¡Mucho ojo con Fiscalía “Anticorrupción”!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En lo que es una verdadera noticia y debería servir de ejemplo a Quintana Roo, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por operar una red de “moches” junto con su hijo, Leonel Díaz Grajales, por cobrar hasta 25% a los beneficiados con indemnizaciones federales por reparación de daño.

Bajo la gestión de María de la Luz Mijangos Borja, se cuestiona a la Fiscalía Federal su baja efectividad -solo 3% de las carpetas judicializadas-, aunque, en años recientes, la dependencia se ha negado a precisar las denuncias recibidas contra sus propios procesos o funcionarios por presunta corrupción.

Claro que no se trata de plantear denuncia contra la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, que encabeza Edgar Ramírez Morales, pero sí contra su cuestionada antecesora yucateca, Rosaura Villanueva Arzápalo, quien se pasea libremente por Cozumel a pesar de su, sospechoso “trabajo” en el sexenio anterior, contra el ex gobernador Roberto Borge.

Claro que, de haber voluntad -sería el colmo que no- es posible proceder penalmente contra ella, dado que no cuenta con la protección de fuero por haber concluido su periodo, aunque es necesario que cualquier persona o entidad afectada presente denuncia ante la Fiscalía General del Estado por hechos que la ley señale como delitos durante su gestión.

Sólo es necesario presentar datos de prueba que sustenten la acusación, aunque Ramírez Morales recién señaló públicamente negligencias relacionadas con el rezago de más de 300 carpetas de investigación y falta de resultados en la recuperación de activos durante el periodo de Villanueva Arzápalo.

Tan sólo en medios y redes sociales mencionan posibles delitos como abuso de autoridad por negligencia en el desempeño de funciones por permitir la prescripción o el archivo injustificado de expedientes de corrupción.

Dado que recién dejó el cargo -inició en 2017 y concluyó en 2024-, los delitos aún se encuentran en los plazos de prescripción que establece el Código Penal de Quintana Roo.

Recuerde Usted que, a fines de marzo, el nuevo Fiscal Anticorrupción declaró haber recibido la dependencia con rezago significativo de carpetas -de 2016 a 2022- que nunca avanzaron, lo que podría servir como base para investigaciones por omisión o responsabilidad administrativa y penal. Además, ya se habían admitido demandas en tribunales administrativos por temas de daño moral relacionados con su actuación

Lo cierto es que hoy se trata de poner las barbas a remojar para evitar futuras críticas cuando éstas ya no tienen remedio, por lo que no sólo habrá que ser vigilantes de la labor de Ramírez Morales, sino también, específicamente, con la de la propia titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía Especializada, Estefanía Caro Farah.

Y no es porque en corrillos políticos se hable de supuesta relación sentimental jefe-empleada, sino porque el papel fundamental de la funcionaria es vigilar, auditar y sancionar acciones de los servidores públicos de la institución para asegurar legalidad y ética.

En efecto, sus principales funciones incluyen prevenir y vigilar, a través de mecanismos de control interno para prevenir corrupción en la propia Fiscalía y vigilar que su personal se apegue a principios de honradez y transparencia, aunque también realiza auditorías y revisiones de recursos públicos asignados a la Fiscalía para garantizar su uso eficiente y racional.

En materia de investigación y sanción administrativa, el Órgano Interno de Control recibe quejas y denuncias contra servidores públicos de la Fiscalía, investiga posibles faltas y está facultada a imponer sanciones administrativas cuando se comprueban irregularidades no graves.

Por otro lado, emite un Código de Ética y supervisa su cumplimiento, así como el de las reglas de integridad que deben seguir los que trabajan en procuración de justicia, en tanto funge como órgano garante en materia de transparencia y rendición de cuentas en la estructura institucional.

A todo esto, a Caro Farah la designó la XVIII Legislatura del Congreso del Estado el 8 de abril de 2025 para un periodo de siete años que concluye el 7 de abril de 2032, en un cargo que busca garantizar la autonomía técnica y de gestión del órgano responsable de fiscalizar a la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.

Aunque forma parte de la estructura de ésta, cuenta con autonomía para supervisar e investigar faltas administrativas de sus propios servidores públicos, en tanto su titular también funge como vocal en el Comité de Transparencia de la misma institución.

Es importante no confundirla con Teresita del Rocío Quivén Feria, titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, instancia distinta que supervisa las demás áreas de procuración de justicia en Q. Roo.

Licenciada en Derecho, en agosto recibió la certificación “Conocer” en materia de Investigación de Faltas Administrativas -obviamente, otorgada por Mara Lezama-, aunque se caracteriza por haber trabajado de forma independiente en los tres niveles de gobierno, y en su selección destacó su enfoque en profesionalización, capacitación constante del personal y mecanismos preventivos contra la corrupción.

Como recién se difundió en redes sociales, el nombre de Ramírez Morales salió a relucir tras exhibirse a Hugo Alday Nieto, Renán Sánchez Tajonar y Jorge Arturo Sanen Cervantes como el rostro más claro del fracaso legislativo en Quintana Roo. El primero y el segundo, por su ineficacia, y el tercero, por demostrar no saber legislar y, aun así, aspirar a la alcaldía de Benito Juárez.

El caso es que la Suprema Corte de Justicia asestó golpe contundente al Congreso estatal al invalidar partes clave de la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, y poner al descubierto la pobreza técnica de esos diputados denominados “cangrejos” por retroceder en lugar de avanzar.

