¡Se “avientan tiro” Fiscal y titular de la policía!

                                                                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Tal y como indica el título, sólo así podrían calificarse las decisiones que adoptaron la Fiscalía General de Quintana Roo y la Secretaría de “Seguridad” Ciudadana en torno al desaseado caso del policía detenido por detectarle el celular de un desaparecido y decir bajo órdenes de quién trabaja, aunque, como para que estalle el hígado de coraje, ¡fue dejado en libertad!

En este sentido, habría que ponderar la principal diferencia entre legalidad y justicia, su naturaleza, pues la primera es una cuestión de cumplimiento de normas escritas, mientras la segunda, de ética y equidad, y la primera fue la que se aplicó al acusado por extorsión y encubrimiento, que denominó su “jefe directo” al director de la Policía Estatal de Investigación, José Ángel Hodgkin Cuevas (a) “El Husky”.

Lo cierto es que éste es el único nombre que se sabe sobre el tema, ya que, hasta el momento, se callan el del policía liberado, así como del propietario del celular que -tampoco se informó la versión completa- se mantendría en calidad de desaparecido y su familia era víctima de extorsión.

  Esta sería una jugada de quien aparece como titular de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de “Seguridad”, una desconocida Leslie Carmina Mayorga Reyes, según el directorio de la dependencia, donde se informa que el de Asuntos Internos es el Licenciado en Derecho en Yucatán, Víctor Manuel Gallegos Reyes, quien en 2021 fungía como defensor público del Sistema Penal Tradicional adscrito al Poder Judicial de Quintana Roo.

Según consta en medios, el 4 de marzo se reportó la detención de ese agente en activo por poseer el celular de una persona con ficha de búsqueda vigente, y aunque no se difundió su nombre, se le identifica como un policía estatal que fue detenido en Cancún.

El oficial, se sabe, fue sorprendido durante un operativo de búsqueda de agentes de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas en la Supermanzana 501 de Cancún, por lo que la Fiscalía lo investigaba por posible extorsión y encubrimiento, ya que el aparato pertenecía a un desaparecido.

En redes sociales y medios locales se dijo que el caso podría involucrar a otros altos mandos por presunto encubrimiento, lo que generó alertas sobre la posible participación de funcionarios policiales en delitos graves.

Con todo, las autoridades no hicieron público el nombre del policía detenido, todo hace suponer por el principio del debido proceso y la protección de datos personales en investigaciones en curso, por lo que, por lo general, sólo se identifica al detenido bajo reserva de identidad o con iniciales.

Sin embargo, reportes locales y publicaciones de prensa aportaron datos sobre los involucrados y el estatus del caso, como que se trata de un elemento en activo de la Secretaría, y en denuncias públicas se señala a Hodgkin Cuevas como presunto encubrimiento en el mismo caso.

Reportes del 9 de marzo indican que el policía estatal fue liberado poco después de su detención, pese a que el teléfono se halló en su poder mediante geolocalización mientras extorsionaba a los familiares de la víctima.

Lo último que se dijo es que la Fiscalía General mantendría abierta una carpeta de investigación para determinar cómo llegó el dispositivo a manos del oficial y la posible relación de éste con la desaparición.

Pregunta obligada era si extorsión y encubrimiento son delitos graves, pero, dependiendo del contexto legal, la respuesta corta es sí, pero con matices importantes, ya que la extorsión se considera delito de alto impacto y, en muchos Estados -incluso en Quintana Roo-, es tan grave que amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado debió llevar el proceso en la cárcel, ya que implica violencia moral, amenazas y afectación al patrimonio.

Respecto al encubrimiento, generalmente no se considera grave por sí mismo en los Códigos Penal Federal o estatal, salvo que se trate de ocultar instrumentos de delitos específicos -como secuestro o trata de personas-, por lo que es común que personas detenidas bajo este cargo -como el policía- puedan obtener su libertad bajo medidas cautelares mientras sigue la investigación.

¿Por qué liberaron al policía si tenía el celular de prueba?, se preguntará Usted, pero, a menudo, si la Fiscalía no acredita en las primeras 48 horas una participación directa en desaparición o extorsión, sólo se imputa encubrimiento, y al ser un delito con penas menores, se puede permitir al oficial seguir el proceso fuera de prisión, lo que explica por qué recuperó su libertad.

En México y en Quintana Roo, la liberación de un detenido a pesar de enfrentar cargos por delitos graves, como extorsión, suele ocurrir por cuestiones de procedimiento legal o falta de pruebas inmediatas, y aunque la extorsión es un delito de alto impacto, existen varias razones jurídicas por las cuales el oficial pudo haber sido liberado tras su detención.

Uno de ellos es la tipificación del delito, donde si la Fiscalía no logró presentar pruebas suficientes en las primeras 48 horas para vincularlo directamente con la extorsión -las amenazas directas para obtener un lucro-, es probable que sólo se le haya imputado encubrimiento o receptación -poseer un objeto robado-, que no siempre amerita prisión preventiva automática.

Otra, es la falta de flagrancia en extorsión, pues, aunque se le halló con el celular de una persona desaparecida, si al momento del arresto no estaba extorsionando activamente, el juez puede considerar que no hubo “flagrancia” para ese delito específico.

Como medidas cautelares, la ley permite a un imputado llevar su proceso en libertad siempre que no represente riesgo de fuga o peligro para las víctimas o la investigación. En estos casos, se imponen medidas como firmas periódicas o la prohibición de salir del Estado en lugar de la cárcel, mientras que, si hubo alguna irregularidad en la detención o en el rastreo del dispositivo, se puede solicitar libertad inmediata por violar el debido proceso.

