martes, 29 de enero de 2019


¡“Aventaja” CJG a Félix y Borge!


                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Con una pésima imagen como gobernante surgido de la coalición PAN-PRD, Carlos Joaquín enfrenta negros nubarrones con miras a las elecciones de junio próximo, cuando se renovarán las curules de la XV Legislatura del Congreso, en un panorama similar al de hace unos meses, cuando la oposición arrolló a “sus” candidatos.
         En efecto, los recientes índices de popularidad del ex priísta lo colocan por los suelos, conforme a las últimas encuestas, aunque mentes obtusas, por cierto, muy bien pagadas, se empeñan en señalar exactamente lo contrario respecto a quien se paseaba tranquilamente por Europa mientras el mundo se le venía encima.
         Casualmente, no pocos ironizaban que el mandatario se “preocupara” en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2018 por promover la actividad, cuando la inseguridad deja cada vez más que desear en los polos de desarrollo turístico de Quintana Roo, principalmente en Cancún, donde las ejecuciones y “narco-mantas” están a la orden del día.
         Para variar, parte de la culpa de esa innegable inseguridad recae en su secretario estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, y otra parte en el “ahijado” de éste último como titular del ramo en Cancún, Jesús Alberto Pérez Abarca, quienes no le han buscado ni pies ni cabeza a esa bomba que les explota en las manos.
         Lo cierto es que ese misterioso afán de Carlos Joaquín por poner las manos al  fuego por ambos también ha sido factor determinante para esa merma tan considerable de popularidad que, en los hechos, muy seguramente se lo demostrarán los quintanarroenses como el año anterior, con la única manera posible: En las urnas.
         Previsor de lo inevitable, sobre todo cuando su aliado blanquiazul se desmoronó principalmente en el Congreso del Estado, con un cuestionado coordinador Eduardo Martínez Arcila -“desapareció” más de 100 millones de pesos en “ayuda social” que hasta hoy se niega a explicar-, el gobernador creó un indeseable, pero, al final de cuentas, “refugio” político, desde el 2017.
         En efecto, nos referimos al Partido Confianza por Quintana Roo, que encabezan dos incondicionales suyos, Alfredo Caamal Huchin y Miguel Ramón Martín Azueta, ex delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y ex Jefe del Despacho del Gobernador -derrotado por la diputación en las elecciones de julio pasado en el Distrito 1-, respectivamente.
         El tema de cada uno de ellos, por cierto, consejeros políticos vitalicios de ese partido, es bastante amplio, en el caso del primero tras ser acusado en 2007 de hostigamiento sexual por 8 empleadas de la CDI, irónicamente 4 de ellas de origen maya, por lo que a mediados de 2011 se le impuso una multa histórica ¡de 45 mil pesos!.
Para su buena ¿fortuna?, un Juez de Distrito lo encontró culpable del delito de hostigamiento sexual, y no por acoso sexual, que el que se le demandó, aunque Caamal Huchin apeló la resolución ante el Tribunal Unitario de Cancún y el 25 de julio de ese año éste lo sentenció por hostigamiento. La especialista en defensa de género, Gabriela Rojo, dijo que se valoraría demandar por la vía civil.
Por cierto, el líder de Confianza por Quintana Roo fungió como director de Seguimiento y Evaluación de la Comuna con el también ex priísta Carlos Mario Villanueva Tenorio, pese a que contaba con una inhabilitación de dos años por parte de la Secretaría de la Función Pública -de julio de 2010 a julio de 2013- por violación a la ley de normatividad presupuestal, por la que le impusieron una sanción por 280 mil pesos.
         El acusado “reapareció” el 15 agosto de 2017, cuando gente no identificada con las fuerzas políticas y que votaron por Carlos Joaquín González se unieron para formar su propio partido, impulsados por la Organización Sustentabilidad Social y Trabajo Comunitario AC, que pretendía convertir al partido en primera fuerza política originaria del Estado.
         Muy probablemente financiado por Carlos Joaquín, el proyecto reunió a gente que votó por la alianza PAN-PRD en las elecciones de gobernador, pero que no comulgaba con los ideales de ninguno de éstos, como el propio Caamal Huchin, quien renunció al PRI en 2016 para sumarse a la campaña Carlos Joaquín.
Además, es presidente de esa Organización que, según él, carecía de “padrino” político que lo esté apoyara para constituirse en partido, por lo que, supuestamente, el gobernador no tenía nada que ver con este proyecto, sino la ciudadanía que la aceptó y confiaba en su propuesta, con sede provisional en Felipe Carrillo Puerto.
Finalmente, ante el descontento de nueve partidos registrados en Quintana Roo, surgió Confianza por Quintana Roo, con Caamal Huchin como líder vitalicio, y en mayo de 2018 obtuvo su registro ante el Instituto Electoral de Quintana (IEQROO), tras cumplir las disposiciones de ley, como celebrar 15 asambleas distritales y afiliar al menos 2 mil 826 ciudadanos.
En noviembre de 2018 también reapareció Miguel Ramón como consejero político vitalicio, mientras que se nombró presidente estatal del partido a Roger Cáceres Pascacio, “casualmente” candidato suplente en 2017 a la presidencia municipal de Tulum por la coalición PAN-PRD, y Bárbara Ruiz Velázquez quedó como secretaria.
Caamal Huchin no descartaba la afiliación de Carlos Joaquín, aunque se dijo respetuoso del Ejecutivo, e informó que elegirá a sus candidatos por los 15 distritos electorales por vía directa, sin la intervención de la militancia, aunque el 24 de enero declaró que también sería por voto libre y secreto de su militancia.
