lunes, 30 de septiembre de 2019


¿“Comploh” contra Alberto Capella?


                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         No cabe duda que los publirrelacionistas del gobernador Carlos Joaquín no sólo trabajan para tratar de “maquillar” la deteriorada imagen política del mandatario, sino también, como era de esperarse, la de sus más cercanos “colaboradores”, si se les puede llamar de este modo, entre ellos -asómbrese Usted- el de su secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra.
         A un año de que el polémico tijuanense asumiera el cargo -ahora como Mando Único en la materia-, y a unas horas de su comparecencia ante la recién desempacada XVI Legislatura del Congreso del Estado, lo cierto es que, dadas las recientes señales -y pese a los últimos acontecimientos- no debiéramos ilusionarnos mucho con el resultado.
         En efecto, a seis meses de su primera comparecencia -el 4 de abril último-, cuando los entonces propios diputados afines a Carlos Joaquín, Fernando Zelaya Espinosa y Emiliano Ramos Hernández, coincidieron en no estar de acuerdo con “las cifras alegres” del funcionario porque la percepción ciudadana era de inseguridad en aumento, mañana se esperaba otra historia.
         Y conste que sobraban motivos para cuestionamientos más acordes, sobre todo después de la encalada de inseguridad cuesta arriba,  principalmente en los municipios turísticos de Cancún y Playa del Carmen -formalmente Benito Juárez y Solidaridad-, y más aun luego del escándalo por el artero asesinato del policía chetumaleño, el comandante José Antonio Archi Yama.
         Sin embargo, recientes declaraciones del diputado local de Morena, Luis Fernando Chávez Zepeda, hacen entrever una comparecencia “a modo”, ya que consideró que aún se le debe otorgar tiempo a Capella Ibarra para contar con todas las herramientas necesarias y entonces emitir una evaluación de su desempeño.
Inclusive, pese a reconocer que la percepción ciudadana es contraria a lo que dictan las cifras que presenta el funcionario, señaló que aún falta que la Secretaría cuente con el C-5 concluido, equipado, y se termine de implementar la “estrategia”.
Representante del partido del que se esperaba una verdadera oposición, tras el triste, cuestionado papel de las sumisas -al gobierno en turno- anteriores XIV y XV Legislaturas, Chávez Zepeda, de 42 años de edad, perforador de pozos en Corporación y Servicios de Pemex, fue primer lugar de la lista de plurinominales de Morena por el Distrito VIII de Cancún, y es presidente de la Comisión de Seguridad de la XVI Legislatura.
Coincidentemente, el nuevo legislador sostiene intereses contrarios a los de la senadora Marybel Villegas, quien, además de haber reconocido sus aspiraciones a la candidatura a gobernadora por Morena, pidió públicamente la renuncia de Capella Ibarra.
Por cierto, éste último no es ninguna perita en dulce en materia de comparecencias, ya que en su anterior encomienda en el Estado de Morelos, donde también dejó un mal precedente en materia de seguridad y se le vinculó con el cartel de “Los Rojos”, también compareció ante el Congreso -y en dos ocasiones-, la última de ellas, el 7 de octubre 2015, a puerta cerrada.
Fiel a su costumbre de acusar de todo a todos para justificar su incapacidad, en ese entonces los legisladores morelenses lo recibieron tras publicarse la presunta vinculación de siete diputados locales en actividades ilícitas, los sospechosos operativos de la corporación y una serie de violaciones a los derechos humanos.
Curiosamente, en el tema del policía Archi Yama, que se suma al programa de Capella Ibarra para desarmar a más de 200 uniformados con el pretexto de no haber aprobado un desprogramado examen de control y confianza, cuando, en realidad, lo que se busca es darles de baja, llaman de sobremanera la atención las últimas declaraciones del jefe policiaco.
Obligado a citar a conferencia de prensa, en  la que, sin embargo, se negó a hablar sobre su eventual renuncia, Capella Ibarra sorprendió a medio mundo al denunciar que Archi Yama, a quien tenía destacado como inspector en  Playa del Carmen, estaba ligado al ex gobernador Roberto Borge, de quien fue chofer y supuesto “prestanombres” en 6 propiedades (¿?)
Previo a su homicidio, el infortunado policía apareció en un video donde le acusó junto con otros mandos superiores de la Secretaría de haberle ordenarle a él y a la tropa “limpiar la plaza” de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación para propiciar la entrada de “Los Rojos”.
La pregunta obligada es por qué permitió que Archi Yama estuviera trabajando en la corporación como Mando -vaya, ni siquiera como simple policía- y por qué no le había dado de baja o, lo que es mejor, denunciado ante las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía General o la del “elefante blanco”, es decir la Fiscalía Anticorrupción ¿No lo habrá estado extorsionando para mantenerlo en el cargo o, lo que es peor, “cotizándolo”?
