¡Continúa “viacrucis” de billetes en Universidad!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Sumado
a la falta de regularización de pagos para los trabajadores por honorarios en
la Universidad “Autónoma” de Quintana Roo, que no se concreta y mantiene una
inestabilidad administrativa, la Rectora californiana Consuelo Natalia
Fiorentini Cañedo, enfrenta nuevo problema por un emplazamiento a huelga de su
Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos, ilegalmente bloqueado
por el Poder Judicial.
El
31 de enero, publicamos el inicio del “calvario” de la funcionaria “importada”,
con el título ¡Estalla crisis presupuestal en UQROO “autónoma”!
https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/01/estalla-crisis-presupuestal-en-uqroo.html
En
efecto, el nuevo conflicto se aplazó como conflicto legal por bloqueo judicial del
que el sindicato denunció públicamente al juez laboral Eleazar Quintal Peraza (o
Peralta) por no responder al aviso de emplazamiento, presentado desde febrero,
ya que ha evitado notificar formalmente a la Rectoría de la Universidad, lo que
detiene algún proceso de negociación.
Ante
esa falta de respuesta en el juzgado local, el Sindicato recurrió a instancias
federales, donde recién obtuvieron un Amparo que ordena al juez atender el
trámite y notificar finalmente a la Universidad para destrabar el procedimiento,
que surgió en el marco de una negociación salarial, donde los trabajadores
buscan mejorar percepciones y cumplimiento de pliegos petitorios.
Según
el equipo jurídico del sindicato, ésta es la segunda ocasión en que el mismo Quintal
Peralta incurre en omisiones similares, pues repitió un escenario de hace dos
años, cuando también obstaculizó el derecho a huelga, hoy con un retraso que altera
los derechos de los trabajadores, por lo que solicitó intervenir a otros
magistrados para exigir el cumplimiento del trámite legal.
Hasta
el momento, las negociaciones formales con la Universidad están supeditadas a
que se resuelva esta notificación judicial para poder establecer la fecha
oficial del estallido de huelga si no se llega a un acuerdo.
Las
demandas centrales de los trabajadores académicos y administrativos se
concentran en recuperar el poder adquisitivo y el cumplimiento de adeudos
pendientes, por lo que buscan un aumento directo al salario para 2026, cuya
negociación formal está prevista para iniciar en mayo, aunque, históricamente,
el gremio solicita un porcentaje cercano a 8% para equilibrar la inflación.
Una
de las inconformidades actuales es el reclamo del pago incompleto del aguinaldo
de 2025 a todo el personal docente y administrativo, así como mejorar conceptos
de previsión social, como vales de despensa, apoyos para lentes y recursos para
actividades de esparcimiento y capacitación.
En
este sentido, exigen que el Juzgado Laboral de Quintana Roo cesar el bloqueo
administrativo y notificar formalmente a la Rectoría el emplazamiento
presentado desde febrero, que incluye la revisión de posibles violaciones al
Contrato Colectivo de Trabajo vigente y la regularización de plazas.
El
sindicato fijó el 31 de mayo como fecha clave para alcanzar acuerdos, de lo
contrario, mantendrán la postura de iniciar la huelga en todos los campus de la
Universidad.
Cabe
señalar que, el cuestionamiento hacia Quintal Peralta como juez laboral no se
centra en su ascenso en sí, sino en acusaciones de omisión grave y bloqueos
ilegales en procedimientos laborales críticos, particularmente en relación con
el Sindicato de la Universidad.
El funcionario funge como titular del Tribunal
Laboral tras participar en el proceso electoral extraordinario de 2025 para integrar
el Poder Judicial, lo que también lo mantuvo bajo escrutinio público, pese a
que, como Maestro en Derecho, cursó varios diplomados y talleres de
especialización, entre ellos el “Curso de Preparación y Capacitación para
Actuarios” y otro de Preparación y Capacitación para Secretarios, del Instituto
de la Judicatura Federal.
En
2025, fue ratificado como uno de los jueces seleccionados en el marco del
Proceso Electoral Extraordinario para integrar el Poder Judicial y entró
formalmente en funciones el 1 de septiembre, tras aprobar su candidatura la
XVIII Legislatura del Congreso del Estado, por lo que funge como Juez de
Primera Instancia adscrito al Tribunal Laboral del Poder Judicial.
Sin
embargo, a pesar de su formación técnica y académica, su gestión enfrenta
críticas por parte de varias organizaciones sindicales debido a la demora
percibida en el trámite de emplazamientos a huelga y otros procedimientos
colectivos.
Así,
representantes del sindicato de la Universidad lo acusan de no haber emitido
resolución dos meses de interponer el emplazamiento a huelga, lo que
contraviene la ley laboral que obliga a la autoridad judicial a responder en un
plazo no mayor a 24 horas después de presentado el recurso.
La
Mtra. María del Rosario Lima Pita Rosario Lima, representante del sindicato,
calificó como grave la actuación del juzgador, al considerar que su silencio
vulnera los derechos laborales de los trabajadores universitarios, lo que es
delicado por alterar y vulnerar sus derechos de vida, además de ser una falta
de respeto a los derechos laborales.
