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  Toda la culpa, ¡de Carlos Joaquín!




                                             Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Aunque el dicho popular es que “No hay mal que por bien no venga”, el reciente tema candente de Quintana Roo obliga a pensar exactamente en lo contrario, ya que la represión a balazos de feministas por su violenta manifestación contra los feminicidios lograron lo que parecía imposible hasta por decreto divino: Librarse de Alberto Capella Ibarra.

           Nombrado por el gobernador “del cambio”, Carlos Joaquín desde aquel 26 de septiembre de 2018, cuatro días después de la “renuncia” del entonces secretario de Seguridad Pública del Estado, el cuestionado Rodolfo del Ángel Campos, el no menos cuestionado Capella Ibarra fue mantenido en el cargo por el gobernador Carlos Joaquín contra viento y marea.

         Una lluvia de quejas de los quintanarroenses, una serie de denuncias sobre su anterior, irregular y no menos sospechoso desempeño con el mismo cargo en el Estado de Morelos, antecedieron al hoy “separado” ex funcionario, a quien siempre se le vinculó con el cartel de “Los Rojos” y desde un principio se hizo enemigo de los medios de comunicación.

         Por el contrario, apodado “Rambo” en su anterior encargo, el tijuanense de origen se veía más cómodo en la farándula pese a los dimes y diretes de sus críticos, aunque también contó con el invariable apoyo de la dócil Legislatura del Congreso del Estado, donde su único incómodo detractor fue el diputado del Partido del Trabajo, Roberto Erales Jiménez, pero se las cobró.

         No faltaron quienes lo vincularan directamente con el narcotráfico en el Estado y, ante la apatía de Carlos Joaquín en mantenerlo sospechosamente en el cargo, también al mandatario se le vinculó con el crimen organizado, mas aun cuando meses antes circuló en redes sociales una romántica fotografía suya bailando con una modelo ligada al narco, amiga de Capella, se decía.

         Lo cierto es que para la “milagrosa” caída de Capella, tuvo que darse el secuestro y posterior ejecución de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado “Alexis”, de 20 años de edad, quien desapareció el 7 de noviembre, cuando salió a comprar por el rumbo del fraccionamiento “La Joya” de la ciudad de Cancún, aunque su cadáver se encontró desmembrado en el Fraccionamiento Vista Real.

         Ante la serie de desapariciones, ejecuciones y feminicidios en esa “turística” ciudad, particularmente durante el periodo de la cuestionada alcaldesa de Morena, Mara Lezama, quien, aunque Usted no lo crea, aspira a convertirse a candidata a la gubernatura de Quintana Roo -o “mínimo, dice, a reelegirse en el cargo- un grupo de feministas organizó esa marcha de protesta el lunes último.

         El resultado, previsible porque se infiltraron grupos políticos radicales, hombres principalmente, fue que se perdiera el control y los inconformes atacaran los edificios de la Fiscalía General del Estado y del propio palacio municipal, por lo que intervino la policía municipal, de la que está  a cargo el Mando Único de Capella desde el 8 de noviembre de 2018.

         Pese a que tanto Carlos Joaquín como Capella Ibarra adujeron no tener injerencia en las áreas de seguridad de Benito Juárez “por ser soberano”, desde hace dos años se publicó que María Hermelinda Lezama anunció que mediante la firma de un convenio, se decidió que la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo se haga cargo de las labores de seguridad en el municipio.

Luego de una protesta del 5 de noviembre de ese año, cuando policías municipales sacaron a empujones al entonces encargado de despacho de la corporación, Jesús Pérez Abarca, la alcaldesa cedió el control policiaco a Alberto Capella, quien había “recomendado” al ex funcionario, relevado en mayo de 2019 por otro recomendado suyo: Eduardo Santamaría Chávez.

Lo cierto es que el saldo original del desigual enfrentamiento manifestantes-policías fue de disparos con armas de fuego, tres heridos de bala, entre ellos dos periodistas, alrededor de una veintena de lesionados a “toletazos” y patadas, así como una docena de detenidos que, lesionados, fueron a la cárcel, aunque liberados por gestiones de Derechos Humanos.

Otro saldo del choque, que presenciaron docenas de curiosos y turistas, testigos mudos, fue la renuncia Santamaría Chávez, a quien el gobernador acusó de haber sido responsable de ordenar disparos al aire, “para dispersar a los que intentaban invadir la presidencia municipal”, aunque ofreció una disculpa pública “por la incompetencia de los policías” que no acataron sus instrucciones de no ejercer violencia contra las manifestantes.

No obstante, el mandatario nunca se disculpó por sostener en el cargo a Capella, quien el propio martes ofreció vía Twitter “separarse” del cargo, lo que Carlos Joaquín “aceptó” mientras la Fiscalía y la Dirección de Asuntos Internos terminan su investigación para deslindar responsabilidades, ya que “tenemos que asegurarnos que esto no vuelva a suceder”, dijo.

