jueves, 15 de febrero de 2018

Félix González, ¿cerca del patíbulo?


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Olvidado en algún escritorio de la PGR, donde probablemente duerme “el sueño de los justos”, la denuncia que interpuso hace 5 meses la presidenta de la organización “Somos tus ojos”, Fabiola Cortés Miranda, contra el ex gobernador de Quintana Roo, Félix González, apareció hace unos días en redes sociales, avalada por la llamada “Sociedad Civil Unida por México”.
Con un interesante “bigote” que indica que “el líder del cártel Quintana Roo tiene nombre y apellido” (Félix González) -nos seguimos negando a escribir su segundo apellido-, transcribe prácticamente la columna que Fabiola Cortés publicó el 18 de septiembre último con el título “Quintana Roo, sobre cimientos de corrupción. Se interpone denuncia contra otro ex gobernador”.
Sin embargo, aparentemente cuidando la “imagen” del gobernador Carlos Joaquín, así como de familiares y funcionarios de éste, la nota aparece notoriamente “rasurada” en la parte final, en uno de los subtítulos que indica que “parientes y funcionarios del actual gobernador Carlos Joaquín, parte de la entrega ilegal de predios”.
En este sentido, omite que el subsecretario de ingresos de Carlos Joaquín, el primo de Félix, Jaime Manuel Zetina González, también fue beneficiado ilícitamente con terrenos propiedad del patrimonio del Estado, ya que el 2 de septiembre de 2010, el IPAE le vendió en 2.1 millones de pesos un terreno de 6 mil 667 metros cuadrados en Akumal que, con valor catastral de 5.4 millones, el 21 de septiembre de 2012 Zetina González vendió en 8 millones, con una ganancia de 6 millones de pesos en dos años.
En la administración de Roberto Borge, Jaime Zetina recibió de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, firmado por Mauricio Rodríguez Marrufo, un predio de 1801.53 metros del Fundo Legal de Cozumel, por el que pagó un millón 088 mil 856 pesos, pero pagó menos de lo que costaba, además, de tratarse de un lote parte de “área verde”.
El funcionario, uno de los hombres más cercanos a Félix, se asoció con éste en la empresa Servicios Marinos Holbox SA de CV, donde también figuran Emilio Alberto Gamboa García, Nayn Manuel Moguel Ordaz y Naín Moguel Canto.
Otro funcionario que también habría sido beneficiado con el patrimonio inmobiliario es Miguel Ramón Martín Azueta, quien fuera jefe de la ahora desaparecida Oficina del Gobernador, cargo que Carlos Joaquín le habría creado ex profeso como amigo personal, pero al que recién renunció para buscar la candidatura a diputado federal de la mano de Movimiento Ciudadano.
 El ex alcalde de Playa del Carmen habría obtenido el 24 de agosto de 2010 un predio de 5 mil 749 metros cuadrados, por el que habría pagado un monto subvaluado de 805 mil pesos por un terreno ubicado cerca de la plaza comercial Centro Maya y exclusivos fraccionamientos. Con Borge el predio lo clausuró la Profepa por el ilegal relleno de un cenote y la deforestación de 5 mil 964 metros.
Además de ellos, conforme a la denuncia, también familiares cercanos, y no tantos de Carlos Joaquín habrían adquirido predios patrimonio del Estado, entre ellos Ignacio Nassim Ruiz Joaquín -hijo de Addy Joaquín Coldwell-, así como Pedro Óscar y Nassim Joaquín Delbouis, ambos hijos del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
También omitido, y con el subtítulo “Por qué la PGR debe investigar”, la columna del portal “Somos tus ojos” explica que, al igual que con la denuncia contra Borge, la PGR debe indagar las circunstancias que rodean la venta de los cientos de predios que desincorporó Félix, ya que se trata del mismo “modelo de negocio”, además de nombres repetidos con Félix y Borge.
En efecto, la PGR debiera indagar, con apoyo de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria, si la venta y reventa de predios violan la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; las formas de pago; el origen de los ingresos de los participantes; la constitución de las personas morales, y si los ingresos de éstas ser reportaron al SAT o se utilizaron sólo para trasladar las propiedades.