Desde luego que no lo estamos acusando, como Capella Ibarra SÍ lo hizo, sin pruebas, contra quien estaba indefenso, aunque también habría que preguntarse si está mejor informado que el “flamante” Fiscal Oscar Montes de Oca, quien no ha dicho “ni pío” sobre el tema, ya nos imaginamos el socorrido pretexto: “Sigilo” de las investigaciones.
Con todo, los recientes operativos de Seguridad Pública también obligan a pensar en una invasión de facultades y competencias, ya que está prácticamente inmersa en el tema de la delincuencia organizada, sobre todo el narcotráfico, cuando que su papel real es la de pre-ven-ción, que no la de investigación, que monopoliza el Ministerio Público ¿Verdad, licenciado Capella?
Finalmente, si de control y confianza se trata, habría que preguntarnos y preguntarse a cuánto asciende el patrimonio de nuestro personaje ¿Lo sabrán Carlos Joaquín y la Contraloría? ¿Habrá realizado su declaración 3de3 al asumir la Secretaría? ¿Será capaz de hacerla pública?... o tiene algo que ocultar.
Ahora bien, quienes acusan a la cuestionada “chapulín” Marybel Villegas de estar politizando el tema de seguridad o -entre muchas otras- de ser detractora de Carlos Joaquín, nuestra postura es que ojalá hubiera más personajes que no se limitaran sólo al tema del “maquillaje” para hablar de parcialidad contra sus intereses, y ser realmente críticos imparciales “Cantinflesco”, ¿Verdad?, pero nada lejano a la realidad.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 42 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 17 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 luancaba.qroo@gmail.com                 
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lunes, 23 de septiembre de 2019


¡Apogeo  del crimen en Q. Roo!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con un patético, mensaje político, en el sentido de que “en Quintana Roo condenamos y combatimos enérgicamente la violencia y la pérdida de vidas humanas”, el gobernador Carlos Joaquín justificó de algún modo el dantesco homicidio de un policía estatal ejecutado esta semana por el crimen organizado que le secuestró, torturó, decapitó y exhibió en redes sociales.
En efecto, desaparecido en Cancún el jueves último, cuando se dirigía a su domicilio por la noche en su camioneta tras concluir sus labores, el cadáver del  inspector de la Secretaría de Seguridad Pública en Playa del Carmen, Comandante José Antonio Archi Yama (clave “Cedro”) , apareció envuelto en una cobija, a la vera de la prolongación La Luna, en Cancún.
Según el mandatario, quien “prometió” que ante el macabro suceso “mantendremos toda la firmeza en el combate al crimen”, sin embargo, adujo que la ejecución del uniformado se dio porque “las numerosas detenciones e incautaciones les están causando daño y pérdidas a los delincuentes”. Es decir, por venganza.
Sin ninguna muestra de duelo o reconocimiento de fallas en el sistema de vigilancia y prevención de “su” titular en el Mando Único, el tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra, anunció que “esta infame acción contra el mando de la policía estatal nos obliga a redoblar los esfuerzos, recursos y convicción de mantener el combate frontal contra los criminales”.
Hasta ahí las cosas, Carlos Joaquín, sin embargo, en ningún momento refirió que el asesinato de Archi Yama estuviera involucrado en la guerra de cárteles que se ha recrudecido en Quintana Roo en la Zona Norte -Cancún y Playa del Carmen, particularmente-, sobre todo tras la llegada de Capella Ibarra, en represalia porque éste estaría protegiendo a Los Rojos, que habría traído de Morelos con la anterior corporación que encabezaba.
Al parecer más violenta que los Zetas -el otro cártel en pugna por la plaza-, al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le atribuyen algunos medios la ejecución del mando policiaco, ante la aparición de una narco-manta junto con el cadáver decapitado, donde, con faltas de ortografía, los homicidas distribuyen culpas al gobierno del “cambio”.
Así, dicen que “Esto me paso x apollar a capella y aquiles y al gobernador Carlos Joaquín que vendió la plaza a los rojos y quiere e intenta sacar a la gente del mencho y su cartel C.J.N.G cosa que nunca podrá porque a pesar de tener fuerza en el estado mencho tiene el poder en todo el país y el cartel no toma gente presa la termina dejando como a mí y si ustedes compañeros no entienden solo observen el dolor de mi familia antes de seguir apoyando a los que no deben y su familia terminara sufriendo x ustedes.
En un testimonio en video difundido en redes sociales, el infortunado Archi Yama narra que lo “levantó” Nueva Generación por instrucciones de sus superiores, en el sentido de cerrarles el paso y abrir la puerta a la operación de la célula de Los Rojos.
