“Chepe” Contreras, ¿aliado de Cártel Caborca?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
La ejecución del ganadero Juan Sepúlveda Palacios,
regidor de Morena durante el primer trienio del todavía alcalde de Bacalar, José
Alfredo Contreras Méndez (2021-2024), secuestrado desde el viernes y cuyo
cadáver, torturado por algún grupo criminal, se encontró con un tiro en la
cabeza, vendado y con las manos atadas este lunes en un rancho ganadero de la
carretera Miguel Alemán-Nuevo Canáan, nuevamente encendió los “focos rojos” en
Bacalar.
-Bacalar enfrenta una crisis de seguridad pública
severa, con una escalada de violencia atribuida a la disputa entre grupos
delictivos que operan en zonas rurales del municipio. La presencia de
estructuras criminales ha generado bloqueos carreteros, incendios de vehículos,
enfrentamientos armados contra fuerzas federales y estatales, y un clima de
miedo generalizado, especialmente en comunidades como Limones.
Así comienza una interesante columna del 27 de
febrero, de la periodista Graciela Machuca Martínez en el Portal Cambio 22, que
recuerda que, en enero, se registró un intenso enfrentamiento armado en la
comunidad de Limones que llevó a las fuerzas de seguridad a un ataque, lo que
evidencia una escalada en la confrontación entre crimen organizado e
instituciones, muchas de ellas omisas.
En
efecto, aunque se supone que Sabino Montero Valencia y familia controlan la
plaza del Sur de Quintana Roo para el Cártel de Sinaloa, sobre todo en Carrillo
Puerto y Bacalar, gracias al cobijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el
narcotráfico en esos municipios también involucraría al alcalde del segundo municipio,
Contreras Méndez.
Desde
el año pasado, el 17 de junio, con el título “Alcaldes de Bacalar, ¿vinculados
al narco?” nos referimos a ese tema en particular en el link https://luisangelqroo.blogspot.com/2024/06/alcaldes-de-bacalar-vinculados-al-narco.html
El
alcalde, ex priísta convertido a Morena, es señalado como principal involucrado
con grupos criminales desde su primer trienio, en tanto a la familia Montero la
identifican reportes de seguridad y medios locales como principales brazos
operativos del Cártel de Sinaloa en el Sur, particularmente en la zona de
Bacalar.
Sus
puntos clave de influencia incluye el control territorial, ya que, junto con la
familia Coronel, habrían mantenido históricamente el control de las rutas de
tráfico de drogas en Bacalar, aprovechando ser punto estratégico para el acopio
y recepción de aeronaves con narcóticos provenientes de Sudamérica.
Diversos
reportes indican que el grupo se habría infiltrado en estructuras políticas
locales para operar con impunidad, presuntamente financiando campañas
electorales en el Sur del Estado.
No
obstante, la hegemonía de estos grupos locales se vio amenazada desde 2024 por
la violenta incursión del Cártel de Caborca, en una disputa que generó una ola
de violencia en ejidos como El Gallito, con ejecuciones de figuras vinculadas a
la administración local, quema de propiedades y vehículos, y desplazamiento
forzado de familias enteras ante el asedio de grupos armados que buscan
apoderarse de las tierras de la zona.
Respecto
a su “modus operandi”, además del tráfico de drogas de alto impacto, su
influencia se habría extendido al control de “narco-tienditas” y de extorsión
en comunidades rurales y turísticas de la zona.
La
situación de Contreras Méndez es marcada por fuertes señalamientos de vínculos,
indirectos hasta donde se sabe, con grupos delictivos y una serie de
controversias judiciales.
Así,
figuras clave en su administración tienen presuntos nexos con el Cártel de
Sinaloa, un caso crítico fue Marina Coronel, entonces secretaria general del
Ayuntamiento, y su sobrino, José Roberto Coronel, parte del equipo cercano al
alcalde, ambos ejecutados por el Cártel de Caborca en 2024, en un mensaje
directo contra la estructura de mando en ese municipio.