Con un deslinde del empresario de Tulum, Emilio Heredia Lima, del desarrollo hotelero-inmobiliario Mayazama, y de haberse beneficiado con la entrega de terreno, la sospechosa operación masiva de inmuebles involucra, no sólo a quintanarroenses, sino también a empresarios yucatecos, dos miembros del Senado ¡y hasta un ex titular de la PGR!
Con el título ¡Ahora dice Félix ser “angelito”!, el 21 de septiembre último publicamos En primera fila una serie de datos en tono al papel de Félix y el IPAE, aunque omitimos al ex Rector de la Universidad de Quintana Roo, el líder estatal de Morena, José Luis Pech Várguez, aspirante al Congreso de la Unión http://luisangelqroo.blogspot.mx/2017/09/dice-felix-ser-angelito-por-luis-a.html
         La denuncia sobre el tema, en tres anexos con 156 hojas con detalles de predios vendidos en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres, la presentó Fabiola Cortés el 14 de septiembre, por el remate de 165 predios patrimonio del estado a empresarios, funcionarios y diversas personas, en la mayoría de los casos, a precios subvaluados.
A punto de concluir el periodo de Félix en el Senado, explicó que la prescripción de delitos se interrumpe mientras el involucrado goza de fuero constitucional, por lo que la denuncia debe investigarse en virtud de que el ex mandatario concluyó su sexenio en abril de 2011, y en septiembre de 2012 asumió el cargo de Senador, y aun goza de fuero… hasta julio próximo.
El “modus operandi” de la venta de predios fue a través de un esquema totalmente discrecional y sin apegarse a lo que dispone la Ley del Patrimonio Inmobiliario del estado. Así, si el remate de predios de Borge resultó escandaloso, el de su antecesor lo supera en número de terrenos y plusvalía, así como en involucrados, varios de los cuales se repiten.
Uno de los más grandes negocios de Félix fue entregar 352 hectáreas (tres millones 522 mil metros cuadrados) a un grupo de empresarios entre ellos sus prestanombres, así como un personaje vinculado directamente al senador yucateco Emilio Gamboa Patrón, quien tiene estrecha amistad con el ex procurador Raúl Cervantes Andrade: Emilio Díaz Castellanos.
Como gobernador, Félix cedió a un grupo de empresarios yucatecos 352 hectáreas de las 500 que tenía bajo su tutela el entonces Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo, de esos terrenos 31 hectáreas pertenecían a la Universidad de Quintana Roo.
Entre las 352 hectáreas se construye uno de los más grandes desarrollos turísticos inmobiliarios, Mayazama, cuya primera fase está vendida y habitada. Está también otro de los desarrollos más controvertidos llamado inicialmente Down Town Tulum, cuyo nombre debió cambiar ante la presión de grupos ecologistas.
Las 321 hectáreas que Félix cedió a Mayazama y socios a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) fue a un precio subvaluado y pagado en cómodas mensualidades.
A través de la escritura pública 22824, de 31 de diciembre de 2007, pasada ante el desaparecido notario chetumaleño número 5, Reynaldo Vanegas Marín, se conocen los antecedentes de un negocio turbio en el que están involucrados además de Félix, empresarios como Díaz Castellanos y Rodolfo Rosas Moya, (su socio y prestanombres), así como los hermanos Francisco Javier y Francisco Evadio Garibay Osorio, este último ex titular del INVIQROO y del IPAE, esto en los primeros meses de Félix.
También son parte de la sociedad Oswaldo José Millet Palomeque, María Isabel Mantecón Ponce, Juan Enrique Cámara Solís, Manuel Jesús Palma Rodríguez, y Katinka María Kelleher Vales.
En el Antecedente séptimo de la mencionada escritura, consta que el 22 de septiembre de 2006, el IPAE enajenó a favor de Mayazama una fracción de terreno con superficie de 3 millones 211 mil 312.90 metros cuadrados (lote 001, manzana 001 de la supermanzana 002 del polígono 4 de Tulum), con un precio pactado de 208.7 millones de pesos, o sea a 15 pesos el metro cuadrado de un terreno donde se proyectaba exclusivo y lujoso desarrollo turístico inmobiliario, cuyo metro cuadrado vale hoy cerca de seis mil pesos.
La oferta no sólo estuvo en el precio, sino en la forma de pago: A cinco años de plazo, aunque se extendió hasta el gobierno de Borge.
