jueves, 8 de marzo de 2018


Félix, ¿en el negocio de ferris?


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         La explosión de un artefacto el 21 de febrero en una embarcación Caribe, propiedad de Roberto Borge Martín en el muelle de Playa del Carmen, donde resultaron heridas alrededor de 26 personas, y la aparición de otros dos explosivos en otra embarcación del propio empresario, el 1 de marzo en Cozumel, desencadenó una serie de cuestionamientos y especulaciones.
         En el caso de esto último, porque el propietario de las naves es padre del ex gobernador de Quintana Roo preso, Roberto Borge Angulo, y hermano del también ex mandatario del Estado, Miguel Borge Martín, aunque también por las circunstancias que rodearon este tema, que provocó que Estados Unidos y Canadá alertaran a sus connacionales.
         Aparentemente confirmado a raíz de recientes revelaciones, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo señaló desde un principio que una de las líneas de investigación de la explosión tenía que ver con un presunto auto atentado por parte de la empresa “Barcos del Caribe”.
No obstante, aclararía que se buscaban los datos de prueba necesarios para tener certeza, y aunque hasta ese momento no se podía afirmar, el auto atentado era una de las hipótesis debido a la forma en que ocurrió la explosión y la forma en que se propagó la noticia a través de las redes sociales.
Ciertamente, habría resultado aventurado y poco ético relacionar la explosión como acto terrorista sin los elementos de prueba, por lo que se enviaron muestras de la embarcación a laboratorios de la metrópoli para su peritaje e inclusión en la carpeta de investigación.
Pese a que el otro artefacto explosivo estaba en otro barco de la empresa que no operaba desde hace más de 10 meses, resultaba extraño que buzos de la propia empresa lo difundieran a través de redes y otros medios para que la Marina lo destrabara y entregara después a la Sedena.
         Dado el pavor de Estados Unidos con cualquier tema relacionado con el terrorismo y su vecindad con México, a nadie resultó extraño que tomara cartas en el asunto e intervinieran el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos según confirmó la embajada de eses país.
Aunque la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Laura Rojas Hernández, se negó a informar sobre los términos en que colaboran los agentes de Estados Unidos, el titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ratificó el apoyo, para que los visitantes de otros países sepan que existen adecuados niveles de seguridad.
         La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, María Elena Mata Pineda, dijo que sus agremiados no recibieron de buena gana las alertas de Estados Unidos y Canadá por tratarse de un hecho que nunca había sucedido, aunque, derivado de ello, la autoridad pidió el retiro de la naviera en las operaciones. 
         Como era de esperarse, ante la naturaleza del caso, la Fiscalía se declaró incompetente en las investigaciones, aunque colaboró con la PGR en la obtención de vídeos, posibles daños y seguimiento de heridos, en tanto los peritajes y evidencias están en manos de la Federación, que determinará si eran explosivos y cómo llegaron al lugar.
         Sin embargo, no estaba tan mal la teoría inicial del Fiscal Miguel Ángel Pech Cen sobre el auto atentado, ya que un video de seguridad del ferry que estalló en Playa del Carmen podría convertirse en la evidencia clave de que, efectivamente, se habría tratado de un auto atentado, e incrimina… a Roberto Borge Martín.
El video forma parte de las pruebas que entregó la Fiscalía a la Agencia de Investigación Criminal, y en él se observa, según fuentes de alto nivel, no sólo al padre del hoy procesado Roberto Borge Angulo, sino también a un sujeto no identificado que lo acompañó en la travesía del ferry, mismo que llevaba una mochila al aborda en Cozumel.
Este sujeto ya no descendió con ese objeto en Playa del Carmen, donde Borge Martín aparece saliendo apresuradamente del ferry, aunque de su presencia en el muelle ya habían informado otras fuentes, que describen cómo observaba impávido el fuego que devoraba una de sus embarcaciones más costosas que, según otras navieras, tendría un seguro por unos cuatro millones de dólares (cerca de 80 millones de pesos)
El cobro de ese seguro sería el beneficio del presunto auto atentado, que estaría dirigido a desestabilizar al gobierno de Carlos Joaquín, con el que la familia Borge está confrontada desde que les arrebató el poder en las elecciones de 2016.
No obstante, al rechazar categóricamente la versión sobre el auto atentado, la  empresa Barcos Caribe dijo que se trata de  “un acto muy bajo, y sin fundamento”.
La PGR sólo confirmó haber iniciado una carpeta de investigación desde la explosión, donde cinco de lesionados eran estadounidenses, aunque, como bien comparan algunos periodistas, tiene en sus manos una verdadera bomba sobre el estallido de otra bomba: El caso de Ricardo Anaya,
Y aunque entre los agentes de los servicios de espionaje de diversos países le llaman “desconcentración de operaciones en el tiempo y espacio”, aquí se le dice cortinas de humo para desviar la atención de hechos relevantes con otros hechos relevantes.
Cuestionada por asegurar al principio que “una falla mecánica” provocó el estallido, la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Concepción Ricalde Magaña, no ha vuelto a dar la cara. Su error fue la prisa por hablar a priori.
Quizá fuera por defender la imagen de Apiqroo, constituida hace cerca de 24 años, el 17 de marzo de 1994, ante el Notario Fernando Cuevas Pérez, como empresa de participación estatal mayoritaria, integrada con un socio mayoritario, el Gobierno del Estado, y socios minoritarios, los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel, Isla Mujeres, Benito Juárez y Solidaridad.
