¡Se hunden ex diputado y “Gino” por Xcaret!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Todo hace suponer que los que se ven más
involucrados que nunca con la polémica de Grupo Xcaret y los indígenas de
Quintana Roo son el ex dirigente y ex diputado del Partido del Trabajo (PT), el
chiapaneco Héctor Villatoro Barrios y, aunque Usted no lo crea, uno de los
aspirantes a gobernador, nada menos que el senador Eugenio “Gino” Segura.
En el caso del primero, por haber actuado de “intermediario”, entre el grupo empresarial y el Gran Consejo Maya para apropiarse
de una parte de 15 millones de pesos que los primeros pagaron a los segundos
como parte del convenio por 5 años por el uso de símbolos culturales tras un
litigio por apropiación cultural.
Respecto a Eugenio Segura, a quien se cuestiona por tener
prácticamente tapizadas las bardas de todo el Estado con publicidad por medio
de burócratas, recién mostró su desprecio por la clase indígena a la que luego
pedirá el voto, ya que declaró estar abiertamente a favor del grupo empresarial
por ser “fuente de muchos empleos en Quintana Roo”, además de respetar mucho a
su presidente, Miguel Quintana Pali.
Al parecer, el funcionario ignora lo más importante
del conflicto: Los millonarios ingresos de Xcaret a través de la explotación
cultural indígena, al señalar que “ya retribuye económicamente al Gran Consejo
Maya, además de varios pueblos indígenas, algo que falta comunicar”, según
declaró al portal Cambio 22.
También justificó a Grupo Xcaret porque “no es sólo
retribución económica, sino que invita a artesanos a que vendan en sus parques”,
ignorante tal vez de
que el show nocturno de su espectáculo maya, en el Teatro Gran Tlachco, tiene
un aforo de 6 mil espectadores, que pagan como entrada unos 140 dólares
americanos -cerca de 2 mil 393 pesos mexicanos-, lo que significa que, con cada
lleno, se recaudarían ¡más de 14.3 millones de pesos cada día! ¡Casi todo lo
que costó el contrato por 5 años!
Hasta ahí las
cosas, respecto a Villatoro Barrios, éste se convirtió en otro de los
personajes centrales, tras haber sido diputado del Congreso del Estado en tres
ocasiones -en las Legislaturas XII, XIV y XVI-, por haber fungido como "asesor" del Gran Consejo, pero no haber entregado la totalidad de los 15
millones a las comunidades indígenas.
Como parte de su “trayectoria”, en 2014 fue señalado
por participar en el homicidio del regidor petista en funciones de Othón P.
Blanco, Marco Antonio May Molina, mientras que, en febrero de 2021, fue expulsado
del PT, junto con la diputada Ana Pamplona, por un conflicto interno por el
voto se ambos a favor de un endeudamiento público de Quintana Roo.
Con apoyo del despacho de abogados Rojo y Rojo, logró
la restitución de derechos de 12 dignatarios mayas, entre ellos el general
Isabel Sulub Cima, despojado de recibir apoyo económico y se le desconoció como
General Supremo, por parte del ex gobernador Carlos Joaquín y el Inmaya, creado
para mantener el control de los Mayas en el Estado.
En 2009 se vio envuelto en otro escándalo cuando fue
acusado en Bacalar por intento de violación en agravio de Alejandra Villanueva,
lo que sólo quedó como eso, en “escándalo”, pues no se interpuso ninguna
denuncia y habría sido un acto mediático.
Lo cierto es que mientras la Suprema Corte de
Justicia de la Nación recién revocó la suspensión que permitía a Xcaret usar
símbolos mayas en su publicidad -el argumento es que el contrato con el Consejo
no representaba a todo el pueblo maya-, el nombre de Hernán Villatoro surge como
sinónimo de corrupción y engaño a los dignatarios mayas.
Ante este panorama, líderes del Gran Consejo y
representantes de las comunidades solicitaron una auditoría para esclarecer el
destino de ese dinero, y acusan directamente al ex diputado por opacidad en el manejo
de fondos.
El escándalo complicó la situación para el Grupo
Xcaret, que defendía la legalidad de usar la cultura maya basándose
precisamente en este convenio.
Por
otro lado, según la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena de
Quintana Roo, el Gran Consejo Maya lo conforman autoridades tradicionales que
mantienen los usos y costumbres de sus comunidades, entre ellos Generales Mayas,
líderes de mayor rango jerárquico dentro de la estructura militar-religiosa
tradicional.
También
lo integran Sacerdotes Mayas, encargados de la vida espiritual y los rituales
en los centros ceremoniales, así como Jueces Tradicionales, responsables de la
mediación y aplicación de la justicia comunitaria.
El
Consejo incluye representantes de principales Centros Ceremoniales de los
municipios Felipe Carrillo Puerto y Tulum, en Chumpón, con figuras como Simón
Caamal Coh, quien ha fungido como su presidente.
Por
su parte, a Chancah Veracruz lo representa habitualmente un secretario del
Consejo, como el General Gabino Cruz Yeh, mientras Tixcacal Guardia, un centro
que mantiene una autonomía histórica significativa, lo representan sacerdotes
como Esteban Caamal Dzul.
A
Cruz Parlante, de Carrillo Puerto, lo representan dignatarios como Edilberto
Chablé Catzín, mientras Tulum también cuenta con representación de sus propios
generales y sacerdotes en la estructura estatal.
La
función principal del Consejo, en teoría, es velar por la conservación de las
tradiciones, lengua y derechos de los pueblos indígenas, como interlocutor
oficial ante instituciones gubernamentales y organizaciones privadas como Grupo
Xcaret.
