En México, ¿tan sólo trabajar es delito?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Ex titular de la PGR, el abogado, político y diplomado Ignacio Morales Lechuga, más identificado con la oposición, considera que, en México, ganarse la vida honestamente puede ser un acto de resistencia. No habla del empresario privilegiado ni del político intocable, sino del chofer de Uber que, tras perder un empleo, encontró en una aplicación una manera de sostener a su familia.

Y tiene toda la razón. Ese hombre o mujer que maneja 12 horas al día, que paga gasolina, reparaciones, impuestos, y que aun así debe mirar por el retrovisor con miedo a ser detenido, extorsionado o golpeado por atreverse a trabajar. Habla de esas personas.

En efecto, refiere que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón al Gobierno federal y resolvió que los servicios de transporte por aplicación, como Uber, no cuentan con autorización oficial para operar en aeropuertos del país. El fallo implica la salida definitiva de la plataforma de esas zonas.

Antes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que “los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios”. El pronunciamiento reforzó la exclusividad de taxis y transportes autorizados.

Y es que, como publicamos, en un fuerte, doloroso anuncio oficial para los más de 8 mil 600 concesionarios de placas de taxi en Cancún, una jueza federal concedió una suspensión definitiva que confirma lo sostenido por Uber durante más de una década: Era ilegal detener a los conductores que utilizan la plataforma cuando recogen o dejan pasajeros en TODOS los aeropuertos de México.

El conflicto entre Uber y los taxistas en Cancún había sido un problema constante -y muchas veces violento- desde la llegada de la plataforma. Los principales puntos de fricción giraban en torno a la regulación, competencia y los enfrentamientos físicos, con implicaciones significativas para los usuarios y la imagen del destino turístico. 

Así, con esta resolución, ni las autoridades municipales o estatales podían en adelante detener a los socios conductores que realicen viajes a través de la App en las zonas federales de los más de 70 aeropuertos del país, en tanto se resolvía el juicio de Amparo correspondiente.

Aunque Uber reanudó formalmente sus operaciones en Cancún en marzo de 2023, tras ganar un primer amparo judicial, la situación continuaba tensa e impredecible, aunque la operación de la plataforma está permitida en la zona centro y hotelera, pero tomar un Uber en el aeropuerto o terminales marítimas seguía siendo un verdadero riesgo.

Lo raro es que la Constitución garantiza la libertad de profesión y el derecho al trabajo digno, pero la realidad es otra: Si manejas un Uber en el aeropuerto, el Estado puede confiscar el coche. Si te topas con la Guardia Nacional, que debería protegerte, te lo incauta. Y si los sindicatos del transporte, verdaderas mafias legalizadas, te descubren, entonces te amenazan o golpean. Así funciona la “protección” en un país donde la ley existe solo para castigar al débil.

El amparo anterior concedido a Uber por una jueza federal debería haber marcado un precedente elemental: El gobierno no debería detener a un ciudadano por ofrecer un servicio lícito, pero la Secretaría de Comunicaciones respondió con soberbia burocrática: Sí, hay suspensión, pero no autorización. Traducción: El Poder Ejecutivo no acatará lo que el Poder Judicial ordena. La vieja historia de la impunidad disfrazada de legalismo.

El problema ya no es Uber, sino que en México el ciudadano es invisible. El conductor, que sólo busca sobrevivir, se convierte en enemigo del Estado. El usuario, que paga un servicio privado porque los taxis autorizados son caros, violentos y monopolizados, es tratado como cómplice. Ambos son víctimas de un sistema diseñado para preservar los privilegios de unos cuantos. El Estado no regula para proteger, sino para someter.

En tanto, los aeropuertos se convierten en territorios feudales, donde impera el control de sindicatos ligados al poder político. Se golpea al chofer independiente, se amedrenta al usuario, y todo bajo la mirada pasiva -o cómplice- de las autoridades. Es el viejo pacto del clientelismo: Tú me das votos, yo impunidad. Así se perpetúa el dominio de las mafias del transporte, mientras el ciudadano común paga el precio de la corrupción institucionalizada.

Esta no es una defensa de Uber. Es del derecho elemental a trabajar, a elegir, a no ser tratado como un niño idiota incapaz de decidir cómo moverse. El Estado mexicano no puede seguir actuando como tutor autoritario que decide por nosotros qué transporte usar, qué aplicación descargar, qué servicio contratar. Su verdadera función no es imponer monopolios ni castigar la innovación, sino garantizar que la ley se cumpla igual para todos.

Pero el mensaje del gobierno es otro: La ley no protege al ciudadano, sino al privilegio. Quien trabaja por su cuenta o busca independencia, es visto con sospecha. Quien se organiza fuera del aparato corporativo, es perseguido. Es el reflejo más brutal de nuestra crisis institucional: El honesto se convierte en enemigo, y el corrupto en aliado del poder.

México necesita recordar que la libertad no se mendiga, se ejerce. Y que el Estado de derecho no consiste en repetir discursos, sino en obedecer a los jueces, respetar a los trabajadores y dejar de ser rehén de las mafias. Porque el día en que un chofer tenga que pedir permiso para trabajar, y un usuario perdón por elegir, ese día la Constitución habrá dejado de existir más allá del papel.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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