         El día 30 de Junio de ese año, según su portal, la SCT otorgó  su favor la concesión integral de los puertos de Cozumel, Chetumal, Puerto Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Playa del Carmen.
         Otra funcionaria que, sin embargo, poco enterada de las investigaciones, buscó politizar el tema, fue la diputada federal borgista Sara Latife Ruiz Chávez, quien divulgó un tuit en el que deslizó que se trató de “un atentado” y pidió “acabar con el odio”.
         Ante el abierto enfrentamiento de los clanes priístas Félix González-Borge con el gobierno “aliancista” de Carlos Joaquín, eran de esperarse éstas y más repercusiones políticas a todo lo largo del sexenio, aunque todo hace suponer que, a río revuelto, también se mezclaría otro tipo de intereses, en este caso económicos.
         En efecto, se trata de millonarios ingresos los que conlleva el traslado de pasajeros y mercancía de tierra firme a las islas de Cozumel, Isla Mujeres y Holbox, en los que invariablemente ha surgido en los últimos años el nombre del ex gobernador cozumeleño Félix González.
         Sobre los transbordadores, las empresas involucradas y los socios de éstas, poco o nada se sabe, y de ahí que, como opina el periodista de Proceso, Sergio Caballero, la explosión del ferri es todo un reto de investigación para los colegas de Quintana Roo, con el respeto que se merecen, la mayoría acostumbra las entrevistas o boletines.
         En el caso de Quintana Roo el negociazo de los transbordadores, sobre todo desde y hacia Cozumel comenzó a “sonar” fuerte desde el 2006, durante el periodo de Félix González, cuando fungía como titular de la SCT Luis Téllez Kuenzler, ya que se comenzó a fraguar la creación de la empresa familiar llamada  “Isla de la Paz” como tercera naviera en la región.
Vera Usted. Félix González tenía afán por involucrarse en la actividad naviera, denunció en septiembre del 2009 el periodista Alberto Barranco en la columna "Empresas" del diario El Universal, donde reseñó la conformación de la tercera naviera para romper el llamado duopolio Molina-Ultramar, que controla el tráfico de pasajeros hacia y desde Cozumel.
En los estertores de su mandato, Félix González trata de amarrar un negocio familiar que le arriende ingresos millonarios: Una naviera que permita transportar pasajeros de Cozumel a Playa del Carmen y otros puntos de la Rivera Maya, además de Isla Mujeres y Holbox. Una ‘tienda de enfrente’, pues, para las empresas privadas del ramo, diría.
En el negocio, cuya facturación alcanzaría 400 millones de pesos anuales, estarían también la familia González-Borge; los hermanos Lenín Matías y Franco González Padrón, padres del gobernador y del alcalde de Cozumel, Juan Carlos González Hernández.
 La firma llevaría la razón social ‘Naviera Turística de Quintana Roo’, cuya cabeza es Roberto Borge Martín, padre del entonces diputado federal Roberto Borge, quien planteaba un capital de por lo menos 20 millones de dólares, de los cuales el 5% se derivaría supuestamente al Ayuntamiento de Cozumel.
         El portal “Noticaribe” se referiría al tema el 29 de septiembre de ese año en los siguientes términos: "La creación de una naviera de capital mixto en Quintana Roo es un proyecto familiar del gobernador Félix González. Resulta que su primo, Juan Carlos González, alcalde de Cozumel, propuso crear esta naviera para conectar la isla con toda la Riviera Maya.
         “En tanto, su otro primo, Javier Zetina González, director de Puertos de Quintana Roo -cuyo Consejo presidía Félix González- accedió a liberar un muelle de cabotaje para esta naviera, lo que aseguraría su sobrevivencia al no pagar uso de puerto”, concluiría.
El 29  de septiembre de 2009, Reforma publicaría en la columna “Con Estilo”, de Lourdes Mendoza, que: “El empresario al frente del proyecto sería su tío, Franco González Padrón, quien, dicho sea de paso, ya quebró a Marítima Chankanaab y Marítima de Quintana Roo”.
           “Esta empresa competiría deslealmente con las navieras Transcaribe, Aviomar y Aquaworld. Falta ver qué dice Alejandro Chacón, de Puertos de SCT, y el ‘Temido Reloaded’ Pérez Motta, de la CFC. En fin, el futuro parece decir que... González Canto entró como góber ¡y saldrá como empresario!”.
         Dada la inminencia de que el negociazo se les viniera, los González y Borge habrían decidido postergar el proyecto y esperar a que Roberto Borge asumiera la gubernatura y reactivara las negociaciones con la SCT, que les negó los permisos.
         También tramaban imponer al entonces alcalde priísta de Cozumel, Juan Carlos González Hernández, como nuevo titular de la Apiqroo, en lugar del primo de Félix, Javier Zetina González.
          Lo cierto es que lo obsoleto de los barcos, que no garantizan seguridad, fue principal razón de  peso de Juan Molinar Horcasitas,  entonces titular de la SCT (2009-2011), para congelar “Isla de la Paz”.
         Pero nadie dijo que el todavía senador pudiera estar involucrado en el tema de los transbordadores ¿Cómo? Podría ser con un prestanombres ¿Usted lo cree “capaz”?
Ahora bien, hasta donde se sabe, el mercado de transporte marítimo entre Cozumel y la Riviera Maya conlleva ganancias anuales por 32.6 millones de dólares (más de 640 millones de pesos) ¡Con razón es atractivo!, pero… ¿alguien sabe sobre el mantenimiento de las naves y los millonarios, atractivos seguros?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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