¡Corrupción en prensa de Mara Lezama!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Con el “trabajo” más fácil del mundo y con una abultada cartera de más de 26 millones de pesos, Laura Aguilar Loredo, es nada más ni nada menos que la titular de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado, responsable de la “imagen” de la mandataria Verde, Mara Lezama, y responsable de que tan mal se haya visto ésta a lo largo de más de 3 años.

La verdad es que resulta tan fácil tan sólo repartir dinero, millonarios recursos, a los medios de comunicación -en mayor medida a los nacionales- que cualquiera podría hacerse cargo de ese despreciable papel, sin importar lo que piense de su jefa la ciudadanía, cuando menos NO a lo que refleja entre los quintanarroenses, sobre todo imitarla en lo que mejor sabe hacer: Ser ciega, sorda y muda a los reclamos.

Lo que es peor, ni siquiera estamos hablando de un personaje de origen quintanarroense -como la mayoría de los funcionarios de Mara Lezama-, aunque, con todo, tal y como se ha dado a conocer por redes sociales, la mayoría sin envidiables contratos de publicidad, se da una vida de reina envidiable para cualquier mujer: Viajes, ropa de diseñador, restaurantes de lujo y todo lo contrario a lo que predica la Cuarta Transformación en materia de austeridad.

Por si fuera poco, la vida glamurosa de Laura Aguilar, cuyo nombre muy pocos sabían, excepto a quienes paga contratos mensuales, la presume en redes sociales, pero, al igual que en el caso de la mandataria, los señalamientos de corrupción la acompañan a su paso por varias dependencias como es la propia Presidencia de la República, donde “cochupos” y extorsiones de Julio Sherrer Ibarra le sirvieron de ejemplo y graduación para poner en práctica en Quintana Roo.

Sin embargo, cuando fue nombrada nueva titular de la Coordinación General de Comunicación, se dijo oficialmente que Laura Aguilar tenía amplia trayectoria en comunicación social y era una profesional en materia de relaciones públicas, lo que resultó una mentira del tamaño del mundo, pues sólo resultó profesional en pagar… y en cobrar.

De acuerdo con su curriculum, es Licenciada por el Liceo Américas Unidas, y se desempeñó como asesora en comunicación en la presidencia municipal en Benito Juárez, aunque también fue directora general adjunta de información de la Secretaría de Relaciones Exteriores al inicio del sexenio de López Obrador.

Asimismo, fungió como Coordinadora de Comunicación Social de la Semarnat donde, para variar, fue acusada de gastar junto Juan Rafael Elvira Quesada, su jefe, más de 800 mil pesos en vinos, cervezas, pescados y postres en hoteles de lujo en viajes nacionales y el extranjero.

Presumía una carrera de 26 años en el ámbito de las vocerías en dependencias como INE, Presidencia de la República y Secretaría de Economía, y es así que, suponemos, el Gobierno de Quintana Roo actualizó su “estrategia” para avanzar en la denominada ‘Nueva Era de Quintana Roo’ sumando a Laura Aguilar en un cargo clave, se dijo en un comunicado, aterrizando en un área donde se mueven libremente muchos millones de pesos en imagen gubernamental.

Tan “sólo eso”, le ha permitido a nuestro personaje reportar ingresos por 26 millones de pesos netos en 2023, generados a su paso por Comunicación Social en la Comuna de Benito Juárez, según consta en documentos del Sistema de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia Fiscal, recientemente modificados y alterados por la propia Laura Aguilar.

De acuerdo con el documento oficial, la funcionaria obtuvo ingresos anuales en 2022 ¡por 26 millones de pesos! durante el año electoral, cuando manejó millonario presupuesto en materia de difusión y marketing político, ya que ese fue un año electoral donde el dinero corría discrecionalmente en compra de publicidad para “imagen política”, que no es actividades.

Así las cosas, la millonaria Laura Aguilar siempre ha presumido tener como “padrino” a Julio Sherrer Ibarra, quien fuera consejero jurídico del entonces presidente López Obrador y, sin embargo, investigado por la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con información divulgada, el ex funcionario habría ocultado a la Secretaría de la Función Pública ser propietario de, por lo menos, siete casas y departamentos en la Ciudad de México y el puerto turístico de Acapulco cuando fungió como abogado del presidente de México. El precio al que fueron adquiridas las propiedades era de 70.7 millones de pesos.

El expediente señala que Scherer pudo haber incurrido en enriquecimiento ilícito y “lavado” de activos: “Este asunto es un episodio más de una campaña en mi contra para desacreditarme. Nada de lo que ahí se menciona (en la denuncia) tiene validez alguna, toda vez que se presentaron los documentos a tiempo y se actuó con total transparencia y legalidad”, respondió el acusado.

Así las cosas, en abril de 2022, el ex consejero jurídico presentó una denuncia contra el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y otros funcionarios de la dependencia, por tráfico de influencias, uso faccioso del organismo para intereses personales y coalición de servidores públicos.

