jueves, 2 de febrero de 2023

¿Jornada de 5 horas para los trabajadores?

                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Al abrirse el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Senado, la clase trabajadora burocrática recibió un nuevo impulso que vemos muy difícil de concretar, cuando el perredista -aparente próximo huésped de las rejas-, Miguel Ángel Mancera Espinosa, lanzó un “petardo” que no termina por explotarle a  la clase patronal mexicana ni termina de alegrarles la vida a los obreros de gobierno.

         En efecto, se trata de un proyecto de decreto por el que se reformaría el apartado B, fracciones I y II del artículo 123 de la Constitución en materia de jornada laboral, con el que, según el promovente, “hemos estado trabajando en el Senado de manera constante en la búsqueda de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos”.

         Y es que, recientemente, se aprobó una reforma que tiene que ver con las vacaciones, con la que se han hecho esfuerzos importantes, y lo que se plantea tiene que ver con el avance de la tecnología, con el análisis que desde varios institutos internacionales de observación de los trabajadores en el mundo.

         ¡No es para menos pensar en ese sentido! ¿Sabe Usted cuál es la propuesta? ¡Que la jornada máxima de trabajo diurna y nocturna en lugar de 8 y 7 horas, como actualmente lo señala la ley, sea de 6 y de 5 horas! Lamentablemente, como si unos fueran hijos de Dios y otros del demonio, el planteamiento es respecto a los trabajadores del derecho burocrático; es decir, los trabajadores al servicio del Estado.

         Conforme a la iniciativa, turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, y con opinión de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social -donde muy probablemente duerma “el sueño de los justos”-, “es una revolución tecnológica que permite hoy tomar en consideración lo que se conoce como el burnout o síndrome de estar quemado por desgaste laboral”, hablando de al menos el 75% de los trabajadores que presentan estrés laboral según el Seguro Social.

         Según Mancera Espinosa, los especialistas dicen que este estrés laboral crónico no sólo afecta a los trabajadores, sino a su familia, a sus lugares de trabajo y, por supuesto, al desempeño en general del país, por lo que esta iniciativa para hacer una modificación en la jornada máxima. O sea, jornada máxima data ya de cientos de años, esa jornada máxima de 8 horas.

         Lo cierto es que hoy en el mundo son muchísimos los países que han encontrado un beneficio sustancial en la reducción de la jornada laboral, en cumplir con parámetros mucho más cercanos a lo que puede ser un beneficio generalizado en producción, pero de manera significativa en el ámbito de la salud, aunque, aclaramos, no sólo en el ámbito burocrático.

         Así las cosas, son relevantes las cifras de incrementos de muertes de trabajadores precisamente por accidentes cardiovasculares, por accidentes cerebrales en jornadas extendidas. Existe una línea en la OCDE de un grupo importante de países que han logrado una reducción abajo en el promedio, abajo de 42 horas laborales. México sigue estando muy por encima de esta cifra.

         Hay en América Latina también varios de los países que han optado por esta política laboral, y de ahí que el planteamiento es que la modificación en la fracción I constitucional  diga que la jornada máxima de trabajo diurna y nocturna en lugar de 8 y 7 horas, como actualmente señala, sea de 6 y de 5 horas.

         Por lo que respecto a la fracción II, que actualmente dice: “por cada 6 días de trabajo el trabajador disfrutará de 2 días de descanso”. Que diga: “por cada cinco días disfrutará, por supuesto, de 2 la persona trabajadora”.

         En realidad, ni siquiera les están dando esos 2 días que marca la Constitución, sino solamente uno. Entonces, de lo que se trataría es que los aparatos de gobierno y los empresarios optimicen sus horarios a fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

         Los discursos que se dieron cuando se habló de las vacaciones fueron en favor de la calidad de vida de los trabajadores, todos. No puede ser que no observemos esto que a nivel mundial se está señalando y que está hablando de trabajadores que pierden la vida por exceso en la jornada laboral, que además se vuelve ineficiente.

         En este sentido hay muchos trabajadores que terminan con sus tareas y sólo se quedan porque el reloj checador es obligatorio, o no cobran “y que conste que no estamos hablando de reducción de salario, estamos hablando de que los salarios, de que los niveles deben permanecer iguales, solamente tener la reducción de la jornada laboral”.

         Hagamos pues eco de lo que aquí hemos sostenido, veamos por los trabajadores, de reducción de jornada laboral para TODOS los trabajadores, no sólo del derecho burocrático; es decir, al servicio del Estado.

 

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

         *Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

         Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con ocho Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como 4 Congresos Internacionales y más de 50 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.

sábado, 31 de diciembre de 2022

 ¡Cumplida “venganza” del PAN!




                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Sin aparentes mayores consecuencias, -bendito sea Dios- nos afectó el virus del Covid a principios de año, y ya aplaudíamos su adiós, cuando, salido de, quién sabe dónde, sufrimos los terribles efectos de una embolia, que hasta la fecha nos sigue los pasos, pero que no impidió despedir con una columna este 2022 que, al igual que seguramente también les dejó algunos inevitables sinsabores.

         En nuestro caso, inevitable conforme a nuestra actividad, fue de corte político, pero nos dio la oportunidad de confirmar nuestro conocimiento sobre esta acción de la que depende, si no el 80, sí por lo menos el 70 por ciento de los habitantes de la zona sur de este gran Quintana Roo y que por cuyas característica, a envidia de otras entidades, se ha dado por llamar la capital del Estado más turístico del país.

         Sin tantas vueltas, lo que nos llamó más la atención e indignó hasta lo más profundo, fue el terrible traspié del presidente López Obrador, quien, después de demostrar el tremendo peso que representa para su partido Morena en el Estado, vino a decepcionar a sus miles de seguidores, y que conste que no nos referimos a los votos que ha recabado en diversas circunstancias políticas en Quintana Roo.

