“Perfect Day”, una dolorosa lección para Mara
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Al
confirmar Semarnat oficialmente la cancelación oficial del megaproyecto
turístico “Perfect Day México”, de Royal Caribbean en Mahahual, una dolosa,
aunque también millonaria lección se habría llevado la gobernadora Verde, Mara
Lezama, al poner a prueba la fuerza política de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El
rechazo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en voz de su
titular, Alicia Bárcena Ibarra, también afectó seguramente a la alcaldesa de
Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, y sus más cercanos
“colaboradores”, entre éstos
Jaime
Aguilar Cheluja, pues, seguramente siguiendo órdenes de la gobernadora, se
apresuraron a aprobar anticipadamente el proyecto.
Asimismo,
acalló a funcionarios de la talla del secretario de Desarrollo Territorial
Urbano Sustentable, José Alberto Alonso Ovando, quien defendió a capa y espada
el mencionado proyecto y cuestionó durante a los que estaban en su contra.
Por
si fuera poco, el rotativo del gobierno de Mara Lezama, es decir, Diario de
Quintana Roo, hizo una pública defensa del Perfect Day, en tanto cuestionó
abiertamente a quienes rechazaban lo que denominó un verdadero desarrollo para
la Zona Sur, concretamente Mahahual.
Lo
cierto es que lo más probable es que a quien más haya afectado la cancelación
del proyecto es al nuevo presidente de Royal Caribbean México, Ari Adler
Brotman, quien hasta hace unos meses fungía como titular del Instituto de
Desarrollo y Financiamiento de Quintana Roo (INDEFIN) con Mara Lezama, en clara
muestra de tráfico de influencias y conflicto de interés.
Tras
bambalinas y más allá de los discursos políticos, pasillos del sector
ambiental, empresarial y social revelan factores cruciales que precipitaron
esta estrepitosa caída de una inversión estimada en más de 600 millones de
dólares, uno de ellos el desistimiento preventivo de Royal Caribbean.
La
secretaria de la Semarnat reveló un detalle crucial de “bambalinas”: La propia
naviera ya estaba buscando desistirse del proyecto de forma voluntaria porque
supo leer el nivel de rechazo social y judicial, y continuar peleando los
permisos significaba un desgaste brutal para su reputación como marca
corporativa “sustentable”, por lo que antes del rechazo formal, humillante,
prefirió iniciar su retirada estratégica.
A
diferencia de otros megaproyectos en el Sur de Quintana Roo, la resistencia civil
escaló el nivel internacional con pasmosa velocidad, ya que campañas en
plataformas como Change.org, acumularon más de 4.6 millones de firmas bajo la
consigna "México no es tu parque de diversiones".
Respecto
al impacto, el activismo digital de organizaciones como Greenpeace México y el
colectivo local Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) asfixió
la viabilidad pública de la obra.
Por
otro lado, en corrillos ambientales se comenta que la soberbia técnica le costó
caro a la empresa: A inicios de año, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente le impuso una clausura total temporal tras documentar que comenzó a
rellenar y compactar caminos rústicos sobre selva baja y manglares -afectó más
de 17 mil m2- sin la Manifestación de Impacto Ambiental autorizada.
Así,
haber violado los tiempos legales, le dio las herramientas perfectas a los
jueces y a la autoridad federal para negar en rotundo cualquier permiso
posterior. Además, desde Palacio Nacional se envió un mensaje claro: La presidenta
Claudia Sheinbaum respaldó el freno ecológico.
El
gobierno federal arrastraba duras críticas medioambientales por las
afectaciones ecológicas del Tren Maya, y permitir que una corporación
extranjera destruyera manglar y pusiera en riesgo el Sistema Arrecifal
Mesoamericano -la segunda barrera de coral más grande del mundo- para construir
toboganes de 60 metros de altura, sería un costo político indefendible. El
proyecto sirvió para demostrar mano dura en la protección ambiental.
Aunque
el sector comercial tradicional defendía los empleos prometidos, había profundo
temor en Mahahual. El modelo de “Perfect Day” es un esquema de enclave cerrado”
-como en CocoCay, Bahamas-, donde los turistas bajan del crucero directamente
al parque temático, consumen en sus barras y restaurantes, y regresan al barco.
Esto
implicaba que la derrama económica para pequeños hoteleros, restauranteros y
lancheros locales de Mahahual iba a ser mínima, mientras que el pueblo
absorbería la crisis de basura, escasez de agua y servicios colapsados.
