jueves, 14 de mayo de 2020


¡Apóstoles y periodistas ante el COVID-19!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Probablemente vigente desde antes de Cristo, por lo que básicamente se puede decir que es tan viejo como la mentira misma, el refrán “miente, miente que algo queda” nos vino nuevamente a la memoria prácticamente un mes después de que el presidente López Obrador calificara “una equivocación” de Javier Alatorre.
En efecto, como seguramente se enteró Usted, el 17 de abril último, el periodista Javier Alatorre, de TV-Azteca, una de las televisoras más vistas en México y de alcance nacional, pidió no hacer caso a las conferencias de prensa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien tiene a su cargo el manejo de la crisis sanitaria del coronavirus en el país.
Alatorre aseguró que el funcionario presentaba cifras falsas y que por ello sus conferencias de prensa eran irrelevantes, lo que generó una ola de repudio en México y dio origen a una controversia que sobrepasó las pantallas de televisión, pasó en redes sociales y acabó en la presidencia de la República.
Y no era para menos, ya que, en medio de la pandemia global por el COVID-19, televisión Azteca desafiaba la campaña del gobierno federal y pedía desobedecer las medidas contra el virus e ignorar a López-Gatell.
Al día siguiente de aquel llamado a “no hacer caso”, la Secretaría de Gobernación “apercibió” a la televisora a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General: “Hacemos un llamado a los medios de comunicación y periodistas a ser responsables y sumar esfuerzos para cuidar la salud de todos”.
Aclaraba que, “de conformidad con la Constitución y la legislación aplicable, se le APERCIBE a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud”.
Concluyó que, en caso de incumplimiento, iniciaría un proceso administrativo sancionatorio establecido en la ley, y que Gobernación “tiene facultades para vigilar el cumplimiento irrestricto de las transmisiones de radio y televisión, a efecto de que no se violenten los derechos de terceros, como, en este caso, el derecho a la salud”.
Por su parte, López Obrador dijo creer que “se equivocó mi amigo Alatorre. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error, como cometemos errores todos, y además hizo uso de su libertad, cada quien puede expresarse, no debe haber, de ninguna manera, linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista”.
En un video-mensaje publicado en redes sociales, el mandatario resaltó que López-Gatell es un hombre con mucha preparación, responsable y honesto, quien tiene toda su confianza, y consideró que no está bien llamar a no hacerle caso.
Alatorre, por su lado, simplemente hizo un reconocimiento a López Obrador, y tan-tan. Terminó la típica historia aquélla del “mucho ruido, pocas nueces”.
Sin embargo, a menos de un mes de aquella “equivocación” de Alatorre, la cifra de muertes en México, a consecuencia del COVID-19, ascendía hasta ayer a más de 4 mil 220 muertes y 40 mil 186 casos positivos, la mayoría de los ellos, júrelo Ud., a falta de alguna vacuna confiable, de la mano de Dios, en el umbral de la muerte.
Casualmente, dos semanas del “incidente”, vecinos de Ecatepec, Estado de México, invadieron el hospital Las Américas, en exigencia de información de familiares internados, pero encontraron montones de cadáveres apilados, entre ellos de una persona que horas antes había dicho a su familia estar bien.
No faltó quien denunciara que una semana antes una de las invasoras había festejado su cumpleaños, inclusive con mariachis, lo que obliga a pensar que, al igual que sus vecinos y familiares, habrían hecho caso omiso a López-Gatell, tal y como, a nivel nacional, “recomendara” irresponsablemente Alatorre.
La pregunta obligada es cuántos estados también habrían seguido esos “consejos” que incluyen salir libremente a las calles como un día cualquiera y, sobre todo, no utilizar el “cubre-bocas”, entre ellos Quintana Roo, donde, diga lo que diga el gobernador Carlos Joaquín, el avance del coronavirus es cada vez más trágico, violento, aunque “sus números” y, sobre todo, sus asesores, digan otra cosa.
Desde luego que no sólo Alatorre y Carlos Joaquín tienen la culpa, sino también un increíble número de quintanarroenses que, aunque Ud. no lo crea, aún siguen creyendo en la teoría del “complot” y de las luchas por el poder político o económico, o bien consideran que el problema ha terminado, cuando que, todos sabemos, estamos en el “pico” de la pandemia.
Resulta increíble que hasta hace dos meses se vieran caras tristes, preocupadas por el futuro, con calles semivacías y todo mundo en su casa, mientras que hoy, cuando estamos en la etapa más riesgosa, pareciera que el coronavirus pasó a la historia, con más gente por las calles, sonrisas y saludos por doquier, con el “tapa-bocas” como adorno, o sin él.
La verdad es que hasta hoy nadie ve la supuesta campaña del gobierno de Carlos Joaquín para dotar de ese implemento a través de Seguridad Pública, ya que tanto patrullas como policías sólo aparecen cerrando calles y paseando, mientras que la mayoría de transeúntes, motociclistas y demás deambulan con la nariz y boca descubiertos.
