¡Añejo secuestro involucra a “intocables”!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Tras ¡más de 4 años y dos meses! de la desaparición del empresario hotelero Juan Carlos Ortega Prados, quien fuera secuestrado por un comando armado en la carretera Cafetal-Mahahual, la Fiscalía General del Estado, que encabeza Raciel López Salazar, consentido de la gobernadora Verde, Mara Lezama, el caso permanece sospechosamente “congelado” en los archivos de la dependencia.

El caso de Ortega Prados, que aún no podemos calificar como homicidio -tal y como seguramente será-, hasta hoy sólo puede llamarse “desaparición”, tal y como es el de cientos de quintanarroenses de los que hasta hoy no sabemos nada, como tampoco sabemos que la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo esté haciendo algo. Es pura figurita donde mucha gente sólo cobra una buena lana.

         El anterior misterio por desentrañar, por lo que se ve, en aparente protección al impune coordinador de Morena en el Senado, el ex gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández -también fue secretario de Gobernación con López Obrador-, cuyo nombre figura por este caso en sendas carpetas de investigación de la Fiscalía General de Quintana Roo y de la Fiscalía General de la República, junto con los de dos quintanarroenses.

         Éstos son: Otro “colaborador” de Mara Lezama, José Alberto Alonso Ovando, titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado, y del morenista Héctor Hernán Pérez Rivero, ex encargado de despacho de la presidencia municipal de Othón P Blanco, de donde fue noveno regidor presidente de la comisión de obras y servicios públicos, por lo que se conjugan el poder político con el económico.

Según averiguaciones de abogados sobre el violento incidente de septiembre de 2021, están involucrados involuntaria, directa o indirectamente al menos 15 personas, entre ellas, además de los mencionados, Gustavo Gutiérrez Cruz, ex secretario general del ayuntamiento ¡de Jonuta, Tabasco!, así como familiares del desaparecido, entre otros, que intervinieron en el “levantón” en una vía asfáltica del Sur del Quintana Roo.

Entre obstáculos e intereses económicos y políticos para avanzar en la solución, los litigantes encontraron discrepancias en Aurelinda Cañamar Juárez, esposa de la víctima con la hija -de identidad reservada- en sus declaraciones, y que la camioneta blindada Ford Expedition, hallada en la carretera El Cafetal-Mahahual, al sur de Limones, el 21 de mayo de 2023, por la Secretaría de Marina, con cinco armas largas, una granada, cinco chalecos balísticos, un tubo lanzagranadas, cargadores y municiones de diferentes calibres, fue usada en la privación ilegal del industrial.

En base a sus investigaciones, también se estableció que, “extrañamente”, el vehículo, es propiedad de Gutiérrez Cruz.

Asimismo, en audios en poder de la FGR y FGE, en carpeta certificada bajo resguardo de abogados de la familia del empresario de la industria sin chimeneas, Aurelinda Cañamar refiere que el ex secretario de Gobernación en el sexenio de López Obrador, “sabe todo, tiene bajo control y todo planeado sobre la desaparición”.

En otro audio, se establece la supuesta entrega de un predio de alta plusvalía propiedad del secuestrado, en los que estarían involucrados Alonso Ovando y Pérez Rivero. De hecho, el primero, en una declaración reveló que Pérez Rivera le entregó un terreno, propiedad de la víctima, tras la desaparición de éste.

Como se difundió principalmente por redes sociales, el 13 de septiembre de 2021, en el Sur del Estado, tras interceptar la camioneta en la que viajaba el empresario hotelero Ortega Prados con su esposa, el comando lo secuestró sin que se conozca su paradero. La Fiscalía estatal emitió el 13 de septiembre de 2021 la alerta

Según ésta, a Ortega Prados, moreno de 58 años de edad, complexión mediana, de unos 1.85 metros de estatura y 85 kilos de peso, se le vio por última vez el 13 de septiembre de 2021 en Mahahual, OPB. El secuestro fue cuando se transportaba a Cancún, y hasta hoy se desconoce su paradero, pues sigue en calidad de desaparecido.