Ahora bien, acusaciones contra Miguel Ramón se han publicado en numerosas ocasiones, principalmente cuando fungió como alcalde de Solidaridad, aunque ahora resulta que su vástago, Jorge Miguel Martín Álvarez, quien fuera regidor del mismo municipio, rindió protesta como presidente del comité municipal de Confianza por Quintana Roo en Isla Mujeres, con María del Carmen Velázquez Nájera como secretaria.
El caso no tendría nada en particular si no fuera porque en septiembre de 2010 fue detenido por la Policía Federal tras ser denunciado por privación ilegal de la libertad, y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado, aunque dos horas después fue sospechosamente liberado sin ningún cargo ni fianza, en una muestra de prepotencia e impunidad, según refirió Noticaribe en ese entonces.
Con estos antecedentes, Confianza por Quintana Roo inicia su primera aventura política, con el  principal objetivo de dar refugio a la denostada imagen de Carlos Joaquín y apoyar a los colaboradores de éste que, dígase lo que se diga, refleja una mayor impopularidad ciudadana de las que tenían en sus primeros tres años de gobierno los propios Félix González y Roberto Borge ¡ver para creer!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 42 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 luancaba.qroo@gmail.com                 
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jueves, 17 de enero de 2019


Mario Villanueva, ¡ligado a candidata!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Prácticamente inadvertido o de poca importancia para la mayoría de los quintanarroenses, el Senado aprobó esta semana una lista de 10 candidatos a ocupar la titularidad de la trascendental, primera Fiscalía General de la República, para lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este jueves enviaría su terna.
         Con una lista original de 27 aspirantes a esa dependencia que sustituirá a la PGR, entre las que figuraban 4 mujeres -sólo una se quedó en el camino-, se trata de Bernardo Bátiz Vázquez, Estela Cadena Azcona, Eva Verónica De Gyves Zárate, Alejandro Gertz Manero, Bernardo Jaime González Garza, Ernesto López Saure, Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, Luis Manuel Pérez De Acha, Marcos Santana Montes y Julio Ángel Sabines Chesterking.
         ¿La dicen algo estos nombres? Muy probablemente no, pero una de ellos es una antigua conocida de Quintana Roo, muy controvertida por cierto, sobre todo por estar íntimamente ligada al ex gobernador del Estado, Mario Villanueva Madrid (1993-99), aún preso a sus 70 años de edad. Se trata de Estela Cadena Azcona, ahora de 72 años.
Vayamos por partes. La candidata incluye en su extenso curriculum como licenciada y Doctora en Derecho por la UNAM, ser catedrática de ésta, investigadora en diversos temas en el ámbito jurídico penal y miembro de la Barra Interamericana de Abogados, con estudios de doctorado en derecho penal y criminología en el Istituto di Diritto Penale e Criminologia de la Universitá Degli Studi Di Roma, Italia.
En el servicio público ocupó múltiples cargos en la Procuraduría de Justicia capitalina, fue directora del Centro Femenil de Readaptación Social del Distrito Federal, así como de Asuntos Jurídicos Especiales de la Comisión Nacional Bancaria, subprocuradora de Justicia en Oaxaca, además de delegada de la PGR en varios estados.
         No obstante, en este último caso no habla concretamente de Quintana Roo, donde fungió como delegada en 1995 y marcó su ingreso a la PGR, ya que después sería titular en  Tlaxcala, Durango, Aguascalientes y Guerrero, entre otros, según se informaría en 2011, cuando se anunció a los nuevos delegados, ella en Zacatecas.
         Como publicamos en nuestro segundo libro, “Mario Villanueva Madrid, crónica de… ¿una venganza?”, a poco más de dos años de su gobierno, Fox habían cambiado hasta a tres titulares en la delegación de la PGR en Quintana Roo, cuando que Ernesto Zedillo tuvo cinco, el primero de ellos Arturo Orantes Villarreal, quien se vinculó al narcotráfico, y convirtió en “testigo protegido”.
Pieza clave en el desmantelamiento del Cártel de Juárez en Quintana Roo, éste fue relevado en 1995 por Estela Cadena, aunque, al igual que su sucesora, advirtió que Quintana Roo era “trampolín” del narco. La ahora aspirante a la Fiscalía duró dos años, hasta ser cambiada por Alfredo Montes Mejía, y trasladada a Tlaxcala, supuestamente para protegerla de Mario Villanueva, con quien habría tenido frecuentes roces.
Alfredo Montes, por su parte, sólo duró unos meses en Chetumal como delegado, ya que en 1998 le correspondió trasladar la delegación a Cancún, donde también permaneció sólo unos meses, y le relevó Jorge Peña Sandoval un 6 de agosto, cuando aumentaban las denuncias sobre los presuntos nexos de Mario Villanueva con el narcotráfico.
         Cuatro años después de dejar Quintana Roo, el nombre de Estela Cadena volvió, cuando el Diario de Yucatán publicó en 2002, con el título “La ex delegada de la PGR en Quintana Roo sería el eslabón perdido en el proceso contra Villanueva”, que era acusada del encubrir el narcotráfico en Quintana Roo cuando fuera titular de esa dependencia.
Según el periódico, la funcionaria y Orantes Villarreal habrían definido como narco a Mario mucho antes de que trascendieran las investigaciones, aunque el entonces gobernante insistía en que el expediente en su contra lo habría armado el ex titular de la PGR, Antonio Lozano Gracia, junto con aquélla, comadre de este funcionario.
