¡Félix y Carlos Joaquín, tras Calica!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque parte de una “telenovela” que inició hace más de 40 años, ahora se informó que un Tribunal Federal determinó que Calica ingrese a los predios de cantera sólo para remediar, compensar y restaurar la zona con supervisión de autoridad ambiental, informó la Semarnat.

El resolutivo del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, se dio a conocer el miércoles respecto a la solicitud de suspensión de Calizas Industriales del Carmen es un logro importante para el Gobierno de México en la defensa de sus recursos naturales.

La Semarnat argumentó ante el Colegiado que la solicitud de Calica sobre la suspensión para que se permita la restauración debe incluir las obligaciones de elaborar un programa desde el inicio del proyecto, restaurar corredores de fauna silvestre, reforestar, así como elaborar un cronograma, tal como se determinó en la autorización ambiental otorgada en 2000.

Señaló que, en el juicio de nulidad administrativa, se demostró con pruebas periciales que Calica explotó el doble de lo autorizado, por lo que en sus más de 50 juicios promovidos desde 2022, no ha logrado seguir la extracción de roca caliza.

Por ello, esta doble explotación representa un abuso sistemático del marco normativo ambiental, aunado a que no obtuvo todas las concesiones de agua que requería y jamás solicitó un permiso forestal, aunque mantiene una demanda internacional para acusar a México precisamente de las faltas de la propia empresa.

El Gobierno de México solicitó anuencia para contrademandar internacionalmente a la empresa Vulcan, cuya filial es Calica, mecanismo pendiente de resolución ante el tribunal de arbitraje internacional.

Hasta ahí, nada habla de la cuestión política, como cuando publicamos en mayo de 2023, hace más de 35 años, en el sexenio de Miguel Borge, que supimos de Calica, entonces casi desconocida y hoy objeto de controversias, tales que involucraban como asesor jurídico al panista Santiago Creel Miranda, quien aspiró a la Presidencia de la República y a dos oscuros ex gobernadores de Quintana Roo: Félix González y Carlos Joaquín.

Verá Usted. Entonces director de Diario de Quintana Roo, Mario Rendón Monforte nos informó que viajaríamos gratis a Miami, Florida, con otros siete periodistas para conocer los trabajos de la “Vulcan Compañy”, socia de Calica, que pretendía desarrollar 2 mil 400 hectáreas de Playa Del Carmen, supuestamente sin ningún daño ecológico y benéfico para la comunidad.

Viajamos vía aérea desde Cancún, entre otros, el desaparecido periodista Juan Emilio Calzontzin, otro de apellido Hurtado y Nicolás Durán de la Sierra -al parecer el único que vive-, entre otros, acompañados por un representante de Calica, Porfirio González, su ex jefe de prensa en Cancún-, quien se encargó de los acomodos y comida en ese país.

Durante 3 días recibimos fotos y explicaciones, observamos los trabajos de la Vulcan e información sobre el convenio que firmó el ex gobernador Pedro Joaquín Coldwell, en 1986, por 30 años para explotar material pétreo de Playa del Carmen para construir puentes y avenidas en EE.UU.

Para eso, Calica pagaría impuestos a Quintana Roo, cuantiosos, por cierto, y, entre otros, entregaría material a siete municipios para pavimentar calles, para lo cual éstos sólo aportarían medios de transporte. Hasta hoy ignoramos cuáles se beneficiaron y con cuánto, bueno, si se entregó material.

Esto fue lo que sabíamos de Calica. Probablemente organismos de ecología y medio ambiente tenían más información y se habrían negado a “desnudar” el medio natural de Playa del Carmen, mejor conocido como Punta Venado que, sabíamos, era muelle de salida de barcos a Cozumel.

Lo cierto es que, siempre “inolvidable” el nombre de Carlos Joaquín, vuelve a salir a relucir en un reportaje de Sinembargo, que decía que las familias políticas que dominaron Quintana Roo tenían un plan para socavones de Calica, frente al mar turquesa y cerca del Parque Xcaret, donde Calica extraía caliza.

Explica que López Obrador propuso albercas turísticas para aprovechar los socavones, pero documentos muestran que el gobierno de Carlos Joaquín y los González, lo tenía proyectado desde entonces.

El caso es que, para aprovechar los socavones generados por Calica extraer caliza tres décadas para exportar a Estados Unidos, López Obrador propuso las “albercas turísticas”, a 5 ks de Xcaret.

Sin embargo, según documentos, la idea de un fraccionamiento turístico estaba proyectada desde los 80. Es decir, desde el gobierno de Quintana Roo, en manos de las familias más poderosas de Quintana Roo, “los Joaquín y los González”, ya estaba previsto el proyecto.

El Programa de Ordenamiento Ecológico de Cozumel de 2008 dice que la Unidad de Gestión Ambiental regulada, donde se ubica Calica, tiene el uso predominante de minería, portuaria e industrial, pero los usos compatibles son turístico y comercial condicionados a la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada en 2000.

El expediente tenía permisos solicitados por los implicados y, obviamente intocables del municipio, por el poder de los Joaquín en Quintana Roo, sobre todo de Nassim (padre de Pedro Joaquín, fallecido en 2016), a quien había que pedirle permiso para todo y dominaba todo desde Cozumel.

Cozumel era gobernado por Juan Carlos González Hernández, primo del entonces gobernador Félix González (2008-2011), quien, en 2013, fue delegado de Fonatur a la par de la devastación del manglar de Tajamar para otro desarrollo inmobiliario.

