¡Tráfico de influencias con munícipe aspirante!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Una
denuncia de Ana Patricia de la Peña Sánchez -también conocida como Patricia de
la Peña- tía de la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta de la Peña, se
califica como cuestionable por tráfico de influencias y despojo en agravio de
pescadores de Puerto Juárez.
Los
puntos que generan controversia son conflictos de interés y nexos familiares,
por ser la denunciante tía de la munícipe que aspira a la gubernatura, por lo
que críticos y colectivos sugieren que esta relación facilita el uso de
instituciones estatales para favorecer intereses privados sobre derechos
históricos de la comunidad pesquera.
La
disputa es por predios de Puerto Juárez, usados tradicionalmente por grupos de pescadores,
por lo que la denuncia de la tía de la munícipe es sólo estrategia para
desplazarlos y desarrollar proyectos inmobiliarios o comerciales de lujo al
amparo del poder político.
El
proceso avanza con una celeridad inusual, lo que obligó a los afectados a enviarle
cartas a la gobernadora Verde, Mara Lezama, con denuncias de impunidad y falta
de imparcialidad de las autoridades judiciales de Quintana Roo.
Mientras
la denunciante sostiene derecho sobre la propiedad, pescadores y representantes
legales argumentan que es un intento de “despojo legalizado” a través de
manipulación de documentos y apoyo de figuras políticas clave.
Con
todo y la familiaridad entre las “Ana Patricia”, el Ayuntamiento de Benito
Juárez no ha emitido una postura oficial que reconozca o valide las acusaciones
de tráfico de influencias, y mantiene una separación formal entre la
administración municipal y el litigio privado de la familia de la alcaldesa.
Entre
los aspectos clave de su respuesta y el tema, Ana Paty Peralta optó por un
discurso centrado en mediación para evitar escalar las protestas, aunque, tras
bloqueos de los pescadores en 2024, intervino para buscar soluciones que
evitaran desalojos inminentes, pero no se pronunció sobre la validez de la
denuncia de su tía.
Así,
se realizaron visitas de supervisión en Puerto Juárez junto a Mara Lezama para
atender las necesidades generales del sector pesquero, intentando desvincular
estas acciones de apoyo del conflicto legal por las tierras.
Sin
embargo, la postura de la alcaldesa es evitar el tema, por lo que, en
encuentros con la prensa, evitó profundizar en las acusaciones de nepotismo y
tráfico de influencias relacionados con el caso.
Paradójicamente,
encabezó eventos, como el Torneo Internacional de Pesca Cancún, donde exaltó el
legado de su familia -nombró a su abuelo, Diego de la Peña, como pionero-, lo
que se interpretó como reafirmación de su influencia en la zona.
Por
su parte, miembros de la Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos Kukulcán
enviaron misivas directas al Gobierno del Estado con denuncias en el sentido de
que la cercanía familiar entre denunciante y alcaldesa impide un juicio
imparcial.
Así,
los afectados sostienen que existe ambición de la familia De la Peña por
recuperar predios de alto valor comercial, y utilizan la estructura del
Ayuntamiento para facilitar procesos de despojo.
Ahora
bien, los antecedentes legales de la propiedad en disputa en Puerto Juárez se
remontan a un conflicto de largos años entre la familia de la alcaldesa de
Cancún y cooperativas pesqueras que han operado en la zona por décadas.
El
principal conflicto es un terreno ubicado en la zona costera de Puerto Juárez,
donde operan la Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos Kukulcán -propietarios
del “Restaurante Kukulcán”- y la Unión de Pescadores Libres.
Los
pescadores sostienen que han ocupado y trabajado estas tierras -que incluyen
más de 20 bodegas- desde hace más de 40 a 50 años, desde antes del desarrollo
turístico masivo de Cancún.
Ana
Patricia de la Peña Sánchez -tía de la alcaldesa Ana Paty Peralta- reclama la
propiedad legal de estos terrenos basándose en títulos que la familia de la
Peña, pionera en el sector hotelero, mantiene históricamente.
A
partir de 2024 y 2026, el proceso legal se intensificó con órdenes judiciales
directas, de ahí que, en abril de 2024, la Fiscalía General de la República
emitiera una orden de desalojo contra los pescadores, lo que detonó una serie
de protestas y bloqueos en la zona.
Ante
la presión social y negociaciones con líderes sindicales -entre ellos el
desaparecido Mario Machuca, de la CROC-, el desalojo físico se aplazó varias
ocasiones para evitar confrontaciones violentas, aunque los pescadores interpusieron
amparos y recursos legales con el argumento de ser cuestionables los derechos
de propiedad de la familia De la Peña o que prescribieron ante la posesión
histórica de la cooperativa.
