Candidatura de Mara Lezama, ¿financiada por PT?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Investigado y sancionado en varios Estados por
diversas irregularidades, el Partido del “Trabajo” (PT) habría financiado en
2022 la campaña de la Verde, Mara Lezama, para la gubernatura de Quintana Roo a
través de su responsable de finanzas, César Adrián Gamboa Montejo, con recursos
provenientes de empresas “fantasma” en el Estado, según denunció el organismo antiobradorista
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Aunque
éste denunció que contratistas del sexenio de López Obrador transfirieron
millones de pesos a empresas factureras de Gamboa Montejo, para financiar campañas
políticas en Quintana Roo, sólo sería el caso más reciente y detallado, ya que el
PT enfrenta señalamientos por esquemas financieros similares y uso de recursos
irregulares en otros Estados.
Entre
muchas irregularidades, el partido traidor de Morena, -su dirigente en el
Estado es el capitalino Gerardo Rodríguez López- habría financiado esa campaña
de Mara Lezama, para ser mandataria, lo que puede Usted jurar que ésta
atribuirá a otra “guerra sucia”.
En
junio de 2025, con el título “¡Mara, emboletada con empresas “fantasma!”,
publicamos En primera fila en qué consisten y cómo operan las factureras, lo
que puede Usted recordar en el siguiente link: https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/06/mara-emboletada-con-empresas-fantasma.html
A
nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) recién sancionó al PT con
más de 93 millones de pesos por irregularidades en sus gastos de 2024, de los
cuales 63% es del ámbito federal, lo que indica que las anomalías no se limitan
a una sola entidad.
Por
ejemplo, en Nuevo León, el INE confirmó el uso de más de 59 millones de pesos
de ese gobierno para beneficiar ilegalmente a ese partido “parásito”, en un
esquema donde se detectó un modus operandi de triangular y cobrar recursos que
involucraba a diferentes personas y entidades.
En
Tamaulipas, recientes reportes recientes indican que el PT también tejió una millonaria
red de factureras que se extiende más allá de los límites locales, sugiriendo
una estructura de financiamiento paralela a nivel nacional.
Además,
recibió multas por irregularidades en campañas y gastos ordinarios en Estados,
como Querétaro, y a través de dirigencias estatales, que operan como “unidad
nacional”, pero con autonomía financiera que facilita estos esquemas.
Pese
a haber sido castigado, muchos consideran que las sanciones son insuficientes respecto
a los montos involucrados. Ese “castigo” no ha sido su desaparición como
partido o cárcel para sus líderes -hasta ahora-, sino sólo una serie de multas
económicas y procesos administrativos en curso.
Así,
el INE ha sido el principal encargado de sancionarlo, recientemente, en marzo
de este año, pues se confirmaron sanciones severas, con más de 93 millones de
pesos, por irregularidades en informes de ingresos y gastos de 2024, con lo que
se posicionó como uno de los más multados por el INE precisamente por este tipo
de faltas en fiscalización.
Respecto
a procesos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en curso, a
diferencia de años anteriores, endureció sus reglas con un llamado Plan Maestro
2026, con el que lanzó una ofensiva específica contra las “factureras”, lo que
ha permitido hasta ahora congelar el timbrado de facturas de forma inmediata por
presumirse ilegales.
Además,
gracias a reformas recientes, la venta de facturas falsas ahora se persigue
como delito grave por haberse tipificado como tal, lo que abrió puertas para
que los responsables enfrenten prisión, aunque la decisión final depende de un
juez… tras agotar Debido Proceso.
Sin
embargo, existen razones por las que no se han visto consecuencias más
drásticas de inmediato, una de ellas este Debido Proceso, en virtud del cual los
señalados responsables, como Gamboa Morales, tienen derecho a defensa que puede
prolongar juicios por meses o años antes de una sentencia definitiva.
Otro
motivo, es que, en ocasiones, los partidos logran reducir sus multas
originales. Por ejemplo, en procesos pasados, el PT logró reducir sanciones
sustancialmente tras presentar aclaraciones fiscales de último minuto ante el
INE.
Por
último, la principal causa se llama fuero, redes de protección, ya que, como un
partido aliado de Morena y el gobierno actual, las investigaciones a menudo
avanzaban a un ritmo distinto en las fiscalías, lo que la oposición califica
como impunidad política.
En
resumen, el castigo actual es principalmente monetario -pagar multas con el
mismo dinero público que recibe-, mientras que las consecuencias penales están
en manos de los tribunales bajo las nuevas leyes fiscales de 2026.
De
acuerdo con extenso reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y recopilado
por el portal Cambio 22, las empresas fantasmas de Gamboa Montejo en Quintana
Roo se crearon en la Notaría Pública 74 de Cancún, a cargo de José Alberto
Galván García, donde también trabajó el primero y el SAT las confirmó como
factureras.
En
actas en el Registro Público de Comercio, se detectó que Gamboa Montejo
participó en 20 empresas en Quintana Roo, 12 de ellas incluidas en el listado
oficial de “factureras” del SAT, lo que implica que son compañías que simularon
operaciones con fines de evasión fiscal, “lavado” de dinero o desvío de fondos
públicos.
Esas
empresas, para el financiamiento de campañas estatales y federales de Morena,
formarían parte de una red más extensa de, al menos, 40 empresas “fachada” que
comparten domicilios, apoderados y socios.
Una
investigación de la Auditoría Superior de la Federación que habría seguido la
ruta del dinero de dos contratos, y por análisis de estados de cuenta de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, detectó que Grupo Tecno, que recibió
contratos por 4 mil millones de pesos en el sexenio de López Obrador, había
triangulado recursos de la Secretaría de Salud a seis factureras.
