viernes, 1 de junio de 2018


 ¿Otra “papa caliente” para el gober?


                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Siempre maquiavélico antes, durante y después de su sexenio, el ex presidente Carlos Salinas invariablemente operó con una sonrisa en el rostro y las armas en la mano oculta, tal y como demostró con el caso del magisterio mexicano que, convertido en su tiempo en uno de las mayores organizaciones sindicales, terminó por bajar la guardia ante él.
         Con su líder Carlos Jonguitud Barrios al frente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cumplía 17 años con un cacicazgo que pasaba por encima de cualquier autoridad, pero aquel abril de 1989, el siempre denostado ex mandatario nombró como sucesor de aquél a Elba Esther Gordillo.
         En política y psicología, divide y vencerás o dividir para reinar -como practicó Salinas con el magisterio-, es ganar y mantener el poder mediante la ruptura en piezas de las concentraciones más grandes, que individualmente tienen menor energía. El concepto se refiere a una estrategia que rompe las estructuras de poder y evita la vinculación de los grupos de poder más pequeños.
El término se podría utilizar en todos los ámbitos en los que, para un mejor resultado, en primer lugar es necesario o ventajoso romper o dividir lo que se opone a la solución a determinado problema inicial.
Lo anterior viene al caso con la reacción del gremio estatal de taxistas ante la aprobación de la nueva Ley de Movilidad que regula la operación de plataformas digitales de transporte de Quintana Roo, como es el caso de Uver (Uber Technologies Inc., empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, a través de su software de aplicación móvil,​ que conecta pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio de transporte a particulares)
Su incorporación era cuestión de tiempo, no sólo ante el reclamo de los usuarios por el pésimo servicio de la enorme mayoría de taxistas locales, sino también como mandato constitucional en relación con la prohibición de monopolios en México.
Lo cierto es que el servicio se había convertido precisamente en un monopolio que, convenientemente permitido por los gobiernos en turno como gremio cautivo del PRI en elecciones políticas -inclusive como grupo de choque-, también servía para premiar a funcionarios y amigos con la concesión de una placa de alquiler, periodistas entre ellos.
De entrada, resulta anómala la propia denominación de sindicato, dado que, al menos en teoría y hasta donde sabemos, NO existe el sindicato de patronos -como es el caso de los taxistas-, sino de trabajadores, por lo que, en todo caso, podrían conformar una Cámara o Confederación de Taxistas, sin embargo, con otros objetivos y derechos…pero NUNCA Sindicato.
Pero bien, lo cierto es que, tan seguros estaban los gobiernos priístas de que nunca perderían el control sobre los taxistas -como tampoco perder la gubernatura-, que no se preocuparon por regularizarlos, sino en consentirlos y tolerarlos cada vez más. Menos aún pensaron en dividirlos.
Mejor prueba de esa tolerancia fueron las agresiones físicas, públicas, directas contra los choferes de Uver y el prácticamente “permiso” para adueñarse de calles y avenidas para guiar como se les pegue la gana, y ahora para manifestar su “indignación” como niño al que le arrebatan un juguete…pero en perjuicio de usuarios y automovilistas. Supuestamente pelean sus derechos, pero ¿y los nuestros?
Por si fuera poco, lo que es peor, los señores dueños de placas -no se les puede llamar taxistas porque éstos son los que trabajan- ignoran o prefieren ignorar la naturaleza del servicio que prestan y la naturaleza del “premio” que en su momento les ofreció el Gobierno del Estado, aunque probablemente las mismas autoridades estén en las mismas circunstancias.
En efecto, hablamos de la CONCESIÓN, término al que en diversas ocasiones nos hemos referido en relación con el servicio de la Comisión de Agua Potable, y que, conforme a Derecho Administrativo, es el “otorgamiento de un derecho de explotación de bienes o servicios por tiempo determinado, por parte de un gobierno o empresa, a otra empresa, generalmente privada”.
Conforme al espíritu legal, el gobierno entrega la concesión por carecer de experiencia o recurso humano para proporcionar un servicio, como es el caso de las patentes de placas de taxi o Notarías, por ejemplo, por lo que lo concesiona a un particular, con la condición de que éste sólo cuente con UNA CONCESIÓN, que no TRANSFIERA, RENTA ni VENDA ésta, y ofrezca un servicio de CALIDAD.
Lo cierto es que el gobernador Carlos Joaquín debió exigir desde el principio a su área Jurídica profundo análisis del tema, pues CUALQUIER beneficiado con una concesión que incumpla esas condiciones está legalmente sujeto a un proceso de REVERSIÓN, con el que puede perder la concesión sin alguna responsabilidad para el Estado, pero SÍ al pago de daños o perjuicios al afectado o afectados.
El caso es que desde la noche del lunes 28 el Congreso aprobó la Ley de Movilidad, que permite la entrada de plataformas digitales, con lo que fracasó la consulta que solicitó Carlos Joaquín, y avaló el Instituto Electoral de Quintana Roo para que la ciudadanía decidiera si regresaba Uber.
La decisión provocó una serie de bloqueos de taxistas, que mostraron su descontento con esa medida que entraría en vigor 90 días después de publicarse, aunque no se ha visto que los afectados esgriman argumentos legales para rebatirla, excepto molestias por el bloqueo de calles y avenidas, como ejercicio de un supuesto derecho de “libertad de expresión” que, sin embargo, a todos perjudica.
La intervención de un Poder distinto al Ejecutivo en el tema de la prestación de un servicio público, seguramente obligará a las partes a contratar expertos en materia legal para el análisis a fondo de las concesiones, ya que la implícita delegación del servicio NO significa que el concedente (el gobierno) renuncie a sus facultades.
En efecto, únicamente delega al concesionario lo indispensable para la prestación del servicio en la forma y términos que determina él mismo –habría que conocer el contrato-, con lo que mantiene en todo momento sus poderes de intervención, control, dirección y hasta de prestación del servicio, que en todo momento conserva su carácter público, respecto al cual atribuye al concesionario un derecho personal, sólo temporal.
Voluntaria o involuntariamente, ante la entrega de las placas, el gobierno olvidó u omitió que, por naturaleza propia, la concesión de servicio público es TEMPORAL, sin que pueda ser a perpetuidad porque implicaría, desde el momento de su otorgamiento, la transferencia definitiva de las actividades concesionadas que, por tal razón saldrían de la esfera del poder público para ingresar al ámbito privado.
Esto significaría una renuncia del Estado a esas actividades y privaría al servicio de su carácter público, lo cual sería un procedimiento absurdo, ya que la concesión sólo se utiliza para servicios públicos que no implican ejercicio de potestad o soberanía, porque, en tales casos, como los de tránsito y seguridad pública, los gestiona directamente el Estado o el municipio
Así, es recomendable la concesión para servicios públicos onerosos, por ejemplo el cobro por el servicio de baños públicos, que prevén una tarifa para remuneración del concesionario. Tratándose de servicios públicos gratuitos, si se pretende prestar el servicio mediante particulares, es más práctico recurrir al contrato de local, o gestión interesada, donde administración y empresario participan en el resultado de la explotación del servicio.
Lo único cierto es que el tema de la nueva ley y los taxistas, júrelo Usted, no será sólo de un día, pero no afectará a esos empresarios -algunos de ellos hasta con 20 placas-, no así a los verdaderos trabajadores, los choferes mejor conocidos como “martillos”, a los que aquéllos sólo emplean como carne de cañón.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 
luancaba.qroo@gmail.com                 
http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                 
@legna2003                                                                 http://luisangelqroo.blogspot.mx