Según el portal Periódico Correo, el hoy occiso, que sale “a cuadro”, dice ser inspector y tener “órdenes directas de acabar con el Cártel Jalisco Nueva Generación y limpiar la plaza para que entre el Cártel Los Rojos”, por órdenes de los comandantes Aquiles, Capella y de Carlos Joaquín. https://periodicocorreo.com.mx/secuestran-y-asesinan-a-comandante-de-policia-de-quintana-roo/
Puntualiza que “me encuentro aquí por haber detenido a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación“, al señalar a los mandos policiacos que presuntamente acordaron eliminar a un cártel (CJNG) para permitir la operación de otro (Los Rojos) https://www.facebook.com/OjoCiudadanoPlayaDelCarmen/videos/2129421300696072/
En otro sonado caso, el 10 de julio de 2019, el agente de la Policía Ministerial, Ali Gamel Schnaid Cámara, de 40 años de edad, quien fungía como chofer de Capella Ibarra, fue asesinado de tres balazos en las puertas de su domicilio, en el fraccionamiento Las Américas II de Chetumal, donde dos sujetos le dispararon y huyeron con rumbo desconocido.
No menos “espectacular”, apenas anoche, alrededor de las 10, dos desconocidos que viajaban a bordo de sendas motocicletas, les cerraron el paso a un automóvil en el iban Víctor Rodríguez (a) “El Pecas” y una acompañante, a quienes hirieron de gravedad de siete disparos en la confluencia de las avenidas Morelos e Ignacio Zaragoza de Chetumal.
La mujer, que manejaba el auto, recibió 5 balazos, tres en la espalda, uno en la nuca y uno más en el brazo izquierdo, mientras que “El Pecas” dos en el pecho. Ambos fueron trasladados al Hospital General de Chetumal.
Víctor Rodríguez, sobrino del ex director de la Policía Ministerial en la Zona Sur, Adrián Valdovinos Rodríguez, conocido “tirador” de Chetumal, donde habría sido detenido años atrás por llevar una gran cantidad de droga, vive o vivía en el predio 131 de la de la calle Emilio Portes Gil, de la colonia Miraflores, donde el 19 de enero de este año, tras exhaustivo cateo y escarbar más de 30 centímetros, apareció el cadáver de Édgar Manuel González Collí, de 21 años, secuestrado más de dos meses antes.
Ahora bien, según relata el portal PorEsto!, con música norteña de fondo, portando su uniforme y empuñando un arma larga, Archi Yama fue grabado por sus verdugos, antes de ser ejecutado con saña.
Con terror en el rostro, el policía dice a la cámara que sería asesinado por haber detenido a integrantes de Nueva Generación y señala a altas autoridades y mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo por apoyar al Cártel de Los Rojos. Son dos videos que narran prácticamente lo mismo, aunque la base es la misma: “Me encuentro aquí, por haber detenido a integrantes de Nueva Generación”.
¿Algún corolario ante la narrativa y las constantes declaraciones de Carlos Joaquín, Capella Ibarra y de la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinosa, que aseguran que Quintana Roo es seguro y que ha disminuido los índices delictivos?
¿Quién será el misterioso “comandante “Aquiles”?
¡Vaya inicio de la segunda mitad de un ensangrentado sexenio!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 42 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 17 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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miércoles, 21 de agosto de 2019


  ¡Carlos Joaquín y sus marionetas!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Consumada la “elección” del nuevo Rector de la Universidad de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín evidenció que lo que menos le importa es la educación superior de la entidad o la voluntad del pueblo o de los estudiantes que, sin embargo, jugaron un papel determinante para que el mandatario se saliera con la suya.
         Recién retornábamos de visitar la ciudad de Puebla, curiosamente ligada también al gobierno joaquinista -¿verdad Manuel Alamilla Ceballos?-, donde, lamentablemente, pudimos constatar que en nada se parecen sus universitarios a los de Quintana Roo, ya que ellos SÍ protestaban en ese momento contra una medida de sus autoridades que les parecía injusta.
         En efecto, frente a docenas de turistas que a diario deambulan por el parque principal, los universitarios poblanos realizaban una protesta en pleno centro de la capital, donde tenían levantados varios campamentos con media docena de estudiantes que llevaban 16 días de huelga de hambre para manifestarse contra la medida de reducir la matrícula escolar.
         No se trata de incitar a nuestros estudiantes a la violencia ni mucho menos, pero ante el inminente ascenso del panista yucateco Francisco López Mena como nuevo rector -no era necesario ser sabio para anticiparlo-, los huéspedes de la Uqroo tan sólo enseñaron una tibia inconformidad contra el ex secretario de Gobierno de Carlos Joaquín a través de redes sociales.
         Sin embargo, no podemos culpar sólo a ellos de que el mandatario entregara la Rectoría como regalo de cumpleaños a López Mena -casi coincide con el onomástico de su correligionario Felipe Calderón- y colocara el cerezo del pastel al encabezar su toma de protesta, con lo que culminó PARTE del pago de “facturas” al PAN.
         En efecto, otros culpables de ese “teatro” que encabezó Carlos Joaquín como burla a todo mundo fueron sus marionetas de la Junta Directiva de la Universidad, que se pronunciaron en favor de la “candidatura” -¡ja, ja , ja!- de López Mena, estamos prácticamente seguros que por mayoría de votos, más NO por unanimidad, aunque NADIE se atrevió a hacerlo público. Ni lo harán.