El rotativo agregaría que el testigo protegido “Enrique”, ex agente de la PGR -al parecer José Alfredo Ávila Loureiro, un sonorense que vivía en Hermosillo, quien sería citado por la defensa junto con su hermana Martha Yolanda-, habría involucrada a Estela Cadena en sus declaraciones.
Tras identificar a éstos en una fotografía, “Enrique” aseguraría que él personalmente habría entregado en dos ocasiones maletas repletas con dólares a la entonces delegada de la PGR, así como una camioneta Suburban del año que habrían adquirido en una agencia de Piedras Negras, Coahuila.
La primera entrega sería en 1995 en Cancún, por instrucciones del “Metro” Alcides Ramón Magaña, quien le diría “llévale este encargo a la señora”, a quien, “por supuesto, yo conocía, pues era la jefa”. La segunda sería en enero de 1996, cuando aquél le ordenaría acudir a la gasolinera de Felipe Carrillo Puerto, donde se encontraban Estela Cadena y el subdelegado Samuel Ocaña, a quienes entregaría otra camioneta y otra maleta llena de dólares.
Crónicas posteriores a la detención de Mario, señalarían a Oscar Benjamín García Dávila como parte de uno de los “Grupos”, el cuarto, de un complejo rompecabezas de corrupción y complicidades policíacas que se diera durante ese sexenio.
Otro “Grupo”, el segundo, habría estado compuesto por jefes de policías federales, inclusive delegados de la PGR, entre ellos Estela Cadena, arropada por su entonces Subdelegado en la Zona Norte, Arturo Orantes, cuyo mejor trabajo en Cancún fue la detención de la bailarina rumana Claudia Constantino Deaconú en 1995, con más de 5 kilos de heroína, procedente de Bangkok.
         El entonces corresponsal de Proceso, el desaparecido Martín Morita Cancino (q.e.p.d.) también se referiría al tema Mario Villanueva-Estela Cadena, cuando el 27 de marzo de 1999, cuando, con el título “El gobernador de Quintana Roo, en la mira de la PGR”, escribiría sobre 28 imputaciones contra Villanueva Madrid que lo involucran directamente con el narcotráfico.
Según diría, “el futuro de Mario Villanueva, quien el próximo 5 de abril dejará la gubernatura, no se ve muy claro, después de que la PGR, con base en testimonios de testigos protegidos, llegó a la conclusión de que tiene vínculos con el narcotráfico”.
Puntualizaría que Proceso obtuvo copia de 5 declaraciones de testigos protegidos, que de una u otra forma involucraban a Villanueva con el Cartel de Juárez, particularmente con los narcotraficantes Alcides Magaña y Albino Quintero, señalados por la PGR como gente de Amado Carrillo.
Entre los testimonios, se mencionarían también los de políticos, como el entonces subsecretario de Información de la Secretaría de Gobernación, Emilio Gamboa Patrón, así como de funcionarios del gobierno estatal, ex funcionarios y agentes de la misma PGR, y de empresarios quintanarroenses.
Respecto a los testigos protegidos, Morita Cancino reseñaría que “Juan Antonio” habría declarado el 29 de diciembre de 1998, entre otros que El Metro le habló sobre una buena relación con Mario, que en Quintana Roo “los únicos que mandamos somos el gobernador y yo”, y que el mandatario tenía buena relación con Gamboa Patrón.
Sin embargo, al testigo no le interesaba tener mucho contacto con él, ya que Estela Cadena le habría comentado que el gobernador era narcotraficante y que no le podía probar nada hasta, aunque  “cómo entiende que tenga trabajando con él a García Dávila, narcotraficante al que corrieron de la PGR por sus nexos con el narco y es subdirector de la Policía Judicial del Estado.
Así las cosas, a 21 años de distancia, reaparece Estela Cadena, ahora como aspirante a la Fiscalía General, para lo cual propone una “Fiscalía de vanguardia” que bajo las normas del nuevo sistema penal acusatorio combata delitos de alto impacto como el narcotráfico, robo de combustibles, tráfico de armas, la corrupción, ilícitos ambientales, entre otros. Propuso un plan de persecución penal con objetivos a corto, mediano y largo plazo.
“Es necesaria una procuración de justicia eficiente que esclarezca hechos, que proteja al inocente, que procure que el culpable no quede impune, y que se repare el daño”, dijo la funcionaria, quien también compite con Eva Verónica de Gyvés Zárate, Mónica Cecilia Luna Barrientos y Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria.
Aunque se tratase de un caso de paridad de género, ¿considera Usted que nuestro personaje sería la funcionaria ideal para encabezar una nueva dependencia, imparcial, carente de vicios antiguos, sin ambición de “maletas repletas de dólares”, o bien adeptas a algún partido político u obedientes de “líneas”.
¡No lo creemos!, pero pronto saldremos de la duda.

PD: De última hora, se informó que la terna de López Obrador quedó formalmente integrada por Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves Zárate y Alejandro Gertz ¡Justicia divina!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 42 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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miércoles, 2 de enero de 2019


¡Misteriosa  relación Carlos Joaquín-Capella!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
          De hace poco más de 3 meses, el 26 de septiembre para ser precisos, cuando el tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra asumió la Secretaría de Seguridad Pública, nos trae a la memoria cuando el electo presidente Peña Nieto presentó la propuesta de desaparecer a la Secretaría de Seguridad Pública -noviembre de 2012-, y su controvertido titular, Genaro García Luna, terminaba sus seis años consecutivos de incompetencia.
Lo que siguió fue una serie de promesas, en el sentido de que “ahora sí” se combatiría “en serio” el crimen y la delincuencia organizada, aunque, al igual que ahora con Capella, la condición fue esperar porque no sería posible de la noche a la mañana, aunque transcurrieron 6 años más y el problema de inseguridad no sólo no aminoró, sino que se volvió psicótico.