Además,
reportes de seguridad ubican a la familia Montero Valencia como brazo operativo
de Sinaloa en la región, y se presume que su influencia se mantiene gracias a
la omisión -o colusión- de autoridades locales en permitir el uso de pistas
clandestinas y rutas de acopio.
Más
allá del tema de narcotráfico, Contreras Méndez enfrenta denuncias penales por
violación y corrupción de menores, investigaciones que confirman medios
nacionales y la propia Fiscalía General del Estado.
Asimismo,
empresarios locales lo acusan de utilizar a la policía municipal y a la misma Fiscalía
para despojarlos de negocios, bajo una lógica de “mafia con fuero” para
beneficiar a su círculo cercano.
Sin
embargo, pese a las acusaciones, el alcalde mantiene el respaldo del gobierno
de Mara Lezama y fue recién nombrado presidente de la Red Nacional de Alcaldes
de Pueblos Mágicos 2025, con una dualidad entre logros políticos y sombras de
criminalidad que genera un clima de impunidad percibida en el Sur del Estado.
Así,
el conflicto territorial del narcotráfico en el Sur, particularmente en
Bacalar, ha escalado, de ser zona de “tránsito silencioso”, a un abierto campo
de batalla, en una guerra nombrada disputa por la “Ruta del Sur”".
Las
claves del enfrentamiento entre Cártel de Sinaloa -apoyado por familias de los
Montero y los Coronel- y Caborca, tiene varios objetivos, uno de ellos el
control de la frontera y de los cielos, ya que Bacalar no es sólo destino
turístico, sino para el narco también enclave estratégico por diversas razones.
La
primera de ellas las pistas clandestinas, donde la zona selvática que rodea a ejidos
como El Gallito, Otilio Montaño y Río Verde, es ideal para el aterrizaje de “narco-avionetas”
provenientes de Sudamérica, de las que se ha publicado en numerosas ocasiones,
en tanto que, con la frontera de Belice, el control de los pasos fronterizos
informales permite el movimiento de armas, dinero y precursores químicos con
mínima vigilancia.
En
relación con la incursión del Cártel de Caborca, históricamente el Sur del Estado
era dominio absoluto de la facción de Sinaloa, pero tras la ruptura interna ese
Cártel (Chapitos vs. Mayo) y el debilitamiento de liderazgos locales, el
sangriento Caborca -fundado por Rafael Caro Quintero- entró con una táctica de “tierra
arrasada”.
En
este sentido, fueron común las ejecuciones selectivas, en las que asesinaron a
operadores de nivel medio y funcionarios municipales vinculados a la facción
local para romper la cadena de mando, mientras, con expropiación de tierras, llegaron
a comunidades rurales para obligar a los ejidatarios a vender o abandonar sus
parcelas, para usar como bases de operaciones.
Respecto
a “El Gallito”, se convirtió en epicentro de la violencia reciente, a grado tal
que, sólo en 2024, se reportaron convoyes armados con decenas de camionetas de
hombres fuertemente armados patrullando caminos rurales.
También
existe desplazamiento forzado, y decenas de familias han huido de sus hogares
hacia Chetumal o comunidades vecinas ante constantes tiroteos y amenazas de
reclutamiento forzado. Caborca también incendió ranchos presuntamente pertenecientes
a los Montero o sus colaboradores.
Sobre
la respuesta institucional, aunque se han desplegado la Guardia Nacional y la
Secretaría de Marina, la presencia estatal es insuficiente o reactiva y se
critica que, tras incursiones armadas, llegan sólo para “levantar un reporte” y
permiten a grupos criminales mantener retenes intermitentes en carreteras que
conectan Bacalar con la zona limítrofe.
La
violencia por la disputa territorial ha transformado el ecosistema turístico de
Bacalar, a pasar de destino de retiro pacífico a enfrentar los retos típicos
del Norte del Estado (Cancún, Playa del Carmen y Tulum)
El
impacto se manifiesta en el fenómeno del “cobro de piso”, donde los empresarios
reportan aumento en extorsión sistemática, con un modus operandi que incluye pagar
“cuotas” mensuales, donde se exigen a dueños de hoteles y restaurantes pagos
periódicos para “permitirles operar” sin incidentes.
