Escándalos por Mara Lezama, ¡interminables!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Aunque hasta hoy no existe solicitud de extradición de
Estados Unidos contra la gobernadora Verde de Quintana Roo, Mara Lezama, al menos
no comparable a la que se emitió contra su homólogo de Sinaloa, Rubén Rocha
Moya, según investigaciones periodísticas y reportes locales, ha estado bajo
escrutinio de agencias de ese país, como la DEA.
Como se sabe, Estados Unidos solicitó formalmente este
miércoles la detención provisional del mandatario sinaloense con fines de
extradición, por estar vinculado con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa,
aunque previamente le revocaron su visa estadounidense desde 2025.
Por su parte, según la periodista Anabel Hernández y
diversos medios locales, Mara Lezama y su esposo, Omar Terrazas García,
estarían en una “lista” de la DEA por presunto “lavado” de dinero y vínculos
con el crimen organizado, por lo que circulan rumores sobre la revocación de su
visa, lo que ha negado tajante y califica como “guerra sucia” y desinformación.
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/silencio-federal-en-acusaciones-sobre.html
En su caso, existen señalamientos por
enriquecimiento ilícito y corrupción institucional que habrían sido archivados durante
el sexenio de López Obrador, pero que agencias externas podrían estar
retomando.
Aunque el nombre de la mandataria aparece con
frecuencia en filtraciones de listas de políticos bajo vigilancia del
Departamento del Tesoro y la DEA, su situación jurídica es distinta a la de
Rocha Moya, quien enfrenta proceso formal de extradición solicitado por el
gobierno de Donald Trump
Recientes
reportes indicaban que la DEA y el Departamento de Tesoro, a través de la
Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos,
iniciaron investigaciones sobre Mara Lezama, y su entorno cercano, que examinan
sus activos y cuentas bancarias, así como las de su esposo.
Las
indagaciones se centraban en presuntos vínculos con el narcotráfico y el
establecimiento de grupos delincuenciales en el Sureste de México, relacionados
específicamente con la producción de fentanilo.
Las
investigaciones abarcarían propiedades -casas, automóviles, embarcaciones,
aviones- y cuentas bancarias localizadas tanto en Estados Unidos como en la
Unión Europea.
Como
antecedentes en México, previamente, la Fiscalía General de la República y la
Unidad de Inteligencia Financiera habrían integrado carpetas de investigación
por presunto enriquecimiento ilícito y recursos de procedencia ilícita durante su
gestión, entonces como alcaldesa de Benito Juárez.
Sin
embargo, Mara Lezama declara públicamente tener la “conciencia tranquila” y
continuar trabajando de frente a la ciudadanía, amén de que, hasta el momento,
no se habría emitido alguna acusación formal o sanción oficial pública por
parte de autoridades estadounidenses, por lo que la información se maneja bajo
el estatus de investigación en curso o confidencial.
Los
señalamientos sobre presuntos nexos gobernadora-narco, se han difundido
principalmente por periodistas de investigación y medios digitales, aunque hasta
hoy no existe acusación formal o sanción pública por parte de las autoridades
estadounidenses.
Entre
lo relevante de esas versiones, se incluyen investigaciones en EE.UU., donde diversos
reportes periodísticos sostendrían que agencias como la DEA y el Departamento
del Tesoro mantienen abiertas líneas de investigación sobre Mara Lezama y
familia, centradas en presunto “lavado” de dinero y activos financieros en el
extranjero.
Aunado
a ello, Anabel Hernández, y otros periodistas, como Ricardo Ravelo y Alfredo
Griz, han mencionado en sus espacios informativos que está “en la mira” de
EE.UU. por la supuesta expansión de grupos criminales y la operatividad del
narcotráfico en Quintana Roo durante su mandato.
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/11/la-investigacion-mara-que-mas-le-duele.html
Pero,
además, algunas versiones sugieren que las indagatorias incluyen la vigilancia
de redes que podrían estar relacionadas con el tráfico de fentanilo en el Sureste
de México, pero la gobernadora ha descartado públicamente la presencia de
laboratorios o producción de esta droga en la entidad.
Así,
en respuesta oficial, Mara Lezama niega las acusaciones, a las que califica de
ataques políticos y asegura que su gobierno trabaja de manera honesta y
coordinada con el Gobierno Federal y las fuerzas de seguridad para combatir la
violencia.
Mientras
las investigaciones de las agencias internacionales suelen ser confidenciales,
en el ámbito local, la Fiscalía General de Quintana Roo continúa operativos
contra grupos delictivos, con una supuesta reducción de los índices de
violencia en Quintana Roo que, sin embargo, sólo parecen constarle a ella.
En
este sentido, tampoco existe confirmación oficial de que Mara Lezama figure en
una lista de políticos “reclamados” para extradición por EE.UU., pese a que su
nombre ha sido persistentemente vinculado a investigaciones de agencias
estadounidenses, lo que ha generado confusión sobre su estatus legal.
Entre
los puntos para distinguir entre rumores e información verificada, se incluye
el estatus de “reclamada” (extradición) sin orden de captura, pues, a
diferencia de figuras como Rafael Caro Quintero o Ismael “Mayo” Zambada -ahora
Rocha Vargas-, no se ha hecho pública ninguna orden de aprehensión o solicitud
de extradición contra la mandataria por parte del Departamento de Justicia de
EE.UU.
También
cabe señalar las listas recientes, pues en las operaciones de extradición
masiva de 2025 y principios de este año -cuando se entregaron más de 90
objetivos-, los perfiles correspondían principalmente a líderes operativos de
cárteles, no a gobernadores en funciones.
Por
otro lado, diversos reportes periodísticos -como Los Angeles Press y En Cambio-
señalan que la DEA y la OFAC solicitaron información sobre las cuentas y
activos de Mara Lezama y su esposo, Omar Terrazas, por presunto “lavado” de
dinero.
