parecer refugiado en Mérida, habría encabezado un plan para reestructurar estos adeudos que heredó de la gestión de la ex titular de la dependencia y actual diputada federal, Sara Latife Ruiz de Chávez, aunque, independientemente de su paso por CAPA y la SEyC, también se le señala como uno de los beneficiarios en la venta ilegal del territorio estatal, donde habría invertido casi seis millones de pesos.
Tan sólo en 2012 compró una propiedad en exclusiva zona residencial por 1.8 millones de pesos, pese a que, de acuerdo con el tabulador de sueldo vigente al 2016, los secretarios de estado tienen un salario bruto de hasta 103 mil 536 pesos mensuales que, con los impuestos, sería de hasta 73 mil 993 pesos libres de compensaciones u otros ingresos.
-Otro “pez gordo” sería Manuel de Jesús Marrufo Lara, ex coordinador administrativo y financiero de la CAPA, que habría solicitado un crédito por mil 562 millones de pesos, cuyo paradero se desconoce. El 28 de julio, junto con el ex operador financiero de Finanzas, Luis Armando Hoil Be, solicitó Amparo para evitar su eventual aprehensión.
Según denuncias que presentó en diciembre último la Secretaría de la Gestión Pública, los recursos corresponden a un contrato y deuda pública. Se trata de casi mil 056 millones de pesos que la CAPA recibió de Aguakán por la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en Playa del Carmen y la ampliación de la concesión en Cancún.
Los cerca de 507 millones pesos restantes corresponden a un crédito de la CAPA por 560 millones que, según decreto que aprobó el Congreso local, serían para invertir en infraestructura. No obstante, las auditorías revelaron que no se aplicaron para ese fin y se transfirieron en forma directa a Finanzas.
-El ex subsecretario de Finanzas, Eliezer Villanueva Lanz, considerado como principal operador financiero de Borge -ya habría salido del país y refugiado en Líbano- es uno de los principales reclamos de la justicia, por lo que desde marzo último se habría librado orden de aprehensión en su contra.
Para ese efecto, la Secretaría de la Función Pública interpuso 15 denuncias por abuso de autoridad, desempeño irregularidad de funciones y peculado ante la Fiscalía General, por lo que el Juez de Control del Poder Judicial también le habría librado orden de aprehensión por usurpación de funciones.
Su reciente cargo fue de Secretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas, aunque fungió como operador financiero del ex gobernador Félix González durante el trienio de éste como alcalde de Cozumel, y su sexenio como gobernador.
Con Borge como Oficial Mayor de Gobierno (2006-2009), Villanueva Lanz fue director general de Administración, y también operó las finanzas de aquél como mandatario.
-Saúl Badillo Perry, ex director de los Servicios de Salud y esposo de la actual Secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, es otro de los 17 implicados, ya que, como director de los Servicios de Salud con Manuel Aguilar Ortega como Secretario de Salud, fue separado del cargo en abril de 2011 como presunto responsable de la descomposición de 65 mil vacunas.
Esto, sin pasar por alto que en tiempos de Juan Carlos Azueta Cárdenas, también ex titular de la SESA, Badillo Perry fue responsabilizado del alarmante aumento de casos de dengue ante la nula aplicación de las campañas de prevención, dado que los recursos destinados se desviaron a fines lucrativos personales.
Por si fuera poco, también es señalado de participar en la venta ilegal de predios propiedad del Estado, fungir como prestanombres, participar en el saqueo al erario público, y operar financieramente a favor de Borge.
-Con dos Amparos, la ex titular del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, se suma a quienes tendrían orden de aprehensión, según el secretario de Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, por irregularidades en la enajenación de predios propiedad del Estado, con una superficie de 9 mil 500 hectáreas (95 millones de metros cuadrados) a particulares relacionados estrechamente con Borge.
Las anomalías se le atribuyen por vender a precios que no corresponden al valor real de los predios, en muchas ocasiones al 1% de su costo, o menos, con compradores entre los que destacan familiares del ex mandatario.
El total de la superficie vendida equivaldría a más de 6 veces la zona hotelera de Cancún o 24 veces el tamaño de Isla Mujeres. En un desglose por municipio,  el negocio habría sido así, Venta de reserva de gobierno vendida en Bacalar, 7%: Felipe Carrillo Puerto, 10%; Tulum, 20%: Cozumel, 23%: Benito Juárez, 36%: Solidaridad, 52%: y Puerto Morelos, 60%.
Entre los beneficiados, se incluirían accionistas de una naviera -al parecer Barcos del Caribe-, que en los últimos 4 años habrían adquirido 3 naves con valor de hasta 7 millones de dólares, y todos ellos relacionados laboral y profesionalmente con Borge y su familia.