 La determinación del gobernador Carlos Joaquín -necedad, creemos- de nombrar un funcionario de “importación” molestó a todo Quintana Roo dados sus negros antecedentes en Tijuana y Morelos, sobre todo en este último, donde en enero de 2014 lo nombró titular de la corporación el gobernante de PRD, Graco Luis Ramírez Garrido, aunque renunció el 2 de diciembre de 2016, tras  ““un acto de profunda reflexión y conciencia”.
Dos años después, el ahora mandatario morelense, entonces alcalde de Cuernavaca, lo acusó de una serie de actos de corrupción que Capella niega y reniega pese a una denuncia formal ante la PGR, aunque en su paso por esa entidad, cuando su más cercano colaborador era el no menos controvertido Jesús Pérez Abarca, hoy titular de la policía municipal en Cancún.  
Tal como le sucedió en 2015 en Morelos, cuando policías del Mando Único lo acusaban de abuso de autoridad y denunciaban falta de herramientas para su labor, policías municipales de Cancún, protestaron en las oficinas de la dependencia y, a empujones, lo corrieron de la corporación, que asumió el 30 de septiembre a puertas cerradas.
En 2017, tras concluir su periodo, junto con el propio Capella se le acusó por despojo, abuso de autoridad, usurpación de funciones, entre otros, por haberse apoderado de manera ilegal de dinero, computadoras e instalaciones del corralón “Grúas Bahena” de Cuernavaca, por poner en la indefensión a más de 500 propietarios de vehículos de ese lugar.
Lo cierto es que hace unos días, el periodista radiofónico David Romero criticó severamente que Carlos Joaquín mantuviera contra viento y marea a Capella en el cargo, pese a que, se sabe, estuvo perfectamente enterado de todas las irregularidades en que incurrió por Morelos, amén de no cesar las ejecuciones y asaltos, particularmente en Cancún y Playa del Carmen.
Cuestionado por su abierta relación con el ex gobernador Roberto Borge, sin embargo, David Romero no ha sido el único periodista en dejar entrever el misterio que rodea la contratación de Capella por parte del mandatario, ya que, entre muchos otros, se suma el nombre de Alfredo Griz Cruz, a través de la cuenta AQN Noticias (Antes Que Nadie)
El colega publicó la columna “El cartel de los Rojos llegó para quedarse en Quintana Roo”, que circuló por redes sociales con una serie de denuncias, entre ellas que dicha organización le pagaba al ex fiscal Miguel Ángel Pech Cen ¡un millón de pesos mensuales! y que conocen a Capella y a Pérez Abarca.
Originario de Veracruz, Griz Cruz, quien aparece como presidente de Arrakis Consultores, también figura como colaborador del periódico Tribuna en ese Estado, donde ha sido víctima de secuestro por sus publicaciones en torno al narcotráfico, particularmente sobre “Los Rojos”, de los que logró escapar en su momento.
El caso es que su columna se refiere a una entrevista con “Alberto González” (a) “Amarillo”,  con quien departió dos copas en un bar semivacío, donde dos sicarios escoltaban al primero. Ese bar habría sido rafagueado hace unos meses y matado a una de sus meseras.
Según el relato, lo primero que le dijo “Amarillo”, lugarteniente y sicario de Humberto Leonardo Flores Campuzano “El Flaco” -a su vez lugarteniente de Santiago Mazarí Hernández “El Carrete”, líder de ese cartel, fue que “los rojos llegamos para quedarnos, y para quedarse bien”.
Para ese efecto, diría que “traen esquina” -en el argot criminal, con la venia de autoridades estatales y locales-, pues habrían invertido mucho como para retirarse de la plaza sin pelear, no precisamente a balazos sino a ser más estratégicos.
Y es que, señala Griz Cruz, la violencia se ha intensificado en Cancún a niveles exorbitantes, sin una sola autoridad no coludida en el crimen organizado, y el estado de derecho desaparecido en Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, lo que ha desesperado a la ciudadanía, que cierra negocios ante el aumento de extorsiones, cobros de derecho de piso, asaltos, levantones, secuestros y asesinatos a roda hora del día.
Más adelante, el sicario dijo que le habrían estado dando un millón de pesos mensuales a Pech Cen desde inicios del 2018, cuando comenzó a recrudecerse la violencia en Cancún, aunque el ex Fiscal los habría traicionado con la detención del “Flaco”, por lo que, en lugar de ser más violentos, decidieron aumentar la cuota para seguir operando discretamente mientras se fortalecían y poder defenderse de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La traición de Pech Cen les sirvió para ser más cautos y esperar que las cosas mejoraran mientras los sus rivales se batían, por lo que se mantuvieron ocultos en áreas muy específicas de la ciudad, como las Regiones 95, Paseos del Mar y Corales, hasta agosto del 2018 cuando el ex secretario de Seguridad Publica, Rodolfo del Ángel, reconoció públicamente que “Los Rojos” operaban en Quintana Roo, sobre todo en Cancún.
Preguntado por qué Cancún, explicaría que por ser el Estado numero 11 donde tuvieron presencia, en ese momento les faltaban 22 y las cosas se acomodaron, pues la lucha entre los otros rivales les permitió crecer y apoderarse de la plaza, pero también porque crecieron “de forma empresarial”, al pasar de grupo delictivo a cartel bien configurado.