A las más de 321 hectáreas rematadas a Mayazama, se agregan 31 hectáreas que eran patrimonio a la Universidad de Quintana Roo, y que Félix ordenó regresar al IPAE paras vender a Mayazama.
En el contrato, firmado el 22 de febrero de 2008, entre el entonces Rector, José Luis Pech y el IPAE, se hace efectivo el del 13 de diciembre de 2007, mediante el cual la Universidad aceptó regresar al IPAE un terreno que el ex gobernador Mario Villanueva Madrid le entregó por decreto de 30 de abril de 1997.
Múltiples caminos se bifurcan en los negocios de Félix y los empresarios y políticos yucatecos, donde los nombres se repiten en nuevas inversiones y desarrollos, que van de Quintana Roo a Yucatán, con las mismas empresas y proyectos.
Así, los socios de Mayazama serían los mismos que adquirieron en Yucatán y en oferta, terrenos de la Siderúrgica, donde, a través de Inmobilia Desarrollos, construyen un complejo de lujo Emilio Díaz Castellanos, Roberto Kelleher Vales, Carlos Alberto Palma Rodríguez, Juan Enrique Cámara Solís, Manuel Jesús Palma Rodríguez y María Isabel Mantecón Ponce (esposa de Díaz Castellanos) A su vez, son los mismos dueños del proyecto Country Towers.
Otro nexo entre priístas y el ex titular de la PGR surge con otro predio de Playa del Carmen, adquirido por el suplente de éste en el Senado, el capitalino Ricardo Urzúa Rivera.
Con una superficie de 154 mil 709 metros cuadrados, el IPAE le asignó al terreno de más de 15 hectáreas un valor de un peso por metro cuadrado, esto es, 154 mil 709 pesos. El 8 de diciembre de 2005, el IPAE, con Francisco Evadio Garibay, lo vendió a Servicios Aéreos Milenio, de Ricardo Urzúa Rivera, en 3 millones 094 mil pesos.
El 8 de junio de 2007, la empresa lo transmitió a “Corporación GEO”, que representaban Víctor Segura Gómez y Luis Ignacio Abdeljalek Martín, en 22 millones 517 mil pesos, lo que significa que en año y medio el predio pasó de 3 a 22.5 millones de pesos, con lo que Urzúa Rivera obtuvo una ganancia de 19.5 millones de pesos.
Tres meses después, el 21 de septiembre de 2007, Corporación GEO vendió el terreno a “Bacalar Bienes y Raíces”, representada por Elías Reyes Castellanos, en 33 millones 988 mil pesos, con lo que, en dos meses, el terreno elevó su plusvalía en casi 11 millones de pesos.
Entre los socios de Urzúa Rivera se incluye “Servicio Gobernadores”, representada por Gabriel y William Jorge Karam Kassab, ligados a la industria gasolinera y a múltiples políticos priistas de primer nivel, como Roberto Madrazo, y empresarios de primera línea como Carlos Hank Rohn.
Otro de los intereses directos de William Jorge Karam en Quintana Roo se reveló tras hacerse público que es representante de Inmobiliaria Moka, una de las empresas que adquirió lotes en el polémico Malecón Tajamar.
Servicios Aéreos Milenio tuvo especial crecimiento con el ex gobernador poblano, Mario “Preciso” Marín, principal usuario de sus naves, quien le favoreció con contratos por hasta 132 millones 485 mil pesos, en tanto Urzúa Rivera también recibía favores de aquél, quien primero lo hizo suplente del diputado federal Ardelio Vargas Fosado, y al final del sexenio lo premió con una diputación local.
El 14 de junio de 2010, una avioneta se accidentó en Felipe Carrillo Puerto, donde perecieron 9 colaboradores del equipo de campaña de Borge, entonces candidato a gobernador. A pesar del hermetismo, se supo que la nave era propiedad del Grupo Aéreo Xiknal, parte de Servicios Aéreos Milenio.
En septiembre 2014, Urzúa Rivera asumió como suplente de Cervantes Andrade, quien se incorporó a la docencia y posteriormente cuando éste asumió como Procurador en octubre de 2016.
Expansión publicó en agosto pasado que Borge pagó a Servicios Aéreos Milenio, a través de Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP-Saesa), más de 101 millones 200 mil pesos en contratos.
