¡Inconstitucional prisión preventiva de periodista!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Ante cuestionable, total silencio de la gobernadora Verde de Quintana Roo -la supuesta “periodista” Mara Lezama-, y como una de las herencias malditas de su antecesor Carlos Joaquín González, el colega Héctor Valdez Hernández sufre de una anticonstitucional prisión preventiva en el centro penitenciario Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México desde hace más de 5 años.

El hombre fue detenido desde noviembre de 2020, acusado supuestamente de violar a una mujer de Tulum -de donde es originario-, pero habría sido una venganza política del ex alcalde por la coalición PAN-PRD-MC de esa ciudad, Víctor Mas Tah (2018-2021), así como al ahora Cónsul de México en Canadá, por sus críticas periodísticas en el portal Tulum en Red.

La detención ocurrió mientras se encontraba bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la capital del país un 28 de noviembre, tras alojar en su domicilio de la capital a la mujer, originaria de Tulum, que se había trasladado a la Ciudad de México y le solicitó ayuda expresamente.

Ambos ya habían sostenido encuentros previos como pareja y de carácter consensuado, aunque poco después ella lo acusó por violación, lo que derivó en la detención inmediata del periodista, al que se le dictó prisión preventiva por seis años el 30 de noviembre, de la que ha cumplido más de cinco en penales Reclusorio Oriente y Santa Martha Acatitla.

El periodista sostuvo desde un principio ser procesado por un “delito fabricado”, en represalia política orquestada por Víctor Mas -ahora militante del PT- y el entonces gobernador Carlos Joaquín por sus investigaciones sobre corrupción y narcotráfico en Tulum, por lo que gremios como la Asociación de Periodistas Desplazados y Agredidos cuestionan la falta de celeridad y condiciones del proceso judicial.

En días recientes, el periodista, al que conocimos en Chetumal, donde una hermana suya estudiaba en la Universidad de Quintana Roo -vivía a la salida de Xul Há-, reapareció con testimonios difundidos en redes sociales, donde sostuvo su inocencia y afirmó ser víctima de persecución política.

Así, denunció condiciones adversas, incluyendo dificultades para comunicarse y actos de tortura previos, pese a sufrir graves complicaciones de salud por neumonía y derrame pleural, que requirieron su hospitalización en mayo de 2024.

Héctor Valdez había huido de Quintana Roo por amenazas de muerte, y aunque se le imputó violación, junto con diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión, calificó como “fabricación” de delitos en represalia por sus investigaciones en Tulum.

Para su mala fortuna, hasta hoy no existen indicios de que la gobernadora Mara Lezama, quien presume haber sido “periodista”, trate de rebatir esa injusticia de su antecesor, ni algún pronunciamiento oficial que modifique su situación, a pesar de que su caso se expuso en propias conferencias matutinas de la Presidencia de la República.

A partir de los testimonios directos de Héctor Valdez y el seguimiento de organizaciones de derechos humanos, persisten irregularidades y denuncias que sustentan la tesis de persecución política contra la libertad de expresión.

La principal es violación constitucional sobre la prisión preventiva, ya que suma más de cinco años tras las rejas sin sentencia condenatoria, cuando que la Carta Magna de México especifica que no puede exceder de dos años, según su Artículo 20, apartado B, fracción IX.

En este sentido, su caso es ejemplo del uso prolongado de la figura de prisión preventiva, cuestionada inclusive por organismos internacionales por vulnerar la presunción de inocencia.

Otra irregularidad es la represalia por su labor periodística, al sostener que el cargo de violación fue “prefabricado” por la fiscalía de Quintana Roo como castigo por sus investigaciones.

Por si fuera poco, lo arrestaron en un refugio del Mecanismo de Protección a Periodistas en la CDMX, lo que sus defensores señalan como traición del Estado al usar esa ubicación para capturarlo.

Además, Héctor Valdez denuncia públicamente haber sido víctima de tortura para intimidarlo y silenciar sus denuncias sobre la operación de grupos criminales dentro de los penales, aunque también reporta bloqueos constantes para comunicarse con el exterior, dificultando su capacidad de defensa y de denuncia pública.