El salto les habría permitido aspirar a crecer, además de ir entendiendo la mecánica de los demás, pues no iban a poder combatir frontalmente con ellos por ser demasiado violentos. De hecho las armas fuertes de Nueva Generación son la violencia y la corrupción, al grado tal que si ellos le daban un millón al ex Fiscal, ¿cuánto le estaría dando ellos o el Cartel de Sinaloa?
Según “Amarillo”, Pech Cen se habría retirado con dinero suficiente como para no volver trabajar más en su vida, pues no sólo los narcos le daban dinero, sino también la mafia cubana y los colombianos que, al principio le daban dinero para que los dejaran trabajar con los préstamos “Gota a gota”, pero una vez que el Cartel Jalisco los sometió, dejaron de pagar porque le reportaba a éste parte importante de sus ganancias y extorsiones a comercios de zonas como Santa Fe, Jardines del Sur y el centro de Cancún.
En relación con los encargados de pagarle al ex fiscal para dejarlos trabajar, dijo que primero “El Flaco” a mediados del 2017, con 500 mil pesos, y a fines de octubre Pech Cen les habría dicho que necesitaba más para mandos de la Policía Ministerial porque en las zonas que estaban de influencia del Cartel de Sinaloa, aunque el ex fiscal también debía darle dinero a gente cercana a Carlos Joaquín… y la cuotas subió a un millón mensuales.
Pero después de que detuvieran a aquél, “Amarillo” entregaba el dinero a Pech Cen a través de “Caraveo”, Mata Alvarado (“Kalimba”) y Daniel Meraz, y Jesús Fabela alias “Chuy”, encargados de recibir una maleta casi siempre en la misma Fiscalía, en Chedrahui, frente a la dependencia, donde se acercaba la camioneta del Fiscal.
Preguntado sobre la llegada de Capella y otros mandos en seguridad pública, afirmó que no les preocupa para nada porque “esos vales”, son compas: “Pon mucha atención a quiénes está atacando ellos. Ahí te darás cuenta por dónde viene la línea y la negociación, nosotros estamos a la espera nada más, con perfil bajo, pero pilas bien pilas, porque en este jale no puedes estar pendejeando”.
Respecto a la militarización de las ciudades y el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Cartel de Sinaloa y el de Jalisco y si se aliarían a alguno, dijo que aún no lo deciden, pero “tenemos ya buenos aliados, tenemos gente en sectores muy específicos que no vamos a dejar ir tan fácil, ya que son punta de lanza para afianzar bien la plaza”.
Apuntó entre esos sectores a guías de turismo, vendedores ambulantes, todos los bares de la avenida Kabah, algunas construcciones grandes donde tienen estacas trabajando y gente vendiendo. “Estamos en todos esos sectores que los otros siempre habían despreciado, se fue el fiscal pero llegaron buenos amigos y aunque pagamos lo mismo, ahora el escenario se aclara”, dice.
Sin mencionar a quién le pagan ahora, aseguró, sin embargo, que la cifra ascienda a “como dos y medio millones y medio de pesos, repartidos en Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos.
Sobre el gobernador Cuauhtémoc Blanco, señaló que desde Cuernavaca les declaró la guerra, “pero ya habremos de llegar a un acuerdo con él”, mientras que Capella y “no son mis amigos, no tratan conmigo, tratan con el jefe desde allá de Morelos, yo no los he visto personalmente, pero no tenemos problemas con ellos”.
¿Y así pretende Carlos Joaquín ““ahora sí” combatir la delincuencia y el crimen organizado en Quintana Roo? ¿Quién seguiría cobrando los 2.5 millones de pesos de “Los Rojos” para permitirles “trabajar” tranquilamente en el Estado? ¿Cuáles el misterioso papel del gobernador en el nombramiento de Capella?

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jueves, 20 de diciembre de 2018


¡El  verdadero lodazal de la SCJN!


                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tras la reunión de la semana anterior entre diputados de Morena y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), éstos guardaron sus “hachas de guerra” -momentáneamente, aclaramos-, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque es claro que esto no significa que hayan fumado la pipa de la paz.
Entre los principales acuerdos del 12 de diciembre, con ocasión de un desayuno al que convocó el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y que encabezó el coordinador de los legisladores, Mario Delgado Carrillo, se incluye que la primera mantendrá sus actuales salarios, aunque los próximos ministros no podrán ganar más que AMLO.
Para ese efecto, Mario Delgado dijo que, supuestamente, no existe confrontación con la Corte  -sólo supuestamente- aunque sí con partidos que rechazan la austeridad republicana. Por otro lado, el Poder Judicial, además,  será el que definirá el monto de los salarios de su personal, en tanto que la reducción respecto del salario presidencial sólo será para futuros miembros.
Sin embargo, el pleito de López Obrador con los 11 ministros tiene su origen desde 2006, cuando éste los acusó junto con  los magistrados de Circuito y a los jueces de Distrito de ser privilegiados y tener de los mejores sueldos del mundo. Y desde ese entonces anticipó que, de llegar a la Presidencia de la República, se los recortaría.
Como se sabe, la mayoría de Morena en el Congreso, partido que fundó López Obrador, impulsó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para “topar” el sueldo de todos los funcionarios al salario actual del titular del Ejecutivo (108 mil pesos mensuales)
Y es que conforme a diversas investigaciones serias, los ingresos mensuales integrados de los juzgadores son, para un ministro de la SCJN, 578 mil 186 pesos; Consejero de la Judicatura, 578 mil 186; Magistrado electoral, 578 mil 186, y un Juez de distrito, 340 mil pesos.
En la historia reciente destacan tres fechas: El 5 de noviembre, cuando el Ejecutivo publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que especifica que ningún servidor público recibirá una remuneración mayor a la del Presidente de la República, la cual será de 108 mil pesos.