Entre otros, Ortega Prados lideró la organización de empresarios del poblado contra la invasión de terrenos en varias ocasiones y señaló a presuntos responsables de apoderarse de predios privados de manera violenta. Han pasado más de 4 años de su “levantón”’, pero su familia no pierde la esperanza por los nombres denunciados, al que se agrega el de Adán Augusto.

Ortega Prados había denunciado el modus operandi de los delincuentes para quedarse con propiedades: Primero, ocupar el terreno de forma violenta y desmontar la vegetación, tras lo cual solicitaban a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano su enajenación, alegando posesión legítima.

Pese a no ser terrenos nacionales desde 1994, la Sedatu acepta la procedencia de trámites y documento suficiente para que los invasores parcelen y vendan lotes a precios económicos, con la promesa de regularizarlos, y de ahí que el crimen organizado y el poder político se entrelazaran para lucrar, aunque tuvieran que arrebatar la vida de inocentes o legítimos propietarios. Las denuncias ante la Fiscalía y el expediente al Centro Nacional de Inteligencia para su conocimiento y seguimiento nunca procedieron.

Con todo, Ortega Prados protagonizó conflictos con personas de la comunidad ambiental de Mahahual, que lo señalan por devastar manglar y selva, aunque el periodista Óscar Meza reiteró que Adán Augusto, Alonso Ovando y Pérez Rivero, figuran en dos carpetas de investigación radicadas en la FGE, precisamente por la desaparición forzada.

En su entrega, titulada “Involucran a Adán Augusto y Alonso Ovando en desaparición forzada en Quintana Roo”, Meza subraya:

Así, entre la maraña de obstáculos e intereses económicos y políticos para avanzar en la resolución del caso, los litigantes hallaron en sus averiguaciones discrepancias entre Aurelinda Cañamar Juárez, esposa de la víctima con la hija -de identidad reservada-, sobre el hecho, y la camioneta blindada Ford Expedition, hallada en la carretera federal El Cafetal-Mahahual, al sur de Limones el 21 de mayo de 2023, por la Secretaría de Marina, con cinco armas largas, una granada, cinco chalecos balísticos, un tubo lanzagranadas, cargadores y municiones de diferentes calibres, se utilizó en el secuestro.

Dijo que también estableció que el vehículo es propiedad de Gutiérrez Cruz y que en audios en poder de la FGR y la FGE, en carpeta certificada bajo resguardo de los abogados de la familia del empresario de la industria sin chimeneas, Aurelinda Cañamar refiere que Adán Augusto, secretario de Gobernación en el sexenio de López Obrador, “sabe todo, que tenía bajo control y todo planeado sobre la desaparición”.

Otro audio establece la supuesta entrega de un predio de alta plusvalía del secuestrado, en los que estarían involucrados los quintanarroenses Alonso Ovando y Pérez Rivera. De hecho, Alonso Ovando, revela en declaración que Pérez Rivero le entregó un terreno propiedad de la víctima, tras la desaparición de ésta.

Como se recordará, para que no lo olviden Mara Lezama y su protegido desde siempre, el Fiscal Raciel López, el 13 de septiembre de 2021, en una carretera del Sur del Estado, tras interceptar la unidad en que viajaba a Cancún el empresario hotelero Ortega Prados, en compañía de su esposa, un comando armado lo secuestró sin que hasta el momento se conozca su paradero… y sabrá Dios hasta cuándo, cómo o dónde.

Lo cierto es que es una verdadera “tarea” para quienes nada ven, escuchan o dicen. Y ya sabe Usted a quiénes nos referimos. ¿Romperá algún récord Mara Lezama manteniendo por compromiso político o por voluntad propia a Raciel López en ese cargo denominado "rifa del tigre"?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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