Y si de la Secretaría de Salud se trata, falta vigilancia en expendedores de alimentos, sobre todo ambulantes, muchos de los cuales tampoco se protegen ni protegen a sus clientes, lo que incluye a tortillerías, aunque justo es mencionarlo, son más los compradores los irresponsables.
Nos detuvimos una hora en una calle cualquiera de Chetumal y rápidamente concluimos que por cada 10 compradores de tortilla sólo 4 utilizan “cubre-boca”, aunque, eso sí, gracias a las exigencias de la “cola”, la mayoría se ve obligada a respetar la sana distancia. En el caso de los taxistas, sólo tres de cada 10 se protegen y protegen a sus escasos clientes.
Curiosamente, una “institución” que ha brillado notoriamente por su ausencia en la lucha contra el COVID-19 es precisamente el sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que, caracterizado por la difusión de sus pachangas de sociedad, inclusive en planas enteras de algunos periódicos, hoy tiene de vacaciones a sus trabajadores sociales y Voluntariado.
La única que eventualmente da la cara -y sólo “para la foto” al lado de su cónyuge Carlos Joaquín- es su presidenta, Gabriela Rejón, a quien la jefa de Comunicación Social colocó en cuarto lugar de aprobación en supuesta encuesta nacional.
 Así las cosas, aquél “miente, miente que algo queda” de hace un mes muy probablemente tuvo mucho que ver en los estragos del coronavirus, y aunque lo minimizó López Obrador, lo cierto es que la tibia respuesta de Gobernación simplemente debió convertirse en la aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En efecto, su Artículo 117 dice que, en caso de desastre natural, guerra, grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país, la economía nacional o para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos, el Ejecutivo Federal, a través de la SCT, podrá requisar las vías generales de comunicación, así como de los bienes muebles e inmuebles y derechos necesarios para operar dichas vías y disponer de ello como crea conveniente.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá proporcionar al Ejecutivo Federal el apoyo técnico que se requiera, y éste también podrá igualmente el personal que estuviere al servicio de lo requisado cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
La antecesora de esta ley, la Ley Federal de Radio y Televisión, abrogada en julio de 2014, sentenciaba en su Artículo 101 fracción 14 que “constituyen infracciones a la presente ley… contravenir el art 64, que explicaba que NO se podrían transmitir I.- noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, contrarios a la seguridad del estado o el orden público”.
         Sabemos que el propietario de TV-Azteca, Ricardo Salinas Pliego, a través del Grupo Salinas (Elektra-Banco Azteca), adeuda entre 14 y 32 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda desde 2006 y que parte del “show” para suavizar a su amigo López Obrador con el pago fue exponer a los principales colaboradores de éste, por lo que no crea Ud. que Alatorre actuó a lo tonto, sin órdenes.
         No obstante, una de las máximas de los “periodistas” que viven de la ubre gubernamental es “pegarle” a cualquiera de los apóstoles… menos a Dios.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 43 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con cinco Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 20 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 luancaba.qroo@gmail.com                 
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sábado, 4 de abril de 2020


¡“Cocinan” derrocar a López Obrador!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Circunstancialmente apoyada por la pandemia del coronavirus, la nueva coalición opositora de facto (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) se encuentra en plena faena para derrocar al presidente Andrés López Obrador, a quien más de 30 millones de mexicanos elegimos democráticamente en julio de 2018.
A partir de ese momento, con más de 18 millones de votos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, y 21 millones sobre el tercero (PAN y PRI, en este orden), inició la lucha de éstos por descalificarlo, sobre todo en el caso del blanquiazul, en una fallida táctica que, por el contrario, le dio resultados frente al PRI, cuando conquistó la Presidencia de la República en el 2000.
A 20 años de distancia, sin embargo, la práctica del golpeteo sistemático panista y la crítica permanente a todo lo que “huela” a López Obrador, con irónico apoyo de su ex correligionario (¿Será?) Felipe Calderón, sólo le ha rendido algunos dividendos con la participación del resto de su “coalición” opositora.
A la voz de “vamos con todo contra López Obrador”, trabajos de investigación confirman que, por ejemplo, grupos de choque ligados a esos partidos estuvieron detrás de los desmanes en la marcha “de mujeres” del 20 de marzo, cuando, aprovechando la buena fe de miles de féminas, empero, los desmanes estuvieron a la orden del día.
Lo que es peor, se ha puesto de manifiesto que la ultraderecha continúa cocinando un golpe de estado “suave” contra el gobierno de AMLO, para lo cual, con algunas modificaciones que no lo dejan fuera de contexto, aplica un ensayo del politólogo norteamericano Gene Sharp: “Cómo quitar presidentes en cinco pasos”.
Ahora bien, en torno a ese movimiento, en agosto de 2019, con ocasión de otra marcha feminista, las autoridades detuvieron a César Daniel Penagos García (a) “El Chupas Estrada”, quien agredió físicamente al periodista Juan Manuel Jiménez, de ADN 40, cuando éste cubría el evento. El detenido es miembro de los grupos políticos de choque “Los Claudios” y “Los Buitres”.
