¡La investigación a Mara que más le duele!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

La detención de miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, identificados como Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N” (a) “El Flaco” en Cancún -ahora sabemos- con armas de fuego que parecían ir a alguna guerra, sólo vino a confirmar algo que desde marzo denunció el periodista Ricardo Ravelo en el portal de Sin Embargo y que propició airada respuesta de Laura Aguilar Loredo desde la coordinación de Comunicación Social de la gobernadora Verde, Mara Lezama.

En efecto, hace 6 meses -después que lo hiciera nuestro colega Alfredo Griz Cruz en enero de 2024 hiciera algo similar con “graves señalamientos en contra de la gobernadora Mara Lezama y esposo”- denunció que el crimen organizado y los cárteles Nueva Generación y Caborca se habrían adueñado de la plaza de la Zona Norte desde que la mandataria era alcaldesa en Benito Juárez, en complicidad, tolerada por la mandataria, con taxistas, políticos y altos mandos de gobierno.

Hasta donde se sabe, serios señalamientos y denuncias públicas de figuras de oposición y organizaciones civiles vinculan hasta ahora a Mara Lezama, y a su esposo, Omar Terrazas, con presuntas redes de corrupción y “lavado” de dinero, aunque la información disponible no confirma algún proceso judicial activo o condena formal en su contra.

Así, entre los puntos clave sobre el tema hasta los últimos días de noviembre, destacan, entre otros, denuncias de oposición, por ejemplo, en octubre último, cuando la senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó acusaciones que la vinculan con una red de corrupción y contratos millonarios a empresas fachada ligados al impune ex secretario de Gobernación y ex gobernador tabasqueño, el senador Adán Augusto López.

También se incluyen alertas de la DEA, pues informes periodísticos de marzo sugieren que esta agencia de investigación de Estados Unidos estaría investigando a funcionarios mexicanos, entre ellos a la funcionaria y su esposo, por posibles nexos con “lavado” de dinero en el marco del combate al fentanilo, aunque no se ha reportado el estatus actual de esa investigación.

Asimismo, existirían demandas previas: Desde 2020, organizaciones civiles habrían denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República presunto enriquecimiento ilícito y actividades de crimen organizado de la mandataria, pero informes de 2024 indicaban que estas denuncias no habrían progresado significativamente.

Con todo, como única respuesta de su Gobierno: Un también supuesto combate frontal a la corrupción y que los actos realizados por su administración, como las denuncias contra la empresa Aguakán, constituyen el cumplimiento de un deber legal para investigar a profundidad posible corrupción y “lavado” de dinero de administraciones anteriores.

En resumen, habría múltiples señalamientos mediáticos y denuncias políticas, mas no confirmación pública y oficial de las autoridades judiciales mexicanas o estadounidenses de un juicio u órdenes de aprehensión por el “lavado”, específicamente contra Mara Lezama o su esposo, en este momento.

Quizá el principal señalamiento contra la cuestionada funcionaria, es la de Ravelo, publicado en marzo, con el título “Quintana Roo: Mara Lezama y el auge del narco” y que, de manera increíble, refutó públicamente 4 días después por el mismo medio Laura Aguilar, en lo que llamó “Lamentable historia con la que se busca desacreditar a Mara Lezama”.

Conforme a la crónica periodística, desde que Mara asumió el mandato, el crimen organizado vive una etapa de jauja e impunidad, en la que Jalisco Nueva Generación y Caborca se disputan las plazas principales; asesinan, desaparecen, distribuyen drogas sin recato alguno, pues en la entidad todo está permitido para los grupos criminales ligados al poder político.

Esta suerte de festín criminal no es nueva. En Cancún el crimen operó con absoluta libertad cuando Mara fue alcaldesa y su enriquecimiento descomunal lo investigaron la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, con carpetas para indagar a la edil por vínculos con la delincuencia.

 No obstante, sospechosamente, dichas carpetas se archivaron y luego Morena la lanzó como su candidata a gobernadora de Quintana Roo.

La ejecución del secretario de Seguridad de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista, el 24 de marzo, da cuenta de la guerra entre cárteles que enfrenta el estado y la impunidad con la que operan. Mara dio un mensaje luego del asesinato: Que la lucha contra el crimen seguiría en el Estado, pero buena parte del problema radica en la protección oficial que gozan los cárteles.

El verdadero problema está en el Gobierno de Mara Lezama, protegida en su momento por López Obrador, cuando éste fue presidente y cerró los ojos ante los presuntos vínculos criminales de aquélla.

En Quintana Roo, el crimen organizado vive momentos de jauja desde que ella arribó a la gubernatura, pues Jalisco y Caborca se disputan el control del Estado a sangre y fuego, mientras el narcomenudeo, narcovuelos y redes de “lavado” de dinero operan con total impunidad.