La
controversia se politizó por la relación familiar entre demandante y autoridad
municipal, por lo que los afectados denunciaron ante Mara Lezama que el proceso
judicial parecía favorecer injustamente a la familia De la Peña, y que falta
imparcialidad en el Tribunal Superior de Justicia.
A
todo esto, se insiste es que el interés por recuperar estas tierras está ligado
a proyectos de desarrollo comercial y turístico de alta plusvalía, que
desplazarían la actividad pesquera tradicional.
Con
el título “Caso Puerto Juárez sigue entre el tráfico de influencias y la
impunidad”, la columna “Necesariamente Incómoda”, de la periodista Graciela
Machuca Martínez, ratificó en el portal Maya Sin Fronteras ese tráfico de
influencias y el poder político y económico sobre el personal del Poder
Judicial.
Así,
expone la ambición de una familia por quedarse con una concesión federal que,
por años sostén de decenas de familias, caracteriza al caso, donde familias de
pescadores viven la incertidumbre de que familiares de Ana Patricia Peralta sigan
intentando quedarse con la concesión, aprovechando un error de la Semarnat.
Desde
juzgados de control del Poder Judicial, de manera ilegal, se sigue prorrogando,
por irregularidades en el Debido Proceso, el aseguramiento de la Fiscalía General
del predio otorgado en concesión federal a pescadores, a petición de una
empresa propiedad de la tía de la alcaldesa, que alega que el predio le
pertenece por esa concesión, incluso la superficie ya concesionada a los pescadores
que, de concesionarios, pasaron a investigados.
La
Jueza de Control, Teresa Isabel López Aguilar, prorrogó indebidamente el
aseguramiento -acto de molestia grave- sin escuchar a los “investigados” ni cumplir
el principio de contradicción que exige el procedimiento penal acusatorio y
oral.
A
solicitud de la asesoría jurídica de la empresa ONL, de la familia de De la
Peña, y una resolución del 6 de marzo, sin más, gratuitamente les concedió prorrogar
el aseguramiento 40 días más, sin oportunidad para los pescadores de
controvertir la petición.
López
Aguilar, al servicio de la poderosa familia de la alcaldesa, ordenó prorrogar
el aseguramiento del predio, donde funciona un restaurante que, desde años, es
sustento decenas de familias de pescadores.
Por
su parte, el presidente del TSJQR, Heyden José Cebada Rivas, o bien dio la
orden o ignora lo que hacen los jueces de control.
La
resolución de marzo no se notificó en tiempo y forma a los “investigados”, a
los que se les ocultó por no haberse agregado aún a la carpeta judicial
auxiliar 48/2025, sino días después, como prueba de que se manipuló la carpeta
auxiliar.
Los
responsables directos de la anomalía son Cebada Rivas y López Aguilar, esta
última por no llevar manejo limpio de la carpeta auxiliar ni ordenar notificar
a los interesados conforme a derecho. La notificación de la ilegal prórroga de
aseguramiento ni se envió al correo de la defensa de los pescadores.
Ésta
dijo acudir semanalmente a la Fiscalía a solicitar audiencia con el Fiscal
Especializado de Delitos Patrimoniales, Guillermo Domínguez Espinosa, donde
sólo le informan “esta semana se resuelve”, luego que a la siguiente y, con
cara de hartazgo que la trabajan, o que se notificará cuando se resuelva, sin
decir cuándo, algo así como “ya ni vengas y espera a ver en cuánto tiempo se
nos antoja resolver”.
En
tanto, el predio del restaurante sigue asegurado ilegalmente con la prórroga
solicitada, cuando que ya había vencido el último plazo, circunstancia que la
misma jueza debe conocer: Un plazo vencido no se puede prorrogar.
40
días hábiles más sólo prolongan molestias a la cooperativa “investigada”, sino,
además, viola el principio procesal de mínima intervención, ya que el
aseguramiento original fue por seis meses, el 30 de abril de 2025 que, con la
ilegal prórroga demorará más de año.
Sin
embargo, a pesar de la prórroga ilegal de la Jueza de Control que controla la
familia de la Peña, el Ministerio Público no está obligado a aceptarlo.
Podría
resolver desde ahora con los elementos necesarios para evidenciar falta de
delito y que la denuncia prescribió, por lo que puede dictar No Ejercicio de la
Acción Penal y liberar el predio. La prórroga indebida es opcional para la
autoridad investigadora, pero en cualquier momento puede resolver.
Sin
embargo, las presiones de Ana Patricia Peralta de la Peña impiden al Poder
Judicial actuar con real pulcritud judicial ¡Y quiere ser gobernadora!
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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