Autoridades, ¡hasta el cuello en desapariciones!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
A
pesar de que sólo se sospechaba que la Secretaría de Seguridad Ciudadana está
directamente involucrada en las desapariciones forzadas de Quintana Roo y
posiblemente es cómplice de algún cártel, más seguro el de Caborca, recientes
hechos vinieron a confirmarlo con uno de sus elementos, y no cualquiera, sino ¡su
propio director de la Policía Estatal de Investigación, José Ángel Hodgkin
Cuevas!
En
otro caso de “desaparición”, un importante decomiso de narcóticos desató graves
cuestionamientos sobre la transparencia y el actuar de las corporaciones en el Estado,
ya que el 26 y 27 de febrero, la Fiscalía General del Estado y la Marina de
México aseguraron más de 56 kilogramos de cocaína que habían “recalado” en
playas, pero el cargamento nunca se entregó a la Fiscalía General de la
República.
En
el primer caso, Hodgkin Cuevas es jefe directo de un agente detenido este
miércoles por poseer el teléfono celular de una persona con ficha de desaparecido,
aparato con el que, según primeras indagatorias, el uniformado presuntamente se
comunicaba con familiares de la víctima para exigirles dinero e informar sobre
el supuesto paradero del cadáver.
A
estas circunstancias se agrega la ineptitud de
la Comisión de Búsqueda de Personas que, a cargo de Haydé Cristina Saldaña
Martínez -asumió el cargo del 12 de febrero-, como se esperaba de ella como
política, ha dado mucho de qué hablar en torno a los desaparecidos, al grado
tal que, incapaz con el paquete, ya solicita apoyo, de dónde sea, para resolver
el problema.
Ahora
bien, como publicó el portal El Grillo De Chetumal, el caso de Hodgkin Cuevas exhibe
profunda fractura entre las corporaciones de seguridad, pues la Fiscalía
Especializada en Desaparición de Personas detuvo a ese agente de la corporación
que encabeza el oaxaqueño Julio César Gómez Torres, por estar involucrado, por
lo menos, en un caso de desaparición forzada.
Resulta
que durante un operativo de búsqueda en la Supermanzana 501 de Cancún, al agente
se le detectó la posesión injustificada del celular de una persona con ficha de
desaparición, desde el cual mantendría comunicación con la familia de la
víctima para exigir dinero y proporcionar información sobre el supuesto
paradero del cuerpo.
Al
ser detenido, el policía habría señalado estar bajo órdenes directas de su
mando inmediato, al que identificó como Hodgkin Cuevas, mejor conocido como (a)
“Husky” o “El Perro”, el director de la Policía de Investigación.
Al
enterarse de la detención, éste habría acudido al lugar en “unidades negras” -vehículos
particulares o patrullas sin logotipos oficiales o “clonadas”- de la Policía de
Investigación para intervenir en el proceso y encubrir a su cómplice detenido.
Esto
generó gran una tensión entre los agentes de varias corporaciones, que,
inclusive, llegó el momento en que tuvieron que “cortar” cartucho y encañonarse
entre sí, en un episodio que evidencia la confrontación interna entre
instituciones de “seguridad”.
Por
fortuna, finalmente, el detenido fue trasladado a una unidad de la Policía
Estatal, tras negarse a abordar el vehículo de la Fiscalía General, lo que
levanta sospechas en el sentido de que podría existir protección institucional
desde altos mandos.
El
señalamiento contra Hodgkin Cuevas no es aislado, ya que varias ocasiones ha
sido mencionado por casos de corrupción, extorsión, abuso de autoridad y
enriquecimiento ilícito, así como de proteger y tener vínculos y con grupos
criminales que operan en Quintana Roo.
Pese
a esos señalamientos acumulados en varios años, el funcionario permanece en
posiciones clave en las corporaciones policiales, lo que hoy vuelve a generar
cuestionamientos sobre los supuestos “filtros” y controles en las instituciones
responsables de combatir el crimen.
Los
antecedentes de Hodgkin Cuevas abarcan desde su trayectoria en mandos
operativos hasta denuncias formales por actividades ilícitas y abusos de
autoridad, desde antes de ser director de la Policía Estatal de Investigación, cuando
fungía como tal en la Policía Rural en “Seguridad” Ciudadana.
Tras
su oficio de nombramiento, existen registros oficiales de su gestión en la
estructura de la Secretaría al menos desde febrero de 2023, con denuncias y antecedentes
penales por violencia y abuso de julio de 2024 en la carpeta de investigación
FGE/QROO/CAN/UAT/07/13664/2024 ante la Fiscalía General por un caso de
violencia que provocó la pérdida de embarazo de una policía.