En septiembre de 2021, López Obrador confirmaría la salida del “padrino” de Laura Aguilar de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, donde le reconoció su labor en el proceso de transformación y por elaborar iniciativas de reforma constitucional.

En febrero de 2022 la Fiscalía le acusó de haber aprovechado su cargo público para frenar sanciones del Gobierno a la compañía constructora OHlL (ahora Aleática), con la que Scherer y familiares suyos tenían, según indagatoria, conflictos de interés laborales y económicos.

Existe una tercera investigación de la FGR de fines de 2021 contra un grupo de abogados con los que Scherer tuvo negocios en despachos privados antes de trabajar para el Gobierno federal, aunque en ese expediente no fue acusado directamente, sino que la Fiscalía señaló que sus ex socios tenían acceso a información privilegiada y hacían uso de sus vínculos con el entonces consejero presidencial para extorsionar y chantajear a empresarios, ex funcionarios y litigantes que estaban en la mira de gobierno por corrupción.

Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho. Es parte del proceso de transformación, con esas palabras, el entonces presidente se refirió a la salida de Julio Scherer. Operador político y cercano al mandatario, el abogado enfrentó polémicas que incluyen su patrimonio, expresiones y, más reciente, una presunta extorsión contra Juan Collado, conocido como “abogado del poder”.

Julio Scherer, ofrecía ayuda a empresarios que tenían problemas con la justicia y les hacía contratar los servicios de despachos de abogados cercanos a él. La operación consistía en acercarse a empresarios implicados en procesos legales complejos y ofrecerles solucionar sus problemas a cambio de grandes sumas de dinero.

El esquema de extorsión consistía en ofrecer a los empresarios en problemas, soluciones a través de una red de despachos de abogados de los que Julio Scherer había sido socio o con los que tenía algún tipo de relación, pero los despachos ponían tarifas estratosféricas en honorarios superiores al millón de dólares y sumas subsecuentes conforme avanzaba el caso.

Ese esquema había empezado a operar, según testimonios, desde antes de iniciar el sexenio 2018-2024. Los socios de Julio Scherer se acercaban a abogados con casos relevantes, que les ofrecían que, por su relación con el consejero, podían ayudar a resolver o agilizar cualquier asunto legal por complicado que pareciera.

A quienes no accedían a pagar estas cantidades se les abrían carpetas de investigación en su contra, por ejemplo, en el caso de Miguel Alemán, quien, tras negarse a un pago inicial de 9 millones de dólares al Despacho Rivera y Gaxiola en 2020, se le giró una orden de aprehensión por el caso de la empresa Interjet que tenía adeudos millonarios.

En cambio, quienes accedían a pagar, se les prometía que sus procesos se resolverían sin mayores afectaciones, aunque, en la mayoría de los casos, continuaron las investigaciones en su contra y se mantuvieron órdenes de aprehensión.

Ese fue el maestro en extorsión y “cochupos” de Laura Aguilar, quien, por lo que se ve, los puso en práctica cobrando comisiones por cada contrato de publicidad, incluso para liberar pagos, cuando cobra una comisión. Entre los reporteros que cubren la fuente gubernamental le apodan “Laura 200”, pues en las giras de su jefa les entrega “chayos” por esa cantidad, aunque reporta hasta tres mil pesos de “ayuda solidaria”.

Su millonaria declaración de ingresos levantó cuestionamientos populares, además de la manera de manejar los contratos de comunicación social, área históricamente señalada por opacidad en la asignación de recursos. Por ello, se ha cuestionado y dicho que salió peor que su antecesora, Gabriela Bridget Ortega Aviña, quien abusó en el uso y destino de recursos públicos para beneficio personal.

En septiembre del 2022, Mara Lezama había designado a esta última como Coordinadora General de Comunicación del Estado, pese a su currícula de sólo tres párrafos: “Ortega Aviña es egresada de la Universidad Anáhuac Cancún, con especialidad en medios y amplia experiencia en medios públicos y privados”, pero nunca se especificó esa “experiencia”.

Así las cosas, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo cuenta con cuatro registros de declaración de Laura Aguilar: La de 2023, por 26 millones de pesos, y la nueva -y modificada declaración- por 76 mil 390 pesos.

Otra declaración de 2023 aparece como Actualización: 2023-01-26T00:00:00Z por 480 mil pesos; la actualización: 2024-05-30T00:00:00Z, también por 480 mil pesos, y la actualización, 2025-05-27T00:00:00Z, por 691 mil pesos.

Discrecionalmente, la funcionaria maneja más de 165 millones este 2025, como ejemplo del manejo irregular de recursos de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, aunque la imagen de Mara Lezama empeore día con día, para lo que, afortunadamente, cada vez le queda menos tiempo… ¡Gracias a Dios!

No tenemos el gusto de conocerla, pero ojalá Laura Aguilar aclarara estos señalamientos, tal y como lo hizo el31 de marzo del 2025 a columna bien fundamentada del periodista Ricardo Ravelo en el portal de Sin Embargo, cuatro días después de su publicación.

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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