Otra irregularidad es deficiencias en el Debido Proceso por falta de pruebas sólidas, por lo que colegas y analistas jurídicos dicen que su detención careció de pruebas contundentes, con un proceso plagado de inconsistencias técnicas y retrasos injustificados.

A pesar de que su caso llegó a la Presidencia de la República, no intervino la Fiscalía General de la República para atraer el caso, por lo que, irónicamente, lo dejó bajo jurisdicción que el mismo periodista denunciaba por corrupción.

Otra irregularidad es negligencia en su salud, lo que pone en riesgo su vida, pues ha sufrido crisis graves de salud que, según sus allegados, no se atendieron con urgencia necesaria en el penal, lo que pone en riesgo su vida de forma reiterada.

Ahora bien, la percepción sobre si los gremios periodísticos han hecho lo necesario para apoyarle, es tema de intenso debate, ya que ha recibido ayuda intermitente, pero no ha cambiado su situación jurídica en más de cinco años.

En relación con acompañamiento inicial, al momento de su detención en 2020, organizaciones como la Asociación de Periodistas Desplazados y Agredidos alzaron la voz para denunciar que los cargos de violación podrían ser una fabricación derivada de su labor crítica en Quintana Roo.

Organizaciones como Artículo 19 documentaron denunciaron los atentados con bombas molotov contra Héctor Valdez en 2018, lo que validó su estatus de periodista en riesgo ante la opinión pública antes de ser encarcelado.

En torno a una visibilidad mediática, su caso lo llevaron otros periodistas a las conferencias matutinas presidenciales -“La Mañanera”-, lo que generó un compromiso inicial de revisión que, según el propio Héctor Valdez, nunca se tradujo en acciones legales efectivas para su liberación.

Lamentablemente, con el paso de los años (2021-2026), los colegas parecen haber dado el brazo a torcer, pues el apoyo de los gremios nacionales parece haber disminuido en intensidad, limitándose a comunicados aislados o menciones en informes sobre libertad de expresión.

En este sentido, el periodista, en reciente reaparición, tuvo que recurrir directamente a las redes sociales para pedir a ciudadanía y colegas compartir su testimonio, sugiriendo que la presión gremial no ha sido suficiente para visibilizar el infierno carcelario que vive.

A pesar del supuesto activismo de algunos grupos locales en Quintana Roo y la falta de buenas intenciones de Mara Lezama, la falta de una defensa legal coordinada y de alto impacto de las grandes cámaras de prensa le ha provocado permanecer recluido sin sentencia o resolución favorable tras más de un lustro.

Con todo, como colegas, existen acciones concretas que podrían reactivar su caso, especialmente ahora que cumplió más de cinco años en prisión preventiva, repetimos, un exceso legal en el sistema mexicano, entre ellos visibilizar la información, romper el silencio, con reportajes actualizados que contrasten las acusaciones originales con irregularidades del proceso.

Asimismo, realizar una campaña de redes sociales, con etiquetas unificadas para que su nombre no desaparezca de la agenda pública, compartiendo sus testimonios directos desde el penal.

Como presión política y gremial coordinada, volver a poner el tema sobre la mesa en La Mañanera para solicitar un informe de la Secretaría de Gobernación sobre el estatus de su caso y la inconstitucional falta de avance.

También se podrían hacer pronunciamientos como carta abierta firmada por periodistas de renombre y asociaciones internacionales -como Reporteros Sin Fronteras o el Comité para la Protección de los Periodistas- dirigidos a la Fiscalía de la CDMX y a la propia “periodista” Mara Lezama, aunque, creemos, también eficaz presionar y pedir apoyo a los candidatos (as) a gobernador.

También se puede solicitar a observadores de derechos humanos asistir a sus audiencias para garantizar que no haya más retrasos procesales, así como exigir al Mecanismo de Protección a Periodistas rendir cuentas sobre por qué no hubo un seguimiento efectivo de su caso legal.

