¿Cumplió su promesa AMLO con la gasolina?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Los constantes cuestionamientos sobre las fallidas “promesas” de López Obrador, en el sentido de que el precio de la gasolina sería de 10 pesos litro en su gobierno, obligan a recordar esa declaración en noviembre de 2016, en un video que difundió en sus redes sociales, donde afirmó que si su partido, Morena, ya estuviera gobernando, ese sería el precio máximo.

Sin embargo, cabe señalar el contexto de esa frase, pues en aquel año, tras la liberación de los precios de los combustibles y el aumento conocido como “gasolinazo”, AMLO aseguró que el alto costo se debía a la corrupción y a los impuestos (IEPS), factores que, una vez eliminados y procesando el petróleo en México, el precio podría reducirse a esos 10 pesos.

En efecto, dos años después, evolucionó el discurso y, durante su campaña presidencial de 2018, en lugar de fijar ese precio, su compromiso formal fue que no aumentaría en términos reales, es decir, no subiría por encima de la inflación.

A lo largo de su sexenio, López Obrador reiteró haber cumplido su promesa de no dar “gasolinazos”, pese a que el precio nominal por litro supera 20 y 24 pesos en diversas regiones, dependiendo del tipo de combustible y la zona del país.

Así, para determinar si fue una declaración congruente, se contrasta su lógica inicial con los resultados y factores económicos reales, donde los argumentos a favor, o congruencia teórica, incluyen la eliminación de la corrupción, ya que el ex mandatario sostenía que el precio estaba “inflado” por la corrupción en Pemex y el robo de combustible o “huachicol”.

Con el ataque a estos problemas, el costo de producción debería bajar y, con miras a una autosuficiencia energética, su plan siempre consistió en dejar de importar gasolina por ser cara y refinarla más barata en México, premisa bajo la cual, reducir el precio a 10 pesos era el objetivo final de su modelo soberano.

No obstante, los argumentos en contra o incongruencia práctica, fueron las variables externas, toda vez que, cualquiera con un centímetro de frente, sabe que el precio de la gasolina no depende sólo de la voluntad política o de la corrupción, sino del precio internacional del petróleo y del tipo de cambio (dólar), ya que México importa gran parte del combustible que consume.

Otro argumento es el factor de los impuestos (IEPS): Para que la gasolina costara 10 pesos, el gobierno tendría que haber eliminado por completo ese impuesto, pero su administración siempre ha dependido de él para recaudar ingresos y, en ocasiones, ha tenido que otorgar millonarios subsidios sólo para evitar que el precio se dispare… no para bajarlo a 10 pesos.

Así las cosas, hubo un cambio de meta, y una vez en el poder, la “congruencia” se movió, pues ya no se habló de los 10 pesos, sino de que el precio no subiera más que la inflación, lo que, técnicamente, es el cumplimiento de su promesa de campaña de 2018, pero también una contradicción frente a su video de 2016.

En resumen, la declaración fue congruente con su discurso de oposición -señalar la corrupción como causa de todo mal-, pero resultó técnicamente inviable ante la realidad de los mercados internacionales y las necesidades fiscales del país.

Ahora bien, el impacto de factores externos en el precio de la gasolina es determinante porque México, pese a ser un país productor de petróleo, es un importador neto de combustibles, lo que significa que el precio que se paga en la bomba no depende sólo de decisiones locales, sino de una cadena global.

Los factores externos impactan principalmente en tres áreas, la primera de ellas el precio internacional del petróleo crudo, componente que más influye, ya que si el precio mundial del barril sube -por ejemplo, por conflictos geopolíticos en Medio Oriente u otras guerras-, el costo de producir o comprar gasolina refinada se “dispara”, aumenta inmediatamente para México.

Otro factor es el tipo de cambio -dólar vs. peso-, dado que la gasolina importada se paga en dólares, cualquier depreciación de la moneda mexicana encarece el producto. Si el dólar sube, se necesitan más pesos para comprar la misma cantidad de combustible, lo que presiona el precio al alza.

