!Doloso golpe a priístas con “pensiones doradas”!

                                                                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Como parte de su tarea “revolucionaria” y mejor prueba de que los casi 80 años que gobernó México lo aprovechó en forma vergonzosa hacer miles de millones de pesos para enriquecerse, el PRI, sus ex funcionarios y ex líderes sindicales en Pemex y CFE, siempre critican a “su” oposición, pero exprimen las arcas públicas con millonarias pensiones.

No obstante, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, de la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, es un remedio que seguramente cuestionará la oposición.

Incluyendo a su dirigente nacional “Alito”, Alejandro Cárdenas, quien, sin estar pensionado se bañó de oro como gobernador de Campeche y lo sigue haciendo con cuotas de sus agremiados, el PRI disfruta de un sistema de pensiones con disparidad con nombre y apellido, como ellos José Ángel Gurría Treviño único panista, ex secretario de Hacienda y director general de la OCDE.

Para ese efecto Claudia Sheinbaum pretende eliminar esas “pensiones doradas” con esa iniciativa, cuyos puntos clave prevén un tope máximo a pensiones para que ninguna, de ex funcionarios o directivos de confianza de entidades públicas -como Pemex, CFE, Nafin y la extinta Luz y Fuerza- pueda exceder 50% del salario mensual del jefe del Ejecutivo federal en turno.

Así, estas pensiones se limitarían máximo a 70 mil pesos mensuales, eliminando pagos que ahora alcanzan, asómbrese Usted, ¡hasta un millón de pesos mensuales!, cuando los opositores critican que los adultos mayores se beneficien con 6 mil 400 pesos bimestrales.

El debate en el Senado por la iniciativa contempla que la reforma pueda ser retroactiva, afectando no sólo a futuros jubilados, sino también a actuales beneficiarios de estos montos exorbitantes, esa medida con la que el Gobierno Federal ahorraría ¡hasta 5 mil millones de pesos anuales!, que destinaría a otros programas sociales o a pensiones solidarias.

La iniciativa se enfoca específicamente en altos mandos y personal de confianza, sin afectar los derechos de trabajadores de base o sindicalizados con ingresos menores, y se espera que el trámite legislativo inicie formalmente mañana mismo.

El caso es que, mientras los primeros jubilados del sistema de cuentas individuales administradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) reciben en promedio 5 mil pesos mensuales, los ex funcionarios y ex líderes sindicales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad perciben hasta medio millón de pesos al mes.

Entre ex directivos de Nacional Financiera (Nafin), esas prerrogativas promedian hasta 2 millones de pesos anuales por un cargo que ocuparon sólo tres años.

Sólo en 2019, 11 ex directivos de Nafin recibieron 22 millones de pesos por trabajar alguna vez en la institución, entre ellos el último regente del entonces Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal, así como Gurría Treviño.

Entre las empresas del Estado, las “pensiones doradas” alcanzan hasta 6 millones de pesos anuales por persona. En la CFE, destacan José Luis Lupercio Pérez, ex secretario de relaciones del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, con 513 mil 209 pesos mensuales, y Víctor Manuel Fernández de Lara, ex coordinador centro-oriente del mismo sindicato, con 502 mil 893 pesos.

También figuran Raúl López García (365 mil 521 pesos), José Domingo Vázquez Márquez (362 mil 908), José Benjamín Cárdenas Jáuregui (343 mil 354) y Jorge Amaury Ávalos Mortera (338 mil 165), además de otros ex mandos y dirigentes sindicales con percepciones superiores a 300 mil pesos mensuales.

En Pemex, resaltan Roberto Ramírez Soberón, Miguel Tame Domínguez y Marcos Ramírez Silva, cada uno con 263 mil 65 pesos mensuales, así como José Antonio Escalera Alcocer, Circuncisión Juan Javier Hinojosa Puebla y Gustavo Hernández García, con 262 mil 275 pesos, y otros ex directores y ex subdirectores, con 254 mil pesos, según datos obtenidos vía transparencia.

En total, hasta 2024, ambas empresas destinaron casi 550 millones de pesos anuales a 160 pensionados con ingresos de entre 250 mil y medio millón de pesos al mes, contrastante con los 70 mil trabajadores que se jubilan con el esquema de las Afore, cuyo ingreso equivale a alrededor de 70% de su último salario y, aun con la reforma de 2020, lejos de las pensiones de las empresas energéticas del Estado.

Otro bastión para el “retiro dorado” es Nafin, donde, hasta 2019, una docena de ex altos funcionarios, incluso directores generales que estuvieron en el cargo tres años, cobraron 337 millones de pesos en pensiones y prestaciones.

Sus beneficios no quedaron sólo en la pensión, pues incluyen retroactivo, rendimientos de caja de ahorro, subsidios deportivos, alimentación, rembolsos por fármacos, honorarios médicos, servicios hospitalarios y arcones navideños.

