¡Mostró “cobre de la moneda” Fiscal Anticorrupción!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Antes secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, suficiente para la gobernadora Verde, Mara Lezama, para un delicado cargo de 12 años de duración, Edgar Ramírez Morales, el segundo Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo, como se esperaba, demostró el cobre de la moneda en su comparecencia en el Congreso del Estado.

En efecto, quien fuera “elegido” en septiembre de 2024 por la siempre “maiceada” XVII Legislatura en sustitución de la primera titular, la no menos cuestionada yucateca Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, anunció -lo más probable con anuencia o por órdenes de la mandataria-, la ¡inexistencia de carpetas de investigación contra el ex gobernador Roberto Borge!

¡Resulta realmente sorprendente que, “gracias” a omisiones de la Fiscalía, Quintana Roo se vea obligado a sacar las manos con tanta irregularidad en ese “gobierno”!: https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/01/sorprenden-casos-de-devastacion-borge.html  

Como para hacer reír cualquiera que conozca del tema, el “verde” funcionario, que habría fungido como asesor en temas constitucionales y parlamentarios, lo que le dio cercanía con la dinámica del Congreso del Estado, aclaró que la Fiscalía que encabeza ya no tiene activas esas carpetas, por lo que ahora es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República.

Entre lo cuestionable de su primer informe destaca haber desnudado la fragilidad de la justicia en Quintana Roo, al sugerir que persiste la impunidad por una gestión que parece archivar casos relevantes en vez de sancionarlos, con lo que ignoramos si se referiría al Fiscal General, Raciel López, o a la propia Mara Lezama.

Durante su comparecencia del lunes anterior para exponer su idoneidad como Fiscal, enfatizó la necesidad de renovar dependencia, fortalecer transparencia -que buena falta hace- y castigar la corrupción con un plan de trabajo robusto.

Enfocado en Derecho Constitucional, fue secretario técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, donde coordinó estrategias de seguridad entre fuerzas estatales y federales (Sedena, Marina, Guardia Nacional), y propuso una fiscalía autónoma, sin sesgos políticos y con procesos claros para combatir la impunidad y proteger recursos públicos.

Sin embargo, dijo que la Fiscalía Anticorrupción no tiene investigaciones activas contra Roberto Borge, -¿y así busca generar confianza ciudadana y renovar la confianza en el sistema anticorrupción estatal?-, reconociendo rezagos en resolución de carpetas de investigación en la fiscalía.

Tras jurar y perjurar que más de 300 carpetas de investigación han sido atendidas o en proceso bajo supervisión de la fiscalía especializada, nos recuerda el siempre cuestionado paso de la “ahijada” del ex gobernador Carlos Joaquín -¡otra vez este “pobre” hombre!- Villanueva Arzápalo ((2017-2024), objeto de valoraciones contrastantes por instituciones y opinión pública.

Lo único digno de “reconocer” es haber obtenido las primeras sentencias firmes contra ex servidores públicos en municipios como Solidaridad y Othón P. Blanco, así como posicionar a la dependencia a nivel nacional, con activa participación en la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción.

Sin embargo, Ramírez denunció importante rezago en la resolución de carpetas de investigación de la gestión anterior, es decir, que la falta de resultados inmediatos con él se debe al estado en que recibió la institución.

Asociaciones civiles como “Somos Tus Ojos” criticaron la gestión de la yucateca por frecuentes viajes con nulos resultados y falta de avances en casos de alto perfil, a pesar de lo cual buscó inicial e infructuosamente, permanecer un periodo adicional antes de la designación de Ramírez Morales.

En resumen, mientras destaca avances en profesionalización y sentencias pioneras, el nuevo fiscal y sectores sociales hablan de expedientes acumulados sin resolver como pendiente crítico.

Como se espera no lo sea el caso del Fiscal, la gestión de Villanueva Arzápalo se cuestionó severamente por omisiones procesales graves, falta de resultados en casos de alto perfil y controversias sobre su trayectoria previa, aunque lo peor es haber dejado prescribir más de 300 carpetas de investigación.

En materia de impunidad en casos clave, se le acusar de permitir “muerte procesal” de investigaciones contra Roberto Borge, lo que impidió acciones penales directas en diversos casos de corrupción vinculados a su gobierno.

Como antecedente de “pérdida de confianza”, investigaciones de Somos Tus Ojos señalaron que antes de ser fiscal, fue removida de un cargo como Jueza Penal por inasistencias constantes y pérdida de confianza, aunque recibió un finiquito millonario.

También se le critican numerosos viajes nacionales e internacionales -25, tan sólo en 2023- con recursos públicos, mientras que las denuncias contra ex funcionarios en municipios, como Othón P. Blanco, permanecían estancadas, aunque se le exigió renunciar tras declaraciones en defensa de magistrados bajo investigación por corrupción en otros estados.

