miércoles, 21 de julio de 2021

 ¡Nos hunden CAPA y gobernador!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Otrora “caja chica” del gobernador del Estado en turno para financiar las campañas del PRI, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) atraviesa por una de las peores crisis de su historia como empresa política que, con una de las tarifas más elevadas del país, sobrevive prácticamente sólo para sostener fuentes de empleo y una pesada burocracia.

         A unos meses de cumplir 41 años de creada, la empresa-dependencia también servía para el pago de favores de los gobernantes o de apoyo a la promoción de imágenes, como fue el caso del ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, candidato del PRI-PAN-PRD a diputado federal recién derrotado, a quien nombró el ex gobernador Roberto Borge, cuando era recién electo diputado local.

         Hoy a cargo del cuestionado perredista Gerardo Mora Vallejo, a quien no se le puede cargar toda la responsabilidad de heredar un servicio que se hunde cada día más, CAPA, conocida como “dueña” de las calles”, se ha convertido pesado lastre desde antes de Borge, cuyos planes incluían privatizarla en favor de Aguakán desde el escándalo de la documentada “desaparición” de más de 1,055 millones de pesos.

https://luisangelqroo.blogspot.com/2021/01/principalesenemigos-de-chetumal-lic.html

         Como publicamos el 20 de julio de 2016, con el título “CAPA, ¡un barril de pólvora!”, la relación Gobierno-Aguakán se remonta formalmente a 1993, cuando el entonces poderoso gobernador Mario Villanueva Madrid otorgó la concesión del servicio en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)

         Según la revista Luces del Siglo, Aguakán forma parte del corporativo Bal-Ondeo, conformado por Corporativo Peñoles, propiedad del empresario Alberto Baillérez González, considerado uno de los hombres más ricos de México y principal accionista del Palacio de Hierro y Seguros GNP.

         En nuestro segundo libro “Mario Villanueva Madrid, Crónica de... ¿una venganza?”, decíamos que, tras la fuga del mandatario de Quintana Roo, la funcionaria-periodista Isabel Arvide afirmó en un artículo que publicó Milenio el 6 de enero de 2001, que ésta se habría entrevistado desde la clandestinidad con aquél, a quien primero consideraría su amigo, y luego delincuente común.

         En relación con el origen de sus “sospechosos” recursos, diría que el ex mandatario le habría confesado haber recibido 2 millones de dólares por la concesión de Aguakán -mediante decreto del 20 de octubre de 1993-, aunque también se insistiría en que “Grupo Posadas” le habría entregado millones de dólares por una serie de concesiones, y una firma embotelladora de refrescos, más millones para ingresar a Quintana Roo, al igual que una firma cervecera.

         Por su lado, Noticaribe documentó, “con los pelos de la burra en la mano”, que en tan sólo 38 días y a cambio de 1,055 millones de pesos, Roberto Borge vendió a DHC el futuro de tres municipios, aunque, hasta hoy, al menos NO en forma pública, NO existen pistas del dinero, y el gobernador Carlos Joaquín, como es su costumbre, sigue sin decir “esta boca es mía”.

         Exhibiendo papeles de Aguakán y Roberto Borge, el mencionado portal demostró que Borge sólo necesitó dos días para darse cuenta que se trataba de un gran negocio, con dinero fácil y rápido, para avalar la ampliación de la concesión del servicio en Isla Mujeres y Cancún, así como la privatización en Solidaridad, todo a favor de DHC, mejor conocida como Aguakán, subsidiarias de Grupo Mexicano de Desarrollo.

         Por si no lo sabía Usted, el término de la concesión será hasta 2053, cuando Borge, “si aún está vivo”, dice Noticaribe, esté por cumplir 74 años de edad, con un poco de suerte, creemos, aún en la cárcel.

         Como se sabe, el 10 de noviembre de 2014 Aguakán hizo la millonaria propuesta de pago único inmediato, y el compromiso de pagar anualmente a CAPA mientras durara la concesión, una contraprestación variable por el usufructo en Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad de apenas una fracción de sus ingresos. Dos días después, Borge puso en marcha toda su “maquinaria” para aprobar lo que había que aprobar para la concesión.

        Entre quienes atestiguaron la privada sesión extraordinaria del consejo consultivo de CAPA, donde se aprobó la concesión, se incluyen Borge y sus secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Mauricio Rodríguez Marrufo), Finanzas (Juan Pablo Guillermo) y Gestión Pública (Gonzalo Herrera Castilla), así como su Oficial Mayor, Rosario Ortiz Yeladaqui, y la entonces directora de la Comisión, Paula Guadalupe González Cetina.

         Asimismo, los 10 alcaldes del PRI: Eduardo Espinosa Abuxapqui (OPB), Fredy Marrufo Martín (Cozumel), Mauricio Góngora Escalante (Solidaridad), Paul Carrillo de Cáceres (Benito Juárez), Juan Manuel Parra López (Morelos), Gabriel Carballo Tadeo (Carrillo Puerto), Agapito Magaña (Isla Mujeres), David Balam Chan (Tulum), Luciano Simá Cab (Lázaro Cárdenas) y el hoy reelecto José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez (Bacalar)

         Tal y como señalamos en la columna del 6 de julio último, https://luisangelqroo.blogspot.com/2021/07/vergonzosaamnesia-de-anticorrupcion.html  todos aprobaron por unanimidad la operación. Se había escrito la historia. Ninguno le informó nada a nadie. Hoy nadie quiere hablar.

        Así, el entonces director general de CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, se cerró en 2015 a permitir el acceso a la oferta de servicio en cualquiera de sus renglones, como cuando se negó a entregar la validación de un empresario local como proveedor del suministro de agua potable en lugar de CAPA en los proyectos que construya en el Estado.

        El afectado, Sergio Zapata Vales, habría recibido de Borge la validación para operar a través de la empresa “Más allá de tus expectativas”, pero Guerrero Ortiz se negó a entregarla, pese a contar con una concesión federal de la Comisión Nacional del Agua, que le facultaba aprovechar y explotar el agua potable, que sólo el Estado, a través de CAPA, debe validarle como proveedor.