Además
de Grupo Tecno, las factureras habrían recibido dinero de otros contribuyentes,
principalmente prestadores de servicios turísticos del Estado.
Sólo
6 de las mayores factureras habrían emitido comprobantes fiscales en 2020 por
252 millones de pesos, dispersados a Ochi Consulting y a Tekteka, otras dos
facturadoras de operaciones simuladas, así como a SF Consulting & Services,
con identidad robada en colonias populares de Nuevo León.
El
rastreo bancario y fiscal de la ASF identificó que 9 empresas enlistadas por el
SAT como EFOS habían facturado en 2020 con Grupo Tecno más de 55 millones de
pesos.
Entre
éstas figurarían Adana Consulting, Lonnings Services, Palgafond, Parolla
Consulting, Podavanie, Innovación Integral del Caribe III y Servicios en
Innovación Empresarial del Caribe, en las que Gamboa Montejo fungió como
apoderado y representante. Además, Grupo Tecno habría transferido 10.6 millones
de pesos más a Shuttle Boost y a Lex Turism, otras empresas en las que
figuraba.
Gamboa
Montejo funge como operador financiero del PT desde 2022, cuando financió la
campaña de Mara Lezama, y el 3 de noviembre último fue ratificado ante el INE, mientras
en 2024 dijo ser militante del PT y responsable de sus finanzas en Quintana Roo,
aunque su papel concluyó en 2022, cuando la mandataria obtuvo la gubernatura,
abanderada por Morena-PT-Verde.
Sin
embargo, documentos del INE de junio, septiembre y noviembre de 2025 demuestran
que sigue siendo responsable de finanzas del PT, y en marzo de 2024 se le fotografió
en preparativos para la campaña de Claudia Sheinbaum en Quintana Roo.
Por
otro lado, Gamboa Montejo también se deslindó de las 20 empresas en las que
aparece como apoderado, administrador o representante, aunque reconoció haber
colaborado entre 2014 y 2022 con el notario Galván García, quien constituyó la
mayoría de las empresas “fantasma”.
El
personaje se siente protegido por el gobierno federal y porque, además, utilizó
prestanombres para deslindarse de participar directamente de las factureras,
como es el caso de Anastasio Zum Uc, quien, en documentos de la Secretaría de
Economía y el SAT, aparece como próspero empresario, con participación como
socio, administrador o apoderado en al menos 20 sociedades mercantiles.
Sin
embargo, “Tachito”, como lo identifican sus amigos es, en realidad, un indígena
maya de Tepakán, Yucatán, auxiliar de un despacho fiscal de Quintana Roo y los negocios
millonarios de las empresas en las que supuestamente participa no se reflejan
en su nivel de vida, ya que él y su familia residen en un pequeño predio de la
periferia de Cancún.
Al
igual que él, en tres de las empresas “fantasma” donde ha participado Gamboa
Montejo, se le otorgó poder legal a un tal José Luis Barriga Cortés, quien difundió
en redes sociales ser chofer particular en una empresa de Naucalpan, Estado de
México.
A
la mayoría de estos prestanombres los une Galván García, notario público de
Cancún, acusado de crear múltiples esquemas de empresas fachada, y su notaría
fue baleada en 2018, cuando era señalado de encabezar al mismo tiempo una
empresa intermediaria de pago de nómina o outsoursing, Empowerment, además de
litigar a favor de otras empresas del mismo giro, violando impunemente la Ley
de Notariado.
Yordi
Giovanni Tuz Poot y su hermano José Alfredo fueron choferes de una compañía de
outsourcing con Galván García y aunque lo ignoraban, ambos figuran en empresas
de la red del notario como apoderados y/o socios.
También
se habría involucrado a Yinny Marisol Pérez Gómez, otra presunta apoderada de
Innovación Integral del Caribe III, pero su padre explicó que ella no participa
en ninguna empresa.
Los
supuestos accionistas de esta red fantasma son secretarias, empleados y choferes
de despachos legales y contables de Quintana Roo, aunque también personas de
zonas marginadas de Nuevo León, a las que habrían robado su identidad.
Grupo
Tecno es una de las contratistas del gobierno de López Obrador que más dinero
le habría transferido a las factureras de Gamboa Montejo, y en 2020 obtuvo un
contrato de la Secretaría de Relaciones Exteriores para emitir pasaportes. Ese
mismo año, Juan Carlos Torres Guzmán transfirió 65.8 millones de pesos a 8
factureras de la red de Gamboa Montejo, que cubrieron operaciones con más de
250 comprobantes fiscales.
En
2020, cuando se hicieron esas transferencias, Grupo Tecno tenía, además, contratos
vigentes con la Secretaría de Salud, Telecomunicaciones de México -ahora Financiera
del Bienestar- e INE, de las que habría recibido ese año pagos por 112 millones
de pesos.
Ese
año y el siguiente, recibió 10 contratos más que suman 374 millones de pesos del
Centro Nacional de Control de Energía, Bancomext, ISSSTE, Pemex, Nafin, DIF,
Finabien e INE, para un total 4 mil millones de pesos.
Como
dijera un colega nuestro, lo “raro” del caso es que primero debió surgir la
ruptura PT-Morena para que Mexicanos contra la Corrupción detectara estas
irregularidades, aunque insista en involucrar al López Obrador -su eterno
enemigo- porque ocurrió “durante su gobierno” ¿y antes? ¿el PT era lo mejor de
lo mejor?
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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