Estos grupos habrían sido creados y financiados desde el 2004 por Salinas de Gortari, “El Jefe” Diego Fernández, Carlos Ahumada y Rosario Robles (PRI, PAN y PRD) para infiltrar y desestabilizar marchas, mítines, organizaciones y partidos políticos enemigos. Además, Penagos participó en manifestaciones violentas de Coyoacán, durante las campañas de Morena.
Por otro lado, la diputada federal Ana Lucia Riojas también participó en las movilizaciones de marzo, publicó invitaciones en redes sociales, participó en provocaciones contra la policía y hasta borroneó al Ángel de la Independencia. Activista del PAN, apoyó al panista Ricardo Anaya en su lucha presidencial y es plurinominal del PAN, pero dice ser independiente.
Como era de esperarse, las movilizaciones las transmitieron en vivo en red nacional todas las televisoras, magnificando un hecho poco trascendental, pero magnificadas en TV para hacerle la guerra y desprestigiar a López Obrador. Claro, a falta de millonarios contratos, … hay qué cobrar se alguna manera.
Por si fuera poco, las constantes amenazas de muerte al presidente siguen a la alza, así como el abierto desafío del EZLN, al expandir su territorio a 11 municipios más en Chiapas, con lo que pone en riesgo los tratados de paz (ordenado por Salinas de Gortari) para afectar a las obras del Tren Maya del Gobierno Federal.
Lo cierto es que ni la derecha mexicana ni Estados Unidos tolerarán la intervención del gobierno federal frente al mercado; frenar la privatización de PEMEX; dejar de endeudarnos; que las riquezas del país se distribuyan a los pobres; la guerra contra la mafia empresarial y política corrupta mexicana, mucho menos la línea antiimperialista de López Obrador ni su denuncia de la hostilidad del imperio yanqui hacia los países latinoamericanos.
México cuenta con recursos naturales estratégicos que serían vitales para la supervivencia y futuro del poderío gringo, por lo que, júrelo Usted, no nos dejarán en paz hasta tenernos de rodillas.
Fallecido en 2018, el politólogo Gene Sharp, a quien se criticó como supuesto agente secreto de la CIA -que habría financiado sus teorías y su libro “De la dictadura a la democracia”, es acusado de elaborar una guía que sugiere que para destruir un gobierno ya no se requieren fuerza ni armas, lo que es obsoleto, sino armas psicológicas, sociales, económicas y políticas.
Entre otros, sugiere préstamos a países en desarrollo para amagarlos a  abrir su economía y privatizar todo, en tanto indica cómo usar prensa, internet, propaganda, financiar y manipular jóvenes y estudiantes para fabricar  revoluciones no violentas y blandas; usar principios de desobediencia civil y no violencia en armas letales contra gobiernos dictatoriales o de izquierda, así como fabricar mártires con jóvenes carismáticos de 13 años; sacar videos y fotos con banderas ensangrentadas y puños rojos, y después atacar a AMLO.
Aunque, en realidad, el estudio de Sharp, publicado el 19 de febrero de 2014, se denomina “Cómo derrocar un gobierno en cinco pasos”, el estudio le titula “Cinco pasos sencillos para destituir un presidente democráticamente electo”, sobre lo cual aquél se refiere a “armas que en la actualidad se usan para derrocar gobiernos sin tener que recurrir a las convencionales”.
Puntualiza que esos golpes se realizarían mediante una serie de medidas que van desde el debilitamiento gubernamental hasta la fractura institucional, como sería el caso de lo que ocurría en Venezuela hace 5 años, promovido por la oposición, según expertos.
La primera etapa de los “golpes suaves” de Sharp sería generar y promocionar un clima de malestar, entre ellas “denuncias de corrupción y la promoción de intrigas”, mientras que en la segunda etapa se desarrollarían intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno.
La tercera etapa se centraría en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y la promoción de manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones, y la cuarta en operaciones de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno, creando un clima de “ingobernabilidad”.
La quinta etapa y final forzaría la renuncia del presidente mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente se va preparando el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se aísla internacionalmente al país.
La “violencia no es tan eficiente”, opina Sharp, dado que el poder no es monolítico y que “en los gobiernos, si el sujeto no obedece, los líderes no tienen poder”, concluye. 
Por su parte, el estudio llama a la primera fase “de Ablandamiento”, donde los medios de comunicación y redes sociales fabrican malestar, conflictos y promueven intrigas y desesperanza social. Actualmente, asegura, de 100 periodistas, 95 se dedican día y noche a atacar a López Obrador con una serie de mentiras (Loret de Mola, Enrique Krauze, etc.)