         Aunque poco difundido, su empresa trabajan bajo de sistema de ósmosis inversa que exige la Comisión para entregar agua de calidad, para lo cual dos fraccionamientos de Chetumal contaban con ello: Andara y La Conquista II.

         Para ese efecto, Zapata Vales, recién derrotado candidato a diputado federal, decía no vender el agua, sino el costo de su tratamiento, a efecto de que el consumo pueda ser directo de las llaves y evitar la compra de agua purificada y el pago adicional a CAPA, cuyo líquido, denunció, carece de la Norma Oficial Mexicana 127, pero no hace nada para apoyar a empresas con mejor calidad.

         En este sentido, opinaba que los chetumaleños consumen agua demasiada dura, quizá contaminada, por lo cual pedía un estudio de calidad al laboratorio “ABC Analítica”, certificado por la Asociación Mexicana de Acreditación.

         Hasta ahí las cosas,  la CONCESIÓN, en este caso del servicio de agua potable, conforme a Economía y Derecho administrativo, es el otorgamiento de un derecho de explotación de bienes o servicios por tiempo determinado, por parte de un gobierno o empresa, a otra empresa, generalmente privada.

         Conforme al espíritu legal, el gobierno entrega la concesión por carecer de experiencia o recursos para operarla, tal y como ocurre con las patentes de placas de taxi o Notarías, por ejemplo, con la condición de que el beneficiario sólo cuente con UNA CONCESIÓN, que el servicio no lo TRANSFIERA ni VENDA y que ofrezca un servicio de CALIDAD.

         Con todo, Carlos Joaquín jamás ha exigido a su área Jurídica un análisis profundo del tema, ya que CUALQUIER concesión que no cumpla con esas condiciones está legalmente sujeta al proceso llamado de REVERSIÓN, con la que el beneficiado pierde la concesión sin alguna responsabilidad para el Estado, pero SÍ con el pago de daños o perjuicios al afectado o afectados.

         En fin, todo un caso complicado, pero con una SOLUCIÓN que, como en el caso de CAPA y la desviación de recursos de Borge -más quienes se sumen al concluir este malogrado sexenio del “cambio”-, ¡incluye CÁRCEL! Ojalá no ocurra alguna CONCERTACESIÓN, que bien conoce el partido “oficial” del mandatario: El PAN.

         Casualmente, ¿Conocerán esta historia los sumisos diputados locales que quieren reelegirse por 6 años? ¿Sabrán qué ocurrió con los más de mil millones de pesos “misteriosamente” desaparecidos? ¡O sólo LOS están promoviendo para aprobar la no menos sospechosa, escandalosa deuda pública de más de 60 mil millones de pesos!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 44 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 30 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

 

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martes, 6 de julio de 2021

 ¡Vergonzoso “trabajo” de Anticorrupción!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Con múltiples dudas por aclarar sobre el “investigado” periodo del priísta Roberto Borge, y a menos de un año de concluir el decepcionante sexenio del “cambio” que ofreció con el PAN y el PRD para derrotar a su ahora aliado PRI, el gobernador Carlos Joaquín protegió y hasta fomentó una abierta corrupción que se convirtió en sello de la casa con su silencio.

         Curiosamente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, a cargo de la cuestionada yucateca Rosaura Villanueva Arzápalo, y supuestamente creada, entre otros, para “investigar”, perseguir y castigar los excesos del gobierno anterior -solamente comparados con los del sexenio del también priísta Félix González- parece haber servido “de adorno”.

         Mejor prueba de ello es el caso de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), mejor conocido como Aguakán, una “bomba” que explotó el 25 de mayo de 2016, cuando se puso al descubierto aquel oscuro acuerdo de Borge con Aguakán, que pagó más de mil 080 millones de pesos para “amarrar” la concesión del servicio de agua potable en tres municipios.

División del Grupo Mexicano de Desarrollo, Aguakán pagó por la concesión en Solidaridad, y ampliación en Benito Juárez e Isla Mujeres, sin autorización del Congreso o los Cabildos involucrados. Fue directo entre Borge y los entonces alcaldes Mauricio Góngora Escalante, Paul Carrillo de Cáceres y Agapito Magaña Sánchez.

Antes de explotar el escándalo, en diciembre de 2014, el Congreso había consolidado con los munícipes la concesión en sesiones “fast track”, sin previo aviso a la población, con lo que Aguakán amarró los trabajos por 30 años a partir de 20 de octubre de 1993 en los primeros municipios -o sea, hasta 2023-, aunque Borge, Congreso y ayuntamientos otorgaron la ampliación hasta diciembre de 2053.

De manera paralela, se extendió la de Solidaridad con anuencia del Congreso y ese Cabildo, pero ni el mandatario ni los tres alcaldes precisaron públicamente los términos de la concesión y si habría contraprestación. No obstante, en el Informe de Resultados del Cuarto Trimestre de 2014, DHC reveló haber pagado la contraprestación por los nuevos términos en la concesión a favor de Aguakán en los tres municipios.

Según publicaciones de la época, principalmente del portal Noticaribe, el informe precisó que la variación en su activo circulante fue por pagar la contraprestación de un millón 079 mil 400 pesos al Gobierno del Estado para ampliar la concesión hasta 2053, así como la inclusión de Solidaridad.

Tan sólo en 2014 -antes de incluir Solidaridad-, los ingresos de Aguakán por servicios habían ascenderían a 981.6 millones de pesos, 15% más que el año anterior, de 853.6 millones. Estos ingresos se debían al aumento de tarifas y la aplicación de una nueva “por saneamiento”, aunque los gastos de construcción fueron 158 millones, 51.8 millones más que en 2013, con 106.6 millones.

Empero, su utilidad de 2014 fue de 158.4 millones, después de gastos por nómina, mantenimiento, impuestos, gastos financieros, y administración, así como amortización de deuda. Fue 51.7% mayor al año anterior, cuando ascendió a 104.8 millones.