La
Semarnat y los tribunales federales fundamentaron legalmente el rechazo
definitivo en violaciones técnicas y ecológicas insubsanables entre la
Manifestación de Impacto Ambiental, con argumentos técnicos determinantes en varios
frentes críticos.
Uno
de ellos, incompatibilidad absoluta, pues el proyecto violaba flagrantemente el
Programa de Ordenamiento Ecológico Local de OPB; densidad excedida: Se
pretendía construir infraestructura masiva -toboganes, albercas y restaurantes
para más de 20 mil cruceristas diarios- en predios catalogados para
conservación y de muy baja densidad.
El
POEL prohíbe de forma estricta la introducción de equipamiento urbano o
atracciones de tipo “parque de diversiones” en los polígonos costeros de esa
Unidad de Gestión Ambiental.
Otro
argumento, es la devastación irreversible de humedales y manglares, pues el
terreno de 90 hectáreas que adquirió Royal Caribbean alberga ecosistemas
altamente protegidos por las leyes mexicanas y tratados internacionales
(Ramsar)
También
violaba la NOM-022-SEMARNAT: La construcción requería desmonte y relleno de
humedales costeros y manglares -botoncillo, blanco y rojo)-, mientras la
legislación técnica prohíbe cualquier obra que altere el flujo hidrológico de
estos ecosistemas.
En
pérdida de barrera natural, el manglar de Mahahual es filtro biológico que
retiene sedimentos, y su destrucción provocaría que la tierra suelta viajara
directo al mar, asfixiando los corales por falta de luz.
Un
tercer argumento era la amenaza directa al Sistema Arrecifal Mesoamericano. Muelle
y atracciones acuáticas colindaban directamente con el arrecife de coral. Los
biólogos de Semarnat determinaron dos impactos técnicos fatales: Estrés por
sedimentación (el dragado marino para permitir el flujo de megacruceros de la
clase Icon generaba una suspensión masiva de partículas que mataría las
colonias de coral cercanas.
Las
descargas de aguas grises tratadas -pero con altas temperaturas- y los químicos
residuales de los protectores solares de miles de turistas diarios romperían
delicado equilibrio químico del agua, acelerando el blanqueamiento del coral.
Como
cuarto argumento, la fragmentación del hábitat de la selva baja, los peritajes
técnicos independientes presentados ante los jueces del caso, demostraron
deficiencias severas en la MIA de la empresa.
Con
especies en peligro, no contemplaban planes viables de rescate y reubicación
para fauna endémica protegida por la NOM-059-SEMARNAT, como jaguar, mono araña
y otras especies de reptiles y aves migratorias, y la barda perimetral y la
plancha de concreto del parque fragmentaban los corredores biológicos naturales
que conectan la selva interna con la zona costera
El
desenlace de un juicio de amparo que promovió el colectivo Defendiendo el
Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), dio un giro drástico: El Primer
Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo desechó de forma definitiva el
amparo de los ambientalistas, eliminando el freno judicial directo que pesaba
sobre la obra.
Aunque
inicialmente DMAS había ganado una suspensión provisional y luego una
definitiva que congelaba los polémicos cambios de uso de suelo municipales, los
magistrados federales resolvieron por unanimidad que la demanda civil se
interpuso fuera del plazo legal establecido, por lo que esta resolución generó
una serie de consecuencias legales encadenadas de impacto.
Al
desecharse el amparo, cayó de manera automática la suspensión definitiva que
protegía las 107 hectáreas forestales. Legalmente, la modificación express al
Plan de Desarrollo Urbano realizada por el Cabildo de OPB recuperó plena
validez, lo que significa que, en el ámbito municipal y estatal, el suelo quedó
técnicamente liberado para proyectos turísticos comerciales de alta densidad.
La
caída del amparo de DMAS no significó luz verde automática para las
excavadoras. El fallo del tribunal simplemente regresó la pelota por completo a
la cancha federal, lo que dejó el destino de Mahahual exclusivamente sujeto al
dictamen de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Semarnat, lo que
permitió a la dependencia aplicar el posterior y definitivo freno
administrativo al evaluar el daño a los arrecifes.
Además,
el desecho del amparo no limpió el historial infractor de la filial de Royal
Caribbean. Los procedimientos sancionatorios de la Profepa por la destrucción
de selva baja sin permisos vigentes y violar sellos de clausura previos
continuaron su curso independiente. La empresa arrastra multas estimadas en
hasta 4 millones de pesos por estas violaciones físicas previas.