Los nexos entre Raúl Cervantes y Quintana Roo fueron obvios, por ejemplo, a través de Emilio Gamboa, amigo y socio de Díaz Castellanos.
El 25 de octubre de 2016, cuando Cervantes dejó el Senado, agradeció y remarcó su amistad con Gamboa Patrón, a quien dijo haber conocido como titular de la SCT, y él abogado nacional de industrias de transporte, litigando, o negociando.
Por otro lado, también fluyen vínculos de Emilio Gamboa con Quintana Roo a través de la clase empresarial yucateca, grabados en la historia cuando en octubre de 2016 el ex líder del PRI aterrizó con Díaz Castellanos en su helicóptero en el Área Natural Protegida “Arrecife Alacranes”, junto con el desaparecido Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT.
Con todo, más claro es el nexo y conflicto de intereses que pudo tener Raúl Cervantes, en el caso de Ricardo Urzúa, beneficiado por Félix.
La lista de nombres de empresarios beneficiados por el ex gobernador es larga. En los anexos vuelve a aparecer Luis Sierra Sauri, hijo de la ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri, quien, junto con sus amigos, continuó el negocio de sus padres a costa del patrimonio de Quintana Roo.
Los mismos nombres y apellidos que se repiten son Eloy Cáceres Delgado y su esposa Gabriela Wejebe Gene; Graciela Claudina Vales Cámara, esposa de Jorge Montalvo Ferraez; Inversiones Turísticas Anglo Mexicanas, constituida por Carlos Antonio Vales Ochoa, y otros, y por las personas morales Hispanoamericana de Inversiones (cuyos socios son Playa Sur Condominios y Roberto Marroquín Sámano), y Muebles e Inmuebles Corporativos (socios Luis Alberto Montalvo Ferráez y esposa Martha Elena Millet Molina; Graciela Claudia Vales Cámara y Raúl Montalvo Escamilla.
Inversiones y Desarrollos, constituida por Eloy José Cáceres Wejebe, hijo de Cáceres Delgado, y Rodrigo Montalvo Vales, hijo de Montalvo Ferráez; Desarrollos Simca, integrada por dos personas morales: Desarrollos Monsi (que tiene de socios a Luis Alberto Sierra Sauri y Rodrigo Montalvo Vales), Innova Inmobiliaria (tiene como socios a Cáceres Wejebe y Montalvo Millet)
Se trata de múltiples empresas en las que participan los mismos empresarios yucatecos que han logrado parte de su fortuna con la complicidad de los gobernadores de Quintana Roo y Yucatán.
Otro empresario parte del expediente contra Borge y al que también benefició generosamente Félix, es Ricardo Antonio Vega Serrador, considerado su prestanombres. Éste utilizó empresas para obtener predios patrimonio, como Inmobiliaria Chiluca, Inmobiliaria Koh, Paloma del Sureste Inmobiliaria, Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maltico e Inmobiliaria La Rotonda.
Vega Serrador es conocido como “zar de las gasolineras” del Sureste, y varios de los predios que le entregó el IPAE están ocupados actualmente por estaciones de gasolina.
Durante su criticable sexenio Félix sólo se sabía que habría vendido a particulares 877 predios, aunque saber en cuánto cada uno y quiénes requeriría de miles de horas, pues el IPAE siempre  se negó sistemáticamente a informar, excepto con un folio del Registro Público de la Propiedad.
         ¿Por qué ocultar los montos? Obvio, Félix habría vendido a precios “preferenciales”, muy por debajo de su valor comercial real, amén de que los beneficiarios fueron amigos, empresarios, familiares y políticos, con lo que, “por lo menos”, no sólo él se habría hecho multimillonario, sino habría cumplido su promesa de distribuir la riqueza, pero a favor de unos cuantos.
         A punto de concluir como Senador, Félix perderá su fuero, y toda posibilidad de continuar con la inmunidad e impunidad que le caracterizó frente a tantas denuncias. También podría perderá la protección del próximo ocupante de Los Pinos, aunque conservaría el “calor” del eterno Gamboa Patrón y Raúl Cervantes, quien, irónicamente, era candidato a convertirse en el zar “Anticorrupción” de todo el país.
                 
(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 


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