La concesión ocurrió en medio de profunda crisis financiera del Estado, ante una deuda creciente con los bancos -sumaba 25 mil millones de pesos-, aunque, por recomendación de acreedores, Borge aplicó aquella “reingeniería” del despido de cinco mil burócratas para generar “ahorros”.

Al día siguiente de la “bomba” se supo que, peleado con la transparencia, Borge había “desaparecido” los más de mil millones de pesos de Aguakán. No figuraron en las cuentas públicas 2014 del Poder Ejecutivo o de CAPA, como tampoco en la Ley de Ingresos del Estado 2015.

No sólo el mandatario ocultó el millonario ingreso, sino la Auditoría Superior y el Congreso, el primero encabezado por Emiliano Novelo Rivero -que debería supervisar el gasto público-, que omitieron alguna explicación sobre el destino de la contraprestación.

La XIV Legislatura, que “coordinaba” Pedro Flota Alcocer, aprobó el 11 de noviembre de 2014 prorrogar anticipadamente la concesión del servicio público del agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en Benito Juárez e Isla Mujeres, e incorporar Solidaridad.

En todos los casos, se determinó la vigencia de la concesión al 31 de diciembre de 2053, además de que los diputados delegaron amplias facultades a Borge y alcaldes involucrados para acordar términos: Contraprestaciones, garantías, penalidades, inversiones, facultades, obligaciones y demás detalles.

Aunque ni Borge ni los alcaldes informaron sobre la contraprestación de Aguakán por la prórroga, un documento interno de DHC estableció “…el pago de la contraprestación única de $1079.4 millones erogada al Gobierno de Quintana Roo para la ampliación de la concesión hasta 2053, así como la inclusión de Solidaridad en el área concesionada”.

Sobre 2014, el informe refirió haber recurrido a dos financiamientos por $1,150 millones, principalmente para pagar la contraprestación única al Gobierno de Quintana Roo -no a CAPA- por $1,079.4 millones.

En sus capítulos de Ingresos, la Auditoría Superior del Estado refiere que “productos” son contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derechos privados, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado, aunque la cuenta pública 2014 establece que esos ingresos fueron sólo por 138 millones 587 mil 699 pesos, muy por debajo de los mil 79.4 millones que pagó DHC.

La Auditoría  tampoco precisó en sus 63 páginas de la Cuenta Pública 2014 del Ejecutivo algún ingreso extraordinario por la contraprestación de Aguakán, mientras que CAPA señaló que sus ingresos totales fueron 727 millones 290 mil 24 pesos, y sus ingresos por derechos y concesiones, 62 millones 600 mil 992.

Con los documentos relativos al tema, Noticaribe publicó que el 11 de diciembre de 2014, la XIV Legislatura sostuvo maratónica sesión en la que aprobó 61 puntos, cuentas públicas la mayoría, pero no incluyó en el presupuesto del año siguiente el pago de la contraprestación de Aguakán.

Borge sólo había necesitado dos días para percatarse de que era un gran negocio avalar la ampliación de la concesión en Isla Mujeres y Cancún y privatizarlo en Solidaridad, todo a favor de DHC, corporativo que presidía Jorge Eduardo Ballesteros Franco.

(El 9 de mayo de 2001 la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos acusó de fraude al empresario, socios y familiares por beneficiarse ilícitamente de información privilegiada, lo que les proporcionaría ganancias por 3.7 millones de dólares. La demanda surgiría del comercio de acciones de la empresa química Nalco Chemical Company, y seis de los implicados pagarían en principio 4.7 millones de dólares)

El 10 de noviembre del 2014, DHC haría su propuesta: A cambio de la concesión, Borge habría recibido de inmediato mil 55 millones de pesos, y pagaría a CAPA una contraprestación variable anual por el usufructo en Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad: Una fracción de los ingresos del servicio privatizado.

Dos días después, Borge puso en marcha la maquinaria del Estado para aprobar lo necesario para entregar la concesión, aunque no informó al pueblo, no dio a conocer de qué se trataba la propuesta, no explicó los hipotéticos beneficios, ni en que usaría el dinero.

No actuó solo, pero tampoco tuvo oposición, pues todo involucrado dio su anuencia. Al inicio de la privatización, cuando del Consejo Consultivo de CAPA abordó el tema el 12 de noviembre, funcionarios de gabinete, alcaldes, cabildos involucrados y la XIV Legislatura la aprobaron.

         Atestiguaron la privada sesión extraordinaria de CAPA, además de Borge, sus entonces secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Mauricio Rodríguez Marrufo), Finanzas (Juan Pablo Guillermo) y Gestión Pública (Gonzalo Herrera Castilla), así como su Oficial Mayor (Rosario Ortiz Yeladaqui), y la directora de la CAPA (Paula Guadalupe González Cetina)

         Asimismo, los diez alcaldes del PRI: Eduardo Espinosa Abuxapqui (OPB), Fredy Marrufo Martín (Cozumel), Mauricio Góngora, Paul Carrillo, Juan Manuel Parra López (Morelos), Gabriel Carballo Tadeo (Carrillo Puerto), Agapito Magaña, David Balam Chan (Tulum), Luciano Simá Cab (Lázaro Cárdenas) y José Alfredo Contreras Méndez (Bacalar)

         Entre titulares y suplentes, los priístas de la dócil, controvertida XIV Legislatura (2013-16) eran Flota Alcocer, Judith Rodríguez Villanueva, José Luis Toledo, Cora Amalia Castilla Madrid, Irazu Marisol Sarabia May, Arlet Mólgora Glover, Maritza Medina Díaz, Octavio Rangel Aréchiga, Juan Manuel Herrera, Juan Luis Carrillo Soberanis, Juan Carlos Huchim Serralta y Jesús de los Ángeles Pool Moo.

         Por último, Filiberto Martínez Méndez, Víctor Mas Tah, Suemy Fuentes Manrique, José Ángel Chacón Arcos, Javier Briceño Ramos, Mario Machuca Sánchez, Óscar Rolando Sánchez Reyeros, Natalia Cruz Lara, Berenice Penélope Polanco Córdova, Delia Alvarado, Susana Hurtado Vallejo, Edgar Humberto Gasca Arceo, Freyda Marybel Villegas Canché, Miguel Ángel Caamal Sosa, Martín de la Cruz Gómez y María Elena Ruiz Molina.

