Félix,
¿en el negocio de ferris?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
La explosión de un
artefacto el 21 de
febrero en
una embarcación Caribe, propiedad de Roberto Borge Martín en el muelle de Playa
del Carmen, donde resultaron heridas alrededor de 26 personas, y la aparición
de otros dos explosivos en otra embarcación del propio empresario, el 1 de marzo
en Cozumel, desencadenó una serie de cuestionamientos y especulaciones.
En el caso de esto último, porque el propietario de las naves es padre del ex gobernador de Quintana Roo preso, Roberto Borge Angulo, y hermano del
también ex mandatario del Estado, Miguel Borge Martín, aunque también por las
circunstancias que rodearon este tema, que provocó que Estados Unidos y Canadá
alertaran a sus connacionales.
Aparentemente confirmado a raíz de recientes revelaciones, la
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo señaló desde un principio que una
de las líneas de investigación de la explosión tenía que ver con un presunto
auto atentado por parte de la empresa “Barcos del Caribe”.
No
obstante, aclararía que se buscaban los datos de prueba necesarios para tener
certeza, y aunque hasta ese momento no se podía afirmar, el auto atentado era una
de las hipótesis debido a la forma en que ocurrió la explosión y la forma en
que se propagó la noticia a través de las redes sociales.
Ciertamente,
habría resultado aventurado y poco ético relacionar la explosión como acto
terrorista sin los elementos de prueba, por lo que se enviaron muestras de la
embarcación a laboratorios de la metrópoli para su peritaje e inclusión en la
carpeta de investigación.
Pese a
que el otro artefacto explosivo estaba en otro barco de la empresa que no operaba
desde hace más de 10 meses, resultaba extraño que buzos de la propia empresa lo
difundieran a través de redes y otros medios para que la Marina lo destrabara y
entregara después a la Sedena.
Dado
el pavor de Estados Unidos con cualquier tema relacionado con el terrorismo y
su vecindad con México, a nadie resultó extraño que tomara cartas en el asunto
e intervinieran el
FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos según confirmó
la embajada de eses país.
Aunque la presidenta de la Comisión
de Relaciones Exteriores del Senado, Laura Rojas Hernández, se negó a informar
sobre los términos en que colaboran los agentes de Estados Unidos, el titular
de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ratificó el apoyo, para que los visitantes
de otros países sepan que existen adecuados niveles de seguridad.
La
presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, María Elena
Mata Pineda, dijo que sus agremiados no recibieron de buena gana las alertas de
Estados Unidos y Canadá por tratarse de un hecho que nunca había sucedido,
aunque, derivado de ello, la autoridad pidió el retiro de la naviera en las
operaciones.
Como era de esperarse, ante la naturaleza del caso, la Fiscalía se declaró incompetente
en las investigaciones, aunque colaboró con la PGR en la obtención de vídeos, posibles
daños y seguimiento de heridos, en tanto los peritajes y evidencias están en
manos de la Federación, que determinará si eran explosivos y cómo llegaron al
lugar.
Sin embargo, no estaba tan mal la teoría inicial del Fiscal Miguel Ángel Pech Cen sobre el auto
atentado, ya que un video de seguridad del ferry que estalló en Playa del Carmen podría convertirse en la evidencia clave de
que, efectivamente, se habría tratado de un auto atentado, e incrimina… a Roberto Borge Martín.
El video forma parte de las pruebas
que entregó la Fiscalía a la Agencia
de Investigación Criminal, y en él se observa, según fuentes de alto
nivel, no sólo al padre del hoy procesado Roberto Borge Angulo, sino también a un sujeto no identificado que
lo acompañó en la travesía del ferry, mismo que llevaba una mochila al aborda
en Cozumel.
Este sujeto ya no descendió con ese
objeto en Playa del Carmen, donde Borge Martín aparece saliendo apresuradamente
del ferry, aunque de su presencia en el muelle ya habían informado otras
fuentes, que describen cómo observaba impávido el fuego que devoraba una de sus
embarcaciones más costosas que, según otras navieras, tendría un seguro por
unos cuatro millones
de dólares (cerca de 80 millones de pesos)
El cobro de ese seguro sería el
beneficio del presunto auto atentado, que estaría dirigido a desestabilizar al
gobierno de Carlos Joaquín, con
el que la familia Borge está confrontada desde que les arrebató el poder en las
elecciones de 2016.
No obstante, al rechazar
categóricamente la versión sobre el auto atentado, la empresa Barcos Caribe dijo que se trata
de “un acto muy bajo, y sin fundamento”.
La PGR sólo confirmó haber iniciado
una carpeta de investigación desde la explosión, donde cinco de lesionados eran
estadounidenses, aunque, como bien comparan algunos periodistas, tiene en sus
manos una verdadera bomba sobre el estallido de otra bomba: El caso de Ricardo
Anaya,
Y aunque entre los agentes de los
servicios de espionaje de diversos países le llaman “desconcentración de
operaciones en el tiempo y espacio”, aquí se le dice cortinas de humo para desviar la
atención de hechos relevantes con otros hechos relevantes.
Cuestionada por asegurar al
principio que “una falla mecánica” provocó el estallido, la directora general
de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Concepción
Ricalde Magaña, no ha vuelto a dar la cara. Su error fue la prisa por hablar a
priori.
Quizá fuera por defender la imagen
de Apiqroo, constituida hace cerca de 24 años, el 17 de marzo de
1994, ante el Notario Fernando Cuevas Pérez, como empresa de participación
estatal mayoritaria, integrada con un socio mayoritario, el Gobierno del
Estado, y socios minoritarios, los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel, Isla
Mujeres, Benito Juárez y Solidaridad.
