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¡Desaseada  impartición de justicia!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Tema obligado de hoy es la aprehensión del ex secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, a quien la Fiscalía General habría detenido el sábado por la noche en Puerto Aventuras, cerca de Playa del Carmen, acusado del desempeño irregular de la función pública durante la gestión de Roberto Borge, lo que confirma el asqueroso desaseo de la “justicia” de Quintana Roo.
         Conforme al artículo 207 del Código Penal del Estado, la acusación contra el ex funcionario, considerado NO grave, supone de seis meses a tres años de prisión y multa de 30 a 200 días, aunque la reparación del daño asciende a 534 millones de pesos.
Como se sabe, la carpeta de investigación se refiere al tema VIP-Saesa (Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A.), a cuyo director, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, se detuvo el 4 de julio último, ante una aparente serie de malos manejos que implicaría una multimillonaria pérdida para el patrimonio de Quintana Roo.
Otros involucrados en el caso, según la Fiscalía, serían los ex titulares de las Secretarías de Gobierno durante el periodo de Borge: Luis Alberto González Flores y Román Quian Alcocer; de Finanzas y Planeación, Mauricio Góngora Escalante y Juan Pablo Guillermo Molina; de la Función Pública, Gonzalo Abelardo Herrera Castilla; y de SINTRA, Mario Castro Basto y Fernando Escamilla Carrillo.
Asimismo, incluye el ex procurador fiscal, Víctor Hugo Loyola, mientras que el ex tesorero de Finanzas y Planeación, Erce Barrón Barrera, acusado del desvío de 11 mil millones de pesos, fue detenido el 25 de noviembre del año pasado, pero, ante la deficiencia jurídica de la Fiscalía Anticorrupción, liberado el jueves 18 último tras el ridículo pago de una garantía de 10 mil pesos.
Lamentablemente, junto con la incapacidad de la nueva Fiscalía, que encabeza Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, también se confirma su opacidad con la detención de Mendicuti Loría, con lo que puso en duda la supuesta autonomía frente al gobernador Carlos Joaquín González y la propia Fiscalía General que encabeza Miguel Ángel Pech Cen.
“Curiosamente” ex Vice fiscal General de Pech Cen en la Zona Norte hasta antes de ser cuestionablemente nombrada el 15 de septiembre en esa dependencia de nueva creación, la funcionaria no ha justificado su presencia ni su trabajo, ya que el caso VIP-Saesa era precisamente la mejor oportunidad para demostrar la supuesta anticorrupción que presume.
En efecto, conforme a la lista original que manos “misteriosas” filtraron a los medios de comunicación desde un principio, sospechosamente se omitieron nombres de “peces gordos” que figuraban en las actas del Consejo de Administración de la empresa, inclusive con firmas de puño y letra en los contratos.
Uno de ellos, como referimos en su momento, es del ex diputado federal cozumeleño Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, un ingeniero químico titular de Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología que, empeñado en gobernar el Estado en su momento y siempre desdeñó a la clase política local por considerarla menos preparada frente a su currículum, falsificó documentos y adulteró su registro ante el IFE rumbo al Congreso de la Unión en 2003.
Uno de los principales personajes mencionados del tema VIP-Saesa, el funcionario también es señalado por el fallido proyecto de los Planetarios del Estado, donde, según la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo -escribió la periodista Graciela Machuca- se erogaron millonarios recursos, pero son ejemplo de lo que NO se debe hacer por no estar acorde con la tecnología actual.
Tenemos mayor tela de dónde cortar en el caso de los Planetarios, pero en el de VIP-Saesa, en 2010 figuraba como accionista en Actas cuando fungía como titular de SINTRA, y el 5 de abril, en asamblea general ordinaria, el consejo directivo que firmó las actas lo formaban, entre otros, Erce Barrón, como suplente de Borge, presidente del Consejo de Administración.
Otro de los implicados, cuyo nombre se omitió “sospechosamente” pese a figurar en las Actas -¿lo sabrá la Fiscal Anticorrupción?-, es el de Javier “Javicho” Zetina González, entonces director general de la Administración Portuaria Integral (API), cuya participación más cuestionada en el “Caso Borge” fue su nombramiento como como titular de la Auditoria Superior del Estado y su renuncia aparentemente “negociada”.
También aparece el tío del ex gobernador Félix Gonzáles, el ex alcalde y ex diputado González Flores, entonces titular de la Secretaría de gobierno, quien fungía como secretario del Consejo de Administración de VIP-Saesa, mientras que el ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora, entonces secretario estatal de Hacienda, era tesorero del Consejo…, pero ambos andan en la calle, como si nada.