         Para nadie fue un secreto que, al igual que la “ceremonia” de votación, la toma de protesta se realizó a puertas cerradas,  sin acceso a universitarios o medios de comunicación, cuestionable desde cualquier ángulo, ya que, al menos en teoría, no había nada que ocultar, aunque todos sabemos que SÍ lo había: No podían dejar huella.
         Entendemos que la Junta sólo cumplió con una de sus facultades, pues éstas incluyen: “Nombrar al Rector, resolver acerca de su renuncia o licencia; y removerlo por causa grave y justificada que la Junta apreciará discrecionalmente; para el ejercicio de las facultades que esta fracción le concede, la Junta explorará en la forma que estime prudente, la opinión de los universitarios”.
         Y conste que no es su única, delicada responsabilidad, ya que también le corresponde “designar a los integrantes del Patronato, a los Coordinadores de Unidad y a los Directores de División, de las ternas que presente el Rector, igualmente resolver acerca de su renuncia; y en su caso, removerlos por causa grave y justificada, apreciada discrecionalmente”.
         Asimismo, “resolver en definitiva cuando el Rector vete los acuerdos del Consejo Universitario, o los Coordinadores de Unidad veten los acuerdos de los Consejos Académicos” “conocer y resolver en definitiva, como última instancia, los conflictos que se presenten entre las distintas autoridades universitarias”, “ejercer el derecho de iniciativa ante el Consejo Universitario en las materias de su competencia”.
         Finalmente, incluye “resolver la separación definitiva de cualquiera de sus miembros, por haber incurrido en conducta grave que atente contra los fines y principios de la Universidad” y “expedir su reglamento interior”.
         Ahora bien, según la Ley Orgánica de la Universidad, desde el 2013 la Junta estará conformada por ONCE miembros que, ante la falta de información suficiente de su área de Comunicación Social, se ignora formalmente quién la encabece, pero se sabe que la presidencia estaría entre el empresario Juan Ángel Xacur Maiza y el Notario Ángel Enrique Aguilar Núñez. Llevamos dos.
         Los restantes serían los Mtros. María Isabel Hernández Romero y Rafael González Plascencia; los Dres. Enrique Baltar Rodríguez y Pilar Barradas Miranda, el L.C. Roiser Hernández Sel, el Notario Enrique Alejandro Alonso Serrato, el Oficial Mayor de Gobierno, Alamilla Ceballos,  y el restaurantero José Padilla Mendoza. Falta Uno.
         Un boletín oficial de la Universidad indica el 10 de diciembre de 2018 que el empresario John Baroudi Estéfano era presidente de la Junta Directiva, pero hoy no aparece en la lista de los 11, como tampoco nunca se informó si habría renunciado, lo habrían cambiado o se habría “jubilado” ¡Vaya “información” de la Uqroo!
                Así las cosas, desde antes de la “elección” de López Mena se publicó que ésta podría estar más que amañada,  ya que su 11º integrante, que no aparece en la lista, salvo en documentos oficiales al interior de la institución, es Carlos Alcérreca Joaquín, aparentemente último en sumarse, ya que la Ley Orgánica reformó su artículo 8, para pasar de nueve (hasta 2016) a 11.
De este modo se integrarían Alamilla Ceballos (febrero de 2017) y Alcérreca Joaquín, familia de Víctor Alcérreca Sánchez, titular del Consejo de Ciencia y Tecnología de Quintana Roo y, ahora se sabe, del propio Carlos Joaquín. Ahora vemos por qué nunca se procedió en su contra por el escándalo de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV.
El caso es que en el tema de la Universidad, Alcérreca Joaquín, para evitar suspicacias, prácticamente no figura en espacios oficiales, donde sólo aparecen 10, además de que las reformas incluyeron que el Consejo solo podría designar a cuatro de sus miembros ¡y el Ejecutivo Estatal a siete!
Ignoramos a cuánto ascienda el presupuesto federal de la máxima casa de estudios, pero en total este año tenía contemplado ejercer poco más de 459.2 millones de pesos, 13.8% más (55.9 millones) que en 2018, cuando el Congreso local le aprobó cerca de 403.2 millones, aunque las inscripciones de sus cinco mil 700 alumnos -unos 30 millones- representan un 7% del ingreso.
Quizá el volumen que le destina el Estado permita a los gobernantes en turno sentirla prácticamente de su propiedad y tener el “derecho” a nombrar al Rector en turno a través de “sus” marionetas de la Junta Directiva, aunque estamos ciertos de que no todos aprueban sus procedimientos, como seguramente ocurrió con el tema de López Mena.
