En primera fila

¿Desaparecerá la SCJN por capricho?                                                                   Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO* El presidente López Obrador  anunció que en septiembre del próximo año enviará una iniciativa de reforma al  Poder Judicial , con la que plantea reducir fideicomisos y sueldos, además de eliminar privilegios de ministros, jueces y magistrados, esto con el supuesto objeto de generar recursos en beneficio de los mexicanos. Así lo detalló durante una conferencia, tras exhibir los sueldos y privilegios que reciben los ministros de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial, y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se les entreguen becas ”, adelantó. Sin embargo, se sabe que la decisión surge tras el enfrentamiento abierto que ha tenido con la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y la constante confrontació

  ¡Otra de Carlos Joaquín!: CALICA                                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO* Ocurrió hace más de 33 años, a mediados de la gubernatura de Miguel Borge Martín, cuando supimos sobre la empresa México-estadounidense “Calica”, Calizas Industriales del Carmen, entonces prácticamente desconocida y hoy objeto de una serie de controversias, tales que involucran como asesor jurídico al panista Santiago Creel Miranda, de la Cámara de Diputados, y supuesto precandidato a la Presidencia de la República. Entonces director de Diario de Quintana Roo, Mario Rendón Monforte nos informó que, como reporteros de la Zona Sur, viajaríamos gratuitamente a Miami, Florida, como parte de un equipo de siete periodistas del Estado, para conocer los trabajos de la “Vulcan Compañy”, socia de Calica y similares a los que pretendía desarrollar en 2 mil 400 hectáreas de Playa Del Carmen, supuestamente sin ningún daño ecológico y benéfico para la comunidad. Viajó

  El “pobre” PAN y su inmobiliaria                                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO* Para el ciudadano común, no hay distinción entre derecho, justicia y ley, que, según Hobbes (2004), es un conjunto de condiciones y convenciones acordadas entre los hombres. O, para Montesquieu (1996), relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas y que, por esta razón, todos los seres tendrían sus leyes. Un dilema similar se plantearía ayer, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su veredicto en torno a la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral del presidente López Obrador, ya que, para unos, implicaba una injerencia del Poder Judicial en el Legislativo, cuando que, para otros, significaría un exceso del Poder Ejecutivo ante su mayoría en las Cámaras. En cualquiera de los casos, uno de los planteamientos convencía a no pocos por la abundancia de argumentos, aunque, aquí sí cabe aclarar, no todo lo que brilla e