¡Chetumaleña, secuestrada en un Psiquiátrico!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Contra todo sentido común, la arquitecta chetumaleña María Adela Morales Correa, de 25 años de edad, fue sospechosamente internada por una desconocida -sin que su familia se enterara- en el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” de la Ciudad de México, a donde viajó desde enero en busca de mejores oportunidades de trabajo, pero ahora la mantienen prácticamente secuestrada.

Internada sabrá Dios desde cuándo, hasta hace poco más de una semana su madre Cristina Ramírez la pudo localizar, internada, con quien se comunicaba en forma frecuente vía whattsapp, ya que dejó Chetumal desde enero por haberse enterado de una oferta de trabajo, pero hace más de dos semanas dejó de hacerlo, por lo que su familia buscó a las amigas de la joven, a una de las cuales conocía.

Al ignorar su paradero, la madre se vio en la necesidad de presentar una denuncia en la Ciudad de México, ya que una de las amigas conocía a una mujer que presuntamente le ofreció trabajo a su hija, por lo que inició intensa búsqueda hasta localizarla en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde preguntó quién la había ingresado, pero le “recomendaron” no seguir investigando porque le podría resultar contraproducente.

A través de un Amparo, la madre consiguió verla por única vez, notoriamente afectada, demasiado nerviosa y llorando, pero no pudo decir qué le había pasado, salvo que “me pasaron cosas” y salió corriendo. Esto fue el lunes último.

En este sentido, su madre teme que hubiera sido víctima de una red de tratantes de personas, por lo que pide ayuda de las autoridades y desea hablar de nuevo con su hija, lo que no le permiten, aunque le dicen que está ahí porque tuvo problemas, pero “no te podemos decir cuáles porque son serias”.

Cristina Ramírez dijo que ya no lloraba porque llevaba más de 10 días pidiendo ayuda, aunque intentaron hacerlo en la Secretaría de Salud para determinar la situación de María Adela Morales, pero todo llevó al Instituto de Psiquiatría, donde, sin embargo, adujeron que, “por respeto a los derechos y privacidad del paciente”, no pueden proporcionar información, por lo que la madre teme que su hija sea una víctima más de desaparición.

Todo lo anterior, basado en un video que circuló por redes sociales, obligan a pensar sobre la forma que se internó a María Adela Morales, una profesionista egresada del Instituto Tecnológico de Chetumal, ya que los requisitos para ingresar a cualquier a cualquier institución psiquiátrica varían según si es voluntario o involuntario, aunque generalmente se basan en una evaluación médica y administrativa bajo normas oficiales, como la NOM-025-SSA2-2014 en México.

Sin embargo, en cualquier modalidad en instituciones públicas, como el Instituto Nacional de Psiquiatría, se debe requerir identificación oficial del paciente -INE, pasaporte o licencia-, así como del familiar responsable, junto con el CURP y acta de nacimiento; comprobante de domicilio reciente -no mayor a 3 meses- y hoja de referencia o derivación médica de un centro de salud u hospital general, indispensable en muchos casos.

En todo caso, el ingreso no es automático, requiere una valoración previa de psiquiatras del hospital para determinar si el cuadro clínico lo amerita. Los motivos comunes incluyen riesgo inminente de daño a sí mismo -conducta suicida- o a terceros; deterioro grave del estado emocional o activación física que impida el autocuidado y la necesidad de observación estrecha por síntomas intensos.

Tratándose de ingreso voluntario, el paciente debe tener capacidad para consentir y firmar una solicitud de ingreso y consentimiento informado y suele requerir ser mayor de 13 o 15 años, dependiendo de la institución, en tanto que ingreso involuntario, es cuando la persona no puede dar su consentimiento por incapacidad transitoria o permanente.

Para ese efecto, requiere de una solicitud por escrito de algún familiar responsable, tutor o representante legal; un dictamen médico firmado que justifique el riesgo y, sobre todo, una notificación OBLIGATORIA al Ministerio Público y, en algunos casos, autorización judicial posterior para proteger los derechos del paciente.

Entre otros requisitos, es obligatorio contar con un familiar responsable de primer grado que se haga cargo de los trámites y el seguimiento, y en instituciones públicas, el departamento de Trabajo Social realiza una evaluación para determinar las cuotas de recuperación.

Así las cosas, el internamiento psiquiátrico fuera de protocolos legales puede constituir delitos graves tanto para familiares como para el personal médico involucrado, ya que la legislación mexicana y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia son estrictas para proteger la libertad y los derechos humanos.

En torno a posibles delitos y sus consecuencias, el Instituto podría haber incurrido en privación ilegal de la libertad, pues ingresar a una persona sin su consentimiento informado o sin cumplir con los requisitos de urgencia médica -riesgo real e inminente- se considera una forma arbitraria de privar la libertad.

