martes, 13 de marzo de 2018


¡Cierra pinza PGR contra Félix!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Considerada, contra toda lógica, una de las dependencias más políticas y politizadas de la administración pública, la Procuraduría General de la República (PGR), en detenido proceso de conversión a Fiscalía General del país -tal vez hasta concluidas las elecciones de julio-, tiene en sus manos un nuevo reto de credibilidad: El tema Félix González-Roberto Borge Martín.
         Aunque también en proceso el tema del “otro” Roberto Borge”, el del ex gobernador Borge Angulo, al menos existe alguna esperanza -tenemos que decirlo- de que finalmente el ex mandatario sea sentenciado culpable y permanezca en prisión por el tema de corrupción y una serie de irregularidades que han visto ya la luz pública.
         Sin embargo, su detención y extradición de Panamá a México de ninguna manera supuso una buena fe por parte de la PGR, que duró una eternidad en un proceso político-legal tan sencillo, que sabrá Dios de qué lado se habrá visto presionada a darle trámite.
         Ahora bien, el verdadero pendiente de la dependencia es el hirviente “caso Félix González”, el ex mandatario del PRI que se sirvió de su sucesor y “ahijado” político para alcanzar la Senaduría como escudo para evitar la acción de la justicia con un malentendido fuero político que -al menos hasta el momento- le ha servido de magnifico pretexto a la PGR para proceder.
         Y es que, una vez consultada la jurisprudencia y las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo apunta a que los delitos que se le imputan como mandatario NO HAN PRESCRITO, ya que la prescripción de dos años que, en su caso, se aplicarían para ese efecto, se detuvo desde el momento en que obtuvo nuevamente el fuero como senador.
         Suponemos que la Fiscalía General del Estado tiene en consideración este aspecto, aunque, por si fuera poco, la organización “Somos tus ojos”, a través de su presidenta, Fabiola Cortés Miranda, anunció públicamente haber interpuesto una demanda contra el ex mandatario por el “remate” de 165 predios patrimonio del estado, entregados a empresarios, funcionarios y diversas personas, en la mayoría de los casos, a precios subvaluados.
         Ahora ben, el quid del asunto es que, dada la NO gravedad (Ja, ja, ja) de los delitos en los que habría incurrido el ex gobernador, el reciente tema de la explosión del ferri en Playa del Carmen cambia totalmente el panorama, desde luego si la PGR logra -o decide- involucrarlo de alguna manera como virtual socio de la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S. A. de C.V., propietaria de Barcos Caribe.
         En efecto, con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal sólo siete delitos ser considerarán GRAVES, por los que se encarcelará a los infractores previo a su proceso. Según el artículo 19 de la Constitución, habrá cárcel preventiva en casos de: Crimen organizado, homicidio doloso, secuestro, trata de personas, violación, delitos violentos cometidos con armas y explosivos; e infracciones contra la seguridad de  la nación, el desarrollo de la personalidad y la salud.
         En el caso que nos ocupa, la explosión del ferri de Playa del Carmen se trataría de delitos violentos cometidos con armas y explosivos, ya que quedó plenamente establecido que NO se trató de ningún accidente o acto terrorista, sino de un auto atentado para el cobro de un seguro por 4 millones de dólares, algo así como 80 millones de pesos.
         Ignoramos si el seguro sólo incluyera la nave siniestrada o bien cada barco de la empresa, aunque, pese a no haber explotado, el delito mencionado también incluiría al que permanecía varado en Cozumel, en el que se halló un par de artefactos similares que obran en la carpeta de investigación de la PGR, junto con los comprometedores videos y demás pruebas.
         La Secretaría de Seguridad Pública informó que ayer lunes, en el 911, recibió un reporte sobre un objeto sospechoso cerca del muelle internacional de cruceros de Cozumel, aunque resultó ser una falsa alarma y se descartó que se tratara de un explosivo, aunque, en coordinación con las corporaciones policiacas y militares han reforzado la seguridad, en especial en los centros de concentración de turistas.
Por lo pronto, tras las investigaciones de la PGR, que descartó que el tema de los explosivos -como se pretendió hacer creer- fuera resultado de una actividad del terrorismo, la SCT suspendió el funcionamiento de los Ferris a las familias de los ex gobernadores Félix González y Roberto Borge.
La decisión, se sustentó además en que la Impulsora Marítima opera las tres embarcaciones y que éstas proceden de un mismo sitio y constructor, Richardson Devine Marine Constructions PTS LTD, con sede en Tasmania, Australia, por lo que, ante la falta de un dictamen o peritaje que descarte una falla técnica de construcción o de operación en el barco siniestrado, era necesaria era medida para evitar el riesgo de un incidente similar.