Capella habría agradecido al gobernador su “confianza y apoyo” y que “esta decisión de separación es para actuar con transparencia en las investigaciones iniciadas”. La disolución violenta de los manifestantes que protestaban contra los feminicidios indignó a todo el país, y los colectivos feministas reclamaron la renuncia de los responsables.

Hasta entonces el tema de Capella Ibarra se había manejado como una “separación” -nunca dijeron Carlos Joaquín ni Capella en tanto concluían las investigaciones si sería temporal o permanente- hasta que el presidente López Obrador dijo tajante en su “Mañanera” que “Si hay voluntad, HOY MISMO el gobernador Carlos Joaquín debe resolver quién o quiénes son los responsables de la represión a balazos ocurrida frente a palacio municipal de Cancún”.

         Tras ello, Carlos Joaquín anunció haber nombrado “como encargado del despacho de la Secretaría al michoacano Lucio Hernández Gutiérrez, abogado penalista especializado en criminología y derechos humanos, quien trabajará en la capacitación continua y especializada de los agentes.

         Al anuncio se sumó el coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Carlos Orvañanos Rea, al señalar que “alguien” había filtrado la detención de tres presuntos responsables del secuestro y ejecución de Bianca Alejandrina, seguramente “chivos expiatorios” de la Fiscalía, dicen quienes saben cómo actúan las autoridades cuando están presionadas a buscar algún culpable.

Lo “bonito” de Hernández Gutiérrez es que fungía como Subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, lo “feo”, es ser otro “recomendado” de Capella. Otra “belleza” es que  en  los últimos 3 años, de 2014 a 2018, laboró en Morelos como coordinador general de Reinserción Social. 2002-2013, curiosamente durante el paso de Capella por esa entidad.

Casualmente, renunció al puesto el 10 de septiembre 2018 antes de concluir proceso de entrega-recepción del gobernador perredista Graco Ramírez, 16 días antes de que Capella asumiera en Quintana Roo. Había rendido protesta el 7 enero de 2014, en sustitución de Jesús Valencia Valencia, acusado de introducir drogas al penal de Morelos.

Tampoco Hernández Gutiérrez habría dejado buenos recuerdos en el cargo, ya que lo habrían vinculado con Santiago Mazari Miranda (a) “El Carrete”, identificado como líder de la banda “Los Rojos” en Morelos, así como con el responsable del autogobierno del penal, José Estrada García, quien le pagaba semanalmente una “cuota”.

Además de ser acusado de extorsionar a los reos y proteger el autogobierno, Hernández Gutiérrez obtuvo una calificación de 6.94 del sistema nacional de penales, aunque, a su “favor”, la calificación más alta en los penales federales es de 8.4

Otros “detalles” a su favor es, supuestamente, haber sido director operativo de Seguridad Pública del municipio de Netzahualcóyotl, durante el mandato de López Obrador como jefe de gobierno y, según Carlos Joaquín, su nominación fue consentida por Andrés Manuel, y recomendada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migraciones y Población de la Secretaría de Gobierno, además de ser cercano al senador del Morena, Martí Batres, y del Comisionado de Prevención y Readaptación Social.

Ya sabe Usted, cuando se trata de obligar a los quintanarroenses a aprobar un nombramiento -como ocurrió con el de Capella- se llena de elogios al funcionario, tal y como ocurre con Hernández Gutiérrez, sobre quien dice Carlos Joaquín que, de 2002 a 2006 fue subdirector de Seguridad Penitenciaria, director de la Penitenciaría del Distrito Federal, de la Prisión Preventiva Norte de Male y del Penal Masculino Preventivo del Sur, así como responsable del Centro de Rehabilitación Social Masculina Santa Martha Acatitla, en 2007, cuando Marcelo Ebrard era Jefe de Gobierno, bla, bla, bla.

La pregunta obligada es ¿qué necesidad había de llegar a tanta crítica, manifestaciones, ejecuciones, balazos a periodistas e inconformes y, sobre todo, una total inseguridad, cuando que hubiera sido más rentable cortar por lo sano con Capella Ibarra? O es que había o existen intereses inconfesables. Sólo Carlos Joaquín lo sabe… y jamás lo confesará.

Hasta hoy nos inclinamos sobre el tema del mandatario y su absoluta responsabilidad sobre cuanto ocurrió el lunes en Cancún, donde también tiene una enorme culpa la alcaldesa Mara Lezama, quien ya puede irse olvidando de sus aspiraciones políticas, aunque, dada la amplitud de su caso, amerita mayor tiempo y espacio, sobre todo con los casos de su “Casa Blanca” y de la basura…, de donde nunca debió haber salido.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 43 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con cinco Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 20 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

 

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