¡Otra mancha más al tigre!, ahora en Ultramar

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En un caso que inició en 2021, tras la muerte de Germán Orozco, fundador de la naviera Ultramar, que desató disputa familiar interna por el control del negocio, el Fiscal General de Quintana Roo, Raciel López Salazar, se colocó bajo escrutinio público con sus investigaciones por presunto millonario desfalco contra un ex directivo de la empresa.

Así, inició proceso judicial contra Héctor Alejandro Matey Espadas, contador y administrador de Ultramar durante 14 años, por el presunto desfalco de 140 millones de pesos, aunque su defensa cuestiona el papel de la Fiscalía, al igual que diversos sectores, por diversas irregularidades en el proceso.

Entre otros, acusa a la Fiscalía de montaje y “sembrar” mariguana para justificar la detención, el 15 de octubre de 2025 en Cancún, en lo que fuentes cercanas al caso y reportes de prensa señalan que podría haber sido utilizado como brazo ejecutor en la guerra interna de la familia propietaria de Ultramar.

Asimismo, algunas versiones sugieren el uso de comunicación oficial para influir en la percepción pública del caso, incluso con campañas de desprestigio, por lo que Raciel López enfrenta cuestionamientos y acusaciones por supuestas anomalías en sus investigaciones sobre el caso.

Puntos clave basados en la información hasta principios de 2026, refieren anomalías desde fines de 2025 por supuestas irregularidades en la actuación legal en el tema que involucra al ex directivo de la empresa.

Según informes sobre el presunto desvío de los 140 millones, “fortuna inexplicable” vinculada a la administración de la empresa, habría controversia sobre el manejo de la fiscalía en el proceso, y más porque López Salazar es criticado por un historial que incluye acusaciones de corrupción y vínculos con grupos delictivos en su paso por seguridad pública en Puebla y la FGR.

Ante los señalamientos, la Fiscalía se defiende asegurando que las investigaciones se basan en indicios legales, como en casos de detenciones por extorsión a socios de Ultramar, y que “no litiga en redes sociales”.

Lo cierto es que tanto el estado del caso Ultramar y el proceso contra su ex administrador Matey Espadas, se mantienen en fase de alta tensión legal y mediática.

Sobre los puntos clave de la situación jurídica de éste, está vinculado a proceso por extorsión y presuntas irregularidades financieras -desfalco- estimadas en los 140 millones, por lo que está en prisión preventiva en un penal.

Su defensa sostiene que las acusaciones de extorsión son conjeturas y denunció la detención inicial como montaje donde la Fiscalía “sembró” sustancias para justificar su arresto en flagrancia.

El juicio se desarrolla en medio de feroz pugna interna entre los herederos de Germán Orozco por el control del corporativo, ante lo cual la familia del detenido solicitó -ya sabe Usted, inútilmente- la intervención de la gobernadora Verde, Mara Lezama y de la presidencia de la República, alegando que Raciel López, “fabrica delitos” para favorecer a una parte.

Aunque el Fiscal defendió la legalidad de sus actuaciones, en foros empresariales sigue bajo fuego por el caso, y se le acusa de usar comunicación oficial para influir en la percepción pública y desprestigiar al ex directivo.

Con todo, a partir de investigaciones y reportes, las irregularidades en el caso de Ultramar se centran en complejo entramado de desvíos financieros y acusaciones cruzadas entre empresa y ex administrador.

Entre otras irregularidades, se investiga a Matey Espadas por el presunto desvío tras una revisión interna y un intento de vender la compañía a Grupo Xcaret, cuando los socios se habrían percatado de inconsistencias financieras.

La Fiscalía dice que los ingresos del imputado no coinciden con los que declaró durante 14 años en la empresa, lo que lleva a investigar su patrimonio, mientras la naviera podría ser disuelta o intervenida por Hacienda ante irregularidades administrativas-fiscales más profundas.

Según la defensa, el mismo contador señaló previamente irregularidades financieras del grupo, pero el consejo directivo lo habría ignorado hasta estallar el conflicto familiar por el control de la empresa.

En paralelo, existe la denuncia de familia y defensa del ex administrador sobre irregularidades procesales de la Fiscalía por la siembra de pruebas para justificar su detención inicial por narcomenudeo antes de imputarle el supuesto desfalco y extorsión.

El caso evidencia no sólo problemas contables, sino también crisis operativa y administrativa en Ultramar, que incluye paros laborales por falta de pago y fallas técnicas frecuentes en sus embarcaciones.

Así, la acusación de extorsión es de las más polémicas, basada en argumentos de Fiscalía y denunciante, entre ellos utilizar la posición privilegiada de encargado de las finanzas 14 años para exigir beneficios o pagos indebidos.

La Fiscalía sostiene que el ex contador actuó en contubernio para sus actos de extorsión, aunque la defensa argumenta ser conjeturas derivadas de una disputa familiar interna entre los herederos.

Antes de ser procesado por extorsión y desfalco, Matey Espadas habría sido detenido inicialmente por narcomenudeo, lo que defensa y familiares alegan ser montaje para mantenerlo en custodia mientras se formalizaba la carpeta de investigación por extorsión.

También sostienen falta de indicios razonados para vincularlo con la extorsión y que la acusación viene directamente del denunciante -una de las facciones de la familia propietaria- como herramienta de presión en la batalla por el control mayoritario de la compañía.

Matey Espadas sigue en prisión mientras su defensa intenta demostrar que la acusación de extorsión carece de sustento técnico y es parte de una “fabricación de culpables”.

En síntesis, hasta hoy no existe registro oficial de que Mara Lezama haya intervenido o emitido declaración sobre el presunto millonario desfalco, aunque el caso ha escalado nivel judicial y mediático en Quintana Roo.

Reportes y versiones del sector político sugieren que, desde el Gobierno del Estado, se intentaría influir en la narrativa pública del caso a través de “asesores” de comunicación, aunque no lo confirman canales oficiales ni se vincula a orden directa de la gobernadora.

El ex directivo permanecerá vinculado a proceso durante el tiempo que dure la investigación complementaria -de dos a seis meses en casos de delitos patrimoniales graves como fraude y extorsión-, y sigue en prisión desde fines de año por fraude y extorsión, mientras la gobernadora centra su presunta agenda “anticorrupción” en otros temas.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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