         El caso es que, en lo que tomamos en primera instancia como una vacilada, finalmente terminó como una realidad, al presentar como SU candidato a Embajador de Canadá nada más ni nada menos que al ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, no debemos omitirlo, medio hermano también ex gobernador de la entidad, Pedro Joaquín Coldwell, tampoco podemos olvidarlo, ex director general de Pemex.

         Lo cierto es que, como se esperaba -lo que no se esperaba era la pronta nominación-, el capricho de López Obrador quedó en “veremos” después de que la bancada del PAN logró que la votación a favor fuera mínima y no con la abrumadora mayoría que se requiere para estos casos para ser aprobada, por lo que se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo de la Permanente.

         Claro que para lograr esta determinación el PAN tuvo la complicidad de sus eternos aliados del PRI, PRD, Grupo Plural y Movimiento Ciudadano que, de acuerdo con la normatividad vigente, no pudieron ni hubieran podido fundamentar adecuadamente su voto, excepto el PAN, que sugirió “molestar” por la rapidez con la que se presentó la solicitud de López Obrador, cuando, en realidad, se trataba de una venganza, bien cobrada.

         Por cierto, los votos en contra fueron de María Josefina Gamboa Torales, Rosa María González Azcárraga, Armando Tejeda Cid, Cecilia Margarita Sánchez, Gustavo Madero Muñoz, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Sayonara Vargas Rodríguez, Jaqueline Hinojosa Madrigal, Jaqueline Hinojosa, Elizabeth Pérez ValdezMiguel Ángel Mancera Espinosa, Estrella Rojas Loreto, Alejandra del Carmen León Gastélum, Clemente Castañeda Hoeflich, Gina Andrea Cruz Blackledge, Sue Ellen Bernal Bolnik y Santiago Creel Miranda.

         Al final, la pizarra electrónica mostraba 18 votos en pro, 16 votos en contra y una abstención -por cierto de la priísta Beatriz Paredes Rangel-, por lo que no había la mayoría calificada requerida y no fueron suficientes los votos “dóciles” para que Carlos Joaquín pasara su onomástico de, manera placentera, aunque, ahora vemos, con la tranquilidad de pasar el resto de sus días fuera de las rejas.

         De esta manera se puso de manifiesto que la elección de Mara Lezama Espinosa como nueva gobernadora de Quintana Roo estuvo más plagada de complicidades que de una verdadera democracia, con la que engañaron a los quintanarroenses y los millones de mexicanos fieles a los resultados de las recientes votaciones.

         Vayamos por partes, ¿Cómo cree Usted que un gobernador del PAN haya perdido de calle una elección ante su más fiel enemigo y éste lo nombre su representante ante uno de los países vecinos con los que su gobierno busca mayor representatividad? También es sospechoso suponer un pago de favores por el apoyo ante la mudez quintanarroense por la construcción al Tren Maya que durante la campaña se desaprovechó.

         No son pocos ni únicos los factores que determinaron el triunfo de Mara, aunque desde un principio se supo que quienes menos podrían o deberían ser los eventuales rivales de Carlos Joaquín eran José Luis Pech o Marybel Villegas, ya que se le caería el plato de la boca, pero no sólo en lo que a la sospechosísima deuda pública de Quintana Roo, de la que ahora se habla hasta de milagros.

         En fin, al menos por el momento -falta hablar de Calica-, podrá pasar una casi tranquilo onomástico el ex gobernante, a quien, quiérase o no, se considera “mejor” (ja, ja, ja) que Roberto Borge.

         Antes de olvidarnos, no podemos menos que desearle el mejor de los años y que este 2023 nos depare un año de mejor salud. Dios los bendiga a todos.

            (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

         *Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

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lunes, 9 de mayo de 2022

 Mara, “política” siempre cuestionada

                                        Lic. Luis Ángel CABAÑAS BASULTO

Publicada el 20 de julio de 2018, con el título “Mara Lezama, ¡íntimamente ligada a Borge y Félix!, hicimos referencia en una columna breves antecedentes de quien hoy, arropada por coalición “Juntos Haremos Historia” -integrada por Morena, PVEM y PT- está más que lista para gobernar Quintana Roo, el Estado más turístico del país, y uno de los más peligrosos, gracias a ella misma y el aún gobernador Carlos Joaquín.

Y es que, en ese entonces señalamos que, “con una arrolladora victoria que se anticipó desde el arranque de las campañas, la periodista metida a política, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa se convirtió ese julio en la nueva presidenta municipal electa de Benito Juárez, cuya cabecera Cancún se había convertido en el trienio anterior en el principal centro de operaciones de la delincuencia organizada de Quintana Roo”.

Sucesora del jalisciense Remberto Estrada Barba, a quien apoyaron el PRI y el Verde “Ecologista” y sólo se dedicó a llenarse de dinero los bolsillos, -para todos, coaligado con el narcotráfico-, la ex alcaldesa -nunca lo investigó gracias a  los “buenos oficios” de su amigo “EL Niño Verde”-, aprovechó el entonces “efecto López Obrador” para alcanzar un sonado éxito y propiciar una nueva alternancia política en ese polo de desarrollo turístico.

Por si se había olvidado o se ignoraba, la aspirante a suceder al peor de los gobernantes que ha tenido Quintana Roo -por encima de Roberto Borge y Félix González- hasta hace 3 años carecía de trayectoria política y un equipo lo encabezaron como suplente Andrea Delfina Cruz López, y como Síndico, Heyden José Cebada Rivas -Notario vinculado a Félix y Borge-, y que fue presentadora del programa de televisión “Cancún Vive”, del canal Gala TV de Cancún, aunque obtuvo 162 mil 813 votos, cerca del 57.96% del total.