Pese a estas críticas, defendió su gestión -como ahora Mara Lizama- con el argumento de que los ataques eran “golpeteos políticos” por “pisar callos” de poderosos y presumió haber recuperado más de mil 900 millones de pesos a favor de Quintana Roo. De haber sido así, ¿Dónde habrá acabado ese dinero?

Como se recordará, fue primera titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un 14 de septiembre de 2017, “elegida” por voto unánime de 19 diputados de la XV Legislatura por un periodo de siete años, aunque antes fungía como Vicefiscal General del Estado.

Su nombramiento se cuestionó por su cercanía con Carlos Joaquín y el ex Fiscal General, Miguel Ángel Pech Cen, por dudas sobre la independencia de la entonces nueva Fiscalía Anticorrupción. Con el tiempo, las críticas sobre su nombramiento se transformaron en acusaciones directas de inacción procesal, especialmente al finalizar su gestión, cuando se reveló el rezago de cientos de expedientes no resueltos contra funcionarios de gobiernos anteriores.

Así las cosas, los retos de Ramírez Morales se centran principalmente en depuración institucional y recuperación de confianza ciudadana tras ineficacia de la gestión anterior, por lo que deberá resolver el rezago de más de 300 carpetas de investigación inactivas o “congeladas” por Villanueva Arzápalo.

Otro reto, crítico, es evitar la prescripción, por lo que deberá procesar casos antes de alcanzar muerte procesal por el paso del tiempo, así como aumentar devoluciones al erario, pues sólo se recuperaron unos 5 millones de pesos por daños patrimoniales, cifra significativamente menor a la que reportó su antecesora, lo que obliga a más efectividad en acuerdos y decomisos.

Además, optimizar el presupuesto: Para este año tiene asignados unos 60.2 millones de pesos que habrá de ejecutar de manera transparente para profesionalizar personal y modernizar procesos de investigación, así como demostrar que la fiscalía actúa sin sesgos políticos ni intereses de grupo, una de las principales demandas sociales tras años de cuestionamientos por la cercanía de la institución con el gobierno en turno.

Por último, requerirá sentencias condenatorias pese a reportes de crecimiento en la judicialización de carpetas, por lo que el reto es convertir esas investigaciones en sentencias firmes que realmente castiguen la corrupción y no queden sólo en trámites administrativos.

No obstante, puntos de críticas son que, antes de su nombramiento, fungía en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, cargo de confianza directa de Mara Lezama, lo que genera dudas de sectores de la sociedad civil sobre su capacidad para investigar de forma independiente a funcionarios del mismo gobierno que lo impulsó.

Su cargo de 12 años como fiscal se considera excesivo, pues trasciende varios ciclos gubernamentales y legislativos, lo que es un intento de blindaje político a largo plazo, además de carecer de experiencia específica y una trayectoria más enfocada a seguridad pública y derecho constitucional que en persecución especializada de delitos financieros o de corrupción.

Por si fuera poco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una “dormida” acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2025, lo que puso bajo la lupa legal el marco normativo bajo el que opera y lo designaron.

A pesar de los cuestionamientos, defendió su idoneidad, basado en la necesidad de “renovación” y en la eliminación de ineficacia “herencia” de Rosaura Villanueva.

Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, donde obtuvo una Maestría en Derecho Constitucional que destacó durante su selección para cumplir con los requisitos de alta especialización, se le reconoce capacidad de planeación técnica y administrativa, que usó como argumento para prometer “limpieza” de rezago.

Sin embargo, se percibe su perfil meramente político-administrativo por no provenir de carrera judicial o trayectoria como fiscal investigador (Ministerio Público), y se cuestiona si cuenta con “colmillo” procesal necesario para ganar juicios complejos de corrupción de cuello blanco.

Con todo, lo más criticable de su comparecencia, además del tema de Roberto Borge, fue revelar falta de resultados sustanciales en casos de alto perfil y la inactividad de las investigaciones contra ex funcionarios.

Sin embargo, también se cuestiona la eficacia de la Fiscalía que encabeza tras informar el manejo de más de 300 carpetas de investigación, pero sin reportar sentencias o recuperaciones de activos significativas que reflejen un combate real a la corrupción, aunque más recurrente es la crítica por los 12 años de duración de su cargo, lo que se percibe como concesión de impunidad a largo plazo por parte de la XVIII Legislatura.

Hablando de “coincidencias”, la Legislatura que encabezó el ahora ex priísta Pedro Flota, buscó afanosamente una larga permanencia del Fiscal General para proteger a Borge, pero no lo logró, no así Mara Lezama con Raciel López en el cargo -¡por 12 años que concluirán en 2036!-, y ahora con el fiscal anticorrupción, Ramírez Morales, otros 12 años.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html