         Tras la aprobación “fast track”, el 5 de diciembre del 2014, Borge, CAPA y DHC firmaron un contrato que asienta que la concesionaria pagaría al primero mil 55 millones 999 mil 962 pesos como contraprestación única al concluir el trámite de la privatización, pactado “a más tardar” para el día 18.

         Firmaron el documento Juan Pablo Guillermo, representante del Ejecutivo, y Paula Guadalupe González, junto con los representantes de la empresa, Paul Andrew Rangel Merkley y Diego Ramos González de Castilla.

         El 6 de diciembre, Isla Mujeres realizó su VIII sesión extraordinaria de Cabildo, presidida por Agapito Magaña, que aprobó unánimemente ampliar de manera anticipada la concesión hasta 2053. El 8 de diciembre hizo lo propio Benito Juárez, encabezada por Paul Carrillo, en su XII sesión extraordinaria privada, donde se aprobó por mayoría, con sólo dos votos en contra, de los regidores Nadia Santillán Carcaño (PRD) y Alejandro Luna López (PT)

         El mismo día, Solidaridad también aprobó en su XII sesión extraordinaria la entrega del servicio. Todos los regidores votaron, excepto la entonces perredista Laura Beristain, oficialmente “ausente”.

         Tras la formal aprobación en los Cabildos, en sesión que inició el 11 de diciembre y se prolongó hasta la madrugada, el Congreso aprobó por mayoría el Decreto 250, con el que quedó firme la prórroga y privatización hasta 2053.

         En “otros asuntos”, se aprobó el Decreto 249, que autorizó a CAPA a vender el inmueble histórico que durante muchos años ocupó en la Calle 10 con Calle 6 Norte, en la zona turística, así como el Decreto 251, que le autorizó un crédito hasta por 980 millones de pesos. El 18 de diciembre, Aguakán depositó a CAPA los mil 55 millones 999 mil 962 pesos acordados en el contrato firmado el día 5.

         Sin embargo, aunque en el informe del Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal 2014 figura un concepto de transferencias por poco más de mil millones de pesos, en el informe de la Auditoría sobre ese ejercicio fiscal de CAPA, aparecen ingresos y egresos menores a 800 millones. No refleja el comprobante fiscal relacionado por los mil 055 millones 999 mil 962 pesos.

         El “desaparecido” dinero también estaba registrado en el Informe de Resultados de DHC, correspondiente al último trimestre de 2014, con un apartado específico sobre pagos anticipados a CAPA para infraestructura, así como la contraprestación única, que asentó como de mil 79 millones de pesos, y una condonación de 235 millones por concepto del saldo pendiente.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 44 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 30 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

 

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jueves, 3 de junio de 2021

 ¿Por quiénes NO votar el domingo?


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Por lo menos, el próximo domingo no tendremos elecciones a la gubernatura en Quintana Roo, ni a la Presidencia de la República, en todo el país, ya que, en el primer caso, tenga Usted por seguro que por quien menos votaríamos -en un supuesto caso- sería por la reelección del priísta pintado de azul, Carlos Joaquín, aunque en el segundo caso volveríamos a hacerlo por López Obrador.

En efecto, hace unos años, ante la ilusión del “cambio” que todos anhelábamos en Quintana Roo, como la  mayoría, cambiamos nuestro voto por la coalición PRD-PAN y su abanderado Carlos Joaquín, de lo que tardíamente nos arrepentimos desde sus primeros meses de gobierno, por lo que ni locos volveríamos a apoyarle.

Por el contrario, aunque también cambiamos nuestro tradicional voto por la presidencia, que año con año se inclinaba hacia el PAN, ante el triste, rotundo fracaso de sus representante Vicente Fox y Felipe Calderón, optamos por la alternativa de Morena, con Andrés Manuel, y créanos que no nos equivocamos, por lo que volveríamos a elegirlo.

De este modo, ante el marco jurídico respecto a las elecciones del país, ya no podemos incidir en las mismas circunstancias con los mismos personajes, lo que no ocurre en otros panoramas, como es el caso de las presidencias municipales y diputaciones federales de Quintana Roo, donde, al igual que otros paisanos, tenemos posibilidades de incidir.

Así, por ejemplo, los quintanarroenses tienen la oportunidad de arrepentirse de lo que hicieron hace 3 años, al votar por una opción que hoy maldicen con todos los dientes, y más aun cuando dicen que AHORA SÍ, lo que, por lo menos no es el caso de Othón P. Blanco, donde el presidente municipal no buscará la reelección, como es el caso de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel.

Con todo, una de las más controvertidas y cuestionadas es la cancunense Mara Lezama, de Morena, quien busca repetir en una presidencia municipal que le quedó demasiado grande para su escasa capacidad, y aunque lo que le sobran son los recursos, ha sido incapaz de enfrentar uno de los principales problemas que, dice, AHORA SÍ se terminan en Cancún: La inseguridad.

En efecto, no es posible que, desde antes de que iniciara su gestión, la falta de seguridad de vecinos y comercio ha sido el factor común de todos los días, cuando el número de ejecutados y asaltos crece alarmantemente en uno de  los principales polos de desarrollo turístico del país, principal recaudador de divisas por esa actividad, ahora mermada por la pandemia.

Cuestionada desde trienios anteriores, cuando se publicó una y otra vez que habría sido “comprada” por el ex gobernador Félix González para retirar una fracasada candidatura, la aspirante, quien surgió como locutora de medios de comunicación, ahora dice contar con una “varita mágica” para resurgir de una basura que tiene prácticamente enterrada a Cancún.

Lo cierto es que tuvo tres largos años para mostrar otro rostro del turístico Cancún, pero por lo contrario, se involucró inclusive a su propio cónyuge con el negocio de la recoja de basura, en tanto se cuestionó el origen de su incalculable y ocultable fortuna, que colaboradores, amigos, seguidores e incondicionales medios de comunicación tratan de justificar.