Claro, nadie sabía de su incapacidad, aunque el resultado no fue porque fueran demasiado débiles sus contrincantes, sino que la población estaba harta de los partidos tradicionales PAN, PRI, PRD y Verde, por lo que, salvo los votos “cautivos” de éstos, la gente se volcó a las urnas con Morena, Mara  y López Obrador, independientemente de los nombres… como el de Mara.

Desde el inicio de aquellas campañas se dijo que habría sido candidata de López Obrador en 2016, pero que habría recibido 20 millones de pesos de Félix González y el “Niño Verde”, así como un predio en la avenida Guayacán para retirarse de la contienda, que favoreció al innombrable Remberto Estrada, según testigos de esas operaciones.

En su defensa, la ex conductora de Radio Turquesa -propiedad del cuestionado Gastón Alegre- juró y perjuró tras su victoria que “me aporrearon por todos lados, pagaron dinerales en guerra sucia, hubo traiciones, mucho dolo, utilizaron incluso el nombre de mis hijos que me parece terrible, pero no soy una gente de venganzas, soy una gente de bien, se los digo mirándolos a los ojos”.

No obstante, lo que sí era público es que Mara Lezama también obtuvo “premios por alabar al gobierno de Borge a través de sus micrófonos, entre ellas la concesión de placas de taxi el 14 de octubre de 2015, un año antes de que el ex mandatario ahora preso dejara el poder, en una operación que incluiría a otros “periodistas” afines, funcionarios, amigos y familiares, con lo que se inundaría Cancún con 2 mil concesiones.

Sin embargo, la aspirante aseguró que “no existen las supuestas placas de taxi, pero ahora las voy a buscar, y si existen a ver qué curso les damos, porque alguien las tiene por ahí. Puedo garantizar que nunca he recibido un “chayo” y mis patrones me han pagado muy bien -¿Gastón y Luis Alegre? ja, ja, ja-, gracias a Dios, también trabajo todo el día.

Con todo, su concesión, dice: “Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, en uso de las facultades que me confieren los artículos 90 fracción XVIII de la Constitución política del Estado libre y soberano de Quintana Roo 1, 2 y 8 de la ley orgánica de la administración pública del Estado 3, 4 y 5 apartado “A” fracción 1, 9, y 3, 4 de la Ley de Tránsito, transporte y explotación de vías y carreteras de Quintana Roo, y previo a la tramitación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte a través de la dirección de comunicaciones y transportes del Gobierno del Estado, tengo a bien expedir a favor de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa el presente Título-Concesión”.

Por otro lado, Mara asegura que “nadie por encima de la ley se apellide como se apellide, sea quien sea, tenemos que recibir las cuentas de manera correcta, tiene que ser auditables y viene un parteaguas”.

Según pruebas documentadas Borge le habría dado cinco concesiones, con los siguientes nombres: Omar Terrazas García, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Daniel Berrón Lezama, y los menores Omar y Mara Terrazas Lezama, todas en Cancún, donde cientos de “martillos” han esperado por décadas que les toque alguna de esas preciadas placas, que se cotizaban en 350 mil pesos cada una.

Mara y familiares figuran en la página 148 del Padrón de Concesionarios del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) del municipio de Benito Juárez, de la Dirección de Comunicaciones y Transporte de SINTRA, según documento que el Gobierno de Quintana Roo hizo público.

Ahora bien Heyden Cebada, quien coordinó la campaña de Mara a la alcaldía, es ni más ni menos que el Notario Público del “Félix-borgismo” involucrado en 6 de los 8 predios de las reservas territoriales públicas de Cancún que Borge vendió de manera irregular, según expedientes catastrales.

El entonces segundo a bordo de la munícipe es titular de la notaría número 62, ubicada en la calle caracol, SM. 27, Manzana 6, Retorno 7, Lote 3, número 74, entre las avenidas Palenque y Chichen Itzá, con patente que, casualmente, le otorgó Félix González.

La lista de actos de corrupción donde ha estado involucrado Heyden Cebada en complicidad con su padre, inhabilitado para ocupar cargos públicos, pasa por el famoso caso Dragón Mart, proyecto fallido durante el sexenio felixista, así como acusaciones de tráfico de influencias en varios gobiernos municipales de Cancún.

Esta era la nueva alcaldesa, que ni siquiera tenía un proyecto para terminar con la inseguridad de Cancún -y lo vemos ahora en los hechos-, por lo que más probable era que, en las siguientes elecciones, ni siquiera se ubicara Morena con la mitad de los votos que obtuvo ella misma y que aquel fuera el escenario de un “debut y despedida” para hacer lo mejor que sabe: Usar los micrófonos como conductora.

Lamentablemente, López Obrador y Morena la volvieron a “apapachar”, desde luego con el consentimiento convenenciero de Carlos Joaquín, quien intercambió su seguridad a cambio de que la periodista, quien lo que mejor hace es amenazar a sus ex colegas, hiciera lo mismo que hizo con Remberto Estrada: Como el chinito- Nomás, milando, nomás milando.

  

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 45 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

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viernes, 18 de marzo de 2022

 CJG, ¡el mayor “gandalla” de Q. Roo!

                                         Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Consummatum est  (locución latina que significa “se acabó todo”, “todo está cumplido”)

         Y es que, efectivamente, con el registro de la ahora ex secretaria de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Yohanet Torres Muñoz, para encabezar la lista de “candidatos” (ja, ja, ja) a diputado plurinominales, finalmente por el Partido Verde “Ecologista” (nuevo ja, ja, ja), el lamentablemente aún gobernador Carlos Joaquín terminó por coronar un verdadero “trabajo” de ensueño.