La segunda fase, “de Deslegitimación”, incluye la difusión de comentarios, chistes, burlas, memes, caricaturas y mofas adversas al gobierno, así como rumores y noticias falsas. Manipular los prejuicios anti-comunistas, defensa de periodistas y feminismo, acusar totalitarismo, fractura ético-política. Críticas fuertes con fines desestabilizadores.
Respecto a la tercera fase “de Calentamiento de calles”, se promoverán constantes movilizaciones de protesta, de acarreados, apoyando a cualquier quejoso, no importa si hay que pagarles, para aparentar un inminente estallido social y la inminente caída del régimen. Lucha y globalización por demandas políticas y sociales. Exponer fallas gubernamentales y de sus instituciones, buscando fabricar mártires jóvenes en enfrentamientos, y alzarlos como ejemplos de luchadores sociales a seguir.
Como penúltima fase “de Combinación de todo”, se organizan marchas, tomas y dañan instituciones emblemáticas. Operación de Guerra psicológica. Clima de ingobernabilidad y desmoralización de organismos de seguridad.  Correr rumores; Inventar falsas carestías, y hambrunas; acusar al gobierno de incompetente y culpable de todo lo malo, hasta de temblores, erupciones volcánicas, accidentes e inundaciones. Iniciarán causas judiciales injustas contra el gobierno, para lo cual se comprarán jueces y magistrados.
Finalmente, en la fase “de Fractura institucional”, las causas judiciales prosperan; los medios apoyan; los gobiernos democráticamente elegidos caen; se derrota y destituye un gobierno por vías no democráticas, pero con apariencias legales.
Para ese efecto, se obliga a renunciar al presidente, existen acciones callejeras y toma de instituciones para preparar terreno para la intervención militar extranjera y propia. Se desarrolla una guerra civil prolongada, se promociona un aislamiento internacional y se festeja y promueve el quiebre de la banca, la moneda, y las devaluaciones.
Hasta antes del coronavirus, México iba aparentemente por la fase DOS, donde se trataba de desestabilizar al gobierno y se rebelaban los ahora ex policías federales, así como las marchas feministas radicales, y la expansión del EZLN, en tanto sólo el 5% de los periodistas da información real del gobierno de AMLO, y el resto se dedica a criticar todo… hasta a burlarse de sus zapatos.
Se ve la mano que mece la cuna: La “Operación Berlín”, Salinas- Jefe Diego- PRD,  grupos empresariales, seudo periodistas, prianistas y organismos civiles financiados desde Washington, todos embarcados en promover una guerra psicológica para tratar de “tumbar” al presidente, con títeres entrenados en el extranjero y financiado por asociaciones gringas pro Wall Street, Fundación Ford, USAID, FMI, FID, NED, IRI y Freedom House
Las teorías tienen años de aplicarse en forma exitosa: Manuel Zelaya, destituido en Honduras; a Cristina Fernández, intentaron hacerla culpable del asesinato de un fiscal para destituirla; Dilma Rousseff, destituida por ministros corruptos por violar ley de presupuestos; Luis Inacio Lula da Silva, sin pruebas, el Poder Judicial lo encarceló para evitar su reelección. 
El movimiento “Primavera Árabe” en Egipto e Irak, Zimbabue, Bosnia y Estonia, también es ejemplo donde la receta se aplicó y funcionó, y va por Venezuela, Bolivia o Nicaragua, donde hay recursos naturales que interesan a los gringos. Y México es hoy su nuevo objetivo.
De no ser porque el coronavirus surgió en China y afecta a todo mundo, estaríamos seguros que se trata de una nueva maniobra del PAN para desestabilizar al gobierno de AMLO, aunque, de cualquier manera, el blanquiazul no ha desaprovechado ningún detalle para llevar agua a su molino.
Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 43 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con cinco Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 20 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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viernes, 28 de febrero de 2020


¡Alerta  coronavirus a Quintana Roo!


                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         En medio de una grave sicosis por el coronavirus en China y sus consecuencias, la Secretaría de Salud de México confirmó este viernes que, como se temía, pero se esperaba, se han presentado en México dos casos de esa terrible enfermedad que ha causado tantas muertes en aquel país asiático: Uno de ellos en la propia Ciudad de México, y otro más en Culiacán.
         La verdad es que lo que menos habíamos pensado era escribir sobre esa enfermedad, pero la ubicación geográfica de Quintana Roo y su principal actividad turística, la de cruceros, nos obligan a hacer un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles a tomar medidas urgentes cuanto antes para evitar que la entidad sea una de las principales afectadas.
         Ad hoc con el tema, el conocido antropólogo Fernando Cortés de Brasdefer impartió ayer jueves una interesante conferencia denominada “La muerte púrpura en Payo Obispo 1918-1919, a un siglo de la tragedia”, en torno a la pandemia conocida como influenza española, con un recuento histórico de la enfermedad que, nacida en Estados Unidos, se extendió por el mundo hasta llegar a Quintana Roo.