El 26 de noviembre, en ejercicio de sus facultades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad para que la Corte determine la constitucionalidad de la Ley de Remuneraciones, bajo el argumento de que la regulación de los ingresos de los servidores públicos debe garantizar el respeto y protección de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad.
El 5 de diciembre, 55 senadores de oposición tramitaron ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones aduciendo que el Ejecutivo quiere situarse por encima de los otros poderes, pero no debe lesionar los derechos humanos ni laborales de los trabajadores.
Así las cosas más de 5 mil funcionarios se ampararon contra la Ley, y la Corte suspendió su aplicación. El ministro Alberto Pérez Dayán concedió en su acuerdo de admisión “la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no se fijen en términos de la ley reclamada, en tanto se resuelva la controversia”.
El 8 de diciembre López Obrador calificó como un error de la Corte la suspensión de la aplicación de la Ley hasta que revise su constitucionalidad, ya que con “sueldos exagerados, estratosféricos, de hasta 600 mil pesos mensuales, están dando mal ejemplo quienes deberían impartir justicia”.
Dos días después, y de manera inédita, más de mil 400 jueces y magistrados de la Asociación Nacional de Magistrados y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación rechazaron de manera pública la Ley de Remuneraciones, y denunciaron un intento del Senado para entrometerse en la autonomía del Poder Judicial de la Federación.
Para ese efecto, el 11 de diciembre, los senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, presentaron a la Corte un recurso donde acusan a Pérez Dayán de cometer errores procedimentales y, con ello, poner en riesgo la economía nacional.
Horas después, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, uno de los cuatro aspirantes a presidir la Corte a partir de enero, pidió a jueces y magistrados no caer en provocaciones: “Es necesario apelar a la sabiduría judicial que dicta responder a cualquier crítica con más y mejores sentencias, que ordena cordura para evitar caer en la tentación de hacer política con nuestros pronunciamientos, y obliga a los juzgadores a ser prudentes”.
Al día siguiente, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal interpuso un recurso de reclamación contra la suspensión de la Ley de Remuneraciones, con el argumento de que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada.
Bajo este panorama. Mario Delgado y Aguilar Morales se reunieron para buscar una solución al conflicto, aunque se recalcó que los miembros del máximo poder judicial fijaran los salarios de los ministros, y la SCJN admitió la impugnación de AMLO por la Ley de Remuneraciones
Según los argumentos jurídicos que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia, la decisión de Pérez Dayán contradice al artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución que dice: “Al admitir la inconstitucionalidad no se dará lugar a que se suspenda la ley cuestionada”, por lo que el ministro fue más allá de lo que marca la Constitución.
Los artículos cuestionados son el 127 de la Constitución, que señala que nadie puede ganar más que el Ejecutivo federal, mientras el 94 establece que no se pueden reducir las remuneraciones de ministros jueces y magistrados durante su encargo.
La SCJN no tiene plazo perentorio para debatir el tema, aunque el ministro presidente argumentó que por primera vez podrá haber un periodo extraordinario después del 15 de diciembre si así lo proponen los ministros instructores que proyectan el tema.
Con todo, sin embargo, la “bomba” que detonó el conflicto de la Corte y colocó a la población en su contra, se remonta apenas al 3 de julio de 2017, cuando Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos, como miembros del organismo “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” difundieron un estudio del Consejo de la Judicatura.
         El trabajo desnudó el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación, donde al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras, con “redes clientelares” que se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 Circuitos con familiares en la nómina.
El reporte enlista datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. También revela que otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial comparten espacio laboral con sus parientes, y aunque identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, no dio nombres.
Según el artículo 97 constitucional, jueces y magistrados están facultados para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se concibió para garantizar la autonomía de los jueces, pero se desvirtuó para nombrar discrecionalmente a parientes, como evidencia estudio del consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada.
No sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución. Muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación, sin ser posible iniciarles proceso o expediente o alguna responsabilidad, advierte el estudio.
Entre otros, se exponen casos extremos, como el de un magistrado del Circuito de Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.
Otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes cada uno.
Los datos de este estudio los recopiló Felipe Borrego Estrada en visitas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 a 31 circuitos del país, y corroboró con información del Consejo. El informe no incluye el primer Circuito, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que los responsables del estudio no pudieron obtener información; tampoco fue posible en Nezahualcóyotl y Naucalpan.
De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tiene parientes en el Poder Judicial; de mil 031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%, aunque hay estados donde el nepotismo es más grave, como en el 16º Circuito, de Guanajuato, donde 38 de 46 titulares tienen familiares, equivalente al 82.61%.
En esa entidad, un magistrado tiene a su pareja como Secretaria del Tribunal, además de emplear a dos hijos como oficiales administrativos, aunque el nepotismo también se manifiesta en el resto del personal, no sólo entre los titulares: De 1,214 servidores públicos adscritos al Circuito, 438 tienen parientes.
Muchos de esos empleados tienen múltiples familiares, como un secretario de Tribunal, con dos cuñados, un concuño, cinco primos y una sobrina en cargos administrativos, mientras otro secretario particular incorporó a una hermana y seis primas.
En el Circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tiene parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares. El Circuito correspondiente a Jalisco ocupa el tercer lugar con más juzgadores con parientes en el Poder Judicial, con el 76%.
Bajo la “premisa” de Estado chico, nepotismo grande”, en Colima no abusan los jueces, sino los empleados. Su Circuito 32º es el que tiene el menor número de empleados  en el Poder Judicial, pero a la vez es el que registra mayor porcentaje de posible nepotismo: De 199 empleados, al menos 136 tienen parientes -principalmente esposas, hermanos e hijos-, lo que representa el 68.34% del total de plazas.
