¡Otra de Carlos Joaquín!: CALICA

                                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Ocurrió hace más de 33 años, a mediados de la gubernatura de Miguel Borge Martín, cuando supimos sobre la empresa México-estadounidense “Calica”, Calizas Industriales del Carmen, entonces prácticamente desconocida y hoy objeto de una serie de controversias, tales que involucran como asesor jurídico al panista Santiago Creel Miranda, de la Cámara de Diputados, y supuesto precandidato a la Presidencia de la República.

Entonces director de Diario de Quintana Roo, Mario Rendón Monforte nos informó que, como reporteros de la Zona Sur, viajaríamos gratuitamente a Miami, Florida, como parte de un equipo de siete periodistas del Estado, para conocer los trabajos de la “Vulcan Compañy”, socia de Calica y similares a los que pretendía desarrollar en 2 mil 400 hectáreas de Playa Del Carmen, supuestamente sin ningún daño ecológico y benéfico para la comunidad.

Viajó el grupo vía aérea desde Cancún, entre otros con el desaparecido periodista Juan Emilio Calzontzin, otro de apellido Hurtado y Nicolás Durán de la Sierra -al parecer el único que vive-, entre los que recordamos, acompañados por un representante de Calica, “Porfirio” -se convirtió en jefe de prensa en Cancún-, quien se encargó de los acomodos y comida en ese país.

Lo cierto es que a lo largo de 3 días recibimos toda suerte de fotos y explicaciones, observamos los trabajos de la Vulcan e información sobre el convenio que firmó el entonces gobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell, en 1986, por 30 años para la explotación de material pétreo de Playa del Carmen para la construcción de puentes y avenidas en Estados Unidos.

Para ese efecto, Calica pagaría un impuesto al Estado y, entre otros, entregaría todo el material que requirieran los municipios para pavimentar sus calles, para lo cual sólo aportarían los medios de transporte, Hasta hoy ignoramos cuáles se beneficiaron y con cuánto, bueno, eso si se entregó material.

A grandes rasgos esto fue lo que sabíamos de Calica. Probablemente los organismos de ecología y medio ambiente hayan recabado mayor información y, de ser así, protestado en su momento por el absurdo de “desnudar” el medio natural de Playa del Carmen, mejor conocido como Punta Venado, de donde lo único que sabíamos es que es un muelle de salida de barcos hacia Cozumel.

Lo cierto es que, siempre “inolvidable” el nombre del ex gobernador Carlos Joaquín González, vuelve a salir a relucir en un reportaje de Sinembargo, donde la periodista Dulce Olvera, dice que las familias políticas que dominaron Quintana Roo ya tenían su plan para socavones de Calica, frente al mar turquesa y cerca del Parque Xcaret, donde Calica extrae caliza.

Explica que López Obrador propuso instalar albercas turísticas para aprovechar esos socavones, pero documentos estatales muestran que el gobierno de Quintana Roo, en manos de los Joaquín y los González, ya lo tenía proyectado desde entonces.

El caso es que, para aprovechar los socavones en Playa del Carmen, generados por Calica tras la extracción de caliza durante tres décadas para exportar a Estados Unidos, López Obrador propuso construir “albercas turísticas” en el predio, a sólo cinco kilómetros del Parque Xcaret.

Sin embargo, de acuerdo con documentos estatales, la idea de instalar un fraccionamiento turístico ya estaba proyectada desde la década de los ochenta y dosmiles. Es decir, desde el gobierno de Quintana Roo, en manos de algunas de las familias más poderosas de la entidad, “los Joaquín y los González”, ya se tenía previsto este proyecto.

El Programa de Ordenamiento Ecológico de Cozumel (octubre 2008, página 111) muestra que la Unidad de Gestión Ambiental regulada, donde se ubica la mayoría del polígono de Calica, tiene el uso predominante de minería, portuaria e industrial, pero los usos compatibles son turístico y comercial condicionados a la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada en 2000.

En el expediente había permisos solicitados por quienes estaban detrás y obviamente eran intocables por parte del municipio, por el poder de los Joaquín en Quintana Roo, sobre todo entonces de Nassim (padre de Pedro Joaquín, fallecido en 2016), a quien había que pedirle permiso para todo y dominaba todo desde Cozumel, dijo un ex funcionario cercano a Solidaridad que pidió el anonimato.

Cozumel era gobernado por Juan Carlos González Hernández, primo del entonces gobernador Félix González Canto (2008-2011) y quien en 2013 fue delegado de Fonatur a la par de la devastación del manglar de Tajamar para instalar otro desarrollo inmobiliario.

Solidaridad, el municipio donde opera el resto del polígono de Calica, estaba bajo la gestión de Carlos Joaquín, medio hermano de Pedro Joaquín, y luego gobernador de Quintana Roo.

El Programa de Ordenamiento Ecológico de Solidaridad (planeado desde 2005 y publicado en marzo 2009) coloca a esta Unidad regulada en aprovechamiento sustentable con uso de suelo condicionado a urbano, turístico, ecoturístico, deportivo y parque recreativo. La condición son los términos que establece la Ley de Turismo de Quintana Roo, entonces con Félix González.

Años antes de la publicación de los Programas de Ordenamiento de Cozumel y Solidaridad, dijo el ex funcionario público, ya había visto las vistas arquitectónicas del proyecto de Calica concebido como un desarrollo inmobiliario “con yate a la puerta”. Dichos POEL requieren un convenio técnico entre los tres niveles de gobierno, incluyendo la Secretaría de Medio Ambiente.