Al
igual que en la Riviera Maya, los criminales exigen cuotas a las nuevas obras
de hoteles-boutique a orillas de la laguna, llegando a representar hasta un
tercio de las ganancias de los trabajadores de la construcción.
Por
otro lado, aunque Bacalar recibe unos 180 mil visitantes anuales, el clima de
inseguridad ha provocado cancelaciones preventivas, pues episodios de violencia
mediática, como enfrentamientos en ejidos o ejecución de figuras políticas,
generan alertas en embajadas que derivan en la cancelación de grupos,
especialmente europeos y norteamericanos.
Además,
los hoteleros reportan haber aumentado su inversión en vigilancia privada y
sistemas de monitoreo hasta en 15%, lo que eleva sus costos de operación y
reduce la competitividad del destino.
Por
si fuera poco, la violencia no sólo afecta la seguridad física, sino también la
operativa y ambiental, pues se ha denunciado la proliferación de embarcaciones
“piratas”, que operan al amparo de grupos locales, evadiendo regulaciones
ambientales y de seguridad.
La
inestabilidad afecta servicios básicos. Por ejemplo, en noviembre de 2024, más
de una decena de hoteles debieron reembolsar reservaciones por largas fallas
eléctricas, problema que los empresarios asocian a falta de inversión estatal
por el clima de conflicto.
Pese
a la realidad, guías internacionales aún clasifican a Bacalar como destino
Nivel 2 -precaución moderada-, similar a Ciudad de México, aunque la brecha
entre la “percepción de paz” de los turistas que no salen del centro y la
realidad de las comunidades rurales -como El Gallito- es cada vez mayor.
Pero,
además, el proyecto del Tren Maya ha actuado como catalizador que aceleró los
conflictos por la tierra y reconfiguró el panorama delictivo con varios
fenómenos, el principal la especulación y explosión del valor de la tierra, con
los que la construcción de la estación en Bacalar detonó una plusvalía sin
precedentes. En algunas zonas, el valor del metro cuadrado aumentó 350%.
Esto
generó despojo a ejidatarios, que denuncian “reubicaciones falsas” y presiones
para vender parcelas a bajos precios con la amenaza de expropiación por
utilidad pública, aunque también generó conflictos de tenencia porque alrededor
de 53% del trazo del Tren Maya atraviesa terrenos ejidales, lo que ha provocado
prolongados litigios y fracturas sociales en las comunidades, y ahora se disputan
por su alto valor inmobiliario.
Informes
de inteligencia y análisis de políticas públicas advierten que el Tren Maya
ofrece nuevas vías de financiamiento para los Cárteles, entre ellos extorsión y
“cuotas”, pues comienzan a cobrar tarifas a constructoras y proveedores para
permitir avanzar obras sin interrupciones.
Sobre
infiltraciones en la cadena de suministro, hubo intentos de grupos criminales, como
“La Barredora”, para suministrar insumos -como combustible o renta de terrenos-,
a obras del gobierno federal, y existe preocupación de que vías y carreteras
secundarias creadas para el proyecto sean para evadir retenes y movilizar
narcóticos con mayor facilidad.
Informes
de fines de 2025 documentan alza de violencia en la Península, vinculada
directamente al Tren Maya en Bacalar, lo se tradujo en robos de alto impacto,
de los que se reporta aumento en robo de materiales -como cableado de cobre-,
así como vandalismo en las zonas de obra.
En
el renglón de violencia territorial, la lucha entre Cárteles de Sinaloa y
Caborca se intensificó precisamente donde la infraestructura del Tren Maya promete
mayor flujo de dinero y mercancías en el futuro.
Como
siempre, una pregunta obligada: ¿Qué ha hecho Mara Lezama sobre todo el tema?
¿Qué ha hecho “El Chepe” Contreras Méndez? La respuesta es sencilla: ¡Ja, ja,
ja!
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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