En contraste, el nepotismo entre juzgadores es el segundo menor en el país, pues de 10 jueces y magistrados, sólo dos tienen parientes.
Pese a ser el Estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos porcentajes de nepotismo judicial, el 70% en el caso de juzgadores y 45% entre los funcionarios del 28º Circuito.
Jalisco: El virreinato de los hijos. El tercer Circuito, de Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a hijos de jueces y magistrados. Tiene 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. Por ejemplo, uno de los magistrados de Circuito tiene trabajando a sus 4 hijos, uno de ellos oficial administrativo, dos más secretarios de tribunal y de juzgado.
Otro magistrado tiene dos hijos como oficiales administrativos y otro como actuario judicial. También aparece el caso de otros tres hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal.
Esta práctica de emplear a los hijos de magistrados y jueces se ha replicado en 29 de los 31 Circuitos revisados en el estudio: Nuevo León ocupa segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen a 36 hijos trabajando en el Poder Judicial, aunque hay casos extremos, como de un juez del Estado de México, con tres hijos y a cuatro nueras con cargos variados como secretario de tribunal, actuarios judiciales y empleados administrativos.
Por otro lado, el estudio identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o ex esposa trabajando en el Poder Judicial, destacando el Circuito 6º de Puebla, donde se dio trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados: el 16º de Guanajuato, con 10 casos, y el 18º de Morelos, con 9.
¿Alguien dijo que las nuevas parejas y los ex no pueden tener una sana convivencia? Hay magistrados que lo han hecho posible: Un magistrado del 2º Circuito del Estado de México, tiene trabajando a su actual cónyuge como secretario de tribunal, y a su expareja, como secretario de juzgado, además de emplear a su cuñado como oficial administrativo.
En el circuito de Guanajuato hay un caso parecido, con un magistrado que tiene a su ex cónyuge como oficial administrativo, y a su actual pareja como secretaria del tribunal, además de emplear a dos hijos.
Por otro lado, el tema destaca los casos de 136 juzgadores con hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales, Michoacán en primer lugar, con 20 casos, seguido de Jalisco, con 17, mientras en algunos circuitos, los magistrados han empleado a varios hermanos, como en el Estado de México, donde 13 juzgadores tienen a 17 hermanos como oficiales administrativos y secretarios.
Para completar la familia, también se da empleo a los padres, práctica que se observó en 11 circuitos, donde trabajan los padres de 27 magistrados y destaca el caso de Puebla, donde 13 juzgadores emplean a sus progenitores, pero, además de compartir empleo en el Poder Judicial con ellos, un magistrado ocupó a ocho de sus tíos como secretarios, actuarios y empleados administrativos.
Otros dos magistrados de Querétaro y Nuevo León tienen a 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondientes a esas entidades.
Así las cosas ¿existe alguien que aún piense en alguna animadversión “personal” o campaña “política” de AMLO contra la SCJN? ¡Sería tanto como razonar o pensar con los pies!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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viernes, 14 de diciembre de 2018


¡Enemigo  oculto de los bolsillos!


                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
El 29 de febrero de 2016, con el título ¡Nos “come” la usura de los bancos!, publicamos que “la facilidad con la que bancos y particulares -no necesariamente del sistema financiero-, ofrecen sin ninguna regulación créditos, tarjetas bancarias y cualquier tipo de crédito, permite adquirir cualquier cosa que en otras circunstancias nos llevaría meses o años adquirir”.
Eso es precisamente lo que hace atractivo el crédito para el consumidor, sin importar a veces la tasa de interés, por lo que existe gran demanda por adquirir cualquier tipo de crédito, y ha provocado elevar paulatinamente, pero exageradamente, esas tasas de pago.
Esto se dio a raíz de que Carlos Salinas privatizara sorpresivamente los bancos en mayo de 1990, pero apenas en noviembre último, cuando el senador Ricardo Monreal anunció la intención de legislar para bajarlas, como era de esperarse, el mundo se le vino encima.
Según explicó, el cobro de comisiones representa el 33% de los ingresos de Citibanamex en México, cuando que en Estados Unidos sólo el 18%, algo similar con BBVA-Bancomer, cuyos ingresos por comisiones en el país significa el 36%, mientras en España sólo el 19%.
Así las cosas, el anuncio de la iniciativa provocó estrepitosa caída en la Bolsa de Valores, donde el Índice de Precios y Cotizaciones tuvo una pérdida de 5.8%, la peor desde agosto de 2011, pese a que, según análisis de la información de las propias instituciones, es notorio el enorme margen de ganancias de la mayoría de los bancos que opera en México -con matriz en el extranjero-, en algunos casos el doble de otros países.
Por ejemplo, Bancomer nos cobra un 80%, muy superior al 25% que aplica en España; banco Bilbao Vizcaya cobra en Uruguay el 17%, y en Chile el 13.68%, pero en México impone el 39.56%, mientras que el Citibank nos aplica el 85% de intereses, contra el 9% en Estados Unidos.
Conforme a un reporte del Banco de México, hasta febrero de 2014 los bancos que presentaron los intereses más altos en sus tarjetas de crédito eran Bancotel (52.9%), Consubanco (52.4%),  CrediScotia (44.2%)
Con base en la metodología del Costo Anual Total, que reporta la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la tarjeta de Bancoppel cobra 104.9%; BBVA-Bancomer, 76.75%; Banamex, 76.01%; y Santander, 92.54%.
