¡“Lecturas” sobre solicitudes de extradición!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
La
reciente solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados
Unidos contra 10 funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha
Moya, quien recién solicitó licencia al cargo, es políticamente un punto de
máxima tensión y crisis diplomática entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y
Donald Trump.
Sin
embargo, el tema da lugar a una serie de “lecturas” políticas, la principal de
ellas una percepción de intervencionismo y ataque político, tal y como sugiere
la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que las
acusaciones podrían tener un trasfondo político de no presentarse pruebas
contundentes, como, por sentido común, en cualquier parte del mundo.
En
este sentido, en su postura oficial, el gobierno mexicano describe la solicitud
como un intento de intervención en las decisiones internas de México, aunque,
como defensa partidista, al ser los implicados miembros de Morena, el partido gobernante,
su partido, figuras políticas califican el encauzamiento como un ataque directo
a esa fuerza política.
Analistas
políticos y especialistas consideran que esta medida es una herramienta de
presión política de EE.UU. hacia el nuevo gobierno mexicano, pues la solicitud surge
en un marco donde ese país exige acciones más severas contra los cárteles, específicamente
el Cártel de Sinaloa, designado por ellos como organización terrorista, bajo
amenazas de aranceles o acciones militares.
Así,
el Departamento de Justicia afirma que este proceso, supuestamente, envía un
mensaje a funcionarios de todo el mundo sobre las consecuencias de colaborar
con el narcotráfico.
Como
desafío a la soberanía de México y el debido proceso, el gobierno de nuestro
país ha respondido condicionando cualquier avance legal al respeto de la
soberanía nacional y la presentación de evidencias.
Sobre
este último caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General
de la República señalaron que los documentos enviados por la Embajada
estadounidense carecen de pruebas suficientes y elementos probatorios directos
para sustentar las detenciones.
Respecto
a la vulneración de confidencialidad, justamente, México emitió un
extrañamiento diplomático por la difusión pública del caso por parte de
autoridades estadounidenses, lo que consideran que viola normas procesales y la
Convención de Viena.
El
caso puso “en jaque” la estabilidad política de Sinaloa, toda vez que, mientras
que el gobernador Rocha Moya y algunos legisladores cuentan con fuero -requiriendo
un juicio de procedencia para ser procesados-, otros funcionarios locales, como
alcaldes, podrían ser capturados en cualquier momento según el Tratado de
Extradición.
Respecto
a una crisis de confianza, las acusaciones de protección institucional a grupos
criminales a cambio de sobornos y respaldo político erosionan la legitimidad de
las actuales autoridades de Sinaloa.
La
pregunta obligada sería ¿Es indispensable presentar esas pruebas contundentes?
Desde luego que sí. En el marco legal mexicano, y de acuerdo con el tratado
bilateral, es jurídicamente indispensable presentar pruebas suficientes para
que proceda una extradición.
De
acuerdo con la Fiscalía General de la República , el proceso
actual enfrenta una serie de requisitos y obstáculos legales, uno de ellos la suficiencia
probatoria, ya que el Tratado de Extradición México-EE.UU. establece
que la extradición solo se concederá si las pruebas presentadas son suficientes
conforme a las leyes del país requerido, en este caso México.
En
torno al estándar de orden de aprehensión, para que un juez mexicano emita una
orden de detención con fines de extradición, la ley, en todo momento, exige “datos
de prueba” que infieran la probabilidad de que la persona cometió el delito.
Sobre
la actual situación, la FGR señala que la solicitud enviada por la Embajada de
EE.UU. carece de elementos probatorios suficientes y no aporta evidencias
contundentes sobre los hechos narrados contra los funcionarios de Sinaloa.
Aun
más, de acuerdo con el tratado de extradición, resulta importante distinguir
dos momentos procesales: La detención provisional -urgencia-, que puede solicitarse
sin el paquete completo de pruebas, basándose en la existencia de una orden de
arresto en el país de origen y la promesa de presentar posteriormente la
petición formal.
El
otro momento procesal es la petición formal de extradición, cuando, una vez
detenida la persona, el país solicitante tiene un plazo -generalmente de 60
días- para presentar toda la evidencia y documentos que sustenten legalmente el
caso.
Sin
la presentación de estas pruebas en plazos y estándares legales, el sistema judicial
mexicano no puede autorizar la entrega de los señalados, independientemente del
peso político de la solicitud.
Acostumbrados
a que todo mundo obedezca sus órdenes, el Comité de Asuntos Exteriores de la
Cámara de Representantes de EE.UU. advirtió que “esto es sólo el comienzo”,
tras la acusación contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico
y aseguró que los días de impunidad “han terminado” y que quienes trafiquen
drogas hacia ese país “rendirán cuentas”.
La
declaración surge tras que sus autoridades presentaran cargos contra 10 funcionarios
mexicanos, a los que señalan por presuntamente colaborar con el Cártel de
Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, aunque también los acusan
por delitos relacionados con uso de armas.
Según
la acusación, los implicados habrían colaborado por años con el Cártel de
Sinaloa para introducir drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina
a Estados Unidos, a cambio de sobornos, protección y apoyo político.
Entre
los señalados figuran funcionarios de seguridad y procuración de justicia, que habrían
filtrado información, evitaron operativos y facilitaron el traslado de droga,
por lo que la investigación también apunta a presuntos vínculos con la facción de
“Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Rocha
Moya habría sido beneficiado electoralmente por este grupo a cambio de permitir
sus operaciones sin interferencia, mientras otros implicados habrían recibido
pagos para proteger al cártel y evitar detenciones.
Entre
los nombres incluidos figuran: Enrique Inzunza Cázares, senador de Morena y ex secretario
general de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y
Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía General; Marco
Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía; Alberto
Jorge Contreras Núñez (a) “Cholo”, ex jefe de la Policía de Investigación de la
Fiscalía; Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública; José
Antonio Dionisio Hipólito (a) “Tornado”, ex subdirector de la Policía Estatal; Juan
de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán (a)
“Juanito”, ex comandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán
El
caso continúa en desarrollo mientras autoridades de ambos países revisan las
acusaciones y sus implicaciones legales.
Ahora
bien, curiosa y sospechosamente, la solicitud de extradición de los
funcionarios “coincide” precisamente con lo que se ha convertido en escándalo:
La posibilidad de que la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos Galván sea
juzgada por una serie de denuncias del gobierno de México por permitir en “su”
Estado el ilegal ingreso de agentes de la DEA de Estados Unidos, que
fallecieron en un accidente de tránsito.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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