         Aunque, le parezca un poco o mucho exagerado, la verdad es que podríamos llenar toda esta columna de “comillas”, ya que dicho signo de ortografía, en realidad, sirve para indicar que la palabra o palabras se citan de otro texto o deben entenderse de un modo especial.

         Lo cierto es que, el tema de Yohanet Torres como candidata a diputada -de la manera que fuera-, ya se venía manejando desde varios meses atrás, y aunque al principio pareció una broma de muy mal gusto -sobre todo por el medio informativo en que se manejó-, al final de cuentas entendimos que sería el cerezo del pastel  en el “gobierno” de Carlos Joaquín.

         En efecto, sucesora del tristemente “célebre” poblano Juan Vergara Fernández, al que el mandatario pretendía convertir en diputado federal -se vio obligado a renunciar por malos manejos y entregar la batuta el 8 de enero de 2018-, Yohanet Torres jamás en su vida ha sido política ni por asomo, pero en las circunstancias que la rodean se vio obligada a serlo.

         Pero, vaya, en el malogrado sexenio que finalmente concluye, Carlos Joaquín hizo y deshizo lo que vino en gana y de la manera que quiso -no de balde dicen que se trata de un gobernador “sordo, ciego y mudo”-, tal y como ocurrió, entre otros múltiples ejemplos, con su capricho de imponer al costo que sea a su entonces secretario de Gobierno, el panista Francisco Xavier López Mena, como rector de la Universidad de Quintana Roo.

         “Casualmente” nombrado el  18 de enero 2021 por el secretario de Gobierno, Jorge Arturo Contreras Castillo, como Subsecretario de Enlace Interinstitucional, el hijo de López Mena, Frank López Reyes, se registró como candidato del PAN a diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito VIII… y todo queda en familia, ¿No?

         Si se trata de necedades de Carlos Joaquín, sin embargo, también le toca un mucho a su supuesto ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, a quien sostuvo contra viento y marea, hasta “renunciar” -Carlos Joaquín dijo haberlo cesado- finalmente en noviembre de 2020, tras un mayúsculo escándalo público y a balazos en Cancún.

         Pese a que Lucio Hernández Gutiérrez fue nombrado como encargado del despacho ese mismo mes, en los hechos se sabe que Capella Ibarra sigue siendo el mero mero.    

         Ahora bien, Yohanet Torres no es ninguna iletrada. Es Licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UAM, de donde se certificó profesionalmente a través de la Federación de Colegios de la Contaduría Pública de México, y tiene una Maestría en Impuestos y estudios de doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos.

         Antes de fungir como titular de Finanzas era Recaudadora de Rentas en Solidaridad y es socia fundadora del Colegio de Profesionales de la Contaduría de la Riviera Maya, al igual que de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, y socia activa de la Academia Fiscal Mexicana y del Colegio de Especialistas Fiscales. Cero política

         El meollo del caso es que convertirla en diputada, por estar primera en la lista del Verde- como seguramente ocurrirá-, muy probablemente será titular de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, desde donde podrá “maniobrar” para que todas las Cuentas del Gobierno del Estado, inclusive las que se “maquillaron” para las  campañas, resulten inmaculadas.

         Para no pocos, el ex gobernador cozumeleño Félix González Canto -de no pocos tristes recuerdos para Quintana Roo- habría sido parte del equipo de “asesores” del yucateco hermano del ex gobernador Pedro Joaquín Coldwell y habría “negociado” con él su acercamiento con el Verde, tras que tanto el PAN como el  PRD se negaran a aceptar como candidata a Yohanet Torres.

         Para nadie es desconocido que, al igual que Carlos Joaquín, González Canto sufrió las de Caín para poder “justificar” el sonado multimillonario endeudamiento de Quintana Roo, para lo cual envió a Fredy Marrufo durante el último tramo de  su gobierno al Congreso del Estado, donde fue “electo” por sus pares como titular de la Comisión de Hacienda, y tan-tan. Se lavaron deuda y malos manejos.

         El “agradecimiento” de Félix no paró ahí, ya que después de “nombrar” como sucesor a Roberto  Borge, éste lo hizo candidato a Senador y, en menos que canta un gallo, negoció para que su paisano Fredy Marrufo fuera nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano.

         El “gandallismo” de Carlos Joaquín alcanzó todos los niveles, inclusive negociaciones con Morena para apoyar, primero, la candidatura de Mara Lezama para la reelección de ésta en Benito Juárez, pese a que, a diferencia del 2018, cuando la ex “periodista” obtuvo 162 mil 670 votos en alianza con el PT, con el Verde, PT, y MAS, ganó la elección con 89 mil 704 votos. Es decir, se reeligió con 72 mil 966 votos menos que los de 2018.

         Desde ese entonces estaba visto que el mandatario le apostaba a huir de la cárcel, ya que el sobreendeudamiento del Estado rebasa límites imaginables, a grado tal que, en castellano, hasta hace unos meses se hablaba de hasta 70 mil millones de pesos, cuando que el equipo joaquinista y el propio Carlos Joaquín se refieren a poco más de los 23 mil millones que le heredó Borge.

         Las negociaciones del gobernante también llegaron hasta lo más alto de Morena, a la cúpula, primero con el mismito presidente Andrés López Obrador, a quien le vendió el compromiso de hacer gobernadora a Mara Lezama, para lo cual se instruyó al dirigente nacional Mario Delgado Carrillo “ajustar” cifras y votos para relegar a los demás aspirantes a candidatos de Morena.

         Al parecer satisfecho con el “acuerdo”, el mandatario federal, mal instruido por sus asesores, declaró públicamente -olvidó que las declaraciones no son lo suyo- que podía convertir en colaborador suyo a Carlos Joaquín al concluir el sexenio de éste. Es de esperarse: Ojalá lo enviara como cónsul en el fin al mundo, al igual que a otros malos gobernantes.