Lo más delicado es que, ante su historial de salud -como algunos han defendido al ex gobernador Mario Villanueva- el gremio puede presionar para que se le garantice acceso constante a médicos externos o traslados hospitalarios si su vida corre peligro.

No olvidar que muchos periodistas desplazados o presos quedan en la indigencia, por lo que no podemos olvidar el apoyo económico para su defensa legal o para sus necesidades básicas en Santa Martha es vital.

Ahora bien, ante la violación constitucional de la prisión preventiva que no debería ni puede exceder de dos años -ya vemos que sí-, las reglas de ese plazo establecen que, si después de este tiempo no se ha dictado sentencia, el imputado DEBE ser puesto en libertad mientras continúa el proceso o se le DEBEN imponer otras medidas cautelares menos restrictivas.

El plazo de dos años sólo puede prorrogarse si el retraso en el proceso es por ejercer su derecho de defensa el propio imputado, por ejemplo, si sus abogados solicitan más tiempo para presentar pruebas, pero en ningún caso DEBE ser superior al tiempo de la pena máxima fijada por ley para el delito por el cual se le procesa.

Héctor Valdez cumplió más de cinco años bajo esta medida sin sentencia, por lo se excedió el límite constitucional más del doble, una grave irregularidad procesal llamada exceso de prisión preventiva. Según la Suprema Corte de Justicia, las autoridades están obligadas a revisar la medida cautelar al cumplir dos años para determinar si el imputado puede seguir su proceso en libertad.

Sobre la posibilidad de que el caso de Héctor Valdez sea por venganza política o por falta de recursos económicos para defenderse, ambos factores parecen converger, alimentando una vulnerabilidad extrema, común entre los periodistas independientes en México.

Respecto a indicios de venganza, existen elementos documentados que refuerzan esa teoría por su labor crítica, pues era crítico feroz de la gestión de Víctor Mas en Tulum y de Carlos Joaquín en el Estado por lo que publicaba nexos entre autoridades y crimen organizado.

La Asociación de Periodistas Desplazados y Agredidos calificó su detención de “sospechosa”, pues ocurrió justo cuando estaba bajo resguardo federal tras huir de atentados contra su vida en Quintana Roo, pues antes de ser encarcelado sufrió atentados con bombas molotov y amenazas de muerte, lo que establece un patrón de persecución previo.

Por el otro lado, la precariedad económica suele ser “segundo carcelero” de periodistas en México, ya que un proceso de más de cinco años requiere muchos recursos económicos para sostener amparos y diligencias, y sin respaldo financiero sólido o apoyo de grandes firmas, los imputados suelen quedar atrapados en el sistema de justicia por tiempo indefinido.

El propio periodista tuvo que recurrir a redes sociales para pedir ayuda, lo que evidenció no contar con estructura que garantice siquiera comunicación básica o atención médica adecuada frente a crisis como su cuadro de neumonía.

En resumen, la venganza habría sido motor inicial de su encarcelamiento, mientras falta de recursos -tanto económicos como de apoyo gremial sostenido- permiten prolongar su prisión ilegal, más allá del límite constitucional.

En otro contexto, su detención fue durante el sexenio de López Obrador y aunque su caso se expuso en conferencias matutinas presidenciales, Héctor Valdez dice que la intervención federal fue insuficiente para frenar lo que llama fabricación de delitos por autoridades estatales.

Recientemente, extendió sus acusaciones a las autoridades de la Ciudad de México, pues ya en reclusión fue víctima de tortura de mandos policiales y de seguridad como represalia por denunciar actos de corrupción y narcotráfico en el sistema penitenciario.

Cabe explicar que, en casos de delitos de naturaleza sexual, las leyes mexicanas protegen la identidad de las víctimas para evitar su revictimización, por lo que su nombre suele mantenerse bajo reserva en el expediente judicial, y sólo se le menciona como parte acusadora en el proceso radicado en la Ciudad de México.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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