Por
su parte, éste último, cuyos ingresos anuales totales rondan los 82.1 millones
de dólares para 2026, además de su equipo legal, está representado
principalmente por fundadores y un equipo directivo que recién integró la “segunda
generación” de las familias propietarias.
Entre
sus fundadores y principales socios se incluye el empresario Miguel Quintana, cofundador,
máxima autoridad operativa y estratégica de la empresa y figura más emblemática
de Grupo Xcaret. Es arquitecto, pero también principal visionario detrás del
concepto de recreación turística sostenible.
Otros
socios son los hermanos Constandse Madrazo Redko -Carlos, Oscar y Marcos-, fundadores
que han representado al grupo desde su inicio en 1990. Carlos Constandse ha
fungido frecuentemente como vicepresidente y vocero institucional en temas de
vinculación comunitaria.
Sin
embargo, en años recientes, el grupo delegó su representación y toma de
decisiones en los hijos de los fundadores: Marcos Constandse, como vicepresidente
de administración y finanzas; David Quintana Morones, vicepresidente de estrategia
y desarrollo, e Iliana Rodríguez, directora corporativa de sostenibilidad y diálogo
institucional, quien suele representar al grupo ante medios y crisis
institucionales.
Otros
líderes clave son Akis Neoclus, director ejecutivo de Hoteles Xcaret; Lorena
Zahoul y Jorge Ducoing, directores clave en la operación hotelera del grupo, y Lizeth
Gorosave, como directora comercial.
Históricamente,
Grupo Xcaret mantiene su identidad de empresa 100% mexicana, con el control
accionario concentrado en sus fundadores Quintana Pali y los hermanos
Constandse Madrazo, aunque existen vínculos e intereses específicos
relacionados con España que han formado parte de su trayectoria.
En
el pasado, sostuvo alianza estratégica significativa con capital español en
materia de inversión en hotelería, y en 1999, los socios mexicanos realizaron
una inversión conjunta con el grupo español Occidental Hoteles, esquema donde
el grupo español fungió como socio mayoritario para desarrollar el modelo de
negocio que dio lugar al Hotel Occidental Grand Flamenco.
Además,
bajo la estructura de gestión de capital, Occidental Hoteles tomó decisiones
financieras a nivel internacional, incluyendo inversiones en otros países como
Malta, aunque la operación en México siempre estuvo ligada a la visión de los
socios locales.
España
es uno de los mercados internacionales más importantes para el grupo en materia
turística, toda vez que, históricamente, el mercado español ha representado
parte relevante del volumen de visitantes extranjeros que, en años previos,
representaba cerca de 7% de la afluencia al parque.
Grupo
Xcaret busca constantemente alianzas directas con agencias mayoristas españolas
para fortalecer su presencia en Europa y potenciar la demanda de sus parques y
hoteles en el Caribe Mexicano. Así, mantiene lazos estrechos con eventos
culturales en España, como los Premios Platino en Madrid, de los que ha sido
anfitrión y aliado estratégico para impulsar el turismo hacia la Riviera Maya.
Así
las cosas, aunque Grupo Xcaret es de capital privado mexicano, opera en un
entorno donde los grupos españoles tienen presencia masiva, y se estima que éstos
acaparan cerca de 60% de la inversión hotelera en el Caribe Mexicano, lo que
los convierte en principales socios comerciales o competidores del entorno
donde opera.
Pese
a todo el escándalo, Xcaret continúa operando con normalidad en todos sus
parques y hoteles, pues la Corte no ordenó su cierre, sino que revocó un
permiso legal para el uso comercial de elementos de la cultura maya.
Entre
los puntos clave de la resolución en marzo, se incluye la restricción de símbolos,
lo que obliga a retirar iconografía, rituales y símbolos mayas de sus campañas
publicitarias, sitios web y redes sociales.
La
Corte determinó que la protección del patrimonio cultural indígena tiene
prioridad sobre los intereses económicos de una empresa privada, además de que
el convenio previo con el Gran Consejo no era suficiente, pues al pueblo maya lo
componen más de mil comunidades no consultadas íntegramente.
El
juicio de fondo sobre si el grupo puede o no usar estos elementos de manera
permanente sigue activo, pues la Corte resolvió eliminar la "suspensión
definitiva" que permitía a Xcaret usarlos mientras se dictaba sentencia.
Aunque
los parques están abiertos, el fallo causó cambios en eventos específicos, por
ejemplo, Grupo Xcaret canceló voluntariamente la Travesía Sagrada Maya 2026
para evitar conflictos legales o interpretarse “rebeldía” ante la autoridad.
En
el renglón de ajustes publicitarios, el consorcio inició un proceso para
eliminar la simbología de sus plataformas digitales, aunque fuentes internas
indican que el cambio visual completo puede tomar tiempo debido a trámites
administrativos del expediente judicial.
Ahora
bien, el destino de los 15 millones de pesos que Grupo Xcaret pagó al Gran
Consejo conlleva una compleja situación jurídica y social tras el fallo de la SCJN,
cuyos ministros concluyeron que ninguna cantidad económica o inversión privada
faculta a una empresa a disponer del patrimonio cultural de la nación sin
consulta previa a las comunidades involucradas.
Su
pago generó conflictos y sospechas de corrupción y opacidad en el propio
Consejo, ya que algunos sectores denuncian que los fondos no llegaron realmente
al pueblo maya, y aunque el dinero se entregó por el acuerdo, la Corte deja el
convenio sin efectos legales para el fin que se creó (el uso de símbolos), lo
que, legalmente, podría abrir la puerta a que el grupo busque recuperar el dinero
o intervenga el Estado para fiscalizar su uso.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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