         A diferencia del 8 de abril de 2016, cuando impartió una conferencia similar, pero con el propósito de que nuevas generaciones conozcan los daños que ocasionó la pandemia española que afectó al antiguo territorio Payo Obispo, el conferencista, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ahora hizo referencia al coronavirus.
         Al término del evento, en el Museo de la Cultura Maya, la mayoría de los asistentes se refirió al coronavirus como pandemia que, a escasas semanas de su aparición, acapara las principales páginas de los periódicos de todo el mundo por el temor generalizado de que haga su aparición de un momento a otro, en nuestro caso, primero en América, luego en México y ahora en Quintana Roo.
         Precisamente el primer brote de temor ocurrió ante el arribo de un crucero a Cozumel con un aparente afectado, por lo que se le negó el permiso de descender a su tripulación. Hubo polémica y luego una serie de dichos sobre si descendieron o no, inclusive hasta hoy, pero lo cierto es que las redes sociales se han encargado de darle seguimiento informalmente.
         El coronavirus, síndrome respiratorio agudo y grave (SRAS, también conocido como SARS y SRAG), se detectó en noviembre de 2002 en China, afectó a más de 8 mil personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. Es una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, con un origen aún desconocido, aunque provoca un simple resfriado o resulta un síndrome respiratorio grave.
El coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Se habían notificado hasta octubre de 2019 más de 2 mil 400 casos de infección, con más de 800 muertes.
Sin embargo, una mutación del virus es la que actualmente mantiene las alarmas del mundo encendidas. Se trata del Covid-19, que se originó en China, específicamente en Wuhan. Para esta enfermedad no hay vacuna ni medicamentos especiales para su tratamiento. El padecimiento ha dejado miles de muertes alrededor del mundo y que no hay una sola región limpia de él.
El acumulado de fallecidos hasta el momento en China es de 2 mil 788 personas y el de casos confirmados, de 78 mil 824, lo que ha provocado que los grupos de redes sociales por teléfono se inunden de mensajes sobre el tema, al grado tal que, inclusive, en Chetumal ya se ofertan “tapabocas” que, a nivel nacional, están prácticamente agotados.
Asimismo, una de las búsquedas más constantes de internet es el libro llamado “Los ojos de la oscuridad” que, escrito por Dean Koontz hace cerca de 40 años, prácticamente vaticinó la aparición del coronavirus precisamente en estas fechas y precisamente en China. Internet lo ofrece en venta o vía suscripción, aunque, en casos aislados, se puede localizar en inglés.
Ahora bien, el urgente llamado a las autoridades es para adoptar,  a la voz de “ya”, medidas urgentes y extremas en torno a la Zona Libre de Belice, ya que es del conocimiento público que la enorme mayoría de los productos que expende es precisamente de origen chino, con mercancía de contenedores provenientes de ese país contaminado.
La capital Chetumal está tan sólo unos minutos del lugar, y los habitantes son muy dados a viajar para adquirir productos chinos por su atractivo precio, pese a su dudosa calidad y falta de garantía, principalmente sanitaria, con un tema que no es ningún juego, y sí suficientemente serio, aunque, muy a pesar nuestro, seguramente habrá que luchar contra la burocracia y “tramitología”.
Ya nos imaginamos el dolor de cabeza que le ocasionará el tema al gobernador Carlos Joaquín, similar al del crucero de Cozumel, aunque más grave y con mayor riesgo,  no sólo para Chetumal o Quintana Roo, sino para todo el país, como puerta de entrada.
El tiempo es oro, y esperamos que, tanto la Secretaría de Salud como el Gobierno del Estado, adopten, “pero YA”, alguna medida sobre la zona libre, donde se sabe, inclusive, de trabajadores chetumaleños que se dedican a la descarga de contenedores.
No se trata de alarmar, pero, de no hacer nada, o de minimizar Carlos Joaquín los riesgos, ¡Dios nos bendiga! No quisiéramos escribir el día de mañana “se lo dijimos”.
(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 43 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con cinco Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 20 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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miércoles, 26 de febrero de 2020


La “justicia” en Q. Roo, ¡para llorar!


                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Aunque se ignoran detalles sobre la detención del chetumaleño Oscar Conde Canto, lo cierto es que desde anteayer circula profusamente por redes sociales que un juez de control vinculó a proceso al primo hermano del ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, acusado de un  quebranto por 114 millones de pesos al Ayuntamiento de Tulum, donde fue tesorero en 2013.
         Según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado, el juez accedió al arresto domiciliario del ex funcionario, tras decomisarle 12 predios -siete en Othón P. Blanco, dos en Benito Juárez, y los demás en Bacalar, Solidaridad y Cozumel-, ordenar colocarle un dispositivo electrónico y asegurar su pasaporte.
         Miembro de distinguida familia de Chetumal, que encabeza su madre, la conocida empresaria Noemí Canto de Conde, tía de Félix González, el acusado habría manejado dolosamente la cuenta pública de Tulum con la complicidad de otros tres funcionarios durante el trienio del Marciano Dzul Caamal.