         Ya desde un principio se sabía que la senadora Marybel Villegas Canché no era precisamente a quien el mandatario quería o prefería como abanderada de Morena a la gubernatura, sabedor de que quien resultara nominada tendría muchas posibilidades de triunfo para la gubernatura, y no porque tuviera “ángel” o por su capacidad, sino por el volumen de votos de ese municipio y por muchas millones de razones con formas de billetes.

         De haber resultado nominado candidato el también senador José Luis Pech, créannos que tampoco hubiera sido una perita en dulce para las maniobras de Carlos Joaquín, como tampoco el empresario-actor Roberto Palazuelos Badeaux, y de ahí las insistentes campañas contra ambos, el segundo de ellos más que justificado por su ego-gandallismo.

         Finalmente, aunque de años atrás, habría que ponderar la negociación permanente del mandatario con los propietarios y periodistas de los diversos medios de comunicación, con los que se firmaron jugosos contratos que, casi podemos asegurar, no figurarán en las listas de “las putas de Carlos Joaquín”, tal y como ocurrió con el caso de Roberto Borge. Ni habrá listas.

         Ahora bien, si del cuestionado equipo del mandatario se trata, no podemos menos que referirnos a otro cuate suyo que, vía PRD, desde un principio fue objeto de denuncias por redes sociales -ya sabe Usted, la prensa no puede hablar-, nos referimos al “brillante” director de la Comisión de Agua Potable, Gerardo Mora Vallejo, hermano de la actual futbolista convertida en diputada, Iris Adriana.

         También candidato a diputado plurinominal, y también en primer lugar, ahora por el PRD, Mora Vallejo, fallido candidato a gobernador en 2010, es fuerte “competidor” en ese renglón de otra pésima “colaboradora” de Carlos Joaquín, sostenida pese a permanecer 6 años en el ojo del huracán: Nos referimos a la prepotente Rosa Elena Lozano Vázquez, aunque, por falta de espacio, en breve habremos de referirnos a ella.

          

            (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

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miércoles, 21 de julio de 2021

 ¡Nos hunden CAPA y gobernador!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Otrora “caja chica” del gobernador del Estado en turno para financiar las campañas del PRI, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) atraviesa por una de las peores crisis de su historia como empresa política que, con una de las tarifas más elevadas del país, sobrevive prácticamente sólo para sostener fuentes de empleo y una pesada burocracia.

         A unos meses de cumplir 41 años de creada, la empresa-dependencia también servía para el pago de favores de los gobernantes o de apoyo a la promoción de imágenes, como fue el caso del ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, candidato del PRI-PAN-PRD a diputado federal recién derrotado, a quien nombró el ex gobernador Roberto Borge, cuando era recién electo diputado local.

         Hoy a cargo del cuestionado perredista Gerardo Mora Vallejo, a quien no se le puede cargar toda la responsabilidad de heredar un servicio que se hunde cada día más, CAPA, conocida como “dueña” de las calles”, se ha convertido pesado lastre desde antes de Borge, cuyos planes incluían privatizarla en favor de Aguakán desde el escándalo de la documentada “desaparición” de más de 1,055 millones de pesos.

https://luisangelqroo.blogspot.com/2021/01/principalesenemigos-de-chetumal-lic.html

         Como publicamos el 20 de julio de 2016, con el título “CAPA, ¡un barril de pólvora!”, la relación Gobierno-Aguakán se remonta formalmente a 1993, cuando el entonces poderoso gobernador Mario Villanueva Madrid otorgó la concesión del servicio en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)

         Según la revista Luces del Siglo, Aguakán forma parte del corporativo Bal-Ondeo, conformado por Corporativo Peñoles, propiedad del empresario Alberto Baillérez González, considerado uno de los hombres más ricos de México y principal accionista del Palacio de Hierro y Seguros GNP.

         En nuestro segundo libro “Mario Villanueva Madrid, Crónica de... ¿una venganza?”, decíamos que, tras la fuga del mandatario de Quintana Roo, la funcionaria-periodista Isabel Arvide afirmó en un artículo que publicó Milenio el 6 de enero de 2001, que ésta se habría entrevistado desde la clandestinidad con aquél, a quien primero consideraría su amigo, y luego delincuente común.

         En relación con el origen de sus “sospechosos” recursos, diría que el ex mandatario le habría confesado haber recibido 2 millones de dólares por la concesión de Aguakán -mediante decreto del 20 de octubre de 1993-, aunque también se insistiría en que “Grupo Posadas” le habría entregado millones de dólares por una serie de concesiones, y una firma embotelladora de refrescos, más millones para ingresar a Quintana Roo, al igual que una firma cervecera.

         Por su lado, Noticaribe documentó, “con los pelos de la burra en la mano”, que en tan sólo 38 días y a cambio de 1,055 millones de pesos, Roberto Borge vendió a DHC el futuro de tres municipios, aunque, hasta hoy, al menos NO en forma pública, NO existen pistas del dinero, y el gobernador Carlos Joaquín, como es su costumbre, sigue sin decir “esta boca es mía”.

         Exhibiendo papeles de Aguakán y Roberto Borge, el mencionado portal demostró que Borge sólo necesitó dos días para darse cuenta que se trataba de un gran negocio, con dinero fácil y rápido, para avalar la ampliación de la concesión del servicio en Isla Mujeres y Cancún, así como la privatización en Solidaridad, todo a favor de DHC, mejor conocida como Aguakán, subsidiarias de Grupo Mexicano de Desarrollo.

         Por si no lo sabía Usted, el término de la concesión será hasta 2053, cuando Borge, “si aún está vivo”, dice Noticaribe, esté por cumplir 74 años de edad, con un poco de suerte, creemos, aún en la cárcel.