Ese ha sido el estilo que ha caracterizado a Mara desde que fue alcaldesa y se le cuestionó precisamente por la libertad que la policía de su municipio le otorgó al crimen organizado para operar abiertamente.

Así, las drogas fluyen por todo el Estado, con municipios con mayor demanda, como Playa del Carmen, Cancún y Tulum, éste última, explosivo por el auge turístico, los enervantes se ofrecen en la calle sin discreción. Los turistas compran cocaína, crack, heroína, fentanilo y cualquier químico porque los vendedores pagan “cuotas” a la policía y ésta, a su vez, “mochada” a los alcaldes y, así, los beneficios económicos llegan hasta la cúspide.

Gran parte del narcomenudeo en Quintana Roo lo controlan los taxistas, tanto libres como de aplicación, que ofrecen drogas a clientes o los llevan a “tienditas” día y noche con protección de la policía.

Este libertinaje oficial también desató guerra entre los cárteles de Caborca y Jalisco, dos de los más poderosos, que se disputan el territorio. El primero lo opera José Gil Caro Quintero, sobrino de Rafael Caro, uno de los candidatos a pena de muerte en Estados Unidos por el asesinado, en 1984, del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

A José Gil Caro, también conocido en el hampa como “El Pelo Chino”, lo detuvo la policía de Tulum el 11 de octubre de 2023, cuando comía en un restaurante acompañado de una mujer y dos escoltas. El capo fue prácticamente levantado de la mesa del restaurante “Burrito Amor” y llevado a un lugar desconocido.

Horas después, el narcotraficante -controla la zona sur del país- al que se le atribuyen buena parte de los llamados narco-vuelos en Quintana Roo, se le liberó. La versión extraoficial, que se investigó, pero nunca hubo respuesta de las autoridades, es que sobornó a los agentes con 15 millones de pesos.

El caso, según se dijo entonces, originó que la Fiscalía General del Estado realizara una investigación. Pero, hasta ahora, la respuesta ha sido el silencio.

La guerra criminal es tan intensa que ya impacta a varias ciudades de Quintana Roo y cuando Rodríguez Bautista fue atacado a tiros en la colonia Veleta, le dispararon en 20 ocasiones e impactaron rostro, tórax, cabeza y piernas. Fue llevado a un hospital de emergencia, pero murió al llegar. Una línea de investigación apunta que uno de los cárteles lo asesinó por, presuntamente, favorecer a uno de los grupos criminales.

En ese entonces, Mara envió en video un mensaje a la delincuencia. Dijo, enérgica, que el crimen no quedaría impune y que seguiría la batalla contra la delincuencia organizada, aunque no se dijo que la propia mandataria es parte del problema, pues desde que fue alcaldesa se le relacionó con redes criminales y presunto “lavado” de dinero.

Con todo, mientras López Obrador era presidente, no prosperaría ninguna investigación en su contra, pues la protegieron para que fuera la candidata de Morena al Gobierno de Quintana Roo.

Por otro lado, ante el descomunal incremento de su fortuna, tan desproporcionada, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República la habrían investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y vínculos con grupos locales del crimen organizado. Hubo avances, tanto, que la FGR integró tres carpetas de investigación por su probable responsabilidad en blanqueo de capitales, delincuencia organizada y abuso de autoridad.

Las carpetas incluían registros de transferencias bancarias millonarias, copias de escrituras públicas y declaraciones patrimoniales presuntamente falseadas para ocultar el patrimonio amasado por la entonces alcaldesa, una de las más fuertes aspirantes a gobernar Quintana Roo, pues contaba con el apoyo de López Obrador y del ex gobernador panista Carlos Joaquín, embajador de México en Canadá.

Según las pesquisas, éstas se centraron en analizar las finanzas de la empresa “Desarrolladora Cumpal”, que registraba actividades financieras atípicas en los últimos años. La UIF sospechó, en base a datos y evidencias, que servía para ocultar movimientos financieros. A la UIF también le llamó la atención el desorbitante movimiento de dinero en efectivo por parte de Mara Lezama y de su esposo.

Las sospechas se reforzaron porque la mandataria adquirió un vehículo Mercedes Benz modelo CLA 250 Sport por unos 700 mil pesos, que pagó en efectivo y en una sola exhibición, mientras su esposo hizo lo propio con uno de la misma marca, clase GLE 43 Coupé, por 1.4 millones de pesos, también pagado en efectivo y en sólo pago.

El primer indicio de la Federación de este inusual manejo de recursos y del incremento patrimonial de la pareja surgió el 8 de septiembre de 2020, cuando la alcaldesa fue denunciada por la activista Flor Pastrana, que sirvió a la FGR para integrar las tres carpetas; fue ratificada el 14 de octubre de ese año.

Las investigaciones continuaron con informes de la DEA, que decían que María Lezama entró en negociaciones con grupos locales del crimen organizado, en particular con el Cártel de Jalisco, que controla el mercado del narcomenudeo en ese municipio y paga cuotas millonarias mensuales por operar libremente, pero alcanzó mayor poder y control en Quintana Roo cuando Lezama asumió la gubernatura.