         En concordancia con el tema del ex funcionario, sobre el cual un comunicado de la Fiscalía Especializada dice que su trabajo ha rendido frutos al lograrse la vinculación a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, el sábado último también fue detenido otro ex funcionario, Raúl Labastida Mendoza, quien fuera Consejero Jurídico del ex gobernador Roberto Borge.
         Libre también al igual que la mayoría de la larga lista de acusados por el gobierno del “cambio” que encabeza Carlos Joaquín González, excepto el ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante -pero como si así fuera-, Labastida Mendoza, a diferencia de los ex colaboradores de los enemigos políticos del mandatario, sólo fue acusado de la desviación de la risible suma de 1.8 millones de pesos… que habría pagado muerto de la risa.
         En una agitada semana en la que los periodistas fueron protagonistas también, la Fiscalía aseguró en Cancún un predio propiedad del empresario Alberto Millar López, ex propietario de la desaparecida revista “Polémica” y hermano de Heriberto Millar -éste poseía el periódico “Respuesta”-, ambos enemigos de Carlos Joaquín durante la campaña a la gubernatura, y -desde luego- amigos de Roberto Borge.
Se trata de un predio de 4 hectáreas, ubicado en la Región 295, conocida como “zona de sascaberas”, en el bulevar Luis Donaldo Colosio, que se usaba como estacionamiento público, y aunque aquél asegura haberlo comprado al Gobierno del Estado a través del desparecido IPAE, forma parte de la serie de inmuebles que Borge habría vendido irregularmente a políticos, amigos y familiares.
No obstante, Alberto Millar denunció una supuesta persecución, dado que la Fiscalía no procede por el mismo tema de terrenos irregulares contra otros, como los empresarios Issac Hamui, Abelardo Vara, o bien desarrollos como Cumbres, Lagos del Sol, Villamagna, o empresas como Aqua, amén de que junto a su predio existe otro de 7 hectáreas, que tenía como posesionario Enrique Lechón Rosas, hermano del Notario 10, Francisco Lechón, casados con las dos hijas de la ex senadora panista Addy Joaquín. 
         Millar pagó 250 pesos el metro cuadrado por su predio, cuando su valor comercial se estimaba en 10 mil pesos, lo que significa que pagó sólo el 2.5% de su precio real, unos 14 millones de pesos en pagos mensuales, en lugar de 560 millones, por lo que la pérdida del patrimonio de los quintanarroenses ascendió a cerca de 546 millones.
         Según la Fiscalía General del Estado, el litigio por el que se aseguró el predio, conforme a la carpeta 15011/2019, no es por la compraventa, sino por un aparente fraude procesal, pues él tenía un poder para gestionar la regularización del terreno ante el IPAE, incluso con dinero a cambio, pero en lugar de eso lo compró para él, a sabiendas de que el terreno estaba en venta.

Ahora bien, en el caso de Oscar Canto, vinculado en la carpeta administrativa 73/19, con las evidencias de los daños a las arcas municipales de Tulum, según dictamen de la Auditoría Superior del Estado, en 2013 fungía como director de Egresos del Ayuntamiento de Benito Juárez, cuando estuvo involucrado en un desfalco por 229 millones de pesos.
Claro, aunque era trienio del perredista Gregorio “Greg” Sánchez, no pasó nada, ya que su primo, el entonces poderoso Félix González era gobernador. Junto con él también se involucró a Latifa Muza Simón, -tía de Borge Angulo-, así como a los ex tesoreros Antonio Jiménez y Carlos Trigos Perdomo.
El caso fue que los 229 millones de pesos se depositaron en la cuenta bancaria Banorte 0638275250 del Ayuntamiento, y posteriormente se traspasaron a la 4043847938 de HSBC, donde se hizo uso indebido. En esta transacción, más de 162 millones desaparecieron sin rastro, ya que nunca fueron justificados o presentados para alguna acción relacionada a favor de la ciudad.
Los principales sospechosos eran Muza Simón, entonces encargada del despacho de la presidencia municipal, Oscar Conde, director de Egresos; Tony Jiménez, nombrado tesorero por aquella, y Trigos Perdomo, tesorero en el trienio de Greg Sánchez.
En ese entonces, Félix González colocó el 14 de febrero de 2007 a su otro primo, Manuel Conde, hermano de Oscar, como director regional de Fonatur-Quintana Roo. También próspero empresario, el funcionario era director del tristemente célebre VIP-SAESA, (Servicios Aéreos Ejecutivos), consorcio particular que mucho benefició al gobierno de Félix, que lo convirtió en “dependencia gubernamental” para justificar millones de pesos.
 En tiempos de Greg, Manuel Conde fungió como Secretario Técnico y titular de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre de Benito Juárez, ratificado por Jaime Hernández Zaragoza, aunque, tras fungir desde marzo de 2007 como director del Centro Integralmente Planeado (CIP-Cancún),  a partir de mayo del 2008 Félix lo promovió como Encargado de Nuevos Negocios de FONATUR.