         Como se sabe, el 10 de noviembre de 2014 Aguakán hizo la millonaria propuesta de pago único inmediato, y el compromiso de pagar anualmente a CAPA mientras durara la concesión, una contraprestación variable por el usufructo en Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad de apenas una fracción de sus ingresos. Dos días después, Borge puso en marcha toda su “maquinaria” para aprobar lo que había que aprobar para la concesión.

        Entre quienes atestiguaron la privada sesión extraordinaria del consejo consultivo de CAPA, donde se aprobó la concesión, se incluyen Borge y sus secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Mauricio Rodríguez Marrufo), Finanzas (Juan Pablo Guillermo) y Gestión Pública (Gonzalo Herrera Castilla), así como su Oficial Mayor, Rosario Ortiz Yeladaqui, y la entonces directora de la Comisión, Paula Guadalupe González Cetina.

         Asimismo, los 10 alcaldes del PRI: Eduardo Espinosa Abuxapqui (OPB), Fredy Marrufo Martín (Cozumel), Mauricio Góngora Escalante (Solidaridad), Paul Carrillo de Cáceres (Benito Juárez), Juan Manuel Parra López (Morelos), Gabriel Carballo Tadeo (Carrillo Puerto), Agapito Magaña (Isla Mujeres), David Balam Chan (Tulum), Luciano Simá Cab (Lázaro Cárdenas) y el hoy reelecto José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez (Bacalar)

         Tal y como señalamos en la columna del 6 de julio último, https://luisangelqroo.blogspot.com/2021/07/vergonzosaamnesia-de-anticorrupcion.html  todos aprobaron por unanimidad la operación. Se había escrito la historia. Ninguno le informó nada a nadie. Hoy nadie quiere hablar.

        Así, el entonces director general de CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, se cerró en 2015 a permitir el acceso a la oferta de servicio en cualquiera de sus renglones, como cuando se negó a entregar la validación de un empresario local como proveedor del suministro de agua potable en lugar de CAPA en los proyectos que construya en el Estado.

        El afectado, Sergio Zapata Vales, habría recibido de Borge la validación para operar a través de la empresa “Más allá de tus expectativas”, pero Guerrero Ortiz se negó a entregarla, pese a contar con una concesión federal de la Comisión Nacional del Agua, que le facultaba aprovechar y explotar el agua potable, que sólo el Estado, a través de CAPA, debe validarle como proveedor.

         Aunque poco difundido, su empresa trabajan bajo de sistema de ósmosis inversa que exige la Comisión para entregar agua de calidad, para lo cual dos fraccionamientos de Chetumal contaban con ello: Andara y La Conquista II.

         Para ese efecto, Zapata Vales, recién derrotado candidato a diputado federal, decía no vender el agua, sino el costo de su tratamiento, a efecto de que el consumo pueda ser directo de las llaves y evitar la compra de agua purificada y el pago adicional a CAPA, cuyo líquido, denunció, carece de la Norma Oficial Mexicana 127, pero no hace nada para apoyar a empresas con mejor calidad.

         En este sentido, opinaba que los chetumaleños consumen agua demasiada dura, quizá contaminada, por lo cual pedía un estudio de calidad al laboratorio “ABC Analítica”, certificado por la Asociación Mexicana de Acreditación.

         Hasta ahí las cosas,  la CONCESIÓN, en este caso del servicio de agua potable, conforme a Economía y Derecho administrativo, es el otorgamiento de un derecho de explotación de bienes o servicios por tiempo determinado, por parte de un gobierno o empresa, a otra empresa, generalmente privada.

         Conforme al espíritu legal, el gobierno entrega la concesión por carecer de experiencia o recursos para operarla, tal y como ocurre con las patentes de placas de taxi o Notarías, por ejemplo, con la condición de que el beneficiario sólo cuente con UNA CONCESIÓN, que el servicio no lo TRANSFIERA ni VENDA y que ofrezca un servicio de CALIDAD.

         Con todo, Carlos Joaquín jamás ha exigido a su área Jurídica un análisis profundo del tema, ya que CUALQUIER concesión que no cumpla con esas condiciones está legalmente sujeta al proceso llamado de REVERSIÓN, con la que el beneficiado pierde la concesión sin alguna responsabilidad para el Estado, pero SÍ con el pago de daños o perjuicios al afectado o afectados.

         En fin, todo un caso complicado, pero con una SOLUCIÓN que, como en el caso de CAPA y la desviación de recursos de Borge -más quienes se sumen al concluir este malogrado sexenio del “cambio”-, ¡incluye CÁRCEL! Ojalá no ocurra alguna CONCERTACESIÓN, que bien conoce el partido “oficial” del mandatario: El PAN.

         Casualmente, ¿Conocerán esta historia los sumisos diputados locales que quieren reelegirse por 6 años? ¿Sabrán qué ocurrió con los más de mil millones de pesos “misteriosamente” desaparecidos? ¡O sólo LOS están promoviendo para aprobar la no menos sospechosa, escandalosa deuda pública de más de 60 mil millones de pesos!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 44 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 30 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

 

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martes, 6 de julio de 2021

 ¡Vergonzoso “trabajo” de Anticorrupción!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Con múltiples dudas por aclarar sobre el “investigado” periodo del priísta Roberto Borge, y a menos de un año de concluir el decepcionante sexenio del “cambio” que ofreció con el PAN y el PRD para derrotar a su ahora aliado PRI, el gobernador Carlos Joaquín protegió y hasta fomentó una abierta corrupción que se convirtió en sello de la casa con su silencio.

         Curiosamente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, a cargo de la cuestionada yucateca Rosaura Villanueva Arzápalo, y supuestamente creada, entre otros, para “investigar”, perseguir y castigar los excesos del gobierno anterior -solamente comparados con los del sexenio del también priísta Félix González- parece haber servido “de adorno”.