El día
30 de Junio de ese año, según su portal, la SCT otorgó su favor la concesión integral de los puertos
de Cozumel, Chetumal, Puerto Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Playa del
Carmen.
Otra
funcionaria que, sin embargo, poco enterada de las investigaciones, buscó
politizar el tema, fue la diputada federal borgista Sara Latife Ruiz Chávez,
quien divulgó un tuit en el que deslizó que se trató de “un atentado” y pidió
“acabar con el odio”.
Ante el
abierto enfrentamiento de los clanes priístas Félix González-Borge con el
gobierno “aliancista” de Carlos Joaquín, eran de esperarse éstas y más
repercusiones políticas a todo lo largo del sexenio, aunque todo hace suponer
que, a río revuelto, también se mezclaría otro tipo de intereses, en este caso
económicos.
En efecto, se
trata de millonarios ingresos los que conlleva el traslado de pasajeros y
mercancía de tierra firme a las islas de Cozumel, Isla Mujeres y Holbox, en los
que invariablemente ha surgido en los últimos años el nombre del ex gobernador
cozumeleño Félix González.
Sobre los
transbordadores, las empresas involucradas y los socios de éstas, poco o nada
se sabe, y de ahí que, como opina el periodista de Proceso, Sergio Caballero,
la explosión del ferri es todo un reto de investigación para los colegas de
Quintana Roo, con el respeto que se merecen, la mayoría acostumbra las
entrevistas o boletines.
En el caso de
Quintana Roo el negociazo de los transbordadores, sobre todo desde y hacia
Cozumel comenzó a “sonar” fuerte desde el 2006, durante el periodo de Félix
González, cuando fungía como titular de la SCT Luis Téllez Kuenzler, ya que se
comenzó a fraguar la creación de la empresa
familiar llamada “Isla de la Paz ” como tercera naviera en
la región.
Vera Usted. Félix González tenía afán por involucrarse en
la actividad naviera, denunció en septiembre del 2009 el periodista Alberto
Barranco en la columna "Empresas" del diario El Universal, donde
reseñó la conformación de la tercera naviera para romper el llamado duopolio
Molina-Ultramar, que controla el tráfico de pasajeros hacia y desde Cozumel.
En los estertores de su mandato, Félix González trata de
amarrar un negocio familiar que le arriende ingresos millonarios: Una
naviera que permita transportar pasajeros de Cozumel a Playa del Carmen y otros
puntos de la Rivera Maya ,
además de Isla Mujeres y Holbox. Una ‘tienda de enfrente’, pues, para las
empresas privadas del ramo, diría.
En
el negocio, cuya facturación alcanzaría 400 millones de pesos anuales, estarían
también la familia González-Borge; los hermanos Lenín Matías y Franco González
Padrón, padres del gobernador y del alcalde de Cozumel, Juan Carlos González
Hernández.
La
firma llevaría la razón social ‘Naviera Turística de Quintana Roo’, cuya cabeza
es Roberto Borge Martín, padre del entonces diputado federal Roberto Borge,
quien planteaba un capital de por lo menos 20 millones de dólares, de los
cuales el 5% se derivaría supuestamente al Ayuntamiento de Cozumel.
El portal “Noticaribe” se
referiría al tema el 29 de septiembre de ese año en los siguientes términos:
"La creación de una naviera de capital mixto en Quintana Roo es un
proyecto familiar del gobernador Félix González. Resulta que su primo, Juan
Carlos González, alcalde de Cozumel, propuso crear esta naviera para conectar
la isla con toda la
Riviera Maya.
“En tanto, su otro primo,
Javier Zetina González, director de Puertos de Quintana Roo -cuyo Consejo
presidía Félix González- accedió a liberar un muelle de cabotaje para esta
naviera, lo que aseguraría su sobrevivencia al no pagar uso de puerto”,
concluiría.
El 29 de
septiembre de 2009, Reforma publicaría en la columna “Con Estilo”, de Lourdes
Mendoza, que: “El empresario al frente del proyecto sería su tío, Franco
González Padrón, quien, dicho sea de paso, ya quebró a Marítima Chankanaab y
Marítima de Quintana Roo”.
“Esta empresa competiría deslealmente con las
navieras Transcaribe, Aviomar y Aquaworld. Falta ver qué dice Alejandro Chacón, de Puertos de SCT, y
el ‘Temido Reloaded’ Pérez Motta, de la CFC. En fin, el futuro parece decir que... González
Canto entró como góber ¡y saldrá como empresario!”.
Dada la inminencia de que el negociazo se les viniera, los González y
Borge habrían decidido postergar el proyecto y esperar a que Roberto Borge
asumiera la gubernatura y reactivara las negociaciones con la SCT, que les negó
los permisos.
También
tramaban imponer al entonces alcalde priísta de Cozumel, Juan Carlos González
Hernández, como nuevo titular de la Apiqroo, en lugar del primo de Félix,
Javier Zetina González.
Lo cierto es que lo obsoleto de los barcos,
que no garantizan seguridad, fue principal razón de peso de Juan Molinar Horcasitas, entonces titular de la SCT (2009-2011), para
congelar “Isla de la Paz ”.
Pero
nadie dijo que el todavía senador pudiera estar involucrado en el tema de los
transbordadores ¿Cómo? Podría ser con un prestanombres ¿Usted lo cree “capaz”?
Ahora bien, hasta
donde se sabe, el mercado de transporte marítimo entre Cozumel y la Riviera
Maya conlleva ganancias anuales por 32.6 millones de dólares (más de 640
millones de pesos) ¡Con razón es atractivo!, pero… ¿alguien sabe sobre el
mantenimiento de las naves y los millonarios, atractivos seguros?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de
15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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