En este sentido, entre quienes seguramente habrían votado por el repudiado rector se incluyen Alamilla Ceballos, Alcérreca Joaquín, Padilla Mendoza, Xacur Maiza, Alonso Serrato y alguno de los académicos, con los que se reunieron los seis miembros necesarios para hacer mayoría, ya que en las decisiones de la Junta no aplican la mayoría relativa o absoluta.
No de balde, según publicó el portal Diario Noticias, alumnos, docentes y personal administrativo de la Universidad se pronuncian contra la manera en que se desarrolló el proceso, entre otros porque parte de la Junta lo conformen personas sin formación académica que están ahí por “palancas y favores”; que no se involucren y escuchen a estudiantes y trabajadores; y que se haya rechazado en forma poco clara a algunos aspirantes.
Ante ello, pidieron justamente modernizar a la Junta, cuyo plazo de existencia ha vencido como institución caduca con algunos miembros NO calificados, que carecen de alguna licenciatura, pero califican a doctores, maestros, licenciados, programas de estudio para el desarrollo del Estado y nunca hayan salido de Chetumal y desconocen la globalización, alertó el académico Mario Vargas Paredes.
Puntualizó que llegaron por una “cuota” de amigos y que 28 años son suficientes para que la Universidad pueda desarrollarse con madurez, como cualquier otra, por lo que “nos vemos mal con este club de cuates y un grupo de académicos que llegan porque así lo decide el rector; ¿cómo elegir así al mejor rector o rectora?”, se pregunta.
Y si a eso le sumamos que Carlos Joaquín sólo ve a la Uqroo como una dependencia más de su gobierno con un grupo de títeres a su antojo, ¡Pobre Universidad! ¡Pobre Quintana Roo!
Y hablando de necedad gubernamental, no podemos evitar recordar la del ex mandatario Roberto Borge con su entonces titular de Seguridad Pública, Carlos Bibiano Villa Castillo…también parecido al caso de Jesús Alberto Capella Ibarra.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

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viernes, 2 de agosto de 2019


 “Huachicoleo”, ¡en medicamentos!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Hace cinco años, el entonces director general del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, acudió al hospital López Mateos de la Ciudad de México para el tratamiento de un infarto, y no hubo medicamentos ni servía la camilla en la que lo iban a internar.
El diputado federal del PAN, Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la su Cámara, y el senador de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, también han padecido situaciones similares, al igual que una inmensa mayoría de mexicanos ante la problemática del sector que dejan como herencia priístas y panistas.
Lo curioso es que los correligionarios de ambos tratan de demeritar al nuevo gobierno en “solucionar las cosas”, cuando que le heredaron a México un pasivo en materia de salud, enfermedad, maternidad ¡por cinco billones de pesos!, además de 100 mil plazas sin fuentes de financiamiento y un pasivo a proveedores por 100 mil millones de pesos.
         ¡De ese tamaño es el problema! Y no es para menos, ya que la propia OCDE ha denunciado que la corrupción también penetró en nuestro sistema de salud, donde hoy México invierte seis puntos del PIB, aunque 3.2 son inversión privada y tan sólo 2.8 inversión pública.
Por otro lado, si bien esta situación requiere de un titánico esfuerzo, también existe otro tipo de problemas vinculantes con la economía nacional, uno de ellos el pago de intereses de la deuda externa y la deuda interna, que significan 800 mil millones de pesos -otra herencia del PRI y PAN-, además de un pasivo de 5 billones de pesos en pensiones.
Si se considera que el endeudamiento que se autorizaba cada año en el Presupuesto de Egresos era de dos puntos de PIB -cerca de 440 mil billones de pesos-, era lógico que López Obrador dijera “no” a más endeudamientos, ya que si disfrutáramos con un país sobre endeudado ¿qué les dejaríamos a las siguientes generaciones? ¿Qué márgenes de maniobra habría?
Ahora bien, tras un análisis en materia de medicamentos, se demostró que, a través de los años, existió un sobreprecio en las compras locales, de tal manera que habremos de estar conscientes del reto de salud del país.
Lamentablemente, pocos entienden -o han querido entender- que la estrategia de centralizar y consolidar las compras del sector es para evitar dispersión de recursos, corrupción y sobreprecios, lo que los detractores de la medida enfocan como un deliberado y perverso recorte al gasto en salud.
Contra lo que se dice, no existió dicho recorte, pero si de recortes hablamos, habría que remitirse al sexenio anterior, donde, tan sólo en 2014,  el rubro disminuyó 18 mil 276 millones de pesos; en 2015, 20 mil 81 millones; en 2016, ocho mil 295 millones; en 2017, dos mil 792 millones, y en el 2018, cuatro mil 687 millones.
Sin embargo, ni legisladores subieron a tribuna a escandalizarse ni “plumas” pagadas se rasgaron las vestiduras por las miles de personas mal atendidas en el sector salud, que no es de ahora, pero ahora se está corrigiendo el problema de raíz. El retraso en los pagos no es de pagos, pues ya no habrá pagos ni entrega de esos recursos al IMSS, ISSSTE o al sector salud.