Espinosa Villarreal fue autor y beneficiario del Programa Especial de Pensión de Retiro, que instauró en Nafin para altos funcionarios y, según Transparencia, desde 1994 y al menos hasta 2019, el último regente del ex DF recibió más de 9.1 millones de pesos por menos de tres años en el cargo.

Sólo respecto a 2019, como “herencia” del último presidente de la República pintado de PRI, Peña Nieto, recibió un millón 291 mil pesos en beneficios vía Nafin, entre ellos rembolsos por 659 mil 351 por servicios hospitalarios, 7 mil 554 por medicinas y 175 mil 500 por honorarios médicos.

El programa de pensión en Nafin lo estableció en noviembre de 1991 Espinosa Villarreal, quien, durante el sexenio del también priísta Salinas de Gortari, extendió el beneficio a su predecesor, Juan José Páramo Díaz, a quien la prerrogativa le redituó 42 millones 391 mil pesos hasta 2019.

También ese año, Gurría Treviño recibió 25 millones 806 mil 417 pesos en beneficios por unos dos años como director de Nafin. Sólo en 2019 su prestación por pensión y subsidio de alimentos sumó un millón 347 mil pesos.

Hasta 2019, Carlos Enrique Sales Gutiérrez recibió 49 millones 740 mil 897 pesos, y Arturo Ortiz Hidalgo, 39 millones 401 mil 36. Federico Patiño Márquez, quien encabezó el fallido aeropuerto de Texcoco, obtuvo su pensión el 19 de marzo de 2008 por haber sido directivo en Nafin.

Entre los ex funcionarios con “pensiones doradas” de Nafin, Pemex y CFE, el más destacado vinculado directamente al PAN y la oposición es Gurría Treviño, quien, aunque fue funcionario del PRI, es señalado por Morena por su rol como coordinador del proyecto de nación de la coalición opositora -integrada por el PAN- para las elecciones de 2024.

Sobre el tema, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dijo que sólo en 160 personas de Pemex y CFE se gastan cerca de 550 millones de pesos anuales, y ya nos imaginamos ¡cómo los defenderá la oposición cuando la iniciativa se discuta en el Senado!

La reforma para poner tope a pensiones, que se votará tentativamente esta semana en el Senado, incluye a poco más de 700 ex directivos y altos mandos de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que perciben desde 350 mil hasta un millón de pesos mensuales.

Con afectos “colaterales”, se incluirían 60 ex trabajadores sindicalizados de esa empresa aún en liquidación, que también gozan de jubilaciones millonarias y que, en su caso, mantendrían, ya que la iniciativa es para limitar exclusivamente “pensiones “doradas”.

LyFC, que Felipe Calderón extinguió en 2009, dejó una nómina de 800 directivos, de los que sobreviven unos 700, entre ellos un ex subdirector, que percibe una jubilación más de 1.9 millones de pesos al mes: Jorge Evodio Chapa de la Torre, quien ingresó a los 16 años a LyFC y, tras 35 años de labor, se retiró con esa pensión.

Lo anterior porque, según el artículo 18 del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas entonces vigente “los representantes del patrón”, es decir, los directivos, gozaban de las mismas prestaciones que el personal de base.

Este ex funcionario se jubiló dos años antes de extinguirse Luz y Fuerza, por lo que, desde hace 17 años, su pensión, de por si alta, se ha elevado hasta poco más del millón de pesos, mientras otros tres ex directivos reciben cada mes 971 mil 498 pesos; 918 mil 258; cinco y 861 mil, así como otro, con 798 mil; 20, de más de 700 mil y 10, con 600 a 695 mil.

Asimismo, 16 ex funcionarios tienen pensiones de más de medio millón de pesos; 49 de ellos con 400 a 490 mil, mientras que el resto entre 250 y 300 mil, a los que se les reducirán a 70 mil pesos mensuales, la mitad de lo que percibe la titular del Ejecutivo, según establece el proyecto de dictamen que votarán las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

Según previsiones gubernamentales, el ahorro con el ajuste de pensiones de los ex funcionarios de LyFC, así como de Pemex, CFE, Nafinsa, Banobras y Bancomext, será de cinco mil millones al año.

Sin embargo, en el caso de Luz y Fuerza, el ahorro podría ser mayor, ya que, con recursos públicos se pagan pensiones de 14 mil 73 jubilados de esa compañía que sobreviven, y suman casi 29 mil millones de pesos al año.

El problema es que más de 13 mil son ex trabajadores de base, que estuvieron afiliados al SME y aunque 30 de ellos tienen también pensiones tan altas como las de ex funcionarios -una de 406 mil 528 pesos mensuales- no les aplica la reforma y seguirán con sus ingresos millonarios, debido a que son de una contratación colectiva.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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