-Considerado por el actual gobierno como principal prestanombres de Roberto Borge, Edgar Manuel Méndez Montoya sería otro enorme “pez”, ya que, con 12 propiedades en Cancún (3) y Playa del Carmen (9), según el Registro Público, en su declaración ante Hacienda dijo que el 85% de sus ingresos era de su salario, y el resto como empresario.
Con 3 aviones que facturaba el Gobierno del Estado, era socio de tres empresas favorecidas en obra pública desde el inicio del gobierno de Borge, pero se amparó contra el titular de la Unidad Especializada en Investigaciones de Recursos de Procedencia Ilícita de la Seido.
-Irónicamente, en forma oficial, Borge aparece en el Registro Público sólo con 6 propiedades en Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel. Declaró ante Hacienda que el 100% de sus ingresos provenía de su salario que,  según la Oficialía Mayor ascendía mensualmente a 152 mil 576 pesos, aunque, con una reducción en agosto de 2013, quedó en 146 mil 110 pesos, uno de los más elevados del país
-Otra fémina implicada es Marilyn Rodríguez Marrufo, hermana del ex secretario de Desarrollo Urbano, Mauricio Rodríguez, primer colaborador de Borge en ser detenido, siendo secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez con el cuestionado alcalde del Verde “Ecologista”, Remberto Estrada Barba.
Tras declararse confeso del desempeño irregular de la función pública por la venta irregular de predios, el hombre, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, fue liberado del Cereso, donde permaneció 188 días por desviar 39 millones de pesos, que fue obligado a devolver, con una multa adicional de 2 mil pesos para salir libre.
Hijo del ex procurador de Justicia del Estado, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, el ex funcionario salió libre tras pagar 19 millones y garantizar el resto con propiedades.
-Quizá la más controvertida de los implicados, es la ex diputada federal del Verde “Ecologista”, Gabriela Medrano Galindo, supuesta pareja sentimental de Borge, rastreado y detenido en Panamá gracias a las fotos que aquélla y el secretario particular del ex mandatario -Alan García- habrían “subido” a redes sociales, aunque no ha ido a visitarlo desde su captura.
Según destacados columnistas, como Fray Bartolomé, a la ahora ex novia, de 34 años de edad, se le habría visto más frecuentemente en Michoacán, cerca del gobernador perredista Silvano Aureoles, con quien sería aparentemente “asesora”.
En una aparente burla, la política publica fotografías de sus múltiples viajes por el mundo, pagados con el dinero de los quintanarroenses, y en los cuales presuntamente estuvo acompañada de Borge. Gracias a la publicación cotidiana de sus viajes de placer, costeados con dinero que éste saqueó a los quintanarroenses, la Interpol calculó los movimientos del ex gobernador.
Tras la detención, comenzó a borrar toda evidencia, y desapareció, pero se presume que podría “orientar”" a las autoridades a encontrar 800 millones de pesos que intentaba sacar Borge del país, pues tras concluir el mandato comenzó a realizar una serie de viajes que presumía en redes sociales.
-El ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, es otro involucrado que aparece con dos inmuebles en Tulum y Cancún, aunque es acusado de orquestar la simulación de juicios laborales con trabajadores falsos para despojar a hoteleros de Tulum y departamentos de lujo en Cancún, entre ellos a espaldas de Torre Maioris, donde concluyó 4 departamentos
-Carlos Rafael Muñoz Berzunza, ex secretario de Ecología y Medio Ambiente rescatado por Borge luego que el entonces presidente Felipe Calderón lo despidiera públicamente de la delegación de la Semarnat por ordenar destruir manglares, es otro de los involucrados en el despojo de terrenos, en un historial que lo califica como “pirata”.
-En un caso calificado más político que delictivo, también figura en la lista de implicados el ex Secretario de Gobierno de Borge, Gabriel Mendicuti Loría, acusado de favorecer supuestamente a sus empresas desde sus cargos como alcalde de Playa del Carmen y Secretario de Infraestructura con Félix González.
Con Borge inició como titular de la Sedari, y según el Registro Público, posee 18 bienes en Playa del Carmen, donde, sin embargo, siempre se desempeñó en la industria de la construcción.
-Trascendió que Fernando Escamilla y Ariel Federico Meesel Soureau y Andrés Canul Novelo, titular y subsecretarios de la SINTRA, forman parte de la indagatoria judicial que incluía a Paulina Achach, designada por Borge en relevo de Mauricio Rodríguez, y detenida el 8 de mayo como la segunda captura de la Fiscalía en menos de tres días.
Con una disculpa por el espacio y su paciencia, ya seguiremos hablando del tema en nueva oportunidad, ya que cada uno de ellos implica una historia completa… además de los que NO aparecen aún.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 
luancaba.qroo@gmail.com                 
http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                
@legna2003                                                                 http://luisangelqroo.blogspot.mx