Esto ocurrió tras acción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que propició que la Corte anulara facultades indebidas a la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, entre ellas intervenir comunicaciones privadas y geolocalizar en tiempo real, sin control, por vulnerar derechos fundamentales y exceder competencias.

Dicho revés legislativo exhibió a toda la Comisión Anticorrupción del Congreso, incluidos Gabriela Mora Castillo -dejó el cargo-, sustituida por Santiago Frías Canché, junto a los señalados, además de Jennifer Rubio Tello.

El caso es que la Corte invalidó facultades clave a la Fiscalía por invadir competencias federales y vulnerar derechos constitucionales, publicado en marzo en el Periódico Oficial del Estado sobre intervención de comunicaciones privadas (Artículos 43 y 44), declarado inconstitucional para el Fiscal Especializado solicitar directamente esa intervención, lo que la Corte dijo ser competencia exclusiva de la Federación, según artículo 16 de la Constitución.

Asimismo, se invalidó la capacidad de la Fiscalía para imponer multas como medio de apremio para hacer valer sus determinaciones, en tanto anuló una disposición que le permitía delegar la solicitud de medidas cautelares invasivas a distintas unidades ministeriales sin control adecuado.

El caso es que la resolución surgió de la Acción de Inconstitucionalidad 29/2025, que promovió Derechos Humanos, pero la Corte fue clara: El Congreso legisló fuera de ley, con una norma mal hecha, hoy ejemplo nacional de retroceso que, por si fuera poco, exhibió la propia presidenta Claudia Sheinbaum como uno de los más caros del país, contrastante con su deficiente desempeño.

Por otro lado, el portal Información Sin Límite Quintana Roo recién dio a conocer una de las próximas tareas de la Fiscalía Anticorrupción que, de no meter las manos la alcaldesa de Playa del Carmen, Estefany Mercado, involucra directamente a su segundo regidor Orlando Muñoz Gómez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Policía Preventiva y Tránsito, Bomberos y Protección Civil.

Sobre éste pesa una serie de denuncias, la primera del 2 de febrero por enriquecimiento ilícito, según tipificó la misma Fiscalía, bajo número de carpeta de investigación FECC/QROO/DS/030/ 03/2026.

A inicios de abril, se presentó una segunda denuncia contra Muñoz Gómez por violar los artículos 3, 32, 33 y 46, 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por falsear sus declaraciones patrimoniales y presunta corrupción, bajo folio número 00197/2026.

Muñoz Gómez sólo declaró ganancias en el Sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal por más de 407 mil pesos de 2018 a 2025, pero ocultó sus ganancias como accionistas de varias empresas.

Una de ellas, Muñoz & Farias Bienes y Raíces, creada en Mérida, Yucatán, donde, como socio, se benefició con contratos en la 4T en la empresa Delirio Habanero, también creada en Mérida.

Y la última, en Cancún, obtuvo beneficios de la empresa Ya Ab Kalan Turística de Negocios, dedicada a explotar desarrollos turísticos, hoteleros, parques ecológicos, parques de diversiones y actividades conexas o relacionadas, negocio que genera utilidades por millones de pesos.

Además, el funcionario posee diversas propiedades, la primera una casa de Playa del Carmen, adquirida en 150 mil pesos al contado con superficie de 312 m2 y construcción de 500 m2, y una segunda, de 300 m2, por la que pagó 400 mil pesos.

Además, posee una bodega que compró al contado en medio millón de pesos, así como un terreno de alta plusvalía de 312 metros por la que pagó de contado 200 mil pesos, y un quinto predio comprado también al contado, en 250 mil pesos, curiosamente con la misma longitud del predio anterior.

Asimismo, posee un sexto predio que, igual de contado, lo compró en 250 mil pesos y también con 312 metros. Los dos últimos predios, a precio de ganga los adquirió Muñoz Gómez durante el trienio del priista José Mauricio Góngora Escalante, quien fuera secretario de Finanzas del ex gobernador Roberto Borge.

Cabe señalar que la falsedad en la declaración patrimonial de un servidor público, incluyendo a un regidor, es una falta administrativa grave y, en ciertos casos, un delito en Quintana Roo.

Ante de olvidarnos, según nota de Reforma, la denuncia de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas en Morelos, Eva Penélope Picazo, señaló que padre e hijo se coludieron para cobrar hasta 25% del dinero destinado a reparación del daño de personas que sufrieron delitos graves al inicio del sexenio de Margarita González Saravia.

Según la acusación, Díaz Grajales fue contratado en 2004 por la Comisión de Víctimas, donde accedió a expedientes confidenciales y bases de datos sobre fondos de reparación integral, y tras su salida del organismo, el hijo del Fiscal Anticorrupción utilizó información privilegiada para representar legalmente a víctimas con abusivos honorarios.

Paralelamente, desde la Fiscalía, su padre pedía información específica sobre esos expedientes para generar presión institucional y favorecer los pagos de sus clientes por encima de otras víctimas, con conductas que podrían constituir peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, actos de intimidación y extorsión institucional, con recursos de Fondos de Aportaciones para Seguridad Pública y Reparación Integral, ambos federales.

Lo interesante en el caso de Quintana Roo es determinar si Ramírez Morales procederá penalmente contra Villanueva Arzápalo, si le darán “permiso” de hacerlo o también esperará que prescriban los delitos contra su antecesora ¡Dios sabrá!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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