Además, la empresa sólo presentó a la SCT una actualización de certificados en el expediente de cada barco, cuando que los navíos requieren de nueva verificación de seguridad por parte de la Secretaría de Marina, como responsable de las capitanías, con fecha posterior al “incidente”.
         De Roberto Borge Martín tan sólo se sabía que era hermano del ex gobernador Miguel Borge, hasta que el 16 de diciembre de 2013 Luces del Siglo publicó que, 10 meses apenas de haber asumido la gubernatura su hijo Roberto, logró aligerar la pesada deuda bancaria que arrastraba desde hacía más de 20 años, por un total de 11 millones 48 mil 681 pesos.
Así las cosas, el 2 de febrero de 2012, el Registro Público de la Propiedad le habría cancelado siete gravámenes, dos de ellos con declaración de embargo, y los predios relacionados con estos gravámenes, registrados bajo los folios 18734 y 22789, hasta antes de esa fecha con Banca Serfín.
No obstante, en los albores de 1987, cuando concluía el sexenio de Pedro Joaquín Coldwell, fundaría en Chetumal el fracasado “Diario de Quintana Roo” en sociedad con los empresarios locales Mario Rendón Monforte, Luis Buenfil Durán, Diego Rojas Zapata, Jorge Vargas de Regil, John Baroudi Estéfano y Abraham Farah Wejebe, con el primero como presidente y director general.
A 30 años de distancia, hoy es candidato a hacerle compañía a su hijo tras las rejas, en lo que bien calificaría hace una semana el periodista José Sánchez López en su columna Sin línea: “Barcos Caribe naufragó junto con González Canto y Borge Angulo”, a quienes les habría salido el tiro por la culata.
         Los ingenuos creyeron en él, supusieron que las cosas mejorarían, pero a corto plazo se darían cuenta que la voracidad de Félix no tiene parangón. Había llegado el más grande depredador de la entidad, con el agravante de ser lo suficiente perverso para dejar en el cargo a quien le cubriera las espaldas y, en el peor de los casos, cargara con sus culpas.
Ungió a Borge Angulo, su discípulo predilecto, y éste cumplió con la encomienda, pero ya había barruntos de tempestad, y pese a las alertas de sus compinches en el poder, igual que su maestro, se sintió intocable.
Con un 51% de las acciones de Barcos Caribe, el asunto de la explosión terminó por salírsele de las manos, pues no contaba con que entre los 25 heridos había cinco estadounidenses, lo que originaría la intervención del FBI, y así, conforme el ferry Caribe I se iba a pique, arrastraba consigo a Félix y Roberto, que no pueden ocultar el montaje del auto atentado.
Aunque poco se había difundido, las investigaciones revelaron que el lunes 19 de febrero, el Servicio Náutico descubrió un objeto que flotaba en el mar, a unos 800 metros de las costas de Cozumel. La Marina confirmó que se trataba de un artefacto explosivo, armado con PVC y un mecanismo para activarlo a control remoto.
Dos días después, el miércoles 21, se registró el estallido en la nave. El corto circuito de una parrilla había sido la causa, diría inicialmente la directora de la Administración Portuaria Integral, Alicia Ricalde Magaña,
Poco conocido también, tras la explosión surgió un grupo criminal autonombrado “Cártel de Pumba y Taca”, que se atribuyó el atentado con una manta en la que amenazó a la alcaldesa de Cozumel, Perla Tun Pech, aunque la versión fue desechada por las autoridades.
Ya se habían colocado los otros dos artefactos en el barco de la isla, con lo que, en principio, los sospechosos habían alcanzado su objetivo por partida doble: Aumentar la percepción de inseguridad en Quintana Roo para desestabilizar al gobierno de Carlos Joaquín y cobrar el seguro de 4 millones de dólares, pero no contaban con el FBI que, sin vínculo con los ex gobernadores, investigaría y aportaría los videos.
El propio titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, declaró que la versión del auto atentado no se podría descartar “y que la PGR tenía ya su hipótesis, daría a conocer los resultados y a los responsables, que serían puestos a disposición de las autoridades.
         Así las cosas, desde ayer mismo corrió el insistente rumor en el sentido de que, señalados en la carpeta de investigación FED/QR/PC/0000140/2018, la PGR daría a conocer la detención de algunos autores materiales contratados por familiares del ex gobernador Roberto Borge. No hubo de piña.
         ¿Habrá aparecido el nombre de Félix González como uno de los directamente involucrados? ¿Habrá movido sus influencias para detener las investigaciones? ¿Habrá surgido nuevamente el tema del Fuero para no proceder en su contra?
         No lo sabemos, pero cabe recordar que el transporte marítimo de la ruta Cozumel-Playa del Carmen es sumamente codiciada por su mercado de cuatro millones de usuarios al año y que hasta hace más de tres años Barcos Caribe daba el servicio de transbordador, aunque ya era supuestamente investigado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT)

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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