¡A temblar políticos y funcionarios con Plan B!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Mecanismo de democracia participativa donde la gente vota si el presidente de la República concluye su cargo de forma anticipada por pérdida de la confianza, la revocación de mandato no se aprobó adelantar para 2027 por traición de los 9 senadores del PT, pero la sesión de la Cámara no resultó un fracaso presidencial, sino ¡histórica sesión!, pues se aprobó el Plan B.

En efecto, aunque el Senado aprobó este jueves esa parte de la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, sólo excluyó cambiar el artículo 35 constitucional, que buscaba una consulta ciudadana para la revocación el mismo día de las elecciones federales de 2027.

La traición de ese partido “aliado” fue posible por aprobarse una reserva suya para eliminar la revocación, con el argumento de mantener la naturaleza democrática de su ejercicio en la fecha original, con lo que, esa revocación, programada para 2028, al cuarto año del sexenio, se mantendrá según los términos constitucionales vigentes.

La presidenta Sheinbaum calificó el rechazo como “malo para el país”, señalando que la oposición y algunos sectores tuvieron temor de que su presencia en boleta influyera en los resultados electorales de 2027, aunque, con todo, lo que sí se aprobó fue el resto del Plan B, con medidas como tope de regidores, límites a presupuestos de congresos locales y recortes en el Senado.

En síntesis, el PT votó contra la propuesta, aunque apoyó el resto del “Plan B”, pues cuando su bloque actuó de manera conjunta para frenar este punto específico, tuvo a tres personajes clave en el proceso.

Primero, su líder, Alberto Anaya Gutiérrez, quien fijó la postura oficial del PT en rechazar la revocación en 2027, argumentando que beneficiaría electoralmente a Morena. Segundo, Alejandro González Yáñez, por ausentarse de las comisiones durante las negociaciones iniciales, pero alineado con su partido en el pleno.

Lizeth Sánchez, la tercera, también estuvo entre los senadores que se ausentaron de comisiones antes de la votación definitiva.

Contra lo que se esperaba, los senadores del Verde “Ecologista” votaron a favor del Plan B en su totalidad, a diferencia del PT, que condicionó su apoyo y bloqueó el punto específico de la revocación para 2027. “El Tucán” mantuvo su respaldo a la propuesta original de la mandataria en todos sus términos.

         El caso es que la reforma aprobada se enfoca principalmente en la austeridad y la reorganización de las estructuras políticas, por ejemplo, elimina a los 32 senadores plurinominales, dejando el Pleno con sólo 96, en tanto establece límites estrictos al número de regidores en los Ayuntamientos según su población, para reducir el gasto en nómina municipal.

Asimismo, se fijó un techo financiero para los Congresos locales, donde su presupuesto no excederá 0.5% del presupuesto total de cada Estado y, finalmente, se modificó la definición de “propaganda” para permitir a funcionarios públicos expresarse durante las campañas sin considerarse violación a la veda, siempre que no utilicen recursos públicos extra.

Al eliminar a 32 plurinominales, la representación en el Senado cambia drásticamente, volviendo a un modelo de representación puramente estatal, ya que, de 128 escaños, pasará a sólo 96, y cada Estado -y la Ciudad de México-tendrá exactamente 3 representantes: Dos de fórmula ganadora y uno de “primera minoría”, el segundo lugar.

Antes, los plurinominales permitían tener voz a los partidos con muchos votos a nivel nacional, pero sin ganar Estados específicos. Ahora, para los más pequeños o las minorías ideológicas será mucho más difícil obtener un espacio si no ganan directamente en los Estados.

El argumento a favor es el ahorro presupuestal y la agilidad legislativa que, en contra, era debilitar la pluralidad, ya que el partido mayoritario podría dominar más fácilmente la cámara al ganar las mayorías estatales, lo que implica que, a partir de la próxima Legislatura, el peso político recaerá exclusivamente en quienes ganen, eliminando las “listas de partido”

Los recortes a regidores son uno de los más polémicos porque impactan directamente en la estructura de 2 mil 471 municipios del país, aunque su objetivo es eliminar el exceso de plazas que, según los impulsores de la reforma, solo sirven para pagar “favores” políticos.