El caso de la también aspirante a la reelección de Solidaridad, la también abanderada de Morena -junto con el PT, PVEM y MAS-, Laura Beristain Navarrete, es bastante similar a la de su homóloga, ya que, diga lo que diga, el tema de la inseguridad -y no se diga de la corrupción- la ha rebasado en tres años de “administración”, al grado tal que, al igual que Cancún, asaltos y ejecuciones, son pan de cada día.

En su caso, sin embargo, creemos que votar por la coalición PAN-PRI-PRD-, con la candidata del gobernador Carlos Joaquín, esto es Lili Campos Miranda, sería tanto como buscar un remedio peor que la enfermedad, ya que la ex legisladora local se caracterizó más por sus enredos sentimentales con el magistrado Fernando Gama Rodríguez que con su trabajo en el Congreso.

Por si fuera poco, a falta de propuesta personal para aspirar a la Comuna de Solidaridad, ocupó más su campaña en difamar al ex Secretario de Gobierno de Roberto Borge -enemigo personal de Carlos Joaquín-, el abanderado de Fuerza por México, Gabriel Mendicuti Loría, quien, por cierto, es mucha mejor garantía que la mujer, al igual que Marciano Toledo Sánchez, de Movimiento Ciudadano.

 Respecto a Cozumel, el abanderado del PRI, Pedro Oscar Joaquín Delbouis, sólo pude presumir estar ampliamente respaldado por su familiar desde Palacio de Gobierno, así como por el ex secretario de Energía y el ex gobernador de tristes recuerdos para el Estado: Carlos Joaquín, Pedro Joaquín y Félix González, respectivamente ¿Alguien ignora el “currículum” político de cada uno? Saque Usted sus conclusiones.

Tres malogrados años de gobierno sumados al mal manejo del Covid desde sus inicios, han sido suficientes para hundir al otro mejor destino turístico de cruceros del país, la “gallina de los huevos de oro”, cuyo cacareo se extraña, a falta de otra actividad productiva en la isla.

Así las cosas, ¿Aún no escarmienta Usted de los tres años de gobierno en Cancún, Solidaridad y Cozumel? Entonces vuelva a cometer los mismos errores y sufra tres años más. ¿Aún no escarmienta Usted de los cerca de 5 años de gobierno de Carlos Joaquín? Entonces vuelva a votar por los partidos que le postularon en su momento, sumándole ahora al cuestionado PRI, que supuestamente abandonó el mandatario.

         ¡Le esperamos el domingo en las urnas!        

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 44 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 30 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

 

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lunes, 31 de mayo de 2021

 ¿“Olvidado” escándalo de candidato priísta?

                                             Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Recién se publicaba una crónica en torno al Día del Maestro en redes sociales, cuando el colega Julián Santiesteban respondió a un comentario sobre el candidato de la alianza PRI, PAN, PRD (“Va por México”) a diputado federal por el Distrito II de Quintana Roo, José Alberto Alonso Ovando, en relación con otro de sus enésimos ofrecimientos de campaña.

         Fechada el 15 de mayo, el cuestionado abanderado decía en una nota que “nuestros maestros de Quintana Roo necesitan una mejora salarial sustancial, directa al sueldo base que vaya de la mano con los ascensos y preparación profesional, sin tantas trabas burocráticas como ocurre en la Nueva Escuela Mexicana, donde se adolece de transparencia.

         No obstante, como que no quiere la cosa, el periodista comentaba sobre el aparente “olvido” sobre el paso de Alonso Ovando de la Secretaría de Educación y Cultura, cuando, como titular desde el 23 de diciembre de 2013, en sustitución de su correligionaria priísta, la cozumeleña Sara Latife Ruiz Chávez, “desaparecieron” millonarios recursos.

         Esto ocurrió durante la malograda gubernatura del aún preso Roberto Borge, cuando se destapó una descarada corrupción, tal que el gobierno del “cambio”, encabezado por Carlos Joaquín, efectuó una encarnizada cacería de culpables -y de venganzas personales-, que incluyó a Alonso  Ovando, quien se dio a la fuga y “desapareció” del mapa.

         Lo cierto es que, de la noche a la mañana, apareció como uno de los dirigentes del CDE del PRI, aunque para muchos no resultó ninguna sorpresa, dado que era público que Carlos Joaquín jamás había roto con su supuesto “ex partido”, por lo que era selectiva la “justicia” que ordenaba procurar.

         Lo cierto es que, sorpresivamente, el PRI nombró candidato federal al ex funcionario borgista, y alguno que otro medio de información se acordó de sus “travesuras”, y aunque se intenta “levantar” su candidatura a costa de la postulada por Morena, la “extranjera” ex regidora de Benito Juárez, Anahí González Hernández, lo cierto es que va de mal en peor.

         Para terminarla de amolar, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó hace unos días el fallo de su homólogo de Quintana Roo, que determinó “inexistentes” sus conductas de violencia política de género contra la diputada local Judith Rodríguez Villanueva.

La denuncia data de fines del año pasado, cuando ésta renunció a su militancia y al PRI. Sin embargo, en lugar de emitir Xalapa la sentencia, ordenó que Quintana Roo imponga la sanción. La líder estatal del PRI, Candy Ayuso Achach, “aclaró” que sólo incumbe al Ieqroo hacer del dominio público cualquier información adicional sobre el tema.

Ahora bien, para quienes sufren amnesia y defienden las candidaturas de la coalición del PRI, entre los cerca de 80 involucrados en el “Caso Borge”,  Alonso Ovando fue acusado de poseer irregularmente 11 propiedades en Chetumal, Holbox, Cancún y Tulum, según el Registro Público de la Propiedad, aunque el 3 de abril de 2017 se amparó contra una orden de aprehensión del juez Primero de lo Penal por desviar al menos 8 millones de pesos en 2015, según la Auditoría Estatal.