Por otro lado, el titular de “Seguridad” Ciudadana, Julio César Gómez Torres, confirmó el martes que el oficial pertenece a la Policía de Investigación Estatal y que, paralelo al proceso penal, la Dirección de Asuntos Internos abrió una investigación administrativa.

Hasta el momento, la identidad de la persona desaparecida a quien pertenecía el celular tampoco ha sido revelada oficialmente por la Fiscalía General, suponemos porque, en este tipo de casos, las autoridades suelen reservar el nombre para proteger la integridad de la persona buscada y su familia y evitar entorpecer las líneas de investigación que vinculan al celular con el oficial detenido.

Si insistimos en preguntarnos por qué dejaron en libertad al policía si la extorsión es grave, aunque ésta amerita prisión preventiva, la liberación se debe probablemente a la clasificación jurídica inicial del delito.

En español, si al momento de la audiencia la Fiscalía sólo pudo probar que el policía tenía el teléfono y no que él realizó las amenazas o participó en la desaparición, el juez NO puede dictar prisión automática, ya que el encubrimiento no es un delito que exija cárcel de entrada.

Ser liberado, sin embargo, no significa que sea inocente, ya que el oficial sigue bajo investigación administrativa por la Secretaría, y penal por la Fiscalía, pero llevará el proceso fuera de prisión mientras se reúnen pruebas que lo vinculen directamente con la extorsión o la desaparición.

Diversos reportes mencionan que el proceso ha sido opaco debido a que se ha señalado a mandos superiores, como “El Husky”, no sólo por presunto encubrimiento del elemento, sino con una “experiencia” delictiva que trascendió al ámbito federal, inclusive acusado por sus propios compañeros.

No obstante, su nombre NO ha sido mencionado ni por la Fiscalía de Raciel López ni por el propio Gómez Torres, ya que es legalmente obligatorio callar en esas circunstancias en México bajo el sistema penal acusatorio, aunque suele percibirse como opacidad, pero se basa en el principio de presunción de inocencia y el derecho a la protección de datos personales.

Las razones clave de por qué no se publica el nombre del policía, el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que se dicte una sentencia. Revelar su nombre y rostro sin censura puede causar un “efecto corruptor” de proceso, permitiendo a su defensa alegar violaciones al debido proceso para anular el caso.

Por su lado, la ley General de Protección de Datos Personales indica que los nombres de imputados en investigaciones vigentes se consideran información confidencial, por lo que las autoridades sólo pueden usar iniciales, por ejemplo “Juan N” para evitar que el escarnio público afecte el juicio.

Al estar involucrados mandos superiores -como es el caso del mencionado “Husky”-, la Fiscalía suele ser aún más hermética para evitar filtraciones que permitan a otros implicados destruir pruebas o huir.

¿Es legal callarlo? Sí, incluso obligatorio para la autoridad, aunque la ley permite que si el oficial es vinculado a proceso y el juez determina que el interés público prevalece, ciertos datos puedan ser más claros en las sentencias, pero rara vez durante la etapa de investigación inicial.

En el caso específico de Cancún, el silencio de la Secretaría es criticado por Colectivos de búsqueda, que acusan que esto facilita el encubrimiento interno de elementos corruptos.

En torno a la identidad específica del propietario del celular tampoco ha sido difundida públicamente por las autoridades, pese a que el teléfono fue vinculado a una ficha de búsqueda vigente mediante geolocalización, pero la información sobre la víctima se mantiene bajo reserva por varias razones.

La primera de ellas es la protección de la víctima, pues al tratarse de una persona desaparecida, la Fiscalía reserva el nombre para no comprometer su seguridad en caso de estar aún privada de su libertad o para proteger la integridad de sus familiares.

Otra razón es la investigación por extorsión, debido a que el policía detenido presuntamente utilizaba el dispositivo para extorsionar a la familia del desaparecido, revelar el nombre podría entorpecer el rastreo de otros cómplices o mandos involucrados.

Ahora bien, lo que la gente se pregunta es qué procede contra Hodgkin Cuevas, pero legalmente, contra cualquier servidor público señalado por encubrimiento o extorsión, como es su caso, proceden dos vías de actuación, la primera de ellas la vía penal si hay pruebas de su participación o de haber dado órdenes para proteger al oficial que tenía el celular, la Fiscalía debe abrir una carpeta de investigación.

Esto es por encubrimiento, por ocultar información o proteger a un subordinado implicado en un delito y como servidor público, las penas por extorsión aumentan significativamente, incluyendo destitución e inhabilitación de 10 a 15 años para ejercer cargos públicos, además de la prisión.

Por entorpecer la búsqueda de la persona desaparecida al no reportar el hallazgo del dispositivo inmediatamente, por la vía administrativa, Asuntos Internos que, paralelo al proceso penal, la Dirección de la Secretaría o de la propia Fiscalía debe separarlo del cargo como medida cautelar mientras se investiga para evitar que use su poder para destruir pruebas o intimidar testigos.

Ahora bien, otra medida es el cese definitivo de comprobarse su falta de probidad o el incumplimiento de órdenes operativas y éticas de la institución.

Por último, en un contexto del señalamiento, diversos medios locales y colectivos señalan al “Husky” como responsable de que el policía capturado el 4 de marzo fuera liberado rápidamente, acusando una red de protección interna, aunque Gómez Torres, confirmó que siguen abiertas investigaciones internas para deslindar responsabilidades de cualquier mando involucrado.

Así las cosas, éste habría sido ¡un “triunfo” de la legalidad sobre la justicia!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html