         Mejor prueba de ello es el caso de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), mejor conocido como Aguakán, una “bomba” que explotó el 25 de mayo de 2016, cuando se puso al descubierto aquel oscuro acuerdo de Borge con Aguakán, que pagó más de mil 080 millones de pesos para “amarrar” la concesión del servicio de agua potable en tres municipios.

División del Grupo Mexicano de Desarrollo, Aguakán pagó por la concesión en Solidaridad, y ampliación en Benito Juárez e Isla Mujeres, sin autorización del Congreso o los Cabildos involucrados. Fue directo entre Borge y los entonces alcaldes Mauricio Góngora Escalante, Paul Carrillo de Cáceres y Agapito Magaña Sánchez.

Antes de explotar el escándalo, en diciembre de 2014, el Congreso había consolidado con los munícipes la concesión en sesiones “fast track”, sin previo aviso a la población, con lo que Aguakán amarró los trabajos por 30 años a partir de 20 de octubre de 1993 en los primeros municipios -o sea, hasta 2023-, aunque Borge, Congreso y ayuntamientos otorgaron la ampliación hasta diciembre de 2053.

De manera paralela, se extendió la de Solidaridad con anuencia del Congreso y ese Cabildo, pero ni el mandatario ni los tres alcaldes precisaron públicamente los términos de la concesión y si habría contraprestación. No obstante, en el Informe de Resultados del Cuarto Trimestre de 2014, DHC reveló haber pagado la contraprestación por los nuevos términos en la concesión a favor de Aguakán en los tres municipios.

Según publicaciones de la época, principalmente del portal Noticaribe, el informe precisó que la variación en su activo circulante fue por pagar la contraprestación de un millón 079 mil 400 pesos al Gobierno del Estado para ampliar la concesión hasta 2053, así como la inclusión de Solidaridad.

Tan sólo en 2014 -antes de incluir Solidaridad-, los ingresos de Aguakán por servicios habían ascenderían a 981.6 millones de pesos, 15% más que el año anterior, de 853.6 millones. Estos ingresos se debían al aumento de tarifas y la aplicación de una nueva “por saneamiento”, aunque los gastos de construcción fueron 158 millones, 51.8 millones más que en 2013, con 106.6 millones.

Empero, su utilidad de 2014 fue de 158.4 millones, después de gastos por nómina, mantenimiento, impuestos, gastos financieros, y administración, así como amortización de deuda. Fue 51.7% mayor al año anterior, cuando ascendió a 104.8 millones.

La concesión ocurrió en medio de profunda crisis financiera del Estado, ante una deuda creciente con los bancos -sumaba 25 mil millones de pesos-, aunque, por recomendación de acreedores, Borge aplicó aquella “reingeniería” del despido de cinco mil burócratas para generar “ahorros”.

Al día siguiente de la “bomba” se supo que, peleado con la transparencia, Borge había “desaparecido” los más de mil millones de pesos de Aguakán. No figuraron en las cuentas públicas 2014 del Poder Ejecutivo o de CAPA, como tampoco en la Ley de Ingresos del Estado 2015.

No sólo el mandatario ocultó el millonario ingreso, sino la Auditoría Superior y el Congreso, el primero encabezado por Emiliano Novelo Rivero -que debería supervisar el gasto público-, que omitieron alguna explicación sobre el destino de la contraprestación.

La XIV Legislatura, que “coordinaba” Pedro Flota Alcocer, aprobó el 11 de noviembre de 2014 prorrogar anticipadamente la concesión del servicio público del agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en Benito Juárez e Isla Mujeres, e incorporar Solidaridad.

En todos los casos, se determinó la vigencia de la concesión al 31 de diciembre de 2053, además de que los diputados delegaron amplias facultades a Borge y alcaldes involucrados para acordar términos: Contraprestaciones, garantías, penalidades, inversiones, facultades, obligaciones y demás detalles.

Aunque ni Borge ni los alcaldes informaron sobre la contraprestación de Aguakán por la prórroga, un documento interno de DHC estableció “…el pago de la contraprestación única de $1079.4 millones erogada al Gobierno de Quintana Roo para la ampliación de la concesión hasta 2053, así como la inclusión de Solidaridad en el área concesionada”.

Sobre 2014, el informe refirió haber recurrido a dos financiamientos por $1,150 millones, principalmente para pagar la contraprestación única al Gobierno de Quintana Roo -no a CAPA- por $1,079.4 millones.

En sus capítulos de Ingresos, la Auditoría Superior del Estado refiere que “productos” son contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derechos privados, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado, aunque la cuenta pública 2014 establece que esos ingresos fueron sólo por 138 millones 587 mil 699 pesos, muy por debajo de los mil 79.4 millones que pagó DHC.

La Auditoría  tampoco precisó en sus 63 páginas de la Cuenta Pública 2014 del Ejecutivo algún ingreso extraordinario por la contraprestación de Aguakán, mientras que CAPA señaló que sus ingresos totales fueron 727 millones 290 mil 24 pesos, y sus ingresos por derechos y concesiones, 62 millones 600 mil 992.

Con los documentos relativos al tema, Noticaribe publicó que el 11 de diciembre de 2014, la XIV Legislatura sostuvo maratónica sesión en la que aprobó 61 puntos, cuentas públicas la mayoría, pero no incluyó en el presupuesto del año siguiente el pago de la contraprestación de Aguakán.

Borge sólo había necesitado dos días para percatarse de que era un gran negocio avalar la ampliación de la concesión en Isla Mujeres y Cancún y privatizarlo en Solidaridad, todo a favor de DHC, corporativo que presidía Jorge Eduardo Ballesteros Franco.

