El “pobre” PAN y su inmobiliaria

                                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Para el ciudadano común, no hay distinción entre derecho, justicia y ley, que, según Hobbes (2004), es un conjunto de condiciones y convenciones acordadas entre los hombres. O, para Montesquieu (1996), relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas y que, por esta razón, todos los seres tendrían sus leyes.

Un dilema similar se plantearía ayer, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su veredicto en torno a la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral del presidente López Obrador, ya que, para unos, implicaba una injerencia del Poder Judicial en el Legislativo, cuando que, para otros, significaría un exceso del Poder Ejecutivo ante su mayoría en las Cámaras.

En cualquiera de los casos, uno de los planteamientos convencía a no pocos por la abundancia de argumentos, aunque, aquí sí cabe aclarar, no todo lo que brilla es oro, según se dan pruebas diarias, como, por ejemplo, evidencia el periodista Mario Alberto Medina Martínez, a través de su columna La “camorra” azul, y un ejemplo que veremos a continuación.

Quienes viajaban en el viejo transporte, cuando el camión iba repleto, los ladrones aprovechaban sacarles la cartera a los pasajeros. El robo lo cometían en grupo. Cuando alguien, los ladrones buscaban confundirlo. Uno de ellos gritaba: “¡Al ladrón!, ¡al ladrón!”, indicándole que éste ya había descendido, “¡mire va corriendo!”, y la víctima, confundida, bajaba de la unidad, pero, evidentemente, los cleptómanos seguían en el vehículo.

Lo mismo está haciendo el PAN. Lo acompañan el PRI y el PRD, sus pendencieros, con los que trabaja en alianza, y como aquellos ladrones gritonean: “¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!”. Una frase machista, valentonada, muy de los agrestes que la usan para amedrentar a sus contrincantes cuando se saben culpables.

Como los panistas, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, salió también a arropar al alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, y a sus antecesores: “Cuentan con nuestro apoyo, con nuestro respaldo”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de la México dice no tener elementos de prueba posiblemente relacionados con una red de corrupción que se conoce como el “cártel inmobiliario” en la alcaldía de Benito Juárez, donde podrían estar involucrados el propio Taboada, varios ex delegados y ex funcionarios.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés; Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados; Jorge Romero, coordinador panista en San Lázaro e igual que Taboada, como aquellos raterillos de la “colonias urbanas”, utilizan la misma maniobra y gritan para distraer la atención, para hacerse las víctimas y que la población los vea como “perseguidos” políticos.  

El “Cártel Inmobiliario” de Benito Juárez fue bautizado así por vecinos de la alcaldía, porque el grupo de funcionarios y ex funcionarios está acusado de favorecer a empresas del sector inmobiliario, a cambio de departamentos o pagos en efectivo y por violar varios reglamentos de construcción.

Entre los involucrados se incluyen ex delegados y ex alcaldes de esa demarcación: Germán de la Garza Estrada (2006-2009), Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012) y Jorge Romero Herrera (2012-2015) y (2015-2018), este último recientemente detenido cuando pretendió, disfrazado de migrante, huir por la frontera norte del país.

Todos ellos han sido vinculados a proceso de igual manera otros ex funcionarios de esa alcaldía, acusados de complicidad de esos actos de corrupción. También se incluyen quienes han ocupado el cargo de director general jurídico y de gobierno: Luis “N”, entre 2009 y 2016 y Nicias “N”, ex titular de Obras.

Desde luego que la autoridad, la Fiscalía, debe presentar las demandas, pero éstas no se configuran por caprichos de un funcionario. Las acusaciones contra todos ellos han partido de imputaciones de vecinos. “El Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez” comenzó a ser investigada en agosto de 2021 tras registrarse una explosión en un inmueble de la Avenida Coyoacán.

Los mismos edificios son en concreto el mejor ejemplo de sus transa-construcciones de más niveles a los permitidos por la ley. Otorgaban autorizaciones y licencias, incluso extorsionaban a empresarios. Estos ex servidores públicos “establecieron un sistema de intercambio de favores con constructoras y desarrollos inmobiliarios”, según los acusan.  

El pasado miércoles, panistas, priístas y perredistas salieron a dar una conferencia de prensa para “encubrir” a Santiago Taboada y mandar el mensaje de que los tres partidos están unidos y que entre ellos se defenderán sin importar el grado de corrupción en el que estén metidos unos y otros.

No debemos olvidar que el propio ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera (2012-2018), hoy senador por el PRD, al igual que Raymundo Collins, quien fuera su titular de la Secretaría de Vivienda, han sido señalados como parte de ese “cártel inmobiliario”.

Como los carteristas de “colonias urbanas”, personajes de los tres partidos, unidos en la alianza “Va por México”, pretenden mostrarse “bien machitos”, entrones, amenazantes. Taboada busca distraer la atención de sus actos de corrupción cuando afirma que es objeto de una persecución política por parte de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, y del vocero, Ulises Lara.

Lo mismo hace Jorge Romero cuando, en tono pendenciero, reclama a Ulises Lara: “Métete con nosotros, no te metas con las mujeres”, en alusión a que Sofía Soraya Von Roehrich, fue vinculada a proceso por varios actos de corrupción y lavado el dinero a través de empresas de papel dedicadas a otra cosa, como si fuera un pleito callejero.

Los panistas pretenden llevar un argumento jurídico al terreno del “charrascas”. Por eso afilan su “chafarote” en la banqueta y retan: “Saca el tuyo y ¿a ver quién escupe primero?

Por ello es importante recordar la entrevista de Denisse Merker a Jorge Romero, cuando éste buscó convencer a la periodista; una y otra vez él le dijo que no se podía hacerse responsable de los actos de corrupción de su director jurídico, Luis Vizcaíno, que no sabía de sus ilegalidades.

Merker le reviró cuando le reclamó que no podía deshacerse de la responsabilidad de haber nombrado y mantener a alguien en un cargo a quien públicamente los vecinos acusaban por sus infracciones: “Tú, tú lo escogiste como tu director jurídico; está señalado por eso, dime ¿cuál es tu responsabilidad de haber nombrado a esa persona y no hayas sido capaz de detectarlo”?

Romero, tratando de quitarse culpas, dijo a la titular de “Atando Cabos” que las imputaciones contra Luis Vizcaíno “son por sus actos personales, no por sus acciones de gobierno”, y aunque aceptó haberse equivocado en nombrarlo, insistió una y otra vez que nunca se enteró de la pestilente corrupción de su gente.

Efectivamente como acusó Merker a Jorge Romero, los actos de corrupción en la Benito Juárez se practicaron amparados, protegidos por el cargo de su director jurídico, y es por eso que actúan como la “camorra” al estilo de las mafias napolitanas de Italia, como una organización criminal mafiosa que se aprovecha de sus cargos públicos para hacer grandes negocios personales y de grupo.

¿Qué buscan panistas, priístas y perredistas? ¿Qué pretenden al salir “unidos” frente a la prensa? ¿Qué intentan al querer descalificar a la fiscal Godoy o al vocero Lara? Insistimos: Tratan de crear un discurso que los haga ver como inocentes, como víctimas porque, hacen cuentas, creen que la Jefatura de Gobierno en el 2024 la tienen ganada, pero en sus “adentros” se saben perdidos.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.