Asesorada
por el Lic. Felipe Landeros, la dirigente sindical explicó que la jueza Reina
Fuentes López concedió el amparo contra el juez laboral, al que ordenó resolver
el emplazamiento, mientras el primero externó su preocupación ante lo que
consideró un desconocimiento de la ley por parte de algunos jueces laborales,
lo que tiene como consecuencia violaciones a los derechos de los trabajadores.
Ya
estamos en abril y el juez tuvo 24 horas para notificar a las autoridades
universitarias sobre el emplazamiento a huelga, y no lo ha hecho, lo que
ocurría ni con desaparecidas Juntas de Conciliación y Arbitraje, subrayó,
situación que podría contravenir compromisos internacionales de México, como
los derivados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que establecen
libertad sindical, así como los lineamientos de la Organización Internacional
del Trabajo en materia de negociación colectiva.
Por
último, criticó que este tipo de actuaciones dejen en indefensión a los
trabajadores, mientras cuestionó el desempeño de jueces que, como él, fueron
electos por voto popular con el compromiso de actuar conforme a Derecho.
Los
representantes sindicales aclararon que el amparo otorgado establece un plazo
de tres días para que el juez emita la resolución, una vez que la sentencia
quede firme, lo que, estimaron, podría cumplirse cerca del 15 de abril, por considerar
el periodo vacacional de Semana Santa.
Por si fuera poco, para la californiana Fiorentini Cañedo y
su director general de Administración y Finanzas, José Antonio Jiménez, siguen
sin resolver la situación de sus trabajadores por honorarios -conocidos
formalmente como prestadores de servicios profesionales- que sigue siendo uno
de los puntos más críticos y menos resueltos en la estructura laboral de la
universidad.
El 20 de febrero, con el
título ¡Rectora de la UQROO no puede con el “paquete”! publicamos el
incumplimiento de soluciones de la funcionaria:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/02/rectora-de-uqroo-no-puede-con-el.html
Los
aspectos clave de su situación actual son su exclusión del Contrato Colectivo
de Trabajo, ya que, al estar bajo un régimen de “servicios profesionales
asimilados a salarios”, la mayoría de ellos no gozan de las protecciones de ese
contrato, firmado en julio de 2025.
Aunque
en años anteriores se anunciaron procesos de basificación, el sindicato universitario
señala que todavía existe un grupo considerable de académicos y administrativos
bajo contratos temporales por honorarios que carecen de estabilidad laboral y
prestaciones básicas como el fondo de ahorro o vales de despensa.
La
universidad continúa utilizando este esquema de contratación por honorarios y recién
publicó convocatorias para el ciclo Primavera 2026 bajo la figura de “Profesor
de Asignatura por honorarios”, lo que confirma que la institución mantiene este
modelo de contratación externa pese a las presiones sindicales para
regularizarlos.
Según
los registros de la Unidad de Transparencia de la Universidad, se mantiene la
obligación de publicar trimestralmente los montos y periodos de contratación de
estos servicios, aunque esto no implica alguna mejoría en sus condiciones
laborales.
Así
las cosas, el bloqueo del Poder Judicial del emplazamiento a huelga -Expediente
22/2026- afecta indirectamente a este sector, ya que el sindicato busca incluir
mejoras generales que podrían servir de precedente para futuras negociaciones
de regularización de plazas.
La
situación actual de sus pagos presenta una serie de problemas, entre ellos retrasos
recurrentes a inicios de año, pues al inicio de 2026, un grupo significativo de
trabajadores bajo este esquema reportó que no recibieron sus quincenas en
tiempo, con pagos que se desplazaron hasta fines de enero debido a trámites
administrativos anuales.
Además,
el régimen de honorarios sigue sin garantizar pagos continuos ni acceso a
prestaciones que sí tiene el personal de base, como subsidio del ISR o
aguinaldo completo, el cual fue motivo de queja incluso para el personal
sindicalizado a fines de 2025.
Los
pagos de este sector suelen depender de la liberación de recursos federales y
estatales, vía anexos de ejecución, lo que genera brechas temporales en la
recepción de sus sueldos, a pesar de lo cual la universidad mantiene la
contratación de “Profesor de Asignatura por honorarios” para el ciclo de Primavera,
lo que implica que el esquema de pago sigue siendo por servicios prestados y no
como una nómina regularizada de base.
Por
si fuera poco, pese a existir una iniciativa reciente de reforma para
garantizar un presupuesto fijo a la Universidad “Autónoma, ésta aún está en
discusión y no ha impactado directamente en la regularización inmediata de la
nómina de honorarios.
Como
dijimos en su momento, nunca antes en la historia de la institución se había
dado un problema de esa índole, ni tan siquiera con el siempre cuestionado
antecesor, Francisco Xavier López Mena, nombrado por el gris ex gobernador
Carlos Joaquín, al sustituir el 16 de agosto de 2019 al hoy secretario privado
de la mandataria, es decir Ángel Rivero Palomo.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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