Los últimos nombres REALES son los del entonces procurador Fiscal de Hacienda -hoy magistrado del Tribunal Superior de Justicia-, Juan García Escamilla, quien fungía como segundo vocal del Consejo de Administración, aunque, gracias al tráfico de influencias en el Poder Judicial, habría detenido la orden de aprehensión en su contra
Por su parte, Herrera Castilla (Comisario) y Loyola Corona obtuvieron la suspensión definitiva con un Amparo tras depositar una garantía de 59.9 millones de pesos. El director general del Consejo era el ya detenido Carlos Alberto Acosta Gutiérrez.
Alcérreca Sánchez tenía como encargo de primer vocal del Consejo, mientras que, irónicamente, Mendicuti Loría, a quien Borge nombró secretario de Gobierno hasta marzo de 2013, precisamente en lugar de Luis González, nunca firmó nada relacionado con recursos con VIP-Saesa, donde su función específica era convocar a sesiones, llevar minutos y elaborar actas.
La pregunta obligada es si la nueva Fiscal Anticorrupción acatará la “negociación” respecto a Zetina González, quien, se sabe, no sólo es primo hermano del ex gobernador Félix González, sino también de Carlos Joaquín, quien heredó la presidencia municipal de Solidaridad (2005) de Mendicuti, y en dos ocasiones fue su rival por la candidatura del PRI a la gubernatura.
         Ahora bien, si con el tema de Mendicuti viene al caso el papel de Rosaura Antonina Villanueva, lo cierto es que la funcionaria también deberá demostrar su imparcialidad y apego a la justicia en torno a otros temas más álgidos, uno de ellos, curiosamente, también relacionado con el familiar de Félix González y Carlos Joaquín, entonces como Auditor Superior del Estado
En efecto, como se recordará, tras su “renuncia” como tal se nombró como suplente de la cuestionada dependencia a Manuel Palacios Herrera, quien, como se publicó, reconoció ante la XV Legislatura que durante la gestión de Roberto Borge tuvo conocimiento de irregularidades por ¡más de 11.8 mil millones de pesos! en dependencias estatales y Ayuntamientos.
También dijo, en comparecencia ante el Congreso del Estado, que 84 ex funcionarios estaban involucrados en esos malos manejos, aunque, él “había estado en contra de las irregularidades, toleradas en diversos organismos de gobierno”, pero que no presentó su renuncia porque su trabajo representaba su única fuente de ingresos. De su “confesión” habrían derivado 27 denuncias que se interpondrán ante la Fiscalía General del Estado. Nada pasó
Hermano de Gildardo Palacios, ex diputado en la X Legislatura (2002-2005), donde también fue legislador Javier Zetina, Manuel Palacios, pese a estos antecedentes, fue electo en forma cuestionada nuevo titular de la Auditoría Superior, aunque nunca dijo si sus entonces jefes lo presionaran implícita o explícitamente para hacerse al ciego, sordo o mudo.
En entrevista por radio, sin embargo, la Fiscal Anticorrupción aseguró al periodista Felipe Hernández que perseguiría todos los delitos cometidos por acción o por omisión. Rosaura Antonina Villanueva, sin embargo, no dijo que el funcionario encaja perfectamente en esa omisión, pero tampoco ha movido un dedo sobre el caso hasta hoy.
Durante la entrevista, a modo por supuesto, Felipe Hernández también omitió preguntarle sobre otro de los pendientes más sentidos del gobierno de Carlos Joaquín y que todo hace suponer que “duerme el sueño de los justos”. Se trata de la controvertida y sospechosa ejecución de Héctor Casique Fernández, así como de la prisión y tortura de éste a manos de policías, lo que se ha convertido en una asignatura pendiente de Carlos Joaquín.
Sin nada que comprobarle a Mendicuti Loría, supuestamente detenido por no estar amparado contra la orden de aprehensión y no depositar cinco millones de pesos para la suspensión definitiva, el caso, más que una victoria para su gobierno, seguramente significará un duro, nuevo revés, como lo fue la liberación de Erce Barrón.
La defensa del ex funcionario, encabezada por Alejandro Aguirre Buenfil, ya analiza los 44 tomos de la carpeta de investigación que apenas le entregaron, para lo cual tenía un plazo de 20 horas, tras lo cual este lunes presentaría sus argumentos
Como parte del desaseado proceso la jueza de la causa, sobre la que ya abundaremos, negó la publicidad de las audiencias, pese a que Aguirre Buenfil solicitó que fueran de ese modo, ya que desde la aprehensión de Acosta Gutiérrez se sabía sobre la imputación, montos, características e involucrados, y de ahí el “sospechosismo”.
Así las cosas, todo apunta a que, como publicamos el 14 de junio, con el título “CJG, ¿Crónica de una venganza?”, exista algo más que una impartición de “justicia” http://luisangelqroo.blogspot.mx/2017/06/cjgcronica-de-una-venganza-luis-a.html 

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 


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