“El Presidente dice que se pueden hacer albercas, pero ya estaba previsto como un proyecto de ese tipo; no es al azar que haya quedado así la distribución y las excavaciones”, aseguró. “Si está siendo asesorado por alguien de la Semarnat de la vieja guardia, lo están induciendo a que él mismo autorice ese proyecto que desde el principio concibió Calica”, alertó.

La Unidad de Gestión Ambiental A-14, regulada por el Programa de Ordenamiento Ecológico de Solidaridad, abarca una parte del polígono de Calica.

López Obrador propuso que, aún con el daño que se causó al subsuelo, podrían hacerse “albercas naturales” para aprovechar la zona con el agua turquesa que sale del banco donde han extraído el material.

“Es una de las propuestas que les estamos haciendo (a Vulcan) Como ya escarbaron, el agua es turquesa por la piedra, entonces, con un poco de imaginación y de talento se podría utilizar como zona turística, casi albercas naturales, buscando un acuerdo. Pero que ya no se siga destruyendo y que retiren su demanda, porque no tiene fundamento legal”.

La zona de propuesta se ubica donde también estarán estaciones del proyecto federal del Tren Maya, que conectará hacia el Corredor del Istmo de Tehuantepec.

López Obrador señaló hace unos meses, como responsable de dar el permiso de impacto ambiental a Calica el 30 de noviembre de 2000 a la entonces Secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo, lo cual ella negó y precisó que la operación comenzó desde 1986 con permisos locales, cuando el gobernador era Pedro Joaquín, ex secretario de Energía de Peña Nieto.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) venció en el 2020, pero desde 2018 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró su banco de material por incumplir las condiciones del permiso, por lo que, en diciembre de ese año, la empresa demandó al Gobierno federal una indemnización por mil 500 millones de dólares amparada en el ex TLCAN.

Carabias negó tener responsabilidad alguna y mencionó que los permisos se dieron desde los 80s. En carta más detallada, abundó que Calica ha extraído material pétreo de Playa del Carmen desde 1986 (antes dijo 1988) con permisos federales y estatales, autorizados por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, de Comunicaciones y Transportes y Pedro Joaquín.

Expuso que en 1996 el gobierno de Mario Villanueva Madrid, detenido por nexos con el narcotráfico, otorgó autorización a la empresa para ampliar la zona de explotación a dos predios nuevos, La Adelita y Corchalito, y cada cinco años se fue renovando hasta 2016.

Sería hasta el último día de Ernesto Zedillo (1994-2000) cuando Fedro Carlos Guillén Rodríguez, titular de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental (Semarnat), otorgó “en un periodo récord de 36 días” autorización para ampliar la extracción a ambos predios y usar roca caliza por debajo del manto freático a cielo abierto, práctica que genera pérdida o fracturas del subsuelo, riesgo de hundimientos y contaminación

La autorización de impacto ambiental no incluye las obras del puerto ni del camino a las instalaciones, muestra el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental de la Semarnat. A nivel municipal, abundó Carabias, en 2008 Carlos Joaquín modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico de Solidaridad y declaró ambos predios incompatibles para la minería.

Pero dicho POEL y el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental muestran que gran parte del polígono donde Calica ha generado socavones no está bajo la regulación de ese programa, sino por el de Cozumel, gobernado entonces por Juan Carlos González, primo de González Canto, y de 2018 a 2021 por Pedro Joaquín Delbouis, hijo de Pedro Joaquín.

En 2017 la Profepa detectó que Calica no estaba cumpliendo con las condiciones de autorización de impacto ambiental, y en enero de 2018 clausuró parcialmente el banco de materiales que exporta a Estados Unidos.

“Es por esos hechos -la modificación de la legislación municipal y las actuaciones de la Profepa- entre otros, que la empresa alega la afectación de sus derechos y por lo que, en 2018, interpuso un arbitraje en CIADI contra el Estado mexicano”, escribió Julia Carabias.

Desde 2017, las bitácoras ambientales de Cozumel y Solidaridad, gestionadas por el gobierno de Carlos Joaquín, no están completas, lo que viola el derecho a la transparencia y acceso a la información sobre el impacto en las costas y fauna marina.

Mientras tanto, López Obrador pidió al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, establecer comunicación con la empresa, por lo que éste viajó a Quintana Roo para constatar el daño en el suelo de la playa con mar turquesa y buscar la posibilidad de instalar albercas turísticas en los socavones provocados por la extracción de material.

Hasta ahí, la nueva “hazaña” del ahora embajador de Canadá, quien sólo tiene de “angelito” la cara, pero que de “algo” de ha servido el apellido del medio hermano y hacerse al mismo durante 6 largos años respecto a Calica, demandada por Cemex por el uso de las instalaciones de Puerto Venado, aunque la empresa (ahora Sac Tun) logró una suspensión definitiva en demanda de amparo contra cualquier acto de autoridad que beneficie a Cemex y que le vuelva a interrumpir la operación.

El Juzgado Quinto de Distrito de Cancún, otorgó la medida cautelar luego que la filial de Vulcan Materials Company fuera demandada por la cementera mexicana en febrero pasado porque le negó hacer uso de la terminal marítima.

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.