En este sentido, el número de regidores ya no lo decidirá cada Estado a capricho. Ahora habrá un tope basado en cuánta gente vive en el municipio que, con menos de 50 mil habitantes solo podrán tener hasta 5 regidores, mientras los municipios medianos -entre 50 mil y 100 mil- tendrán un tope de 7, y sólo las grandes metrópolis, con más de 1 millón de habitantes, podrán llegar a un máximo de 15.

Así, se estima que miles de plazas de regidores desaparecerán, lo que liberaría presupuesto para servicios públicos, como bacheo, alumbrado o seguridad, aunque los críticos señalan que esto centraliza el poder en los presidentes municipales, ya que habrá menos personas para vigilar cómo gastan el dinero y qué decisiones toman en el Cabildo, pero el recorte obligará a los partidos a ser mucho más selectivos con sus candidatos.

Otra pregunta sobre este histórico Plan B es qué pasará con los Congresos Estatales y el límite de 0.5% de presupuesto, cambio drástico que le quita a los Estados la libertad de decidir cuánto gastan en sus propios diputados, ya que ninguno podrá costar más de ese presupuesto, y muchos Estados, como Quintana Roo, gastan mucho más en sueldos, asesores y viajes.

Ese ajuste de cinturón, los obligará a despidos masivos de personal administrativo y a eliminar bonos o fondos de “gestión social”, un dinero que los diputados reparten a discreción, entre otros a “periodistas”.

Además, en estados con presupuestos bajos -como Tlaxcala o Colima-, 0.5% es una cantidad muy pequeña, lo que podría dificultar la operación básica de sus legislaturas, mientras que los críticos argumentan que la Federación está invadiendo la soberanía de los Estados al dictarles cómo administrar su dinero interno, aunque se busca que sus diputados vivan con lo mínimo indispensable para legislar.

Para entender el impacto del tope, es necesario ver cuánto gastan algunos de los congresos más grandes en comparación con lo que permite la nueva ley y, en la mayoría de los casos, la reforma obliga a recortar cientos de millones de pesos.

Por ejemplo, el gasto actual del Congreso de la Ciudad de México es de cerca de 2,194.5 millones de pesos, cuando el presupuesto total de la metrópoli se proyectó en 291,525 millones, y ahora los legisladores sólo podrán gastar 1,457.6 millones, con un recorte de cerca de $736 millones, 33% menos.

Por su parte, en Estado de México el presupuesto total del Estado es de 388,550 millones, pero con el nuevo límite de 0.5%, su Congreso tendría un tope de 1,942.7 millones, mientras que este año el presupuesto estatal será de 410,341 millones, elevando su tope permitido a 2,051.7 millones.

La consecuencia natural es la reducción de personal, ya que muchos congresos operan con miles de empleados temporales y asesores que ya no podrán financiar, amén de que, con profundo ardor para muchos “periodistas”, deberán decir adiós a los “moches”, pues se eliminan partidas que los diputados usaban para repartir despensas o materiales en su Distrito. El gasto debe ser estrictamente legislativo.

Por lo que toca a equidad presupuestal, el Plan B busca que Estados con menos recursos no se vean asfixiados por congresos que consumen más de 1 o 2% de sus ingresos totales.

En un acto de justicia, el Plan B de la reforma electoral también busca ajustes severos para los organismos electorales, centrándose en la reducción de costos operativos y simplificación de procesos, de manera que sufrirán relevantes cambios.

Entre éstos, se prevén recortes generalizados de 25% al Instituto Nacional Electoral, organismos públicos locales electorales y partidos políticos, aunque, a diferencia de propuestas anteriores, los institutos electorales estatales no desaparecen, pero operarán con presupuestos significativamente menores y topes salariales para sus funcionarios.

Por otro lado, se propone transformar las juntas distritales ejecutivas del INE en organismos temporales que solo funcionen a plena capacidad durante años electorales, lo que generaría ahorros en años sin comicios, en tanto se sugiere quitar el Programa de Resultados Electorales Preliminares para transitar a un cómputo distrital inmediato la misma noche de la elección, buscando reducir tiempos y costos de espera.