Ahora sólo lo hará una dependencia, la Secretaría de Hacienda, a efecto de evitar sobrecostos, dispersión, y corrupción.
Un cuidadoso estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica reveló la existencia de prácticas monopólicas en el sector salud, y concluyó que, ante su sobreprecio, se pagaba, en promedio, un 98% más de lo que se debe de pagar por las medicinas, mientras en el caso del sector público los sobreprecios son excesivos y se caracterizan por prácticas monopólicas.
Y eso que, supuestamente, como en el caso de los medicamentos, los monopolios están prohibidos por el Artículo 28 constitucional.
Ahora bien ¿qué está haciendo el gobierno de López Obrador? Está adoptando medidas concretas para resolver de raíz el asunto, centralizando las compras de medicinas, inhabilitando a farmacéuticas que se presentaron a querer vender con sobreprecio, lo que no se aceptó, y éstas actuaron como oligopolio.
Simplemente dijeron que no hay nadie más que se las pueda vender al gobierno: “O nos las compras con sobreprecio o no hay medicinas”, lo que retrasó cerca de cuatro meses la licitación y, por ende, existió un desbasto generalizado, o bien encarecimiento en las existencias.
Se tuvo que repetir la licitación y por eso se demoraron meses. Si los gobiernos anteriores hubieran evitado esas prácticas, ahora no existiría ese problema que se heredó, se asumió, se atiende y de ese modo se terminará la corrupción, los sobreprecios, y el oligopolio farmacéutico saldrá del mercado.
O venden las medicinas al precio justo, que en materia económica es el costo más la ganancia, no el costo más ganancia más especulación, más corrupción. Eso no es precio.
El caso es que, o se atienen a las nuevas reglas, o se buscarán los medicamentos donde estén, así sea de manera directa, comprándolo a las patentes.
Lo cierto es que, ante el nuevo planteamiento, se acabó el “huachicoleo” de dinero público en medicamentos, con lo que se afectaría a los enfermos que no reciben la adecuada atención y mucha gente que recibe tal vez la medicina y no tiene dinero para comprarla, pero muy pronto el sector otorgará las medicinas en forma gratuita, y no el “paquetito” que se quería dar del cuadro básico, sino las que receten los doctores para un verdadero tratamiento.
         Hasta entonces, las empresas comercializadoras de medicamentos del país se coludieron para orillar a los gobiernos federal y estatales a comprarles a sobreprecios, al grado tal que durante el anterior sexenio ¡10 proveedores abastecían el 80% de todas las medicinas que compraba el gobierno! Imagínese Usted.
El “modus operandi” de la corrupción en este proceso: El gobierno organizaba una licitación de 1,500 medicamentos (o claves, como se les llama en la jerga técnica), pero las empresas se ponían de acuerdo y sólo vendían mil, a la espera de que al sector le urgieran los otros 500, lo que aprovechaban para vender a un precio dos o tres veces mayor.
Precisamente esta forma de “trabajar” de los proveedores es lo  que busca eliminar el gobierno federal con la centralización de las compras, donde la Oficialía Mayor de Hacienda adquiriría todos los medicamentos que se requieren a nivel federal y local, con lo que, “gracias” a algunos gobiernos estatales, sólo seguiría el “huachicoleo” de petróleo..., pero tampoco será eterno. Júrelo Ud.

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Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 17 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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lunes, 29 de julio de 2019


¡Sangre  en el gabinete de CJG!


                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Exhibido, cuestionado, vilipendiado de todas las formas posibles por sus controvertidas decisiones, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, persiste contra viento y marea en todos sus caprichos, aunque en esta ocasión se le pasó la mano.
         No, no nos referimos a su insistencia en obsequiarle la Rectoría de la Universidad de Quintana Roo al ex titular de la Secretaría de Gobierno, Francisco López Mena -en un intercambio de “facturas” con el  PAN-, sino en mantener como secretario de Seguridad Pública y Mando Único al tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra.
         Lo más grave del caso es que el mandatario impone su rebeldía ¡a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos! Sí, leyó Usted bien: Hablamos de un organismo, cuyas autoridades de su homóloga en Quintana Roo deberían estar muy preocupadas en emitir Recomendación alguna al mandatario, dado que ya vemos que le importan “una pura y dos con sal”.
         Probablemente pretextará que NO están dirigidas a su gobierno, aunque SÍ contra un funcionario de su gabinete -uno de los más estratégicos-, ya que, en efecto, tal y como se sabe, el 14 de julio último la CNDH emitió la Recomendación 21VG/2019 por “violaciones graves a derechos humanos” por parte de agentes de la Policía Estatal de Morelos, durante un operativo de la madrugada del 30 de noviembre de 2017 en Temixco.