En efecto, en un recuento de involucrados con Borge, quien rindió protesta como gobernador el 5 de abril de 2011, el portal de Excelsior publicó que el desvío de recursos y las personas e instancias involucradas incluiría prácticamente a TODOS los altos mandos de ese gobierno

La red de corrupción incluyó a ex funcionarios y particulares, en un desvío que involucraría a casi todas las dependencias estatales y gobiernos municipales, incluso de otras entidades, como el de Tabasco, cuyo ex alcalde, Gerardo Gaudiano Rovirosa, entonces aspirante a la gubernatura, sería investigado por la SEIDO por sus presuntos vínculos.

Lo cierto es que, calificado, en su momento, una de las principales promesas políticas de Borge, quien le consideró uno de sus más confiables colaboradores, Alonso Ovando buscó cinco años después la protección de la Justicia Federal a través del Amparo 210/2017, aunque muchos meses se le consideró prófugo.

Nombrado titular de la Comisión de Agua Potable a unas semanas de rendir protesta como diputado local por la XIII Legislatura, el político dejó la CAPA en manos de Paula González Cetina para encabezar la SEyC.

En algún momento se le propuso como candidato al Ayuntamiento de OPB y más adelante llegó hasta a “sonar” como posible sucesor de Borge, pero sus problemas iniciarían desde 2016, cuando el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo, Luis Echeverría Esquivel, reveló indicios sobre la desaparición de más de 500 millones de pesos del pago de créditos financieros.

Suficientemente documentado en su momento por el periodista Sergio Caballero, se trataría obviamente de un fraude con la venta de vehículos a los maestros con pago vía nómina, pese a que el Sindicato no había suscrito ningún convenio con la Secretaría y la empresa Abaco Etesa, que demandaba la liquidación del costo de las unidades.

Primera titular de la dependencia con Carlos Joaquín -fue relevada por Ana Isabel Vázquez Jiménez-, Marisol Alamilla Betancourt denunció que, por lo menos, 11 mil maestros tenían pagos vencidos con más de 15 compañías que les otorgaron créditos, aunque Alonso Ovando ofreció reestructurarlos en 15 meses, y que los habría heredado de Latife Ruiz, pero sólo liquidó un 25%, sin que dejaran de hacerse los descuentos nominales a los maestros.

Aparentemente, el Juez Primero de lo Penal debería dar seguimiento a la Auditoría Superior de la Federación, que detectó irregularidades por 391 millones de pesos en materia de educación en Quintana Roo. Este renglón incluía 210 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por operaciones carentes de justificantes y que se reportaron como pendiente de aclaración por parte de quienes los ejercieron.

Dichos apartados de recursos correspondían a Fondos Federalizados Adscritos al FAM, como como al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y al programa de Escuelas de Tiempo Completo. Tan sólo en el análisis de los recursos 2014, que implicaría un daño a la Hacienda Federal, se trataba de 313 millones 927 mil: 140 millones 182 mil del FAM, 89 millones 208 mil del PETC, 84 millones 233 mil del Faeb y 103 mil del FAETA.

El FAM era el segmento con más presupuesto manejado con irregularidades por parte de la administración quintanarroense, que ese año la Secretaría de Finanzas transferiría 140 millones 182 mil 249 pesos a una cuenta distinta a la que administra los recursos del fondo.

Estos recursos provenían del componente de Infraestructura Educativa Superior (73 millones 571 mil 900 pesos) y del componente de Infraestructura Educativa Básica (66 millones 610 mil 300 pesos), según la Auditoría del Fondo de Aportaciones Múltiples de la ASF.

El portal Contralínea publicó que los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ) habrían dejado de ejercer 84 millones 286 mil 195 pesos de los 184 millones 307 mil pesos que se les transfirió para el financiamiento del PETC, al menos hasta la auditoría Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo.

Además, los SEQ realizaron 700 pagos por 4 millones 922 mil 317 pesos provenientes de los recursos para el PETC a personal directivo y docente con más de una plaza, cuando que este personal no es financiable con esos recursos, por lo que el subejercicio como los pagos no justificados representarían probable daño federal.

Además, la Auditoría habría detectado que los SEQ no tienen mecanismos para que los recursos no cobrados regresen a la Tesorería de la Federación. Esa falta de sistema de control interno podría impedirle identificar y limitar las fallas para el cumplimiento de los objetivos del programa, así como observar un manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.

En el caso de la auditoría 2014 a los recursos del Faeb, se detectaron 65 millones 445 mil 247 pesos en pagos no justificados a administrativos; 17 millones 887 mil 54 pesos en pagos indebidos a comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y 901 mil 287 pesos pagados a empleados “fantasma”.

En el informe Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la ASF contabilizó 6 mil 805 pagos a administrativos. Estos sumaron 78 millones 659 mil 400 pesos, de los que no se proporcionaron minutas de acuerdos con las secciones sindicales nacionales que justificaran su otorgamiento. El Estado no pudo comprobar el destino de más de 65 millones de pesos después de presentar las aclaraciones correspondientes.

Estos pagos fueron por 4 conceptos: VA estímulo para aprovechamiento escolar y vida cara”; “41 Ayudas alimenticias, rentas”; 86 Complemento de despensa” y “GE Gratificación especial (10 días de sueldo integrado).

Durante la auditoría se aclararon los pagos por tres de estos conceptos, lo que representaba más de 13.2 millones de pesos. Los 65 millones 445 mil pesos restante, emitido por el concepto “41 Ayudas alimenticias, rentas” no se justificó, por lo que representaba una posible malversación de fondos. La ASF emitió un pliego de observaciones, por lo que el dinero deberá ser recuperado junto con los intereses acumulados hasta el día del reembolso.

Los SEQ también utilizaron 17 millones 887 mil 54 pesos para “pagos indebidos” a empleados comisionados a la Sección 25 del SNTE. La ASF emitió un pliego de observaciones que también presumió daño o perjuicio.