Así también se otorgan nuevas facultades al INE para ordenar la suspensión inmediata de campañas si detecta recursos de procedencia ilícita, buscando una respuesta más rápida ante irregularidades, aunque ningún funcionario de estos organismos podrá ganar más que la presidenta, con un límite aproximado de 175,965 pesos mensuales.

En torno a Otros Organismos Autónomo, en el paquete de reformas más amplio, se discutió la posible eliminación o integración a secretarías de Estado de otros órganos como INAI (Transparencia) y Cofece (Competencia económica) IFT (Telecomunicaciones)

La desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) se consumó formalmente en marzo de 2025, y absorbió sus funciones nueva estructura bajo control directo del Poder Ejecutivo.

Entre los cambios clave en el modelo de transparencia tras la reforma, se incluye la transparencia para el pueblo, que no existe en Quintana Roo, como nuevo órgano administrativo desconcentrado que sustituye al INAI, pero, a diferencia de éste, ya no es autónomo, sino que depende de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Esta nueva secretaría absorbe 80% de las funciones del extinto instituto, pero operando con apenas 35% de su presupuesto y personal original. Desaparece el pleno del INAI, antes de siete comisionados para garantizar pluralidad, y ahora la responsabilidad recae en una sola figura centralizada.

Sobre Plataforma Nacional de Transparencia, no desaparece; continúa como herramienta para solicitudes de información, para cuya administración y resguardo legal pasan a la Secretaría de Anticorrupción, que ahora custodia millones de registros históricos.

En torno a Protección de Datos Personales, mientras que el acceso a la información pública lo lleva “Transparencia para el Pueblo”, la Protección quedó bajo la responsabilidad directa de la Secretaría de Anticorrupción.

Sin embargo, al ser el propio Gobierno el que decida qué información pública entregar sobre sí mismo, organismos internacionales y oposición señalan un riesgo de opacidad, en tanto que la nueva ley amplió los criterios para clasificar información como “confidencial”, permitiendo negar datos bajo términos subjetivos como “paz social” o “interés de Estado”.

Por cierto, la frustrada revocación de mandato se habría realizado por segunda vez en la historia de México -la primera fue en 2022- con características clave, pues no la convoca gobierno, sino que debe solicitarla por al menos 3% de la lista nominal de electores, repartidos en al menos 17 estados.

Según la ley actual, debe solicitarse entre los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de mandato -fines de 2027 o inicios de 2028-, cuando se pregunta a la ciudadanía si desea que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia hasta terminar su periodo.

La presidenta impulsó realizar este ejercicio en 2027, el mismo día de las elecciones intermedias de 2027 para ahorrar costos al aprovechar la instalación de casillas ya programadas, aunque ella podría informar sobre el proceso sin ser sancionada por las autoridades electorales, aunque se mantendría prohibido usar dinero público para campañas, y para que el resultado fuera obligatorio participaría al menos 40% de las personas inscritas en la lista nominal.

Dado que en los últimos meses se habló mucho sobre el PT, cabe señalar que, a nivel estatal, no gobierna ningún Estado de manera individual, pero su mayor presencia política se concentra en entidades donde forma parte de la coalición gobernante o tiene una base de militancia histórica sólida.

De acuerdo con resultados electorales recientes y distribución de militancia, “destaca” en Estado de México, donde registra su mayor número de militantes y votos totales, debido al peso poblacional y su alianza estratégica con Morena.

Históricamente, en Puebla mantiene una estructura territorial fuerte, con victorias importantes en municipios y diputaciones locales, mientras en Baja California, en las elecciones de 2024, mostró un crecimiento relevante, logrando posicionarse como fuerza política competitiva en ayuntamientos y congreso local, incluso compitiendo fuera de la coalición en algunos casos, mientras en Chiapas y Nayarit mantuvo votación constantes encima de su media nacional, participando activamente en las estructuras de gobierno locales.

Con todo, a nivel nacional, el PT enfrenta retos recientes, pues reportes de febrero indican una pérdida de más de 20% de sus militantes en el último periodo.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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