(El 9 de mayo de 2001 la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos acusó de fraude al empresario, socios y familiares por beneficiarse ilícitamente de información privilegiada, lo que les proporcionaría ganancias por 3.7 millones de dólares. La demanda surgiría del comercio de acciones de la empresa química Nalco Chemical Company, y seis de los implicados pagarían en principio 4.7 millones de dólares)

El 10 de noviembre del 2014, DHC haría su propuesta: A cambio de la concesión, Borge habría recibido de inmediato mil 55 millones de pesos, y pagaría a CAPA una contraprestación variable anual por el usufructo en Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad: Una fracción de los ingresos del servicio privatizado.

Dos días después, Borge puso en marcha la maquinaria del Estado para aprobar lo necesario para entregar la concesión, aunque no informó al pueblo, no dio a conocer de qué se trataba la propuesta, no explicó los hipotéticos beneficios, ni en que usaría el dinero.

No actuó solo, pero tampoco tuvo oposición, pues todo involucrado dio su anuencia. Al inicio de la privatización, cuando del Consejo Consultivo de CAPA abordó el tema el 12 de noviembre, funcionarios de gabinete, alcaldes, cabildos involucrados y la XIV Legislatura la aprobaron.

         Atestiguaron la privada sesión extraordinaria de CAPA, además de Borge, sus entonces secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Mauricio Rodríguez Marrufo), Finanzas (Juan Pablo Guillermo) y Gestión Pública (Gonzalo Herrera Castilla), así como su Oficial Mayor (Rosario Ortiz Yeladaqui), y la directora de la CAPA (Paula Guadalupe González Cetina)

         Asimismo, los diez alcaldes del PRI: Eduardo Espinosa Abuxapqui (OPB), Fredy Marrufo Martín (Cozumel), Mauricio Góngora, Paul Carrillo, Juan Manuel Parra López (Morelos), Gabriel Carballo Tadeo (Carrillo Puerto), Agapito Magaña, David Balam Chan (Tulum), Luciano Simá Cab (Lázaro Cárdenas) y José Alfredo Contreras Méndez (Bacalar)

         Entre titulares y suplentes, los priístas de la dócil, controvertida XIV Legislatura (2013-16) eran Flota Alcocer, Judith Rodríguez Villanueva, José Luis Toledo, Cora Amalia Castilla Madrid, Irazu Marisol Sarabia May, Arlet Mólgora Glover, Maritza Medina Díaz, Octavio Rangel Aréchiga, Juan Manuel Herrera, Juan Luis Carrillo Soberanis, Juan Carlos Huchim Serralta y Jesús de los Ángeles Pool Moo.

         Por último, Filiberto Martínez Méndez, Víctor Mas Tah, Suemy Fuentes Manrique, José Ángel Chacón Arcos, Javier Briceño Ramos, Mario Machuca Sánchez, Óscar Rolando Sánchez Reyeros, Natalia Cruz Lara, Berenice Penélope Polanco Córdova, Delia Alvarado, Susana Hurtado Vallejo, Edgar Humberto Gasca Arceo, Freyda Marybel Villegas Canché, Miguel Ángel Caamal Sosa, Martín de la Cruz Gómez y María Elena Ruiz Molina.

         Tras la aprobación “fast track”, el 5 de diciembre del 2014, Borge, CAPA y DHC firmaron un contrato que asienta que la concesionaria pagaría al primero mil 55 millones 999 mil 962 pesos como contraprestación única al concluir el trámite de la privatización, pactado “a más tardar” para el día 18.

         Firmaron el documento Juan Pablo Guillermo, representante del Ejecutivo, y Paula Guadalupe González, junto con los representantes de la empresa, Paul Andrew Rangel Merkley y Diego Ramos González de Castilla.

         El 6 de diciembre, Isla Mujeres realizó su VIII sesión extraordinaria de Cabildo, presidida por Agapito Magaña, que aprobó unánimemente ampliar de manera anticipada la concesión hasta 2053. El 8 de diciembre hizo lo propio Benito Juárez, encabezada por Paul Carrillo, en su XII sesión extraordinaria privada, donde se aprobó por mayoría, con sólo dos votos en contra, de los regidores Nadia Santillán Carcaño (PRD) y Alejandro Luna López (PT)

         El mismo día, Solidaridad también aprobó en su XII sesión extraordinaria la entrega del servicio. Todos los regidores votaron, excepto la entonces perredista Laura Beristain, oficialmente “ausente”.

         Tras la formal aprobación en los Cabildos, en sesión que inició el 11 de diciembre y se prolongó hasta la madrugada, el Congreso aprobó por mayoría el Decreto 250, con el que quedó firme la prórroga y privatización hasta 2053.

         En “otros asuntos”, se aprobó el Decreto 249, que autorizó a CAPA a vender el inmueble histórico que durante muchos años ocupó en la Calle 10 con Calle 6 Norte, en la zona turística, así como el Decreto 251, que le autorizó un crédito hasta por 980 millones de pesos. El 18 de diciembre, Aguakán depositó a CAPA los mil 55 millones 999 mil 962 pesos acordados en el contrato firmado el día 5.

         Sin embargo, aunque en el informe del Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal 2014 figura un concepto de transferencias por poco más de mil millones de pesos, en el informe de la Auditoría sobre ese ejercicio fiscal de CAPA, aparecen ingresos y egresos menores a 800 millones. No refleja el comprobante fiscal relacionado por los mil 055 millones 999 mil 962 pesos.

         El “desaparecido” dinero también estaba registrado en el Informe de Resultados de DHC, correspondiente al último trimestre de 2014, con un apartado específico sobre pagos anticipados a CAPA para infraestructura, así como la contraprestación única, que asentó como de mil 79 millones de pesos, y una condonación de 235 millones por concepto del saldo pendiente.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 44 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 30 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

 

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