Según la indagatoria, los policías, al mando de Capella, entonces titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, violaron los derechos humanos de una familia, incluida la ejecución de seis personas -cuatro mujeres, una bebé y un joven-, al irrumpir en el predio 238 de la calle Francisco I. Madero, en la Col. Rubén Jaramillo, de Temixco, por supuesta denuncia de una casa donde “se presumía” habría personas secuestradas.
Ante esos hechos, durante el mandato del perredista Graco Ramírez, la Comisión emitió la Recomendación, dirigida al hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, así como al fiscal general de Justicia, Uriel Carmona Gándara, éste último en el cargo desde ese entonces.
         Pareciera que Temixco es el municipio “preferido” de Capella, pues, como publicamos el 6 de noviembre de 2018 https://luisangelqroo.blogspot.com/2018/11/policias-en-busca-de-un-culpable-lic.html  el 2 de enero de 2016, apenas unas horas después de tomar posesión como alcaldesa de Temixco, Morelos -a unos 10 kilómetros de Cuernavaca-, Gisela Mota Ocampo fue asesinada por cuatro hombres en su domicilio.
En respuesta, Graco Ramírez anunció que asumiría la seguridad en 15 municipios que no habían querido ratificar el Mando Único -¿recuerda Ud. el reciente caso de Solidaridad?-, entre ellos el de la alcaldesa asesinada, lo que inició una disputa con el entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quien denunció “golpe de Estado” -como la edil Laura Beristaín Navarrete-, luego de que la policía estatal tomó el control en ese municipio.
Curioso, ¿No? Coincidente, ¿Verdad? Pero lo cierto es que en ambos casos aparece Temixco y en ambos está ligado Capella, quien, recordamos, el 14 de septiembre 2018, a través de redes sociales, anunció su renuncia a la Comisión Estatal de Seguridad pública (CES) de Morelos “en común acuerdo con Graco Ramírez”.
La transición del Mando Único se realizó en el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) de Temixco, donde 15 días después, al concluir el periodo de Graco Ramírez e inició el de Cuauhtémoc Blanco, el lugar lo ocuparía José Antonio Ortiz.
“Curiosamente” con el caso de Quintana Roo, Capella se involucró más en la “lucha” contra el narcotráfico que en las tareas de prevención, ya que, presumía, durante su paso por Morelos detuvo a varios cabecillas del cartel  “Los Rojos”, pero no a su líder, Santiago Mazari (a) “El Carrete”, considerado uno de los más sanguinarios del Sur de ese Estado.
El caso es que, de la noche a la  mañana,  Capella amaneció en Quintana Roo como nuevo titular el 26 de septiembre de 2018 -según Carlos Joaquín, “después de cuidadoso análisis de asesores”-, aunque 6 meses después el gobierno de Morelos presentó el 14 de marzo de 2019 una denuncia ante la Auditoría Superior de Fiscalización por irregularidades en el manejo, administración, aplicación y desvío de los recursos federales de los Programas de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) durante casi cinco años.
La denuncia también involucró a Fernando Aldape Salas, ex director de la Academia de Estudios Superiores en Seguridad de Morelos, así como a Juan Carlos Peniche Payen, ex coordinador de Desarrollo y Vinculación, una acusación que Capella calificó de perversa “por su clara intención de denostar mi imagen; falsa, porque no tengo la más mínima duda de que actuamos siempre con responsabilidad y legalidad”; y como cobarde.
         El escándalo por la matanza de Temixco prácticamente recién estalló en Quintana Roo, aunque el 10 diciembre de 2017 -10 días después de los hechos- apareció en Morelos una manta del Cártel Jalisco Nueva Generación, que acusó a Capella de ser responsable de la masacre, además de ofrecer 100 mil pesos “por cada cabeza de policía o Mando Único”.
La manta, que apareció en uno de los puentes de la Autopista del Sol, acusa a Capella por la masacre de cuatro mujeres, un joven y una bebé, y señala con letras rojas: “Hijo de su puta madre te pasaste de verga matando gente inocente ordenaste a la bola de pendejos que hicieron tu trabajo sucio pero ni eso pueden hacer bien ya están todos tus putitos policías ubicados que se pasaron de verga con la gente de Temixco (sic)”.
Entre los jefes policíacos incluye a “Jose Abdiel Martínez Leana, Pedro Gómez Valeriano, Fernando Medina Bahena, Arturo López Borja y tus comandantes, Lauro Dave Aquiles, Veledias Alfa 8 y el puto Pegaso (sic).”, a quienes aseguran: “Llegamos para quedarnos”.
Ya desde ese entonces el diputado federal Matías Nazario Morales y el senador Fidel Demédicis Hidalgo exigieron formalmente -por separado- la intervención de la PGR y la atracción del caso. No pasó nada.
Durante el operativo, efectuado por la madrugada, se detuvo a siete personas, entre ellas una mujer y un menor, sobre lo cual Capella informó que alrededor de las 3 horas detuvieron al hijo de un hombre identificado como El Crispín, presunto líder de una célula de Nueva Generación en Temixco, así como a Gilberto “N”, Carlos Alberto “N”, José Antonio “N”, José “N” y Brenda Elena “N”.