Durante la verificación física de los centros de trabajo, la ASF no localizó a tres empleados adscritos a ellos. Los 150 pagos que recibieron durante 2014 acumulan 901 mil 287 pesos, por lo que se presumió desvío de recursos. En total eran 84 millones 233 mil 588 pesos desviados del Faeb por pagos sin aclarar, lo que también representaría posible daño.

El Instituto Estatal de los Jóvenes y Adultos del Estado (Ieea) había realizado pagos no autorizados por 103 mil pesos, posteriormente reintegrados con intereses, aunque no se aplicaron después de haber sido utilizados para dichos pagos, lo que pudo significar un nuevo daño.

Quintana Roo era la entidad con más bajo cumplimiento respecto a su información presupuestal, según Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2015 del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC.

Entre otros aspectos, el IIPE evaluó hacer un desglose de los recursos destinados a dependencias y oficinas de gobierno, los recursos transferidos de la Federación a las entidades e información sobre recursos que las entidades transfieren a los municipios.

¿Y sigue el PRI hablando de honestidad, de nuevos “cambios” -como de Carlos Joaquín- y que AHORA Quintana Roo estará mejor…como si llegara con la “varita mágica” que ofrece Mara Lezama en Cancún?

En lo personal, ¡mejor vamos con el candidato chetumaleño Víctor Zapata Vales!..., aunque sea de Movimiento Ciudadano.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 44 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 30 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

 

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miércoles, 26 de mayo de 2021

  ¡Cuando la corrupción amenaza!



                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Aunque Usted no lo crea, el PAN tenía razón la semana anterior, pero sólo en parte, ya como, como ha sido su costumbre desde que inició este sexenio, sus baterías SÓLO están enfocadas en cuestionar el gobierno de López Obrador, tal y como hacía con los gobiernos del PRI en turno, cuando, sin embargo, la técnica le dio buenos resultados.

         En esta oportunidad, por el contrario, sus sistemáticos ataques tan sólo han logrado que la ciudadanía deje de verlo como una opción adecuada para un país al que, por el contrario, le ha abierto los ojos, pero en su contra, ya que cada día son más los mexicanos que, aunque en forma lenta, cada vez está más consciente de sus malévolas intenciones.

         El PRI, por el contrario, se ha visto obligado a dejar de engañar al pueblo y, sobre todo ahora que son tiempos de campaña, se ha dedicado en forma sistemática a atacar con todo a Morena, lejos de, como debiera, pedir perdón a los mexicanos por sus malos gobiernos -y los miles de millones  de pesos desviados- y ponderar una nueva oportunidad. No puede, Es soberbio.

         Decíamos al principio que el PAN tuvo razón la semana anterior -sólo en parte-, cuando, en la sesión permanente del miércoles, su senador Damián Zepeda Vidales, aseveró que “estas elecciones de 2021 son quizás las más importantes en los últimos años en nuestro país, en mi opinión, no sólo está en juego quién gana o quién pierde…, sino está en juego el presente y el futuro”.

De ahí en adelante lo echó todo por la borda, al señalar que “está bien claro, hay dos alternativas: Por un lado, continuar llevando a México a la barranca, con los gobiernos de Morena y, por el otro, buscar pluralidad, contrapesos, buscar, entre todos, encontrar la manera de sacar adelante e impulsar un cambio positivo para el futuro de México”.

Y siguió escupiendo hacia arriba, aunque, sin saberlo, sobre sus aliados del PRI: “Déjenme decirlo claro y déjenme decirlo fuerte y déjenme decirlo de frente, es un desastre absoluto los gobiernos de Morena, son un desastre absoluto los gobiernos de Morena”.

En realidad, son demasiados los insultos para reproducirlos, aunque ignoraba que su homólogo morenista Martí Batres Guadarrama tenía una respuesta que parecían haber olvidado muchos mexicanos, sobre todo los que se rasgan las vestiduras apoyando las candidaturas del PRI o de su aliado del PAN, entre ellos en Quintana Roo, donde, sobre todo en Cancún, Morena NO es la respuesta.  

Batres Guadarrama exclamó que “me asombro cómo viene la oposición a criticar a López Obrador por hacer uso de su conferencia de prensa para informar. Lo acusan de proselitismo, pero los que sí están usando la máxima tribuna de la Nación, de la Comisión Permanente, para hacer proselitismo, son estos prianistas hipócritas de doble discurso”.

Antes de recordar los nombres de los gobiernos corruptos de la oposición, apuntó que “el proceso político ha evidenciado su pobreza intelectual, política y moral”. Su vergonzosa defensa del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dibuja con nitidez a la oposición conservadora actual.

La pregunta obligada era: ¿Qué defienden? La respuesta, no menos obligada, recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, nexos con el narcotráfico, defraudación fiscal, empresas fantasmas, mafia, el saqueo de Pemex, impunidad, enriquecimiento ilícito por 950 millones de pesos de Cabeza de Vaca, violencia, asesinatos, sangre, es lo que defienden. 

Lo que todos escuchamos en aquella sesión es a uno de los voceros de la coalición PRIAN decir que los gobiernos de Morena son un absoluto fracaso. ¡Qué vergüenza! ¿De qué hablan los prianistas? ¿En qué mundo viven? ¿En qué país han vivido? ¿Qué no están bien informados? ¿No se han dado cuenta de todo el listado de SUS gobernadores?

-Tendríamos que comenzar con los ex gobernantes del PRI en Quintana Roo, Félix González Canto (2005–11) y Roberto Borge Angulo (2011-16), el primero de ellos fuertemente cuestionado desde antes de concluir su periodo, libre gracias a oscuras, sin embargo exitosas “negociaciones” que alcanzan al propio Carlos Joaquín González, y el segundo, en la cárcel, abandonado por su “padrino” Félix.

-Javier Duarte de Ochoa (2010-16), ex gobernador del PRI en Veracruz, en la cárcel, al igual que su sucesor interino de Minatitlán, Flavino Ríos Alvarado, y otro ex gobernador tricolor de ese Estado, Fidel Herrera Beltrán (2004-10, quien, pese a numerosas pruebas en su contra, sólo fue acusado

-Y siguen más correligionarios del PRI embarrados: El ex gobernador tabasqueño Andrés Granier Melo (2007–12), cinco años en la cárcel por delitos federales.