Ahora bien, Oscar Conde deberá firmar cada 30 días ante la Secretaría de Seguridad Pública, aunque la Fiscalía obtuvo un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación, es decir, hasta el próximo 24 de mayo.
Lo cierto es que de enero a septiembre de 2016, el acusado habría participado ilegalmente en la contratación de bienes y servicios, de donde se detectaron vicios de la Comuna con 29 proveedores.
No obstante, tal y como reclama Alberto Millar respecto a la parcialidad del gobierno de Carlos Joaquín y “su” Fiscalía Anticorrupción, donde la mejor prueba de ello fue la imposición de su titular, la yucateca Rosaura Villanueva Arzápalo, la pregunta obligada es por qué el uso de dos pesas y dos medidas diferentes para la procuración de justicia.
Para no extendernos en el tema, al que nos hemos referido en múltiples ocasiones, hablamos de personajes como Víctor Alcérreca Sánchez, a quien Carlos Joaquín ha evitado vincular con el tema de VIP-SAESA, con el que ha realizado diversas detenciones e infructuosos procesos, aunque también se hizo de la vista “gorda” con el propio titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Manuel Palacios Herrera.
Asimismo, el incluye el nombre del antecesor de este último, Javier Zetina González, primo de Carlos Joaquín y de Félix González.
En el primer caso, el propio Palacios Herrera aceptó haber estado enterado de las anomalías durante la gestión de Zetina González en la Auditoría, y no haberlo denunciado “por temor a perder el trabajo”, mientras que en el caso del “primo privilegiado” la percepción generalizada es que, además de la sangre, se “negoció” información a cambio de no pisar la cárcel.
¡Seguramente habrá más tela de dónde cortar!
Para recordar el caso, le invitamos a ver este link:

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 43 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con cinco Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 20 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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miércoles, 29 de enero de 2020


¿Ahora sí cambiarán a Capella?


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Yucatán desde 2007 con la gobernada Ivonne Ortega Pacheco, y ratificado sucesivamente por Rolando Zapata Bello y Mauricio Vila Dosal, el nombre de Luis Felipe Saidén Ojeda “suena” insistente para relevar en Quintana Roo al inoperante tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra.
Licenciado en Administración, egresado del  Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a Distancia, Saidén Ojeda es antiguo conocido de los quintanarroenses, ya que en 2003 fue director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos en Cancún, durante el periodo del entonces “Ecologista” Juan Ignacio García Zalvidea, en el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz.
Con un pie fuera de la corporación yucateca tras la reciente represión policial a un grupo de manifestantes durante el informe del gobernador yucateco Mauricio Vila Dosal, el funcionario inició su trayectoria policiaca en 1995 como titular de la entonces Secretaría de Protección y Vialidad durante  la gestión del desaparecido Víctor Cervera Pacheco.
Tras la manifestación de Mérida, Morena-Yucatán se deslindó de los actos violentos durante la protesta por los elevados impuestos -incluyendo las placas de vehículos-, en tanto acusó al PAN de ser el instituto político que tiene grupos de choque
El dirigente estatal del partido, Mario Mex Albornoz, anunció que habrían solicitado la renuncia de Saidén Ojeda por los hechos violentos que ordenó con tal de impedir una marcha pacífica, aunque evaluaban otros mecanismos legales para pedir su destitución como titular de la Secretaría, y lamentó que no asuma su responsabilidad y prefiera un chivo expiatorio que sólo cumplió una orden.
Por su lado, el funcionario, que continúa al frente de la corporación, pese a una serie de rumores sobre su cambio, explicó que algunos inconformes desde el inicio dieron muestras de que su objetivo era la confrontación física y la provocación contra la policía, por lo que retiraron violentamente las vallas que impedían su acceso y agredieron a los agentes.
En medio de esta agresión, uno de los policías accionó un mecanismo “disuasivo” de violencia -gas lacrimógeno- para defender a sus compañeros de la agresión y evitar que la violencia se extendiera a paseantes y familias.
No obstante, dijo que se ordenó una investigación, aunque, mientras Asuntos Internos de la Secretaría concluye sus averiguaciones, el Policía Tercero “C.M.S.”, quien activó el mecanismo de disuasión, fue suspendido.
Así, advirtió que “en Yucatán no vamos a permitir acciones violentas como sucede en otros estados, ni se permitirá que elemento alguno de la SSP, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional sea agredido en el cumplimiento de su deber: Se responderá en forma proporcionada, como ordenan la Ley y los protocolos de actuación nacionales”.
Por último, reiteró su compromiso de actuar siempre conforme a Derecho y anteponer la seguridad de familias y visitantes como la más importante misión.
En 2004, Saidén Ojeda fue implicado en el expediente PGR/SIEDO/UEICDCS/329/04 del llamado “Caso Cancún”, por 13 narco-ejecuciones, tres de ellas agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI). En ese entonces, fungía como director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos en Cancún.