Solidaridad, donde opera el resto del polígono de Calica, estaba bajo la gestión de Carlos Joaquín, medio hermano de Pedro Joaquín, y luego gobernador de Quintana Roo.

El Ordenamiento Ecológico de Solidaridad (planeado en 2005 y publicado en 2009) coloca a esta Unidad, regulada en aprovechamiento sustentable con uso de suelo condicionado a urbano, turístico, ecoturístico, deportivo y parque recreativo. La condición eran los términos de la Ley de Turismo de Quintana Roo, con Félix González.

Años antes de publicarse los Programas de Ordenamiento de Cozumel y Solidaridad ya estaban las vistas arquitectónicas del proyecto Calica, concebido como desarrollo inmobiliario “con yate a la puerta”. Dichos POEL requieren un convenio técnico de los tres niveles de gobierno, incluso la Semarnat.

El presidente diría que se pueden hacer albercas, pero ya estaba previsto como proyecto de ese tipo; no es al azar que haya quedado así la distribución y las excavaciones. Si estaba siendo asesorado por alguien de la Semarnat de la vieja guardia, lo estaban induciendo a autorizar el proyecto que desde el principio concibió Calica.

López Obrador propuso que, aún con el daño al subsuelo, podrían hacerse “albercas naturales” para aprovechar la zona con el agua turquesa que sale del banco donde habían extraído el material.

Era una de las propuestas a Vulcan, como ya habían escarbado, el agua era turquesa por la piedra, entonces y, con un poco de imaginación y talento se podía utilizar como zona turística, casi albercas naturales, buscando un acuerdo. Pero se pedía ya no seguir destruyendo y retirar la demanda por falta de fundamento legal.

La zona de propuesta se ubica donde también estarían estaciones del Tren Maya, que conectará hacia el Corredor del Istmo de Tehuantepec.

López Obrador decía, como responsable del permiso de impacto ambiental a Calica en noviembre de 2000 a la entonces Secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo, lo que ella negó y precisó que la operación comenzó desde 1986 con permisos locales, cuando gobernaba Pedro Joaquín.

La Manifestación de Impacto Ambiental venció en 2020, pero desde 2018 la Profepa clausuró su banco de material por incumplir condiciones del permiso, por lo que, en diciembre de ese año, la empresa demandó al Gobierno federal una indemnización por mil 500 millones de dólares amparada en el ex TLCAN.

Carabias negó ser responsable y dijo que los permisos se dieron desde los 80, y que Calica extrajo material desde 1986 (antes dijo 1988) con permisos autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, de Comunicaciones y Transportes y por Pedro Joaquín.

Expuso que en 1996 el gobierno de Mario Villanueva Madrid autorizó a la empresa ampliar la zona de explotación a dos predios nuevos, La Adelita y Corchalito, y cada cinco años se renovó hasta 2016.

Hasta el último día de Ernesto Zedillo (1994-2000), Fedro Carlos Guillén Rodríguez, de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, otorgó “en récord de 36 días” autorización para ampliar la extracción a ambos predios y usar roca caliza bajo del manto freático a cielo abierto, con pérdida o fracturas del subsuelo, riesgo de hundimiento y contaminación

La autorización no incluía las obras del puerto ni del camino a instalaciones, muestra el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental de la Semarnat. A nivel municipal, según Carabias, en 2008, Carlos Joaquín modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico de Solidaridad y declaró a los predios incompatibles para minería.

Pero el POEL y el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental muestran que gran parte del polígono donde Calica generó socavones no está bajo la regulación de ese programa, sino por el de Cozumel, gobernado entonces por Juan Carlos González, y de 2018 a 2021 por Pedro Joaquín Delbouis, hijo de Pedro Joaquín.

En 2017, Profepa detectó que Calica no cumplía las condiciones de autorización de impacto ambiental, y en enero de 2018, clausuró parcialmente el banco de materiales que exportaba a EE.UU.

“Por esos hechos -la modificación de la legislación municipal y las actuaciones de Profepa- la empresa alega la afectación de derechos y por lo que, en 2018, demandó arbitraje en CIADI contra México”, escribió Julia Carabias.

Desde 2017, las bitácoras ambientales de Cozumel y Solidaridad, gestionadas por Carlos Joaquín, no están completas y viola derecho a la transparencia y acceso a la información sobre impacto en costas y fauna marina.

En tanto, López Obrador pidió al embajador de México en EE.UU. Esteban Moctezuma, comunicación con Calica, por lo que éste viajó a Quintana Roo a constatar el daño a la playa de mar turquesa y buscar la posibilidad de albercas turísticas en los socavones.

Hasta ahí, la nueva “hazaña” del hoy embajador de Canadá, quien sólo tiene de “angelito” la cara, pero de “algo” le sirvió el apellido del medio hermano y hacerse al mismo durante 6 largos años respecto a Calica, demandada por Cemex por usar las instalaciones de Puerto Venado, aunque la empresa (ahora Sac Tun) habría logrado una suspensión definitiva en amparo contra cualquier acto de autoridad que beneficie a Cemex y que le vuelva a interrumpir la operación.

El Juzgado Quinto de Distrito de Cancún, otorgó la medida cautelar luego de que la filial de Vulcan Materials Company fuera demandada por la cementera mexicana porque le negó́ usar la terminal marítima.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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