-Rodrigo Medina de la Cruz, ex mandatario del PRI en Nuevo León (2009-15) quien despachaba “por teléfono” y dejó endeudado a su Estado con más de 100 mil millones de pesos, procesado, entre otros por la compra de los terrenos de la planta en presuntas condiciones irregulares.

-Fausto Vallejo Figueroa, ex gobernador del PRI en Michoacán (octubre de 2013-junio 2014) acusado por corrupción y nexos con “Los Caballeros Templarios”.  En 2013 pidió licencia para ser operado de un trasplante de hígado. Ocupó su lugar Jesús Reyna, ex secretario de Gobierno, quien un año después fue acusado de tener contactos con La Tuta.

-Ex mandatario del PRI en Chihuahua  (2010-16), César Duarte Jaquez, sigue prófugo para México, acusado de peculado en diversas modalidades y, aunque detenido en los Estados Unidos, espera su extradición a México.

-Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit), otro ex gobernador del PRI (2011-17), está en la cárcel por sus presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y haberse enriquecido a expensas de sus conciudadanos, recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de actividades ilícitas.

-Jorge Torres López, gobernador interino del PRI en Coahuila (2011-11), en la cárcel, donde enfrente una condena de  20 años y una multa de 500,000 dólares por “lavado” de dinero, del que se declaró culpable.

-Eugenio Hernández Flores, encarcelado, fue mandatario del PRI en Tamaulipas (2005-10), aunque se había mudado en el 2011 a Quintana Roo, donde retornó a su carrera como ingeniero, pero un año después la Subsecretaría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO) le incautó ocho propiedades residenciales en Cancún y dos más en Playa del Carmen, porque se le investigaba por lavado de dinero.

-Un militante más del PRI que estuvo en la cárcel es el “abogado” Jesús Reyna García, encarcelado, quien sucedió durante 6 meses en la gubernatura de Michoacán a Fausto Vallejo (de abril a octubre de 2013)

         -Por su parte, el PAN “contribuyó” a la lista con gobernadores saqueadores como Francisco Arturo “Quico” Vega de Lamadrid, esto en Baja California (2013 y 2019), donde es considerado represor, misógino y retrógrada, aunque durante su gestión enfrentó diversas polémicas, investigaciones solicitadas por el Senado por presuntas irregularidades​ y protestas multitudinarias por una propuesta de Ley del Agua para el Estado de Baja California que envió al Congreso de su Estado y finalmente se abrogó.

-Otro “distinguido” miembro del PAN que, sin embargo, no pudo librar la cárcel en Sonora, es Guillermo Padrés Elías (2009-15), quien en noviembre del 2016 ingresó al Reclusorio Oriente por delincuencia organizada y lavado de dinero. Su hijo, Guillermo Padrés Dagnino también fue detenido y posteriormente trasladado al penal de El Altiplano en el Estado de México, donde lo pusieron a disposición del mismo juzgador federal que libró la orden de aprehensión de captura contra el ex gobernador.

El 16 de noviembre de 2016 le fueron dictados dos autos de formal prisión, el primero por lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, el segundo por lavado de dinero y delincuencia organizada, en este segundo caso se implicaría también a su hijo Padrés Dagnino.

-Por su parte, el ex gobernador del PAN en Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat  (2004 a 2010), procesado por la compra simulada de un tomógrafo, ejercicio indebido del servicio público y peculado en perjuicio del gobierno de Aguascalientes, habiendo agotado al momento todos los recursos que tenía para protegerse de la justicia. El 10 de julio de 2015 fue detenido y encarcelado por Defraudación Fiscal.

-Otro miembro del clan contra Morena, el PRD, tampoco canta mal las rancheras, mejor prueba de ello es su gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo, conocido públicamente como prepotente, opresor y corrupto.

Tras leerse con algunas interrupciones, esa lista larguísima, Martí Batres preguntó ¿De qué gobiernos desastrosos están hablando los compas del PRIAN? De Javier Duarte, Fidel Herrera, Andrés Granier, Rodrigo Medina, Fausto Vallejo, César Duarte, Roberto  Borge, Roberto Sandoval, Tomás Yarrington, Jorge Torres, Mario Marín, Silvano Aureoles, Quico Vega, Eugenio Hernández, Flavino Ríos, Jesús Reyna, Guillermo Padrés, Luis Armando Reynoso Femat y todos los que faltan, unos acusados, otros perseguidos, procesados y encarcelados. Una camada gigantesca de gobernadores saqueadores, ladrones y asesinos que dejó el PAN.

¿Eso es lo que quieren decir que son los buenos gobiernos? ¿Esos son los gobiernos que quieren? ¿Eso piensan que la gente desea que regrese? No, no se equivoquen, ni siquiera la encuestadora más vendida de México dice que vayan a retener los gobiernos del PRI y del PAN en nuestros días, van a perder muchos gobiernos.

Y no mal informen, porque se dice sobre el número de homicidio, se falsean los datos. Con Calderón el número de homicidios creció, la tasa de crecimiento fue de un 500%. En el sexenio de López Obrador, la tasa de crecimiento de los homicidios no ha sido ni el 1%.

Por último, están muy preocupados por el tema de los feminicidios, qué gusto, empiecen por atender a sus camaradas de partido porque ahí anda un panista en Atizapán, que 20 años se la pasó matando mujeres sin que hicieran nada, y se le investigó precisamente por el trabajo de las autoridades de Morena: Andrés “N”.

Lo peor del caso: A unos días de las próximas elecciones, toda esa corrupción PRI-PAN-PRD, con su mejor sonrisa y miles de promesas, amenaza con volver, entre ellos a Quintana Roo, donde quien opera se hospeda en palacio de gobierno, aunque también amenaza Morena en Cancún, Othón P. Blanco y Solidaridad. ¡Ojo, mucho ojo¡ Serán paisanos o serán buenas personas, pero ¡NO se mandan solos! ¡Razone su voto!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 44 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 30 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

 

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