Para ese efecto fueron procesados ex funcionarios de la PGR, policías estatales y municipales, en lo que se consideró ajuste de cuentas por la venta simultánea de esa “plaza” a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, por lo que se procesó a Saidén Ojeda por delitos contra la salud y delincuencia organizada, como presunto responsable de brindarles protección.
El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Mérida, libró orden de aprehensión contra Saidén, involucrado por Jesús Argüelles Mandujano "El Rayo", también ex director de la policía de Cancún, procesado y detenido como presunto implicado en los mismos asesinatos.
Sin embargo, en mayo de 2007, Saidén fue absuelto por el Juzgado Colegiado de Circuito en Cancún, y en agosto de 2008, ya como titular de la policía de Yucatán, se hallaron cabezas de varios narco-menudistas en la comisaría de Chichí Suárez y el municipio de Buctzotz, con un video mensaje dirigido a él.
“Esto y todo lo que tu ocasiones (sic) de aquí en adelante va a ser únicamente tu responsabilidad por no respetar los tratos que haces con nosotros Luis Felipe Saidén Ojeda”, decía una cartulina con la que inició una videograbación de 90 segundos. El video mostraba 7 cabezas de hombres, todos con tiro de gracia.
Con todo, después de esos incidentes siguieron 13 años de ensueño en materia de seguridad para Yucatán, al grado tal que -contra lo que ocurre exactamente en Quintana Roo-, año tras año es considerado uno de los estados más seguros del país y uno de los destinos turísticos más confiables.
Ésta sería la tercera ocasión en que se habla del cambio, aunque en mayo de 2019, ante la insistencia de los rumores Mauricio Vila señaló que el éxito de Yucatán en materia de seguridad deriva del trabajo coordinado entre las policías municipales y la estatal con las corporaciones federales.
Además, dijo, influye que los yucatecos sean gente trabajadora y honesta, pero hay un buen trabajo de coordinación, por lo que, entre risas, rechazó cualquier posibilidad de que Saidén Ojeda pudiera ir “siquiera prestado” a otro estado, como Quintana Roo.
Apenas en diciembre de 2019 la Agencia Quadratín informó que Capella Ibarra habría presentado su renuncia tras una reunión de seguridad con legisladores y asesores del gabinete estatal. Tras su salida, el primer nombre que habría empezado a sonar para dirigir a la corporación era el de Saidén Ojeda, aunque era poco probable porque éste llevaba las riendas de la seguridad en Yucatán.
Por último, trascendió que la renuncia de Capella se habría debido a varios motivos, entre ellos que el Mando Único en Quintana Roo había sido un fracaso, ya que hasta el 27 de diciembre, en Cancún se contabilizaron al menos 379 asesinatos con arma de fuego, y en Playa del Carmen, más de 193, lo que dejaba en evidencia su falta de operatividad…, aunque todo era una broma con motivo del Día de los Santos Inocentes.
Sin embargo, motivos sobran para pensar que en esta tercera ocasión -dicen que “la tercera es la vencida”- existen muchísimos motivos de fondo y de peso porque al gobernador Carlos Joaquín ya se le habrían calentado de sobremanera la cabeza, los nervios y la paciencia, ya que los hechos demuestran un rotundo fracaso en la materia.
Apenas el domingo se publicó sobre la ejecución de otras 6 personas en Cancún, mientras que en Othón P. Blanco, en menos de 21 días, la inseguridad incluye 4 vehículos incendiados de manera intencional, el homicidio de un taquero en la avenida Belice, un intento de homicidio en la Independencia, un asalto con violencia a un súper mercado en uno de los principales cruces de la ciudad y un ataque armado contra dos automovilistas en Río Hondo.
A esto se suman, entre otros, los sorpresivos asaltos a Banco Santander, gasolineras, farmacias, carreteras, tiendas Oxxo y Milano; los supermercados Sam’s Club, Aurrerá y Super Aki, así como domicilios particulares y, por si fuera poco, el sangriento ataque a militares por parte de narcotraficantes que, ante el “paraíso” de Quintana Roo para la delincuencia, aterrizaron con una avioneta en plena carretera cerca de Nuevo Israel.
Lo irónico del caso es que el diputado petista Roberto Erales Jiménez es el único realmente convencido de la necesidad de cambiar a Capella, ya que otros homólogos suyos sugieren que renuncie si no  puede con la inseguridad de Quintana Roo. ¡Caray! ¿Y todavía lo dudan?
Por lo pronto, parece allanarse el camino para la salida de Saidén Ojeda del gabinete de Federico Vila, quien apenas ayer, en muestra de incapacidad para gobernar Yucatán, prefiere culpar a su equipo y, así, dio de baja a sus secretarios de Gobierno, Salud y Educación ¿Estará próximo el de Seguridad Pública?
¿Será que Carlos Joaquín también estará listo como su correligionario y homólogo para poner orden en la casa? ¡Se ha vuelto demasiado predecible!  
(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 43 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.
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