En
cuanto a corrupción y crimen organizado, sus propios compañeros de la
corporación lo han exhibido ante la Fiscalía General de la República mediante
audios y videos, acusándolo de recibir sobornos de la delincuencia organizada y
permitir ejecuciones en municipios, como Tulum, durante 2024.
También
está vinculado a extorsión y uso de patrullas “clonadas”, pues se documentaron
casos, como el de un cerrajero en Cancún, en agosto de 2025, cuando agentes
bajo su mando utilizaron patrullas sin logotipos oficiales para detenciones
arbitrarias e intentar extorsionar con fuertes sumas de dinero.
Por
si fuera poco, por liberación de sicarios, es señalado públicamente por cobrar “cuotas”
para liberar detenidos, lo que le valió el apodo mediático de “Zar Antidelito”
en contextos críticos.
De
este modo, el caso del miércoles no sólo revela posibles actos de corrupción en
filas de la Secretaría, sino también la gravedad de que personajes bajo
sospecha permanezcan en cargos estratégicos de seguridad, especialmente en un Estado
donde violencia y desapariciones son temas muy delicados.
Algunas
fuentes señalan que el caso del policía detenido podría abrir nuevas líneas de
investigación sobre la participación de funcionarios policiacos en delitos
graves, así como sobre el uso irregular de recursos y de patrullas “clonadas”
en la corporación, como se ha denunciado.
En
tanto, se encienden luces amarillas en las corporaciones y vuelve a la mesa una
pregunta incómoda: ¿Quién vigila realmente a los que deberían garantizar la
seguridad de la gente?, tema en el que el propio Gómez Torres podría ser pieza
clave en materia de encubrimiento de sus subordinados.
El
mejor ejemplo es “El Husky”, cuyo nombre es centro de controversia y denuncias,
la más cuestionable en octubre de 2025, cuando agentes de la corporación lo
denunciaron a la Fiscalía General de la República por corrupción y extorsión.
Sobre
esto último, que incluyen abuso de autoridad y vínculos delictivos, con evidencias
de corrupción, la acusación se basó en la filtración de audios donde se le
escucha ordenar la liberación inmediata de miembros de grupos delictivos
detenidos en operativos.
Respecto
a señalamientos por omisión, se le acusa de haber permitido una “ola de
ejecuciones” en 2024, incluyendo casos de alto impacto en Tulum y Cancún, sin
las investigaciones correspondientes y concluye con el escándalo de las “patrullas
clonadas”, pues las investigaciones apuntan al uso de unidades oficiales en
operativos y detenciones ilegales bajo su mando.
Y
agárrese Usted bien porque nos llega información de otro uniformado involucrado:
Se trata de un veterano policía, que tenía a su cargo la operación de
desmembrado de sistemas de vigilancia con video-cámaras en Subteniente López y
esta capital y, lo peor, es que se reporta semanalmente con alto funcionario
(a) del Gobierno del Estado.
En
el segundo caso, el de la cocaína “desaparecida”, según el portal Contraste
Noticias, el propio Gómez Torres habría confirmado que el primer hallazgo de la
droga recalada fue el 26 de febrero en costas de Playa del Carmen, a cargo de “investigadores”
de la Fiscalía estatal, y al día siguiente, elementos navales habría asegurado
un segundo costal en el litoral de Cancún.
La
irregularidad es que los artículos 474 y 479 de la Ley General de Salud señalan
que el límite para procesar la posesión de cocaína como narcomenudeo -competencia
estatal- es de unos 500 gramos, y al sumar 56 kilos, el cargamento debe considerarse
automáticamente delito de competencia federal, por lo que la droga debió
turnarse de inmediato a la Federación.
Ante
esta omisión de la Fiscalía del Estado, surgen una alerta institucional y una
interrogante que las autoridades competentes aún no responden: ¿Dónde quedó la
droga y qué instancia custodia exactamente los 56 kilos de alcaloide de alta
pureza? ¡Está desaparecida!
Según
la legislación mexicana vigente, cualquier persona -civil o autoridad- que
encuentre droga recalada y no la reporte de inmediato incurre en el delito de posesión
de narcóticos. Según el Código Penal Federal, las penas por posesión sin
autorización van de 5 a 15 años de prisión.
Sobre
el delito de omisión, dice que, si una autoridad local o militar asegura droga
y no la pone a disposición ante el Ministerio Público Federal de forma
inmediata, rompe la cadena de custodia, lo que es un delito grave que invalida
el proceso penal y genera responsabilidad administrativa o penal para el
funcionario.
Ahora
bien, la pregunta obligada es sobre el papel que adoptarán en ambos casos los
funcionarios más cuestionados durante esta administración: El Fiscal General
del Estado, Raciel Estrada, y la gobernadora Verde, Mara Lezama. ¿A qué le
apuesta Usted?
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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