¡Un
“Chino” panista en problemas!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No cabe duda de que la enfermedad
del poder es altamente dañina para la vida política del país, y más aun entre
quienes lo detentan o lo han detentado y añoran volver a sentir esa magia, a
costa de lo que sea, ahora vemos en las nacientes campañas, no sólo rumbo a la
Presidencia de la República, sino también de las mismitas presidencias
municipales.
Quintana Roo
no podía ser la excepción, ya que, ad hoc con las que se han puesto de
manifiesto en el caso del aspirante México-norteamericano del PAN, Ricardo
Anaya, a quien acusan insistentemente de “lavado” de dinero, en el que una y
otra vez aparecen sus imborrables huellas, ahora aparece en Othón P. Blanco su
correligionario local Fernando “Chino” Zelaya Espinoza.
Ignoramos en
cuántas operaciones se haya involucrado éste último para hacerse de recursos
para financiar su campaña después de solicitar “licencia” como diputado local,
pero lo cierto es que la más “sonada” surge de donde menos se imaginaría Usted:
De una institución educativa, concretamente del Colegio de Bachilleres.
El fuerte
hedor a corrupción, que obliga a las autoridades electorales a una exhaustiva
investigación, sin embargo, no surge precisamente ahora, como su campaña a la
presidencia municipal lo fue conforme a la ley, aunque su financiamiento habría
surgido de un novedoso método que, en su caso, nada tendría de ilegal si no
fuera por involucrar al Colegio de Bachilleres.
Se trata de
dos rifas, al menos las denunciadas hasta hoy por los padres de familia de la
institución, donde el aspirante representaría al Patronato y habría contado con
la colaboración de las autoridades del plantel, que hasta enero encabezaba la hoy
titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Ana Isabel Vásquez Jiménez,
aunque su principal enlace sería la jefa del Departamento de Enlace, Lorena Duk
Hoy.
Verá Usted. En nota firmada por
Rodrigo Pérez, el portal Diarionoticias publicó el 24 de enero último que en la
Dirección General del Colegio de Bachilleres, con Ana Isabel Vásquez al frente,
se realizaban eventos que habrían dejado millonarias ganancias a algunos “gandallas”
que los coordinan.
Puntualizó que, según versiones de
directivos que no estaban de acuerdo con esos eventos, “todo viene de arriba”,
por lo que los obligaban a participar, y de externar su desacuerdo, corrían el
peligro de ser despedidos.
En esa ocasión, su molestia inició
cuando el Patronato de la Dirección General del Colegio, que presidía entonces Lorena
Duk, “anunció” una rifa para “recaudar fondos que utilizarían con fines
benéficos”, para lo cual se habrían emitido mil boletos que forzosamente
deberán vender.
Para ese efecto, a los jefes de departamento,
directores y subdirectores se les habría obligado a vender o pagar los boletos
que les entregó Lorena Duk -una de las “herencias” del ex director, Arturo
Fernández Martínez-, la cual tiene un sueldo de alrededor de 12 mil pesos más
una compensación de 15 mil pesos que le habría disminuido Ana Isabel Vásquez.
El costo de cada boleto fue de 500
pesos, por lo que se recabaron 500 mil pesos, de los cuales 100 mil pesos serían
para el premio y habrían quedado cerca de 400 mil pesos de ganancias que, aducen,
nadie sabe dónde habrían quedado en ese entonces, aunque, claro, beneficiarán a
“alguien”.
Ante el limpio resultado del
sorteo, el patronato organizó una nueva rifa, ahora el 10 de mayo último,
cuando el premio sería nuevamente de 100 mil pesos, y el costo de cada boleto,
también de 500 pesos, con un ganador acorde con las últimas cifras de la Lotería
Nacional.
Poco antes de anunciar el boleto
ganador -que resultó el número 370- el Patronato publicó a través de Facebook
los números que no se vendieron, y mucho después, que el ganador no se había vendido,
por lo que el dinero recaudado sería “para beneficiar a los estudiantes”.
Más que enterarse que “El Chino”
Zelaya estaba al frente del Patronato o que pudieron resultar ganadores, lo que
más indigna a los participantes, padres de familia en su mayoría, es que lo más
justo era que se volviera a programar la rifa, y que alguien se ganare el
premio.
Quienes laboran en el sistema de bachilleres,
y que, por obvias razones, omitieron su nombre, consideran injusta la decisión
del Patronato de quedarse con la recaudación y el premio, ya que la mayoría compró
un boleto por un premio que nadie ganó.
Como era de esperarse, sienten
coraje e impotencia por lo que califican como cinismo de organizadores que, con
la mano en la cintura, simplemente dicen que lo ocuparán “para otra cosa”, y no
es que estén en contra de los alumnos, sino que las cosas deberían ser más
justas y, en su caso, haber explicado desde un principio qué sucedería.