Finalmente, incluye costos de logística y refinación global, dado que factores como la capacidad de las refinerías en el extranjero -principalmente en la costa del Golfo de EE.UU.- y los costos de transporte marítimo afectan directamente el precio de importación.

Para que estos golpes externos no lleguen directamente al bolsillo de los usuarios, el Gobierno de México utiliza el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como “amortiguador”. Cuando el petróleo sube, el gobierno reduce la cuota del impuesto -da un “estímulo fiscal”-, dejando de recaudar ese gravamen para mantener el precio al público.

No obstante, cuando el petróleo baja, el gobierno retira el estímulo y cobra el IEPS completo -o casi completo-, aprovechando recaudar más sin que el precio final suba drásticamente para el consumidor.

En resumen, los factores externos impactan en el costo base, pero el gobierno decide cuánto absorber de ese impacto y cuánto trasladarlo al precio de la gasolina que consumimos.

Por cierto, actualmente, aproximadamente entre 35 y 42% del precio que pagamos por cada litro de gasolina es para pagar impuestos.

En la semana que concluye hoy, los componentes de impuestos que integran el precio por litro son el IEPS, un impuesto variable que el gobierno ajusta semanalmente mediante “estímulos” para controlar el precio final.

En el caso de la gasolina Magna o regular, se pagaría unos 4.89 pesos de ese IEPS por litro, y el gobierno absorbe 1.81 pesos como estímulo, mientras que por la Premium se pagarán unos 5.15 pesos de IEPS por litro y el gobierno absorbe 0.50 como estímulo, y en Diésel se pagará sólo 1.44 pesos de IEPS por litro, pues cuenta con un estímulo muy alto de 80.35%, 5.91 pesos.

Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), se aplica una tasa de 16% sobre el precio base de la gasolina -antes de otros impuestos-, por lo que, en un litro de 24 pesos, equivale a unos 3.31 pesos adicionales de impuesto.

En resumen, del impacto en el bolsillo, si se llena un tanque de 40 litros con Magna a un precio promedio de 24 pesos, el costo total será de 960 pesos, que incluyen cerca de 328 pesos que se van directamente al gobierno, por lo que se paga cerca de 632 pesos por la gasolina pura y su logística.

Por otra parte, el argumento de que el precio de antes era “menos justo”, es un enfoque que se basa en el poder adquisitivo.

Verá Usted. En diciembre de 2018, con un salario mínimo de 88.36 pesos se podía comprar unos 4.6 litros de Magna, mientras que, hasta abril de este año, con el aumento sustancial al mínimo, esa misma jornada permite comprar más de 10.6 litros.

En este sentido, durante el sexenio de López Obrador, el precio de la gasolina subió 21.9%, mientras que la inflación general fue 33.9%, lo que significa, en términos reales, que la gasolina se “abarató” 12% comparada con el resto de los productos. En contraste, con Peña Nieto subió 82%, muy por encima de la inflación de su sexenio.

El enfoque del argumento de que el precio de ahora es “menos justo” se basa en la Transparencia y los Mercados Internacionales con la promesa “no cumplida”, ya que AMLO prometió que costaría 10 pesos si él gobernaba, y hoy el precio nacional promedio ronda 23.59 pesos, más del doble de lo prometido.

El gobierno utiliza el IEPS como herramienta de recaudación masiva, ya que este año cobra hasta 6.70 pesos de impuesto por cada litro de Magna, y la oposición argumenta que, si el gobierno realmente quisiera un precio “justo” de 10 pesos, sólo tendría que eliminar ese impuesto, pero prefiere mantenerlo para financiar otros programas.

Por último, en una comparativa internacional, México suele tener gasolinas más caras que Estados Unidos. Por ejemplo, en 2023, la nuestra fue 24% más cara que en EE.UU., en parte debido a la carga fiscal y la ineficiencia en la refinación local.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html