¿Desaparecerá la SCJN por capricho?

                                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

El presidente López Obrador anunció que en septiembre del próximo año enviará una iniciativa de reforma al Poder Judicial, con la que plantea reducir fideicomisos y sueldos, además de eliminar privilegios de ministros, jueces y magistrados, esto con el supuesto objeto de generar recursos en beneficio de los mexicanos.

Así lo detalló durante una conferencia, tras exhibir los sueldos y privilegios que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial, y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se les entreguen becas”, adelantó.

Sin embargo, se sabe que la decisión surge tras el enfrentamiento abierto que ha tenido con la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y la constante confrontación de los Poderes Legislativo y Judicial, donde ésta ha prácticamente absuelto a presos supuestamente políticos y liberado millonarios recursos controvertidos, entre otros.

Por ejemplo, restituyó a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE; invalidó una parte del Plan B de la reforma electoral; invalidó el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena; absolvió a Rosario Robles; liberó las cuentas de la esposa de García Luna; y luego, por casualidad, contrata a Sonia Vargas como administradora del Consejo de la Judicatura, a pesar de que ella ayudó a García Luna a desviar más de 71 millones de dólares.

Según el mandatario, la política de austeridad y cero corrupción del Gobierno de la Cuarta Transformación ha permitido financiar más obras con recursos públicos, sin recurrir a contratar deuda y, sobre todo, distribuir el ingreso con justicia a la población que más lo necesita.

Por si fuera poco, se ha dicho hasta el cansancio que las reformas prevén el establecimiento de una consulta popular para que puedan existir ministros por esa vía y una aparente jubilación, con lo que el pueblo tendría acceso al nombramiento de esos representantes por la vía popular, dado que los actuales fueron consecuencia de recomendaciones de alto nivel en sexenios anteriores.

  López Obrador expuso 40 privilegios que mantienen altos funcionarios del Poder Judicial, que se pagan con el erario público y contradicen a la Ley Federal de Austeridad Republicana: Sueldos de más de 297 mil pesos mensuales, superiores a los que él percibe, aguinaldos de unos 586 mil pesos, que representan 40 días de sueldo.

Seguro de gastos médicos para ministros y familia por 30 millones de pesos en adelante; primas vacacionales por 95 mil pesos, que significan 10 días de sueldo; un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos anuales; un comedor especial en la SCJN, donde pueden ordenar alimentos a la carta y bebidas alcohólicas.

Dos periodos vacacionales al año, de 15 días cada uno; presupuesto de 5 millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal; dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de 6 millones de pesos, que se renuevan cada dos años; pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año; apoyos para gasolina por 22 mil pesos mensuales e ilimitado para pagar peajes en autopista.

Seguro de separación individualizado de unos 20 millones de pesos al final de 15 años de servicio; una pensión vitalicia con casi la totalidad de sueldo cuando se retiran, además, de sumar en 14 fideicomisos 20 mil millones de pesos, principalmente, para mantener las prestaciones de por vida.

Desde luego, como diría AMLO, “No es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético”.

La reciente decisión de ministros de la Corte respecto a la cancelación de las modificaciones en materia electoral que promovió el Ejecutivo, no representa la voluntad del pueblo, afirmó el presidente: “Todo es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 (…) Además, representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo, al contrario, es en contra del pueblo”, apuntó.

“Por eso rechazaron el llamado Plan B, porque era impedir estos excesos en el INE y en el Tribunal Electoral, pero si se aprobaba la ley, entonces tenía que aplicarse a ellos. Lo cierto es que están violando la Constitución”, señaló. 

Ante los propósitos del mandatario, la gente común, principalmente sus adversarios, “olvidan” -o prefieren olvidar- que al ex presidente Ernesto Zedillo, según recuerda Contralínea en la columna “El día que Zedillo cerró la Suprema Corte”, no le tembló la mano para cerrar la Corte el 1 de enero de 1995 durante un mes y, mediante la figura de jubilación inmediata, separar de su cargo a sus entonces 26 ministros. Hoy sólo son 11.

 Sucedió en 26 días: Zedillo firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos, cuya génesis tomó 52 días (del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995). Entonces no se escucharon “corrupción, tráfico de influencias, compadrazgos, plagio de tesis, liberación judicial de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices”, o algo por el estilo.