En
el marco de la presión por el amparo, DMAS interpuso una denuncia penal y
administrativa ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana
Roo. Se persigue legalmente un presunto conflicto de interés de “puerta
giratoria”: El ex director general del IDEFIN dejó su cargo público y poco
tiempo después se incorporó como directivo de Royal Caribbean para cabildear el
proyecto. La línea de investigación sigue abierta.
El
frente legal de la sociedad civil sufrió un revés técnico en los tribunales,
pero sirvió de escudo temporal crítico al gobierno federal para ganar tiempo y
construir el rechazo ecológico definitivo.
Por
otra parte, tras el rechazo definitivo de “Perfect Day México”, el impacto
financiero inmediato para Royal Caribbean Group combina pérdidas tangibles
millonarias en el terreno e inestabilidad en los mercados financieros
internacionales. Los efectos económicos inmediatos y proyectados se estructuran
en puntos críticos.
El
primero de ellos, un millonario capital ya hundido e irrecuperable. A
diferencia de otros proyectos cancelados antes de comenzar, la naviera ya había
desembolsado una fuerte cantidad de dinero en la Costa Maya, entre ellos, como
todo mundo sabe, millonarias erogaciones a funcionarios públicos.
Según
informes financieros presentados ante la Securities and Exchange Commission,
Royal Caribbean ya había invertido 292 millones de dólares en la compra del
puerto de Costa Maya y de los terrenos forestales colindantes en Mahahual.
No
obstante, al negar la Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental, las 90
hectáreas de terreno se convierten financieramente en un activo inmovilizado y
devaluado, pues no pueden ser explotadas para el fin comercial turístico de
alta densidad para el que se adquirieron.
Asimismo,
el anuncio de la cancelación provocó una reacción directa de cautela entre los
inversionistas en la Bolsa de Valores de Nueva York con una caída en las
acciones: La cotización de los títulos de Royal Caribbean registró una
tendencia a la baja tras los primeros choques y el posterior dictamen de
Semarnat. Wall Street castiga de inmediato la incertidumbre regulatoria y la
pérdida de proyecciones de crecimiento masivo a mediano plazo.
La
cancelación tumba por completo el modelo de negocio hiperrentable de la naviera
en América Latina, calcado de su exitosa isla privada en las Bahamas y se
congela el despliegue de la inversión total planificada, que ascendía a 600
millones de dólares exclusivamente para el complejo Mahahual.
El
plan financiero de la corporación estimaba cuadruplicar el flujo de cruceristas
en la zona, pasando de uno a casi 4 millones de visitantes anuales, lo que
generaría una derrama económica interna y cautiva para la empresa calculada en
10 mil 600 millones de dólares a lo largo de 22 años de operar, ganancias que
quedan completamente anuladas.
La
retirada de la empresa no la exime de los gastos operativos generados por sus
infracciones previas, entre ellos las sanciones de Profepa, con multas que
ascienden a varios millones de pesos por clausuras impuestas por comenzar
desmonte de selva y manglar sin los permisos federales vigentes.
Legalmente,
están obligados a costear programas de mitigación y restauración ecológica del
suelo que compactaron ilegalmente si la autoridad ambiental federal lo exige
como condicionante de salida.
Bárcena
Ibarra, por su lado, bloqueó por completo cualquier posibilidad legal de
iniciar obras de construcción en el sur de Quintana Roo y ratificó que, ante la
presión, la naviera ya buscaba desistirse del trámite.
Lo
cierto es que los millones de firmas en Change.org, alrededor de 3% de la
población de México votó para defender el Caribe, con una presión social que secundó
la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sentenció que no se
permitirían daños al entorno natural.
De
haberse consumado la complicidad local, el complejo habría devastado 90
hectáreas de selva y manglar protegido. Greenpeace México alertó que meter a 21
mil turistas diarios en una comunidad de 3 mil habitantes colapsaría los
servicios y destruiría el arrecife. Al negarse la MIA, las licencias locales
quedan inutilizadas, y el ecocidio, totalmente truncado.
Nos
hubiera gustado, nos gustaría conocer la opinión del senador del Verde “Ecologista”,
Eugenio Segura, sobre el fracasado proyecto, a efecto de determinar si hubiera
apoyado a su protectora Mara Lezama… o a quien debería ser su verdadera jefa,
Claudia Sheinbaum. Puede Usted jurar que seguramente hubiera enmudecido.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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