Respecto a abuso de autoridad y responsabilidad profesional, los médicos que autorizaron el ingreso María Adela Morales sin debida justificación clínica o notificar a las autoridades -como el Ministerio Público- pueden enfrentar cargos penales y suspensión de su licencia profesional.

Por su parte, la Corte (SCJN) determina internamiento involuntario, bajo consideraciones arbitrarias o estigmatizantes, puede constituir actos de tortura.

Cabe señalar que, desde la reforma a la Ley General de Salud en mayo de 2022, el enfoque en México cambió radicalmente hacia un modelo de voluntariedad en la prohibición del internamiento forzoso: Ninguna persona puede ser internada contra su voluntad sólo por una discapacidad o diagnóstico psiquiátrico.

El tratamiento debe ser VOLUNTARIO y basado en el consentimiento informado del paciente, además de que ya no se puede justificar un encierro indefinido sólo bajo el argumento de que la persona “podría” ser peligrosa, a menos que haya una crisis aguda, evaluada por un equipo multidisciplinario y con estricto control judicial.

¿Qué pasa si es una urgencia real? Si se intenta ingresar a alguien “de otra manera” -por ejemplo, con engaños o fuerza física sin una crisis médica legalmente documentada-, el Instituto o la familia pueden ser demandados ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) o denunciados ante la Fiscalía General.

En el caso concreto de María Adela Morales, en principio, el proceso legal debe ser en Ciudad de México, ya que es donde se consumó el presunto delito -principio de forum delicti commissi-, aunque existen opciones para iniciar el trámite desde Quintana Roo o a distancia para facilitar el acceso a la justicia.

No obstante, la Ciudad de México -lugar del hecho- es la vía más directa, pues su Fiscalía General de Justicia es la autoridad competente para investigar delitos ocurridos en su territorio.

En Quintana Roo -lugar de residencia-, en denuncia por comparecencia, la madre puede acudir a una agencia del Ministerio Público de Estado, como las ubicadas en Cancún o Chetumal, y exponer los hechos.

El Ministerio Público de Quintana Roo tiene la obligación de recibir la denuncia, pero posteriormente declararse incompetente por territorio y enviar el expediente a la Fiscalía de la Ciudad de México para continuar la investigación, lo que puede hacer el proceso poco más lento por el envío de documentos entre Estados.

Sin embargo, si se consideran violados sus derechos humanos o existe conexión con delitos federales, se puede contactar al Centro de Denuncia y Atención Ciudadana de la Fiscalía General de la República, donde se podrían orientar sobre si el caso puede ser atraído por ellos.

Ahora bien, independientemente de la denuncia penal, el internamiento al Instituto o si participaron autoridades, se puede presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la posible privación arbitraria de la libertad, aunque es altamente recomendable contactar a un abogado o a la Defensoría Pública para redactar la denuncia y asegurar que se respete el debido proceso desde el inicio.

Ante todo, el internamiento involuntario, fuera de los supuestos legales, debe denunciarse principalmente como privación ilegal de la libertad, ya que, tras las reformas de 2022 a la Ley General de Salud, el internamiento forzado es una vulneración directa a la libertad personal y la autonomía.

Dependiendo de las circunstancias específicas, los delitos o agravantes que pueden configurarse son privación ilegal de libertad, delito base cuando se retiene a una persona en una institución contra su voluntad y sin cumplir el protocolo de consentimiento informado o urgencia médica justificada.

En tanto, el abuso de autoridad procede si los que realizaron o autorizaron el internamiento son servidores públicos o médicos de instituciones oficiales sin seguir el debido proceso.

Reiteramos, la SCJN establece que el internamiento arbitrario basado en estigmas o sin consentimiento puede constituir actos de tortura debido al sufrimiento y la anulación de la capacidad jurídica del individuo.

Otros delitos son por responsabilidad profesional, específicamente para el personal médico que firmó un dictamen falso o irregular para justificar el encierro de María Adela Morales, y coacciones, si se utilizó violencia física o engaños para obligarla a ingresar al Instituto.

Otra arma para la familia es interponer un Amparo indirecto como la vía más rápida para ordenar la libertad inmediata de María Adela Morales, pues los jueces de Distrito pueden tramitarlo de forma urgente bajo el argumento de privación de la libertad fuera de procedimiento, aunque también es recomendable una queja en Derechos Humanos para documentar violación sistemática de derechos fundamentales.

Finalmente, aunque estamos conscientes de la permanente apatía de las autoridades de Quintana Roo, la familia podría no solicitar, sino EXIGIR la intervención directa de la gobernadora Verde, Mara Lezama, para lo cual este viernes habría una manifestación frente a palacio de gobierno ¡y que Dios los bendiga!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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