Sin
embargo, aunque estas agencias pueden investigar a políticos por sospechas de
nexos con el narcotráfico -particularmente la expansión de grupos en Quintana
Roo-, esto no equivale a ser un “fugitivo reclamado” hasta presentarse una
acusación formal ante una Corte estadounidense.
En
el contexto político y la actividad pública, Mara Lezama mantiene una agenda
normal de trabajo, y recién participó en la feria turística FITUR 2026 en Madrid
y continúa siendo evaluada positivamente, aunque sospechosamente, por encuestas
de aprobación interna en México.
Respecto
a la postura del Gobierno de México, la administración federal había negado varias
veces presiones de extradición contra “narcopolíticos” de la actual
administración, calificando como falsas esas versiones.
En
resumen, Mara Lezama estaría siendo investigada por presuntas irregularidades
financieras y posibles nexos indirectos, pero no es reclamada oficialmente por
la justicia norteamericana para ser juzgada en ese país.
Cabe
recordar que el año anterior surgieron reportes sobre supuestas solicitudes de extradición
de EE.UU. contra políticos mexicanos, aunque hasta hoy no existe una lista
oficial confirmada de funcionarios procesados bajo estas peticiones.
Puntos
clave sobre estas supuestas solicitudes son rumores y reportes de prensa de junio
2025, cuando medios internacionales, como Reuters e Infobae, informaron que
EE.UU. presionaba a México para procesar y extraditar a políticos por vínculos
con cárteles del narcotráfico, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México desmintió las versiones y calificó como falsas.
Otra
clave, son presiones de Donald Trump, con cuyo retorno a gobierno se
intensificó la retórica sobre los “narcopolíticos”, al grado que Marco Rubio, como
Secretario de Estado, ha exigido públicamente a México entregar a políticos
vinculados con el crimen organizado.
También
se incluyen restricciones de visas, sobre las que se reportó que EE.UU.
preparaba una lista de políticos mexicanos (incluyendo gobernadores y ex ministros)
sujetos a restricciones de visa por presuntos nexos con el narco, aunque esto
no implica necesariamente una solicitud de extradición.
Recientemente,
México entregó masivamente a 37 personas a EE.UU. (son más de 130 el último
año), la mayoría operadores de alto perfil de cárteles -Sinaloa y CJNG-, y no
políticos en activo, en tanto la presidenta Claudia Sheinbaum negaba que Trump
le solicitara extraditar a figuras políticas.
Como
personaje en la mira -entonces sin solicitud formal de extradición-, aunque su
nombre aparecía constantemente en el debate binacional, no se había confirmado
un pedido de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, mencionado
tras la sospechosa captura de “El Mayo” Zambada.
Así,
existe una lista de políticos de Morena supuestamente mencionados en informes
de inteligencia de EE.UU. filtrados a la prensa, pero sin cargos judiciales
públicos que activen un tratado de extradición.
En
resumen, la “petición de extradición de políticos” en 2025 había sido más
estrategia de presión diplomática y mediática que un proceso legal formalizado
con nombres específicos ante la Cancillería mexicana.
Por
ejemplo, supuestamente, se habría publicado una foto en un periódico de USA donde
se le pedía a la presidenta extraditar a un grupo de políticos y le dieron 60
días para hacerlo o atenerse a las consecuencias políticas y económicas para México:
En la gráfica aparecían los gobernadores de Sinaloa, Sonora, Baja California y
Michoacán, Rocha Moya, Alfonso Durazo Montaño, Marina del Pilar Ávila Olmeda y Alfredo
Ramírez Bedolla, así como el senador Adán Augusto López.
Sin
embargo, no figuraba la fotografía de Mara Lezama, cuyo mandato expira en 2027
y pretende un sucesor “a modo”.
En
definitiva, su relación con el narcotráfico se centra en dos frentes opuestos: Acusaciones
mediáticas sobre presuntos vínculos históricos y reportes oficiales de su gobierno
sobre el combate a la delincuencia.
Respecto
a señalamientos y acusaciones, existen diversos alegatos que la vinculan con el
crimen organizado, aunque no han derivado en procesos judiciales formales, pese
a investigaciones periodísticas en el sentido de que sus presuntos nexos con
cárteles -como el CJNG- habrían iniciado durante su gestión como alcaldesa de
Cancún.
En
torno a señalamientos de agencias externas, en 2025 y principios este año
circularon versiones sobre supuestas investigaciones de la DEA hacia la
gobernadora y su entorno cercano por actividades relacionadas con lavado de
dinero y narcotráfico, en tanto se cuestiona su nombramiento de figuras como
Raciel López Salazar como Fiscal General, debido a señalamientos previos de
vínculos de éste con grupos delictivos.
En
contraste, su administración asegura que se redujeron los índices de violencia
en el Estado. Por ejemplo, en febrero de 2026 reportó una baja de 73% en
homicidios dolosos durante 2025, posicionando a Quintana Roo como uno de los Estados
con mayor reducción de este delito en México.
En
tanto, su gobierno ejecutó golpes contra estructuras criminales, incluyendo el
cateo al sindicato de taxistas de Cancún y la captura de líderes como Miguel
Ángel “N” (a) “El Tigre”, presunto operador del Cártel de Sinaloa.
Por
otro lado, Mara Lezama sostiene una estrecha colaboración con la Secretaría de
Seguridad federal, encabezada por Omar García Harfuch, para reforzar la
seguridad de cara a eventos como el Mundial 2026, aunque el 31 de enero el Ejecutivo
Federal indicó que se investigarán los señalamientos contra la mandataria para
esclarecer su situación ante las denuncias en su contra.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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