El argumento formal fue: Es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. La interpretación generalizada fue: Zedillo no quiere una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

Los medios de comunicación poca atención dieron a tremenda situación. Había otros temas que convulsionaban al país: La economía colapsaba por el llamado “error de diciembre” que ocasionó devaluaciones y fuga de capitales, atribuidas a que el fugaz secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, compartió información estratégica.

También, a la vigencia del EZLN y la cercana revelación de la identidad del subcomandante Marcos. Otra incertidumbre, era si el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el FMI salvarían o no a México con créditos que llegaron a ser por más de 60 mil millones de dólares.

Zedillo había sido electo presidente el 21 de agosto, postulado por el PRI después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en marzo de ese año. Ese partido tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. La izquierda, representada por el PRD y el PT, era poco determinante; en las votaciones sobre la reforma al Poder Judicial, el PAN -como hasta hoy- fue de la mano con el PRI. El periodista Froylán López acuñó entonces el vocablo PRIAN.

La reforma al Poder Judicial incluyó la reducción de 26 a 11 el número de integrantes de la Corte, incluyendo su presidente. Creación del Consejo de la Judicatura, incorporación de nuevos recursos como la controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad, jubilación inmediata de los 26 ministros y, límite de 15 años para ocupar el cargo que antes era vitalicio.

En varios sectores, la supresión temporal de la Corte y designación de 11 nuevos ministros se consideró golpe de Estado, según los académicos Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arrieta, juristas de la UAM-Azcapotzalco en “La reforma al Poder Judicial de 1994, ¿golpe de Estado?”, El Cotidiano, número 172, marzo-abril de 2012, pp. 18-31, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México.

Aunque la figura legal fue jubilación inmediata, los ministros fueron cesados el 1 de diciembre de 1995, al entrar en vigor el decreto de reformas a 20 artículos constitucionales, firmado por el presidente Zedillo y el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán.

El último presidente de aquella SCJN fue Ulises Schmill Ordóñez, a quien “acompañaron” los ministros Victoria Adato Green, Ignacio M Cal y Mayor Gutiérrez, Luis Fernández Doblado, Clementina Gil de Lester, Samuel Alba Leyva, Atanasio González Martínez (nombrado por Luis Echeverría), Noé Castañón León, Fausta Moreno Flores, José Manuel Villagordoa Lozano, Carlos de Silva Nava, Carlos Sempé Minvielle, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Miguel Montes García, Diego Valadés Ríos, Ignacio Magaña Cárdenas, Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras, José Antonio Llanos Duarte, Luis Gutiérrez Vidal, Miguel Ángel García Domínguez, Martha Chávez Padrón, Irma Cué Sarquís y José Jesús Duarte Cano, nombrados por De la Madrid y Salinas de Gortari.

La Corte sin ministros quedó reducida prácticamente a oficialía de partes, a cargo de los comisionados de Gobierno y Administración, los ya para entonces ex ministros Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava y Juan Díaz Romero. Estuvieron a cargo del 1 de enero al 1 de febrero, cuando tomaron posesión los 11 nuevos ministros.

La reforma al Poder Judicial, descrita como la más importante desde 1824, transitó sin aspavientos. Hoy resulta harto difícil documentar los debates parlamentarios. Esa historia amerita un largo y penoso viaje a las hemerotecas. ¡Sólo dos de los 26 ministros cesados fueron propuestos por Zedillo para integrar la Corte renovada: Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero!

Zedillo envió una propuesta con 18 nombres para que el Senado eligiera a los otros nueve ministros, lo que fue por unanimidad. Así, la nueva SCJN se integró por: Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Humberto Román Palacios, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José de Jesús Gudiño Pelayo, Genaro Góngora Pimentel, Juventino Castro y Castro, Salvador Aguirre Anguiano y José Vicente Aguinaco Alemán, además de Azuela Güitrón y Díaz Romero.

En el Senado, la votación del PRIAN fue unánime, ya que los tres del PRD -opositores férreos a la reforma- se salieron de la sesión sin votar: Guillermo del Río, Heberto Castillo y Félix Salgado Macedonio.

Los juristas y académicos Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arrieta citan argumentos de Eduardo Andrade Sánchez, senador del PRI: refutó la tesis del apresuramiento del proceso de reforma y señaló que fue mucho lo que se consultó. Incluso, aludió a realizar foros en Durango y Veracruz, a fin de recoger ideas y analizar opiniones sobre las transformaciones para el sistema judicial.

Ahora opine Usted ¿Cuál decisión de desaparecer la SCJN fue o será un verdadero capricho presidencial? ¿Realmente ganan “poco” los ministros?

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.