A diferencia de otros países, en México se paga el doble de intereses con el llamado “dinero de plástico” que emplea mucha gente que lo prefiere en lugar de dinero en efectivo, sobre todo ante la abierta inseguridad, aunque su costo resulte elevado, anárquico.
Lo anterior demuestra que los mexicanos tenemos una gran desventaja y que los cobros son usureros, ya que, en la práctica, tanto los bancos de origen nacional como los extranjeros establecidos en el país cobran intereses que encuadran en la figura de “usura”: Su interés en cualquier crédito o préstamo es superior al 50%.
Conforme a la normatividad, se considera usura la tasa de interés cuando supera el 50% el interés corriente. Los intereses de bancos y otros prestamistas mexicanos corresponden a una tasa superior en la mitad a la tasa de interés corriente por sus créditos de libre designación, ya que el mismo mercado financiero fija esa tasa.
Según la Condusef, compete al Banco de México o a la Comisión Nacional Bancaria regular las comisiones, por lo que sería indispensable facultar al banco central para fijar la tasa por cualquier tipo de crédito, ya que muchos clientes terminan pagando hasta el doble o triple del crédito original.
Ante este panorama, el diputado federal perredista Arturo Santana Alfaro propuso hace dos años reformar el artículo 28 constitucional para facultar al Banco de México para fijar un tope a los intereses por los créditos o servicios bancarios del sistema financiero nacional, con lo que no constituirían monopolios las funciones del Estado en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. Nunca trascendió
Para ese efecto, en los términos que establecerían las leyes y la intervención de las autoridades competentes, el banco regularía los cambios, la intermediación y servicios financieros, y fijará el 35% como tasa máxima para cualquier tipo de crédito reguladas por el sistema financiero y entes no regulados, con atribuciones necesarias para proveer su observancia.
Lo sustancial era dotarle de esa facultad, a efecto de que el tope en el cobro de intereses por el uso de créditos financieros no rebasar ese 35%.
A más de dos años y medio  de  distancia, Morena retoma esa lucha, sobre todo frente a 13 comisiones bancarias que no quiere que paguemos más, por ejemplo prohibir cobros por consultar saldo en cajero automático interno o disponer de crédito en efectivo, entre otros.
Asimismo, incluye eliminar los 384 pesos que Citibanamex ingresa cuando se paga tarde o los 125 pesos que Banorte cobra por reponer la Visa cuando ésta se pierde.
En amplia difusión, se propone proteger a los clientes de los bancos de ese cobro de comisiones abusivas a través de la modificación de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito en Materia de Comisiones Bancarias, ya que se consideran que en las 5,310 comisiones registradas en el Banco de México hay cargos que van más allá de ser un precio, distinto a los intereses, proporcionado a los servicios del banco.
Los bancos han sabido sacar provecho de la desinformación de sus usuarios, a grado tal que tan sólo en el primer trimestre de 2018 se presentaron ante la Condusef 85 mil 698 quejas relacionadas con reclamos por cobro de comisiones no reconocidos, con un importe superior a 218 millones de pesos.
De aprobarse la modificación a la ley, los bancos no podrán cobrar las siguientes comisiones: Por consulta de saldo y retiro en cajeros automáticos internos; no facturar monto mínimo a comercios que usan el producto de terminal de punto de venta, reposición de tarjeta, emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos; aclaraciones improcedentes de la cuenta derivados de movimientos o cargos no reconocidos, disponer de crédito en efectivo, anualidad de tarjetas de crédito, solicitar estado cuenta de meses anteriores en sucursal y vía telefónica, transferencias, exitosas o no, adquirir o administrar dispositivos de seguridad para producir y utilizar contraseñas de uso único; mantener saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía; cheque de caja, girado y certificado, ni pago tardío de un crédito, no pago, o cualquier otro concepto cuando se cobren intereses moratorios
 Estas comisiones que se busca eliminar se suman a algunas prohibidas: Las que inhiban la movilidad o migración de clientes de otra entidad financiera, por la recepción de pagos de clientes o usuarios de créditos otorgados por otras entidades financieras, por consulta de saldos en ventanilla, y al depositante de cheque para abono en su cuenta, que se devuelva o rechace su pago por el banco librado.
En total, se trata de 17 supuestos en los que los bancos dejarían de ingresar, por lo que las comisiones que sí podrían cobrar son las que se vinculen con el servicio prestado o por una operación realizada, siempre que no se cargue más de una vez por el mismo acto, hecho o evento.
Lo cierto es que se pretende que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezcan esquemas tarifarios que permitan reducir anualmente el cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo a los usuarios en operaciones interbancarias.
Durante el primer trimestre de este año, alrededor de 51% de las utilidades de las instituciones financieras correspondió a las comisiones. En mayo alcanzaron su nivel máximo: ¡65 mil 872 millones de pesos!
Lamentablemente, el cobro de comisiones abusivas también se debe a la ignorancia de los clientes, Morena habla de aprovechamiento, aunque el 71% de ellos no compara los productos financieros al contratar; el 27% ignora sabe si le cobran comisiones por su crédito de nómina; el 19% no sabe si le cobran la anualidad de su tarjeta de crédito, y el 38% desconoce las comisiones que le cobran en su cuenta de depósito.
El caso es que, mientras son peras o manzanas los bancos mexicanos se han enriquecido a costillas de sus clientes, aunque ignoramos si algunas complicidad de dependencias o empresas, hasta para pagar 20 o 50 pesos de inscripción, mensualidad o derecho obligan a la gente a hacerlo directamente en algún banco, donde también es prácticamente obligatorio cobrar la nómina.

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