Los reflectores se encendieron con mayor potencia contra Mara Lezama cuando se descubrió haber cedido grandes terrenos de alta plusvalía a una empresa, a cambio de recibir como donativo una residencia, conocida como “La Casa Blanca”, valuada en varios millones de pesos.

Según las investigaciones, sobre esta propiedad surgió una permuta con la empresa Tarjetel del Sureste, que la transfirió definitiva e irrevocablemente a través de acta de cesión de derechos P.A112.433 e involucra a Buró Inmobiliaria América, ligada con la alcaldesa en negocios inmobiliarios.

En ese tiempo el Ayuntamiento de Cancún solapó la anexión de 15 mil m2 de área protegida por Fonatur al terreno donde estaba el club con 18 mil m2 y esa propiedad de 33 mil metros lo permutó la Comuna al Buró Inmobiliario América para la aprobación de Tarjetel.

A cambio, la alcaldesa recibió “Casa Blanca”. Las escrituras públicas de ambos inmuebles, números 4724 y 112403, formaron parte de las investigaciones de la UIF y la FGR.

La denuncia inicial contra Mara Lezama se presentó ante la SIEDO, número 373/2020, y el 2 de julio de ese mismo año, de manera paralela, inició sus investigaciones la UIF.

Sin embargo, de pronto, todo dio un giro. Extrañamente, la UIF detuvo sus investigaciones. Hugo Nieto, entonces secretario técnico del Ayuntamiento de Cancún y primo de Santiago Nieto, ex titular de la UIF y quien originalmente inició las investigaciones contra Mara Lezama, presuntamente metió las manos para favorecer a la entonces alcaldesa.

Además de los sobornos de la delincuencia organizada que, según la FGR, explicarían el incremento cuantioso del patrimonio de la alcaldesa, FGR y UIF centraron sus pesquisas en corrupción y “lavado” de dinero donde, aseguraban, habría evidencia de la participación de la alcaldesa.

Las investigaciones implicaban a la empresa Desarrolladora Cumpal, integrada por Omar Terrazas García, el cuñado de éste, Miguel Ángel Lezama Espinosa, y los hijos de la alcaldesa: Daniel Barrón Lezama, Omar Terrazas Lezama y María Terrazas García, presuntamente instrumentos de la pareja para adquirir propiedades que suelen registrar con precios subvaluados.

La lista de propiedades que tenían acreditadas la FGR y la UIF se enumeran en expedientes integrados. Una propiedad en Cancún, con valor de 4.8 millones de pesos; otra, en Yoxtlán, adquirida el 31 de agosto de 2016, con valor de 1.9 millones de pesos, un terreno en Guayacán, comprado el 27 de abril de 2018, con valor de tres millones de pesos.

Además, los expedientes incluían 10 propiedades más, cuyas ubicaciones no se mencionan, pero que, en conjunto, dan cuenta de una inversión de más de 200 millones de pesos.

El origen de los fondos para adquirir tantos inmuebles, según las investigaciones, se centraban en dos hipótesis: Venta de terrenos federales, negocios con contratistas, pagos del crimen organizado, en particular del CJNG, y “lavado” de dinero.

Según la FGR, en todas las operaciones de compraventa de departamentos, edificios y residencias, participó como valuador el entonces síndico municipal, Heyden Cebada Ramírez, padre del cuestionado presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas, mientras que, para dar fe de la compraventa, la alcaldesa recurría al notario 62 como su preferido, “casualmente” Cebada Rivas, director municipal de Desarrollo Urbano.

Según mapa criminal diseñado por la FGR y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, en Benito Juárez-Cancún operan cuatro cárteles que dominan la plaza: Sinaloa, Jalisco, Zetas, Cártel del Golfo y Caborca.

En investigaciones de la FGR, con colaboración de la DEA, a la entonces alcaldesa se le relacionaba con los dos primeros grupos criminales, que habrían establecido un pacto de no agresión a cambio de que les permitiera operar, principalmente en la Zona Hotelera, aunque se extendieron a Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, entre otros puntos de auge turístico. Ahora vemos que también a Chetumal y Bacalar.

Los presuntos vínculos de Mara Lezama con el crimen organizado, según investigaciones canceladas, sería una de sus fuentes de enriquecimiento, aunque no se descartaron otras, como corrupción institucional con proveedores de Benito Juárez como alcaldesa; venta de terrenos de alta plusvalía y lavado de dinero, hipótesis consideradas en las carpetas de investigación en su contra.

Desgraciadamente, los expedientes “desaparecieron” o se archivaron durante el sexenio de López Obrador. Así, sin investigaciones de por medio, Mara Lezama se convirtió en la candidata de Morena y multimillonaria gobernadora… al menos sólo por dos años más.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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