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Otra millonaria del PT en aprietos ¿justos?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

El 6 de marzo de 2026, según el portal Emeequis, el informe patrimonial de la diputada federal por el Partido del Trabajo, la chihuahuense Lilia Aguilar Gil, señala que sus bienes ascienden a 22 millones de pesos, entre ellos una vivienda valorada en 16 millones, un departamento de 5.4 millones adquirido en 2014 y vehículos de alta gama junto con una hipoteca de 5 millones, con todo y la “austeridad” que presume la Cuarta Transformación.

En resumen, publicó que la funcionaria declaró un patrimonio superior a 22 millones de pesos en bienes inmuebles y vehículos, que incluye una casa de 16 millones de pesos con 535 m² de terreno y 381 m² de construcción, además de una hipoteca cercana a 5 millones y deudas en tarjetas de crédito por más de 470 mil.

Sus declaraciones patrimoniales en la plataforma Declara_Dip revelan ingresos netos anuales por 1.7 millones de pesos, dos inmuebles adquiridos por más de 22 millones, dos vehículos de lujo y deudas activas que suman más de 5.4 millones. Su casa incluso supera en valor la de su compañero de bancada en la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña.

No obstante, según el portal Búho penal, la confrontación política en el bloque gobernante escaló después que la funcionaria manifestó públicamente su desacuerdo con decisiones políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

(Irónicamente, apenas el 31 de marzo publicamos que otro petista, César Adrián Gamboa Montejo, se habría hecho millonario, incluso financiado la campaña a gobernadora de Mara Lizama en Quintana Roo, a través de empresas “fantasma” o factureras):

https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/03/candidatura-de-mara-lezama-financiada.html

Esas declaraciones de la legisladora, de 49 años de edad y miembro del PT desde los 90s, las interpretan actores de Morena como gesto de alejamiento político que anticipó una ruptura entre ambos partidos, aliados electorales por años en el proyecto político de la 4T.

La reacción política no se hizo esperar, y distintos sectores del oficialismo calificaron la postura de Aguilar como “traición” política. Paralelamente, redes sociales y espacios de análisis difundieron con más intensidad las declaraciones patrimoniales oficiales de la legisladora, en la plataforma Declara_Dip de su Cámara, lo que abrió nuevo frente de debate sobre el patrimonio acumulado por la diputada a lo largo de su trayectoria en el servicio público.

Según ese sistema de transparencia, Aguilar Gil declaró un patrimonio superior a 22 millones de pesos en bienes inmuebles y vehículos, entre ellos una casa valuada en 16.7 millones, con una superficie de 535 m2 y 381 m2 de construcción, adquirida en diciembre de 2022 con crédito hipotecario. Más un departamento adquirido en 2014 por más de 5.4 millones, lo que coloca el valor de sus bienes inmobiliarios declarados en más de 22 millones.

La declaración patrimonial también incluye vehículos y bienes muebles, entre ellos una camioneta Volkswagen modelo 2022 y una Dodge Durango 2015, así como diversos muebles adquiridos en tiendas departamentales y adeudos financieros activos que superan 5.4 millones de pesos, principalmente por un crédito hipotecario de cinco millones y obligaciones crediticias con instituciones bancarias y tarjetas departamentales.

El tema generó comparaciones en el bloque oficialista. En debate público se señala que el valor de la vivienda declarado supera el patrimonio de Fernández Noroña, figura emblemática del ala más combativa del oficialismo, comparación de algunos sectores para cuestionar la coherencia entre discursos de austeridad y niveles de patrimonio personal de algunos servidores públicos.

Sin embargo, en perspectiva estrictamente jurídica y administrativa, un patrimonio elevado no es por sí mismo una irregularidad legal. El sistema mexicano de control patrimonial de servidores públicos se basa en el principio de transparencia y rendición de cuentas, del artículo 108 de la Constitución y desarrollado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que los obliga a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses para escrutinio público sobre la evolución de su patrimonio.

Las declaraciones tienen tres funciones jurídicas fundamentales: Prevenir conflictos de interés, detectar posibles incrementos patrimoniales injustificados y fortalecer los mecanismos de control anticorrupción en el Estado. En caso de inconsistencias entre ingresos reportados y crecimiento patrimonial, se puede investigar posible enriquecimiento ilícito, previsto en legislación administrativa y el Código Penal Federal.

Enriquecimiento ilícito es que un servidor público no pueda justificar el origen lícito del aumento de su patrimonio respecto a sus ingresos, aunque, para existir responsabilidad penal o administrativa se deben acreditar elementos objetivos, como discrepancias patrimoniales, ocultamiento de bienes o triangulación de recursos o beneficios derivados del cargo público. La simple existencia de propiedades, créditos hipotecarios o vehículos declarados no constituye, por sí misma, un ilícito.

En el caso de Aguilar Gil, la propia documentación patrimonial indica que varios bienes se adquirieron con créditos financieros o hipotecas, mecanismo común del sistema financiero. Además, incluyen el registro de adeudos vigentes, como parte del mismo esquema de transparencia patrimonial diseñado para analizar origen y evolución de recursos de servidores públicos.

Más allá del debate jurídico, la polémica es claramente una confrontación política interna del bloque gobernante. Las tensiones entre Morena y el PT no son nuevas, pero el desacuerdo público con Claudia Sheinbaum intensifica el conflicto y coloca a la diputada en el centro de una disputa que mezcla discurso político, escrutinio patrimonial y estrategias de presión mediática.

Ese escenario, refleja una constante en la política contemporánea cuando surgen rupturas entre alianzas de poder, con expedientes patrimoniales y declaraciones públicas que se convierten rápidamente en armas de debate político, y un inicial desacuerdo político se transforma en un tema que involucra transparencia, ética pública y estabilidad de alianzas.

A todo esto, la diputada Aguilar Gil, diputada local en la LXI Legislatura del Congreso de Chihuahua en 2004, se defendió desde la Cámara de Diputados afirmando no tener “nada que esconder” y que todos sus bienes son lícitos, por lo que denunció ser víctima de “linchamiento digital” y violencia política.

Como parte de las tensiones con la coalición de Morena sobre la fallida reforma electoral, se acusa a la legisladora “traición” en sectores afines al partido gobernante por su postura crítica ante la iniciativa electoral del Poder Ejecutivo, aunque dice que los ataques en su contra no sólo provienen de la oposición, sino de perfiles vinculados a Morena, y cuestiona que se ataque a los aliados en lugar de los adversarios.

Para su mala fortuna, también tiene en su contra otros conflictos, pues la senadora panista Lilly Téllez dice haber presentado una denuncia en la Fiscalía General de la República por presunta violencia sobre ella.

Además, en diciembre de 2023, Aguilar Gil acusó públicamente al ex gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado (2016-2021), hoy senador de Morena, de estar involucrado en el asesinato de su madre, tema que ha mantenido en la agenda pública como exigencia de justicia.

Aguilar Gil, quien en la LXII legislatura ocupó la diputación por la vía plurinominal, el cargo actual lo obtuvo por elección directa en las urnas, y sostiene que los cuestionamientos en su contra son intentos de desacreditar su postura política en la Cuarta Transformación.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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