Dijo que tras la detención se ubicó una supuesta casa de seguridad con personas privadas de la libertad en la calle Venustiano Carranza, donde los recibieron a balazos, y en el fuego “cruzado” murieron las 6 personas, presuntos familiares de los detenidos que estaban en el inmueble.
Según él, “El Crispín” fue detenido en un automóvil con una pistola 9 milímetros y envoltorios al parecer con marihuana, tras lo cual se ubicó el predio donde estaban las personas supuestamente privadas de su libertad, y unos sujetos los recibieron a balazos, por lo que “seis agentes se vieron obligados a repeler la agresión, detonando sus armas”.
Aseguro que en la balacera murieron los familiares de los detenidos y resultaron lesionados dos menores más, y que los presuntos delincuentes estaban armados con suficientes cartuchos útiles, lo que prolongó el ataque unas dos horas, pero los policías “no repelieron la agresión, sino simplemente aseguraron el lugar y solicitaron más apoyo”.
Puntualizó que después de lanzar gas pimienta los agresores se entregaron y que los agentes que participaron fueron puestos a disposición de la Fiscalía General.
Sin embargo, tras varias horas de audiencia, el Juez de Control dictó auto de libertad inmediata a los cuatro detenidos, entre éstos José Antonio Valdés Chapa, señalado por Capella como miembro de una célula de Beltrán Leyva.
Luis Daniel Preciado García, familiar de las víctimas, dijo que no hubo prueba de que su familia hubiera disparado, tampoco del tiroteo, ya que éste fue por parte de los policías a su familia, por lo que el Juez desestimó las “pruebas” del Ministerio Público, la Fiscalía Especializada y el asesor jurídico de los policías, y determinó la libertad inmediata a los detenidos.
Según su razonamiento, era ilógico que Valdés Chapa, señalado por la Fiscalía como quien atentó contra los policías, no hubiera matado por lo menos a uno de ellos, y que las pruebas de balística de la Fiscalía a las cinco armas que presentó el Mando Único no coincidiera con los casquillos encontrados, y que los policías, a los que se les practicó prueba de rodizonato de sodio, resultaron negativos.
Además, las pruebas de balística de la mayoría de los casquillos 9 milímetros y 38 súper encontrados no correspondían a las dos pistolas halladas en el lugar. Las pruebas de parafina de las víctimas también resultaron negativas.
Durante la audiencia, con base en las pruebas de balística de la Fiscalía, por lo menos cuatro pistolas fueron detonadas en el lugar sin que se sepa quiénes las accionaron y dónde estaban, además de que, conforme a fotografías forenses, ¡todas las víctimas presentaban tiro de gracia!
Los agentes presentaron sus cinco armas largas, pero ninguna de ellas disparó los casquillos encontrados. Había dos armas, de 9 mm y 38 súper. La primera sino disparar ningún casquillo encontrado, aunque en el baño, donde estaban ejecutados las mujeres y niños, había casquillos 9 mm de cuatro armas que no se aseguraron.
Por lo anterior, Derechos Humanos acreditó: Los policías allanaron las casas donde estaban las víctimas; se detuvo arbitrariamente a siete personas, incluido un adolescente; hubo uso excesivo de la fuerza en la ejecución arbitraria de seis personas, incluidos dos menores; trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones de cuatro personas, dos de ellas infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público, y colocación deliberada de armas e indicios en el cadáver de una víctima.
Así, la CNDH atribuye al Gobierno de Morelos la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos; a la Fiscalía de Justicia, dilación de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas; y a la Dirección General de Asuntos Internos de Seguridad Pública, irregularidades en la resolución de la carpeta administrativa contra los agentes involucrados.
Dado que estos hechos los consideró de lesa humanidad, la CNDH atrajo el homicidio de las seis personas y el bebé, aunado a que la respuesta de la autoridad local fue ínfima en proporción al nivel de transparencia y celeridad que se requería para resolverlo.
Concluyó que personal de la primera Visitaduría acudió a la Comisión de los Derechos Humanos en Morelos para solicitar la entrega de la queja CDHM/SE/V3/061/295/2017 que dicho órgano inició el 30 de noviembre.
En tanto, irónicamente Carlos Joaquín aparece en la Revista Líderes Mexicanos 2019, considerando “sus cualidades” al frente del Estado más turístico de México, pese a mantener a un funcionario con las manos bañadas de sangre de inocentes, aunque, irónicamente también, Capella recibió la “Estrella de Honor” por su “trabajo en seguridad”, por parte de la Asociación de Consejeros, Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad Acreditados de México (¿?)
¡No cabe duda de que algo anda mal en México! ¿Será el meteorito que se teme que se estrelle contra la tierra?... o el fallido arribo de extraterrestres.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 42 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 17 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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