Ante la posibilidad de que “El
Chino” Zelaya y el PAN hayan metido la nariz, resulta indispensable una
investigación, aunque también reformar la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, hoy que la confianza y credibilidad son elementos
indispensables de la democracia del país, pues sirven para evaluar la eficacia
y funcionalidad de las instituciones.
En los casos de los cargos de
elección popular, también se debería medir con objetividad que lo ofrecido en
campaña se cumpla durante el encargo.
Las instituciones públicas padecen
en mayor medida el desprestigio y ausencia de credibilidad, según pudimos
observar en las campañas del Estado de México, donde sólo en momentos
electorales se vio la visita prácticamente de todos los secretarios de Estado.
Así, se volcaron la SCT, Sedatu, SEP, ISSSTE, Comisión Nacional
de Seguridad Pública y Sedesol, repartiendo a diestra y siniestra desde
despensas y computadoras, hasta techos y demás. Aparecieron a ofrecer, como
cada 3 o 6 años, una serie de prebendas a cambio de comprar la voluntad
popular.
Sin embargo, a lo largo de las
últimas décadas, los partidos políticos son los han padecido con mayor fuerza
la reacción y rechazo social, según encuesta del Latino-barómetro, donde ocupaban
el número 13 de un ranking de 20, que mide el grado de desconfianza
institucional.
En esta encuesta, el 70% de los
mexicanos les tiene poca o ninguna confianza; sólo el 4% de la población confía
en ellos; el 52% está poco o nada satisfecha con la democracia de México; el
49% opina que estamos más cerca de un gobierno que se impone que de uno resultado
de consulta ciudadana.
Pero además, el 77% considera que
el gobierno debe resolver los problemas de la sociedad; el 61%, que los
partidos son necesarios para el buen funcionamiento del gobierno, y sólo una
tercera parte dijo interesarse mucho o algo en la política, pero la
mayoría, el 66%, no confía en que las elecciones sean limpias.
Esos datos permiten ver el panorama
tan preocupante en el que están los partidos políticos, y pese a que la
legislación establece que los partidos son entidades de interés públicos,
intermedios entre la sociedad y el Estado, han colocado en segundo término durante
cada elección las reivindicaciones sociales y las propuestas.
Así, de forma habitual, a lo largo
de las campañas, ya sea en un recorrido o un mitin, en aras de la
obtención del voto, el candidato ofrece maravillas sin posibilidad de poderlas
cumplir, o las facultades que otorga el cargo no lo permite, lo que deteriora
la credibilidad institucional y, por supuesto, la construcción de una verdadera
cultura cívica.
Hace unos años, en una campaña
algunos candidatos a alcalde ofrecían la posibilidad de bajar, por ejemplo, el
costo de los energéticos o que no se cobrara el pasaje del servicio público, cuando
que no es facultad que corresponda a un alcalde, sino a un Gobierno del Estado.
Ese tipo de propuestas que
engañan a la gente, porque no está en las facultades de un candidato, son las
que una vez que se accede al cargo hace que se pierda credibilidad de los
partidos y los políticos mismos, obviamente, por ofrecer cuestiones a sabiendas
de que no las van a cumplir.
En marzo del 2017 el PRD propuso
diseñar el andamiaje jurídico electoral y se tipifique una figura que sancione
a quien realice promesas de campaña que no estén entre las facultades del cargo
al que aspira, ya que cualquiera que incurra en esa práctica actúa con dolo y
se aprovecha del desconocimiento de quien lo solicita para obtener un lucro o beneficio
electoral, encuadrando su conducta en la definición de fraude.
Así, propuso reformar la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer una
propaganda sólo con propuestas acordes al cargo de elección al que se aspira, prohibir
estrictamente y considerar fraude político ofertar o anunciar de manera directa
o a través de ésta, acciones y políticas no incluidas en las facultades del
cargo al que se aspira.
Asimismo, pidió reformar la
ley para incluir como infracciones de aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular el fraude político, que se entenderá como la
difusión de propuestas no acordes al cargo que se aspira y cuya naturaleza no
corresponde a las facultades. El castigo sería la pérdida del registro de
aspirantes, precandidatos o candidatos.
Finalmente, pidió tipificar en el
Código Penal Federal y sancionar con multa de 100 o 200 días y uno a 6 años de
cárcel al funcionario partidista o candidato que oferte, anuncie de manera
directa o difunda propuestas no acordes al cargo de elección popular al
que aspira y cuya naturaleza no corresponda a las facultades del mismo.
Dicha iniciativa abonaría a construir
una ciudadanía informada y preparada para exigirles a sus autoridades y
erradicar la práctica electorera, que vemos cada 3 y cada 6 años en quienes
trafican con la necesidad de la ciudadanía y lo único que ha generado es
inconformidad, decepción y una cada vez más baja participación en las
elecciones.
No obstante, en aquél entonces se
turnó la propuesta a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios
Legislativos, Primera, donde como se habrá imaginado Usted, aún duerme el sueño
de los justos...como seguramente ocurrirá con el caso del “Chino” Zelaya.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con
más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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